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El STJ revisará la causa contra una familia indígena y una periodista
Por Chaco día por día - Thursday, Aug. 06, 2015 at 1:36 PM

05/08/2015 El abogado de la familia Adriani – Berdún, Gonzalo García Veritá, adelantó a CHACODIAPORDIA.COM que el Juzgado Correccional de General San Martín hizo lugar al recurso de casación planteado por la defensa y que ahora deberá ser analizado por el máximo tribunal del Chaco.

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La titular del Juzgado Correccional de la ciudad de General San Martín, Bibiana Bianchi, hizo lugar a un recurso de casación y ahora la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco deberá expedirse sobre el pedido de nulidad del desalojo de una familia de la etnia qom y el sobreseimiento de una periodista imputada por sacar fotos del violento procedimiento policial.

Así lo confirmó este miércoles el reconocido abogado de derechos humanos, Gonzalo García Veritá, luego de que este portal publicara que, de no habilitarse esa instancia, integrantes de la familia Adriani – Berdún, dirigentes de organizaciones campesinas indígenas y la periodista Diana Della Bruna irían a juicio oral y público acusados por distintas delitos, entre ellos el de usurpación y atentado contra la autoridad a mano armada.

Vale recordar que la jueza Bianchi había rechazado declarar la nulidad del desalojo de la comunidad indígena pese a que se encuentra prohibido por la ley nacional 26160 y también se negó a hacer lugar al sobreseimiento de la periodista que tomó fotografías del procedimiento policial. No obstante, la magistrada sí hizo lugar a que su decisión sea revisada por una instancia superior, en este caso la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

El caso

En el año 2010, una comunidad de la etnia qom ocupó parte de un campo privado en Colonia Pampa Chica, zona rural de la localidad de General San Martín (Chaco). Ante la denuncia por usurpación de la propietaria del inmueble rural, en octubre del mismo año la fiscal Gladys Acosta de Scarel ordenó el desalojo de la comunidad. Diana Della Bruna, que en aquel momento trabajaba en la prensa del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), documentó con su cámara fotográfica el violento atropello perpetrado por las fuerzas policiales por la orden de desalojo de la fiscal –la ley nacional 26160 prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas-.

Varios integrantes de la familia Adriani – Berdún y dirigentes de organizaciones campesinas indígenas -la Comisión Zonal de Tierras, la Unión Campesina y la CCC Aborigen, entre otras- fueron procesados por presunta “usurpación por despojo y desobediencia judicial” y “atentado contra la autoridad agravado por realizarse a mano armada”. También la periodista que cubría los hechos fue imputada por “atentado contra la autoridad agravado por realizarse a mano armada”. El arma de Diana Della Bruna era una cámara fotográfica.

Pocos meses después, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó una ley de expropiación –la Nº 6680- remitida por el gobernador Jorge Capitanich donde se adjudicaban las 281 hectáreas a la familia Adriani-Berdún en concepto de “reparación histórica”.

Más allá de todos los avances que se produjeron institucionalmente en el presente caso, la causa sigue abierta y a un paso de derivar en un juicio oral y público.

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