Es la mañana de un jueves de agosto y hace frío. Las mismas caras conocidas y algunas nuevas vuelven a pararse en la vereda de calle 25 de Mayo 256. Los escalones de la puerta principal del edificio del Juzgado Federal sirven para que un grupo se proteja del viento. De los balcones cuelgan dos banderas: una roja con la foto de Raquel Ángela Carolina Negro en el centro y la de letras blancas con fondo negro de H.I.J.O.S. Regional Paraná. Sobre el cordón de la vereda, los postes de dos carteles de Prohibido estacionar sostienen el pasacalle que pregunta, denuncia y exige: “IPP ¿Dónde está el melli? Dado de alta el 27/03/78. Lo estamos buscando!!”.

Dentro del edificio, en el primer piso, está David Vainstub, médico, socio del Instituto Privado de Pediatría, una clínica que se promociona así: “Desde 1977, la respuesta a la Urgencia y Asistencia Neonatal en la Provincia de Entre Ríos”. El logotipo de la empresa es el dibujo de un bebé durmiendo sobre las tres letras en minúscula: ipp. Vainstub es el segundo miembro de esa sociedad en comparecer como imputado por robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura cívico-militar. Antes lo fue Miguel Torrealday, el jefe, ya procesado como presunto partícipe necesario de esos delitos. Al día siguiente será el turno del tercero de los socios vivos: Jorge Rossi. Vainstub y Rossi elegirán hacer uso del derecho de abstenerse de declarar. Torrrealday se explayó en argumentaciones defensivas que convencieron al juez Leandro Ríos pero no a la Cámara Federal de Apelaciones.

En la vereda está Sabrina Gullino Valenzuela Negro, hija de los militantes desaparecidos Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela. Ella y su hermano, el Melli, salieron del IPP aquel 27 de marzo. Fueron entregados a los ejecutores del robo de sus identidades, del robo de sus infancias, del robo de la película de sus vidas. Ella conoció su verdadero origen en 2008 y es, desde entonces, nieta restituida de las Abuelas de Plaza de Mayo. El Melli todavía no aparece.

Sabrina ya lleva casi siete años embarcada en la búsqueda; una búsqueda que existe desde el mismo 1978, que atravesó la dictadura, la Conadep, la democracia endeble, la leyes de impunidad y la reapertura de las causas y resignificación de la lucha por los derechos humanos de la etapa kirchnerista. Una búsqueda que permitió que ella se reencontrara con su familia biológica y que llevó al juicio y castigo a cinco militares en 2011, en la causa Hospital Militar. Ahora, los investigados son los médicos, los civiles, mientras siguen desplegándose las estrategias para dar con el paradero de un hombre adulto, de quien solo se sabe que alguien pagó por su internación en el IPP y se lo llevó a algún lado, hace 37 años.

—El llamado a indagatoria a los médicos es importante en el sentido de que se va consolidando la causa, se va nutriendo de más pruebas y así puede ser que aparezca alguno que aporte un dato —dice Sabrina a Telaraña—. Por otra parte, me parece que es un paso histórico y necesario para reconstruir la identidad de nuestro pueblo, es un avance de la sociedad. Porque es muy cómodo juzgar a los militares pero es muy incómodo empezar a avanzar hacia los instigadores civiles. Eso es muy incómodo. Más aún desentramar la complicidad económica: quiénes fueron los beneficiarios económicos del terrorismo de Estado.

¿Saben Torrealday, Vainstub y Rossi dónde está el Melli? ¿Saben quién se lo llevó junto con Sabrina? ¿Saben quién pagó los gastos? ¿Saben a cargo de quién estaban? La Justicia considera que sí. Hace cuatro años la jueza Lilia Carnero, del Tribunal Oral Federal de Paraná, se lo reprochó a los “doctores”, que en ese entonces eran meros testigos.

Fiscales y querellantes también sostienen que saben. Hombres y mujeres que se detienen en la vereda de calle 25 de Mayo, desde el anonimato, opinan lo mismo y exigen saber: ¿A quién le entregaron el Melli? Los jueces de la Cámara de Apelaciones convalidaron que Torrealday era responsable de los mellizos, por más que estuvieran en una clínica de “puertas abiertas”, y por lo tanto, al dictar su procesamiento, consideraron que es responsable por su desaparición. Y esto es un crimen de lesa humanidad, que no prescribe. Y es un delito permanente, que se continúa cometiendo a cada momento, cada vez que alguien decide seguir callando.

—Hay que romper el pacto de silencio que involucra a militares y civiles —sostiene Julián Froidevaux, subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos—.  Esto empieza con Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército y el último eslabón es el IPP. Y entre toda esa cadena hay un pacto de silencio que hay que romper. Y este avance de indagatorias y procesamiento puede aportar a eso.

—El eslabón del IPP es una pieza importante en la cadena de responsabilidades. No es que se cortaron esas responsabilidades cuando los bebés salieron del Hospital Militar y se retomaron cuando Amelong y Pagano dejaron a Sabrina en el Hogar del Huérfano —acota Sofía Uranga, abogada querellante, en referencia a Juan Daniel Amelong y Walter Pagano, los represores que abandonaron a Sabrina en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario el mismo 27 de marzo de 1978.

Sabrina también apuesta a eso, a que de una vez por todas se quiebre el pacto de silencio, ese silencio que aturde.

Más allá de su lentitud, de sus problemas para avanzar y de la no concreción de su objetivo, la causa Melli —tal vez también se la podría llamar causa IPP o causa Torrealday— está haciendo su aporte a la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Así lo entiende Sabrina:

—¿Cómo se encuadra el caso Valenzuela Negro frente a otras búsquedas? Este caso siempre tuvo su dimensión jurídica. Otros casos no tienen la causa, no tienen herramientas judiciales y estrategias donde las pruebas se van constatando periódicamente. Nosotros vamos avanzando, desde una hipótesis del Mencho (Guillermo Germano, coordinador del Registro Único de la Verdad, autor de la denuncia que abrió la investigación) diciendo que había funcionado una maternidad clandestina en el Hospital Militar; el juicio de Guerrieri de 2009 en Rosario, el juicio en Paraná en 2011. Esa huella en lo jurídico marca una reconstrucción de la identidad a nivel colectivo, más allá de los resultados en el encuentro del Melli o no. Esto también marca el camino al sentar precedente de médicos civiles cómplices en apropiación de menores.

La Nieta 96 destaca que se haya logrado poner el foco de la investigación en la complicidad civil y considera que estos aportes son fundamentales:

—Todos nosotros hicimos un aprendizaje, al ir viviendo momento a momento la causa Hospital Militar e ir dándonos cuenta de que el Melli no estaba muerto, de que el Melli había salido con vida, de que se había perdido el rastro en el IPP, de que en la primera parte de la investigación habíamos hecho foco en el Hospital Militar y de que después había que hacer foco en el IPP. Y después hacemos foco en el IPP y nos damos cuenta de que los cómplices ¿cómo no van a saber? Fue un recorrido que aporta a la reconstrucción colectiva y a sentar precedente en la Justicia. Somos una especie de pioneros en poder citar a indagatoria a los cómplices civiles, que son personas de mucha trayectoria y poderosas. Hasta en algún punto desafiamos a la Justicia que dictó la falta de mérito, fuimos a la apelación y logramos el procesamiento de Torrealday y la citación de los otros. Es un avance enorme. 

En el puñado de militantes de derechos humanos que hacen el aguante frente al Juzgado hay una inquietud común; en algunos es más pronunciada, en otros es mínima: las causas de lesa se estancan, se demoran las sentencias y el 10 de diciembre está cerca. ¿Están sentadas las bases para que la investigación del paradero del Melli y todas las otras puedan seguir avanzando cuando finalice el actual gobierno?

—Sí —responde Julián Froidevaux— porque hay una certeza en todos estos años de democracia de cuáles son los puntos sobre los cuales no hay retorno y uno de esos son los delitos de lesa humanidad. El Poder Judicial tiene que seguir con su compromiso con impartir justicia. Y en realidad la garantía última de esta pregunta es el nivel de conciencia y de participación social en torno a estos ejes, en los cuales no hay vuelta atrás. La garantía última está en la demanda social de Justicia. No únicamente en quienes gobiernan el Poder Ejecutivo por el voto. De cara a las elecciones, tenemos dos candidatos con posibilidades de ser presidente: uno es quien dijo que había que terminar con el curro de los derechos humanos y el otro es quien propuso crear un Ministerio de Derechos Humanos. Son distintas posiciones de campaña frente al tema. La sociedad definirá con su voto a quién de los dos pone al frente del Ejecutivo nacional. Y el Poder Judicial, que sigue siendo un reducto donde no se definen las cosas por la participación sino que están definidas más que nada por la corporación y por la familia judicial, actuará, y lo hemos visto en el recorrido de la historia, según la presión social y política que haya sobre esta agenda de temas pendientes. La expectativa nuestra fue siempre llegar a 2015 con la mayoría de estos puntos resueltos y lo cierto es que llegamos con muchos temas pendientes en materia de lesa humanidad, en la materia de delitos económicos de la dictadura, la complicidad civil, la búsqueda de los casi 400 nietos que aún faltan. Hay mucho por seguir haciendo y depende de la presión social sobre esa agenda.

—Las banderas de las Madres, de las Abuelas, de H.I.J.O.S. —agrega Sabrina— en esta década que pasó fueron traspasadas a las nuevas generaciones. Con esto y con todas las políticas de derechos humanos, que no solamente tienen que ver con lo jurídico sino también con declarar feriado el 24 de marzo y todas las acciones en el plano de los simbólico, están sentadas las bases para que no se pueda desandar el camino.

El hermano de Sabrina nació en el Hospital Militar de Paraná a fines de febrero o principios de marzo de 1978. Estuvo internado en el IPP hasta el 27 de marzo de ese año. Si alguien posee información sobre su posible destino puede aportarla poniéndose en contacto con la agrupación H.I.J.O.S. por Facebook https://www.facebook.com/hijos.regional.parana o escribiendo a hijos.identidad@yahoo.com.ar; con Abuelas de Plaza de Mayo http://www.abuelas.org.ar/ o con la Subsecretaría de DDHH de Entre Ríos: Andrés Pazos 182, Teléfonos +54 343 4208366 / 4227781 / 4226897, ddhhentrerios@gmail.com.ar. 

Fotos: H.I.J.O.S. Paraná