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Desalojos en el oeste: "el problema de fondo subsiste"
Por El Diario de La Pampa - Friday, Sep. 18, 2015 at 5:27 PM

Publicado el 17-09-2015 / La falta de titulación de las tierras que tienen las comunidades y los puesteros continúa pese a las prórrogas de los plazos para los desalojos, explicó el abogado Carlos Fernández Articó. “La situación de los puesteros es compleja y requiere que se elabore un proyecto”, aclaró.

Desalojos en el oest...
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El abogado Carlos Fernández Articó dijo que la prórroga por dos años de la ley que suspende los desalojos de puesteros y comunidades aborígenes en el oeste de La Pampa “es una solución transitoria”. Reclamó que el Estado, amparado en la ley 26.160, expropie las tierras y se las entregue a las comunidades originarias. Aclaró que el caso de los puesteros del oeste provincial es diferente al de las comunidades originarias y que en estos casos es necesario hacer una presentación judicial.

A principios de septiembre, y a pedido del Consejo de Lonkos de comunidades indígenas de La Pampa y de la Comunidad Aborigen Epumer, la Cámara de Diputados dispuso la prórroga de los efectos de la Ley 2222 (y su modificatoria, Ley 2730), que beneficia a los puesteros y comunidades aborígenes del oeste pampeano con la suspensión de desalojos, hasta el 30 de septiembre de 2017.

“En realidad es una solución transitoria. El problema de fondo subsiste y consiste en la falta de titulación de las tierras que tienen las comunidades y los puesteros. El conflicto queda latente y en algunos casos no porque a esta ley hay que invocarla en un juicio. Es decir, hay que iniciar un pedido de suspensión de un desalojo concreto. Si hay un puestero que no consulta con un abogado y no promociona judicialmente un pedido de suspensión, tranquilamente podría ser desalojado”, afirmó Fernández Articó.

Agregó que “por suerte ha tomado estado público desde hace bastante tiempo y muchas familias han pedido y se han asesorado legalmente con abogados y han solicitado suspensiones invocando esta suspensión. Yo represento a varias familias y comunidades y lo que ellos quieren es que los legisladores dicten una ley que vaya sobre el problema de fondo”.

El abogado explicó que “las comunidades originarias podrían solucionar, en principio, su situación porque las que yo represento hicieron un relevamiento a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y cumpliendo la ley 26.160 se reconoció la existencia de la base territorial de la comunidad originaria, lo que facilitaría la expropiación por parte del Estado de ese territorio a los efectos de entregársela a las comunidades originarias”.

“En el caso de los puesteros, que no son comunidades originarias y que no se reconocen como tales, la situación es más compleja porque requieren otro tipo de planteo judicial. Pero hay un reconocimiento explícito del Estado de que son familias que están hace 30, 40 años habitando la tierra. Si uno va a esos puestos se da cuenta de las mejoras que tienen sus casas”, comentó en declaraciones a Radio Kermés.

“Sin embargo, como no tienen la titularidad de esas tierras, llegan personas que nunca han habitado esas tierras, las venden, y los nuevos compradores o los mismos titulares registrales inician juicios de desalojos sobre esas familias que están hace 30 o 40 años”, completó.

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