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Se realizó en la Corte Suprema la audiencia sobre derecho a huelga
Por Indymedia Trabajadores - Saturday, Sep. 12, 2015 at 3:47 PM

En la mañana del jueves, se realizó el debate sobre titularidad del derecho a huelga en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se presentaron siete organizaciones como “Amicus Curiae” y hubo un fuerte respaldo a la concepción de la huelga como derecho de los trabajadores. Hacia el final, el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, planteó que la audiencia era sobre el caso Orellano y no necesariamente sobre la titularidad del derecho de huelga como tal -también se discutió sobre el derecho de reunión y la discriminación laboral- por lo que la Corte podría no tocar el tema en su fallo final.

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El salón del cuarto piso del edificio del máximo tribunal se colmó de público. Apenas pasadas las diez, ingresaron los tres magistrados, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, que, según rezaba la convocatoria original, habían convocado a “amigos de la corte” (los “Amicus Curiae”) para emitir opinión no vinculante sobre quién o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa, en el marco de la causa “Orellano, Francisco Daniel c/ Correo oficial de la República Argentina s/ Juicio Sumarísimo”. La misma se originó tras el despido de 46 trabajadores, por considerar la patronal que habían realizado una medida de fuerza que no había convocado ninguna de las organizaciones con personería gremial en el sector.

Si bien se presentaron más organizaciones para exponer en el tribunal, fueron aceptadas sólo siete como Amicus. En la audiencia que duró dos horas, expusieron el Director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Cornaglia; el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli; la letrada de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Beatriz Constante; y el abogado de la CTA de los Trabajadores, Raúl Ferrari. Además, finalmente, las partes también manifestaron sus posicionamientos y fueron interpeladas por los jueces.

Tanto las asociaciones de abogados como los representantes de las organizaciones sindicales, sostuvieron que la huelga es un derecho de los trabajadores y que su ejercicio  no puede restringirse a una organización gremial. “Hacerlo depender de la organización con personería sería abolirlo”, consideró Fuentes, para quien aplicar la visión restrictiva del derecho a huelga sería “perder el derecho a la ciudadanía”, condenando a millones de trabajadores a sufrir una situación comparable con la esclavitud.

Al igual que el dirigente de ATE, Piasek hizo referencia a las implicancias de restringir la facultad de realizar medidas de acción directa en un marco de alta precarización laboral, que  hace que un amplio porcentaje de los trabajadores se mantengan sin derechos sociales, al margen de las estructuras gremiales y por ende imposibilitados de reclamar lo que les corresponde por ley. Como presidente de la AAL, instó a la Corte a ampliar los márgenes de libertad y democracia sindical, tal como lo establece la normativa nacional e internacional. Su par bonaerense, Beatriz Constante, consideró que ir sobre este derecho eliminaría otro esencialmente humano: el derecho a la resistencia.

El referente de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, agregó a lo expuesto por los predecesores la necesidad de considerar la “reinstalación como único resarcimiento” para aquellos trabajadores injustamente despedidos. “De no ser así, se limita la libertad sindical individual de adherir o abstenerse a la medida de fuerza, ya que estaría condicionado por la posibilidad de perder su puesto de trabajo. Por el contrario, habilitar el pago de una indemnización como opción principal, aún tratándose de una doble indemnización, no es otra cosa que una invitación a aplicar esta norma en lugar de la reincorporación del trabajador o trabajadora, como en el caso tratado en esta ocasión por la Corte”, aseguró.

La exposición de la UIA fue la voz disonante de los amicus. Funes de Rioja sacó el manual de las cámaras patronales representadas en la Organización Internacional del Trabajo, y expuso desde su rol orgánico a las mismas. “Creemos que si se reconociera el derecho de huelga en forma indeterminada, más allá de los límites determinados por la legislación, podrían generarse fórmulas anárquicas. La falta de aval responsable del sindicato permitiría adoptar resoluciones de fuerza que muchas veces no estarán gestionando aquellas reivindicaciones fundamentales que se persiguen. Las medidas de acción directa a nuestro entender resultan un derecho colectivo concedido a las organizaciones representativas de trabajadores para ejercer el derecho de huelga. No es un derecho grupal sino asociacional. Si no, tienen que declarar inconstitucional la Ley 23.551 en ese aspecto”, aseguró el vocero de la UIA.

Cambio de título

En su exposición, el representante del Correo, Horacio Desimone, fue reiteradamente interpelado por Lorenzetti, hasta el punto en que terminó definiendo que la titularidad del derecho de huelga corresponde al conjunto de los trabajadores. La afirmación despertó aplausos del auditorio y la repregunta insistente del juez, quien entonces apuntó el reclamo patronal, sintetizando los argumentos esgrimidos por Desimone: el causal del despido se encontraría en el procedimiento utilizado por un grupo de empleados “inorgánico”, que no habría respetado “el mando natural” que sería el sindicato con personería, y que habría afectado “ilegítimamente” los intereses de la empresa.

Allí, empezó a cambiar el eje del debate que motivó la convocatoria firmada por el presidente de la Corte el 8 de julio de 2015,  que establecía en la foja firmada por el Secretario de la Corte, Cristian Arbitta: “Se plantean ante esta corte, en tanto, objeciones sobre quién o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa”. Razón por la cual, y atento a que los fallos de la Corte generan jurisprudencia sobre las causas concretas, muchas organizaciones expusieron sus visiones de lo que implicaría restringir el derecho a huelga.

Luego de Desimone, fue el turno de Matías Cremonte, representante de los trabajadores despedidos, quien consideró que la pregunta establecida por el Tribunal debería ser reformulada. Postura fundamentada en que la empresa manifestó abiertamente en sus notificaciones que la ilegalidad radicaba en la reunión de los trabajadores del correo. Los mismos, durante los tres días posteriores al cierre de la negociación colectiva realizaron asambleas de una hora por turno, hasta que llegaron las citadas notificaciones de ilegalidad.

Pero, recordó el abogado de Orellano, en los telegramas de despido emitidos tras la convocatoria de ATE a la elección de delegados -que contaba con algunos de los afectados como candidatos-, la empresa adujo como causa el conflicto desatado por las asambleas realizadas entre el 13 y el 29 de mayo del 2009. Muchas de ellas convocadas por los diversos sindicatos con ámbito de actuación en el Correo en el marco de la negociación colectiva formal.

Sorprendió entonces Lorenzetti, planteando que la Corte no había convocado a discutir la titularidad del derecho de huelga por un lado, pero expresando a la vez que las partes “habían cambiado el eje del debate: no estamos discutiendo el derecho de huelga sino de reunión”.

Al respecto, Cremonte consideró que los jueces “intentaron separar el derecho de huelga del derecho de reunión y asamblea, cuando obviamente van de la mano, son parte indisociable del ejercicio del derecho colectivo. Son parte de la libertad sindical. Creo que a la Corte le llamó la atención que las partes hagamos hincapié en otro aspecto del expediente y no tanto en el que ellos habían convocado, que era la titularidad de las medidas de acción directa. Lógicamente hicimos referencia al expediente, que es donde se debate este tema, no es un debate abstracto. Queremos dejar demostrado que se lo despidió discriminatoriamente y deben ser reinstalados. Si eso fue un viraje en el título de la audiencia porque no se condice con el título que la convocaron, no es nuestro problema”, consideró el letrado.

Tras el debate y consultado sobre esta afirmación del juez, el Secretario General de ATE, Julio Fuentes, aseveró que “sin dudas está en debate la titularidad del derecho de huelga. Queda claro quiénes creen que el derecho de huelga tiene que quedar en cabeza de los sindicatos con personería gremial, cuyo único defensor fue Funes de Rioja. Es una estrategia de la empresa correr el eje del debate y decir que los trabajadores fueron condenados por haberse reunido”, aseguró el dirigente de trabajadores del Estado.

Es destacable que, otra vez, la misma ATE que recientemente fue a elecciones internas con una fuerte apuesta del gobierno nacional por quebrar el sindicato, vuelva a ser protagonista de un caso que llega a la Corte y puede sentar jurisprudencia en lo que a la ampliación de derechos colectivos concierne, como sucedió con los fallos ATE I y II. Ahora basta esperar la resolución de la Corte, que no tiene plazos para expedirse en esta causa. Al momento, los trabajadores del correo continúan en sus puestos de trabajo a la espera de la resolución del máximo tribunal.

Podés ver la audiencia completa haciendo click AQUÍ

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Audiencia
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Trabajadores siguieron atentamente el debate
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