Policía bonaerense recargada
Por Red Eco Alternativo - Friday, Sep. 11, 2015 at 9:06 AM

Los casos de Juan Manuel Yalet y Rafael Cobo no hacen más que reafirmar el accionar de la fuerza de seguridad provincial. La Comisión por la Memoria pidió una reunión con el gobernador – y candidato a presidente por el Frente para la Victoria – Daniel Scioli y una audiencia pública con el intendente de La Plata, Pablo Bruera. Este viernes 11 de setiembre organizaciones sociales y derechos humanos se movilizarán para denunciar la violencia policial.

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(Red Eco) Buenos Aires – La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) manifestó en las últimas horas su extrema preocupación ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos que – según afirmó – resultan de las políticas de mano dura que se vienen profundizando en los últimos años.
Ante esta situación solicitaron que se realice una audiencia pública con el intendente de La Plata, Pablo Bruera. El pedido fue efectuado no solo por la CPM; también se sumaron la Asociación Miguel Bru y la Federación Universitaria de La Plata junto a más de 50 personalidades y organismos de derechos humanos y sociales.
La solicitud formal se llevó a cabo en la tarde de este jueves 10 de setiembre en conferencia de prensa. En este marco se afirmó que la juventud continúa siendo uno de los principales sujetos estigmatizados por las fuerzas policiales, que no hay violencia policial sin burocracia judicial ni violencia carcelaria ni detenciones arbitrarias ni causas armadas. El presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que se confunde seguridad con estado policial: “saturan las calles con nuevos policías y sólo generan más violencia (…), mientras las fuerzas policiales mantengan su política represiva, la seguridad será más represión y menos libertades”.
Previamente la Comisión había emitido un comunicado en el que se criticaba en particular el accionar de las policías locales: “fueron creadas por una resolución ministerial en el marco de la denominada ‘emergencia en seguridad’. En un lapso de un año, con una preparación de solo 6 meses, más de 500 agentes salieron a las calles de La Plata portando armas, con una instrucción precaria e insuficiente. Tal como quedó demostrado, esto es altamente peligroso y genera más inseguridad de la que pretende resolver. La estrategia de ‘saturación territorial’ que implica el despliegue de agentes, móviles policiales y armas, sin la adecuada formación, demuestra en estos casos un potencial de letalidad y de violencia ilegal que debe cesar de inmediato. Estas consecuencias deben ser asumidas por las autoridades del Ministerio de Seguridad - responsables directos de las medidas que se implementan - como un grave error en la dirección tomada. Porque más allá de las responsabilidades penales de los agentes involucrados hay responsabilidades políticas que deben asumirse. Es inconcebible que frente a estos hechos se consolide la impunidad y no se adopten medidas transformadoras de las políticas en la materia”.
El pedido de audiencia pública también fue apoyado por los familiares de Rafael Cobo y Juan Martín Yalet. Cobo fue baleado por un efectivo de la policía local que comenzó a dispararse con otro, ambos de civil, dentro de un Centro Cultural. El joven debió ser hospitalizado de urgencia con un pulmón perforado. Unos días antes se había producido el asesinato de Yalet. El 26 de agosto, el joven de 25 años fue detenido y subido a un patrullero para ser trasladado a la Comisaria Novena de La Plata. Sin embargo, en el interior del auto recibió un disparo en la sien, llegó desangrándose al Hospital San Martín donde murió. La policía quiso hacer pasar la versión del suicidio, pero la reconstrucción del hecho dio cuenta de que el joven subió al vehículo sin armas y esposado. Pocos días más tarde, 8 policías (Cristian Caffa, Mónica Arias, Walter Fernando Rodríguez Muller, Daniela Aprea, Michael López González, Luciano Díaz, Patricia del Carmen Paris y Laura Gutiérrez) fueron detenidos por los delitos de “homicidio triplemente agravado por alevosía, el abuso de la función como miembros integrantes de las fuerzas de seguridad y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con la falsificación material e ideológica de instrumento público”. Se los acusa de estar involucrados en el crimen de Yalet y de confeccionar además un acta trucha para impulsar la hipótesis del suicidio.
De todos modos, las detenciones de los efectivos no ha llevado tranquilidad a la familia de Juan Martín. Durante la noche del pasado sábado 5 de setiembre, 6 hombres vestidos con uniformes de Gendarmería y encapuchados tocaron la puerta de Viviana, hermana del joven asesinado. Cuando ella abrió entraron a la fuerza a su casa; le dieron vuelta todas sus cosas, la golpearon y patearon en el piso y la amenazaron. Le dijeron “ahora no te encontramos nada negrita, pero va a ser peor”, “cuidado con lo que hablas”.
“Nosotros fuimos a la fiscalía para que se investigue este hecho con mi abogada que ya hizo la denuncia. Yo no les pude ver las caras porque estaban encapuchados. Todo el barrio los vio toda la semana que estaban dando vueltas, pero ellos también tienen miedo. El gobierno no salió ni a preguntar ni dio ninguna respuesta de que fue lo que pasó”, declaró horas más tarde Viviana a La Izquierda Diario.
Ante esta continuidad del accionar policial, mañana, viernes 11 de setiembre, familiares de víctimas de gatillo fácil, la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, el Colectivo contra el Gatillo Fácil, la Federación Universitaria de La Plata y Centros de Estudiantes se movilizarán contra la política represiva del Estado, responsabilizando al gobierno nacional, provincial y municipal, exigiendo juicio y castigo a todos los responsables y el apartamiento inmediato de la fuerza de los policías involucrados en estos delitos. Será a las 17 desde la Plaza Moreno de La Plata.

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