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Servicio Penitenciario Federal impide al periodista Castelnovo la entrada a las cárceles
Por Agencia para la Libertad -
Thursday, Aug. 13, 2015 at 9:05 PM
EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL IMPIDIÓ LA ENTRADA AL PERIODISTA OSCAR CASTELNOVO A LA CÁRCEL DE MUJERES MADRES PRESAS CON SUS HIJOS
“Si ellos no matan ni torturan, nosotros no lo escribimos”
(APL) En una clara sanción a las notas que difunde la Agencia Para la Libertad, el SPF prohibió una vez más la entrada al coordinador de este medio, Oscar Castelnovo, a la U-31 donde permanecen cautivas madres con sus hijos, junto a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, cuya presencia agravó las condiciones de detención de mujeres y chicos. El pasado martes, la militante y abogada de la APL María del Rosario Fernández y O.C. concurrieron a esa unidad en el marco de la habitual visita humanitaria que realiza la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a las cárceles. En la ocasión llevaron 28 juguetes para los nenes y nenas allí detenidos destinados a la celebración del Día del Niño, el próximo domingo. “Usted no ingresará porque no figura en la lista”, mintieron los uniformados a OC. Pero el verdadero motivo de esta prohibición es la visibilización de los asesinatos, torturas, suicidios inverosímiles, requisas intrusivas y hostigamiento a familiares y la devastación humana que saca a la luz la APL sobre los campos de concentración Siglo XXI.
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Las notas de la APL están fundamentadas en las denuncias de presos, cautivas,
familiares,l a Procuración Penitenciara y la Comision Provincial por la Memoria,
entre otras fuentes (Fotos: Jorge Arranz)
Por Julián Martínez
Precisamente, la APL viene difundiendo informes lapidarios sobre los distintos
servicios penitenciarios del país. Por caso, hoy la Argentina ostenta un récord
histórico, post dictadura, de seres humanos en el encierro con 70.000 personas
detenidas. “El número de presos fue creciendo y con ello aumentaron las muertes
en las cárceles, se multiplicaron las torturas en las prisiones. Y si tomamos
el período 2009-2014 solamente en cárceles federales, donde hay alrededor de
14.000 detenidos, tenemos 50 muertes por ahorcamiento, 26 por arma blanca, 129
por enfermedades que no fueron atendidas debidamente, y 15 en contexto de incendio.
En la cárcel nadie debería morir, el castigo que se impone es la pérdida de
libertad ambulatoria, no la pena de muerte”, indicó Castelnovo, basándose en
datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
“El sistema de la crueldad”.
Asimismo, en los últimos días la APL dio especial difusión al Informe 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que el mismo organismo denomina “El sistema de la crueldad”. Uno de los datos más alarmantes que divulgó la CPM es el de las elevadas muertes en el encierro: “durante 2013-2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otras 18 en comisarías de la Policía provincial. La policía bonaerense informó al menos 111 personas “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014. Pero la misma lógica del desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 personas entre febrero del 2012 y febrero de 2014. Estas 548 muertes, que además son un subregistro, se produjeron por acción u omisión del Estado; algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y protección del Estado”.
De acuerdo a la investigación, los servicios penitenciarios tienen una política
de gobernabilidad de los lugares de encierro “a partir de la implementación
y el ejercicio de un sistema que se sustenta en la violencia estructural, la
tortura y la degradación de los sujetos. Las policías Gobiernan los territorios
habitados por los excluidos de la sociedad utilizando las mismas violencias.
Los despliegues, como parte del control social punitivo de estos sectores, se
ejecutan a través de un sistema penal sostenido en decisiones y estrategias
adoptadas desde el mismo Estado. Se construye un discurso y se adoptan medidas
que promueven este tipo de gobierno utilizando la tortura y la muerte como herramienta
de control”.
A la vez, los cifran relevadas son contundentes: casi 35 mil presos y cautivas
en las cárceles bonaerenses revelan una superpoblación del 50 por ciento. Récord
histórico absoluto en la etapa constitucional. Aunque si se ponen en foco a
determinadas comisarías de La Matanza la superpoblación trepa al 600 por ciento.
Como se sabe, los estándares internacionales establecen que cada detenido
debe habitar en un espacio mínimo de siete metros cuadrados, con lo cual en
la Provincia de Buenos Aires solo tiene capacidad para 20 mil privados de libertad.
Cabe destacar que el 60 por ciento de los presos no tiene condena firme y padece
el uso sistemático de la prisión preventiva.
A su vez, el Informe da cuenta que aumentó: “considerablemente el ejercicio
de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones
arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturación
territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios
pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación
en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso,
generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por
parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal
y cercenamiento de derechos”.
¿Unicos privilegiados?
Por otra parte, la APL denuncia permanentemente la situación de los pibes en
el encierro.Por caso, alertó sobre la muerte reciente en el Instituto Manuel
Rocca de Lucas Simone de 16 años y, a la vez, la imposiblidad de organismos
como la PPN para monitorear estas jaulas cerradas a toda auditoria en la Caba.
Al respecto, el consultor de Unicef Emilio García Méndez sostuvo que: “Somos
el país más atrasado y más brutal en la materia. Tenemos el record absoluto
de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de infancia,
cuatro entre 2003 y 2013. Tenemos vigente un régimen penal de la minoridad que
lleva la firma del mayor genocida del continente, Jorge Rafael Videla. Somos
el único país en la historia de América Latina que hemos producido sentencias
de reclusiones perpetua (doce para ser exactos) por delitos cometidos por menores
de edad”. Como se sabe, la legislacion nacional e internacional prohíbe las
condenas a perpetuidad a los niños menores de 18 años.
Letalidad Policial
Según datos oficiales, entre enero y septiembre 2005, murió un civil cada 15
enfrentamientos (reales o ficticios). Pero a partir de la declaración de la
emergencia que decretó Scioli en 2014 la relación pasó a un civil muerto cada
5 enfrentamientos.
Al respecto, el Informe de la CPM sostiene que: “esta violencia cotidiana
– naturalizada muchas veces por quienes la padecen y por su entorno- en la gran
mayoría de los casos no se traduce en una denuncia ante el sistema de justicia
y crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones
sumarias, más conocidas como “gatillo fácil”.
En este punto, la lucha de la Familiares y Amigos de Luciano Arruga develó,
de modo contundente, la represión estatal. Luciano fue detenido y torturado
en diversas ocasiones porque la bonaerense quería que robe para ellos. Ante
la valiente negativa del joven, fue sancionado con el asesinato por esta fuerza
y con el encubrimiento del crimen por diversas instancias estatales.
Candidatos por mano dura
Como puede apreciarse, sin esfuerzos, la gestión Sciolista fue un festival de la violación a los derechos humanos en la Provincia, al igual que sucedió en las cárceles federales con la contribución empeñosa de los jueces de la aristocracia draconiana. Cabe destacar que esta política estatal de devastación de presos, cautivas y de los más pobres se replicó en Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y todas las provincias argentinas con la misma lógica: el sistema de la crueldad, estatal, ilegal, clandestino, silenciado, naturalizado y alentado por diversos medios campea de sur a norte en todo el país.
Y los candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia prometen más
escarnio todavía. De ese modo, Scioli, Macri y el entusiasta del encierro Sergio
Massa se disputan a ver quién ejercerá la mano más dura.
Como se sabe, la prisión no soluciona ningún problema de la llamada “seguridad”
sino que los agrava. Las jaulas para humanos solo benefician a quienes la regentean
y a las clases hegemónicas. Para eso nacieron y permanecen. Y por ello se abolirán
en un tiempo de verdadera justicia.
Si los candidatos pensarán realmente en la seguridad de los habitantes del pueblo,
tendrían otro modo de ver y filosofar sobre la distribucion de los bienes materiales
y culturales, por mencionar solo un elemento central.
Asimismo, cabe destacar que Castelnovo es coautor con 18 chicas que estaban
presas en Ezeiza del libro “Intensidades de mujer”, y fue el coordinador del
volumen “Cárceles de Mala Muerte” en el que escribiron privados de libertad
de diversas prisiones del país. También lo hicieron la socióloga Alcira Daroqui,
Roberto Cipriano García de la CPM, Francisco Mugnolo y Ariel Cejasj de la PPN,
el sociólogo recibido en el Centro Universitario Devoto Rodolfo “Cacho” Rodríguez,
Hilda Presman de Corrientes y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,
entre muchos otros. Asimismo, en 2011, el Servicio Penitenciario de Santa Fe
prohibió la entrada a sus cárceles a Castelnovo y a la luchadora Alicia Bernal,
coordinadora de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario,
con carteles que alertaban a los guardias en las puertas de ingreso.
A la vez, en la vieja U- 3 de Ezeiza, hoy Complejo Nº4, asesinaron a nueves
chicas allí detenidas entre 2009 y 2012. Cada una de esas muertes jóvenes fue
denunciada por Castelnovo, entre otros militantes y diversos medios como la
Agencia Rodolfo Walsh. El caso más conocido fue el de Florencia “La China” Cuellar,
de 23 años, por la lucha que sus familiares y amigos vienen desplegando. Todas
las chicas estaban bajo la custodia del SPF y de sus jueces de Ejecución. Hasta
el día de hoy ni uno solo de esos crímenes fue esclarecido ni sus autores castigados.
Prohibir la entrada a las cárceles a militantes populares no evitará la denuncia
de las aberraciones. El SPF ya lo hizo una y otra vez con este periodista que
concurre las prisiones desde hace tres décadas, también le obstaculizó los Talleres
que daba ad honorem y hasta le armó una causa judicial de la que salió absuelto.
Ahora, los grises vuelven a la carga. Y, de ese modo, la fuerza gris vulneró
los derechos de las mujeres y chicos detenidos, los de la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre y los de los medios alternativos, entre muchos otros.
“Si tanto les molesta lo que publica nuestra Agencia, la solución es bien simple:
Si ellos no matan ni torturan, nosotros no lo escribimos”, sostuvo Castelnovo.
Contacto Oscar Castelnovo: 153-618-7620
Última modificación: 13 de agosto de 2015 a las 16:27
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