Julio López
está desaparecido
hace 6402 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

La Plata | A 9 años del segundo secuestro de Jorge Julio López en La Plata
Por Indymedia Derechos Humanos - Sunday, Sep. 20, 2015 at 9:53 PM

El viernes pasado se realizó una movilización en la ciudad de La Plata con motivo de cumplirse 9 años del segundo secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López. Una multitud volvió a las calles para exigir justicia. El 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López debía presentarse en los alegatos de las querellas en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, el comisario de la policía bonaerense que, como mano derecha del general Camps durante la última dictadura, dirigió 21 centros clandestinos de detención en la provincia. En su testimonio él había reconocido a varios genocidas, entre ellos al mismo Etchecolatz. 9 años después de su secuestro sigue sin saberse qué fue lo que sucedió con él ese día. “No es este tribunal el que me condena, sino que son ustedes los que se condenan” fueron las últimas palabras de Etchecolatz en aquel juicio. Pese a que, desde el primer momento, los organismos denunciaron la desaparición de López y exigieron que se investigara a los genocidas reconocidos por López y sus vínculos con policías en actividad, el gobierno se empecinó en implantar la idea de que se trataba de "un viejito perdido". La causa judicial fue iniciada como “averiguación de paradero”, en manos de la justicia provincial y con la Policía Bonaerense como fuerza encargada de llevarla a cabo. Recién en 2008 se apartó a la Bonaerense y se creó la Secretaria Especial para Delitos de Lesa Humanidad para seguir el caso. Sin embargo, a 9 años de su segundo secuestro, la investigación continúa paralizada. Compartimos el documento leído por la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.

La Plata | A 9 años ...
img_2995.jpg, image/jpeg, 640x401

A 9 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, volvemos a esta plaza porque al silencio de los primeros meses, el gobierno de los k dio paso al encubrimiento y a la impunidad con la complicidad judicial, policial y política.

LA CAUSA DE LA IMPUNIDAD

La causa López es un verdadero laberinto de la impunidad.

No hay ningún indagado ni procesado ni detenido.

En septiembre de 2014 el Ministerio Público realizó un informe donde reconoce: que a 8 años, todavía faltan hacer medidas probatorias y otras rehacerlas; que recién el año pasado le tomaron declaración a la esposa de Lopez, Irene Savegnago, quien "nunca había brindado un amplio testimonio sobre los hechos acontecidos en el marco de la causa", cuando los fiscales, un año antes había afirmado que no quedaban medidas a su alcance por hacer; entre otras cosas.

A su vez, demuestra la ineficacia del sistema de búsqueda de cuerpos en las morgues del país. No existe un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, no sólo para el caso de Jorge, sino para todos las personas que se encuentran desaparecidas. Actualmente está "librado al azar y a la responsabilidad de cada funcionario". Como quedo demostrado en el caso de Luciano Arruga.

Esto no es de extrañar para un Estado que mostró, aquí en La Plata, el desmanejo que existe en la Morgue Judicial tras la inundación del 2 de abril de 2013, y donde salió a la luz pública que es habitual que la policía y el poder Judicial trabajen cotidianamente en los procesos por muertes traumáticas con el falseamiento de causales de muerte, dobles enterramientos y ocultamiento de cadáveres.

En este último año, la único que avanzó fue la causa que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por encubrimiento en la investigación y no por la desaparición de Jorge.

Para entender hay que hacer un poco de memoria. En 2007, fue requisado y allanado el penal federal de Marcos Paz, donde se encuentran detenidos Etchecolatz y otros genocidas. En esa oportunidad, previo al allanamiento, el Juez Arnaldo Corazza cometió la ingenuidad de notificar de la medida al Ministerio de Justicia y la información se filtró al Servicio Penitenciario Federal. De hecho tuvo que hacerse un segundo procedimiento, y para garantizarlo sólo se avisó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Recién ahora se comprobó que había números telefónicos intervenidos en la investigación del caso López que no se correspondían con los que efectivamente usaban los represores dentro del penal. También hubo “diferencias” detectadas en los registros de los libros de visitas a los represores, que se referían desde el cambio de nombres o número de documento de los visitantes, hasta personas que aparecían ingresando al pabellón de Lesa Humanidad sin haber sido registradas al ingreso del penal.

Los responsables de semejante libertinaje fueron los jefes de la sección visitas y correspondencia del penal Diego González y Rubén Medina; su superior y jefe de la división seguridad interna, Aníbal Cuenca; el director de seguridad, Héctor Altamirano, y los jefes de establecimiento, Diego Díaz y Carlos Alberto Grassini: Fueron acusados por la fiscalía por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuya pena alcanza los cuatro años de prisión.

Estas irregularidades no sólo beneficiaban a Etchecolatz, sinó que se extendían a otros represores condenados con actuación en el Circuito Camps como Norberto Cozzani, Jorge Bergés, Cristian Von Wernich y, no casualmente, a un grupo de integrantes de penitenciarios bonaerenses, entre ello Rebaynera, Morel, Ríos y Basualdo, hoy condenados por su actuación en la Unidad 9 en dictadura.

A 9 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO:

APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN.

CONDENA AL ESTADO ARGENTINO POR SER RESPONSABLE DE ESTOS 8 AÑOS DE IMPUNIDAD.

BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD.

La situación de impunidad tiene elementos complementarios en lo que hace a la justicia Federal de La Plata.

En abril pasado, el juez Rozansky denunció que recibió intimidaciones graves contra él y sus colaboradores en llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas. El juez dijo que eso comenzó entre los primeros días de enero, luego de que se conocieran los fundamentos de la sentencia del juicio La Cacha. Y si bien el magistrado ya había sido blanco de intimidaciones en el juicio a Etchecolatz y Circuito Camps, esta vez realizó la denuncia en el Juzgado 1, por entender que había “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. Pero lo más grave del caso es el efecto y la respueta que causó. El juez Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz.

Tengamos en cuenta que Etchecolatz está imputado en todas las causas grandes elevadas o a elevar, como las referidas al Pozo Banfield y de Quilmes, a la Brigada de Investigaciones de San Justo, a la residual de Comisaría 5ta-Arana-Brigada de La Plata y la causa Favero, sólo está excluido en las causas por los crímenes de la CNU y por el CCD de Infantería de 1 y 60. En este marco, la actitud del juez abre una situación muy peligrosa, ya que si cada juez que es amenazado por este o algún otro genocida se excusa de su juzgamiento en poco tiempo podríamos quedarnos sin jueces.

Si a esto le sumamos las afirmaciones de Cristina, cuando en la apertura de su segundo mandato dijo que en 2015 se terminaban los juicios, y las frases y dichos de reconciliación con que están haciendo campaña Scioli y Macri, podemos decir que estamos en las vísperas de una nueva impunidad.

Por eso desde esta plaza denunciamos esta posible maniobra, que arranca con el efecto Etchecolatz para terminar en el efecto impunidad. No sólo vamos a seguir luchando para que no cierren los juicios si queda un solo genocida libre, sino porque vamos a seguir exigiendo que se juzgue a todos por ccd.

El año que viene se cumplirán 40 años del golpe genocida de 1976, y a 12 años de anuladas las leyes de impunidad se realizaron en todo el país 144 juicios con sentencia de 1a instancia. Hubo 605 represores condenados y 77 absueltos, por los casos de unas 3.600 víctimas. Muy pocos si tenemos en cuenta que durante la dictadura funcionaron más de 600 ccd y que las fuerzas de seguridad contaban con alrededor de 250 mil efectivos.

En La Plata hubo 11 sentencias en las que fueron condenadas 69 represores y 1 fue absuelto. De esas condenas sólo se encuentran firmes por resolución de Corte Suprema 4 condenas en 3 causas. Otras 3 causas obtuvieron sentencia de Cámara de Casación y 5 aún no tienen confirmación de ninguna instancia.

También siguen impunes los casos de asesinados en la epoca previa al golpe, como es el caso de los ocho compañeros del PST, Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto «Laucha» Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo, Lidia Agostini. Patricia Claverie, Oscar Lucatti y Carlos «Dicki» Povedano. El 4 de septiembre de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón, siendo gobernador de la provincia Victorio Calabro, cinco compañeros del PST que se encontraban realizando tareas de solidaridad con los obreros de Petroquímica Sudamericana (hoy Mafissa), fueron secuestrados, torturados y asesinados por las bandas fascistas de la Triple A. Sus cuerpos aparecieron en La Balandra. Al día siguiente, tres compañeros más, que salieron a denunciar el hecho fueron también levantados por la patota de las Tres A a plena luz del día en el centro platense. Corrieron la misma suerte. Hoy, a 40 años del asesinato de los ocho compañeros no hay ningún condenado por los hechos.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA Y A SUS CÓMPLICES CIVILES, JUDICIALES, RELIGIOSOS.

JUICIOS COMPLETOS POR CADA CCD, QUE INCLUYA A TODOS LOS COMPAÑEROS Y A TODOS LOS DELITOS QUE ALLÍ SE COMETIERON.

INVESTIGACION, JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE LA TRIPLE A, LA CNU Y DEMAS BANDAS FASCISTAS, SUS COMPLICES POLITICOS, POLICIALES, MILITARES Y SINDICALES EN LA ETAPA PREVIA AL GOLPE

APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES!

Tras doce años kirchneristas, los principales candidatos patronales Scioi, Macri y Massa esconden en su campaña electoral que vienen con más ajuste y devaluación bajo el brazo. En estos doce años de buenos precios internacionales de materias primas, el kirchnerismo mantuvo la estructura productiva que viene desde la dictadura. Pagó más de 200 mil millones de dólares de deuda externa, profundizó la precarización laboral y el ajuste por inflación, agudizando el hambre y la desigualdad. Hoy, en el marco del freno del crecimiento chino, de la crisis en Brasil, y de los propios problemas domésticos producto de los límites de un modelo que jamás confrontó con el imperialismo y los capitalistas, los k se alinean detrás de Scioli, escondiendo cualquier veleidad progre. Scioli que es responsable de la muerte de Walter Lemejis, trabajador de la Direccion General de Cultura y Educación, fallecido como consecuencia del ajuste que llevó adelante en los presupuestos y la precarización laboral.

Debemos prepararnos para grandes luchas como las que este año protagonizaron los aceiteros que lograron romper el tope salarial, los choferes de la línea 60, los trabajadores de Coca cola y de empresas recuperadas, los paros generales con cortes, los qom-wichis que vienen a la cabeza de los reclamos de los pueblos originarios, la lucha por tierra com en Abasto. También destacamos el fallo histórico de la justicia que ordenó reincorporar a uno de los despedidos del diario Hoy que tras la incansable lucha de los trabajadores, soportando la brutal represión de la policía bonaerense, sienta un precedente también para todos los que se encuentren en situación de haber sido despedidos por persecución gremial.

El sector automotriz es el primero que sufre suspensiones masivas, que amenazan en convertirse en despidos. Ningún sector patronal duda en encarar una devaluación con la afectación del salario que eso significa, a lo sumo discuten los ritmos.

De lo que sí hablan en campaña es de llenar de policías las calles. Se esconden detrás de la inseguridad que los capitalistas y sus gobiernos generan arrojando a la miseria a capas enteras de la población y fortaleciendo el poder de la policía a la que ningún curro le es ajeno en carácter de organizador o cómplice, para fortalecer el aparato represivo de cara a las luchas de los trabajadores y sectores populares contra el ajuste.

Del lado de los ajustadores sólo podemos esperar más impunidad. La justicia vendrá de la mano de la lucha de los trabajadores, estudiantes, movimientos de mujeres y demás sectores en las calles. Esta multisectorial llama a unirnos en el apoyo para que triunfe cada lucha en curso.

NO AL PAGO DE LA DEUDA ILEGITIMA, FRAUDULENTA Y USURARIA

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS QUE SE ENRIQUESIERON

SALARIO=CANASTA FAMILIAR

PROHIBICION DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES

En estos 9 años de impunidad muchas veces señalamos la continuidad de las prácticas represivas de la última dictadura en democracia.

En este caso, no sólo se trata de las mismas prácticas, sino del mismo represor, Luis Raúl Ponce. Precisamente, una de las causas en instrucción y apunto de elevarse a juicio es la referida a hechos ocurridos en la Comisaría 5ta, el Pozo de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata que no fueron tenidos en cuenta en el juicio “Circuito Camps de 2012, o que incluye a otros represores. En ese expediente está incluido el caso de Lopez como víctima de su secuestro la noche del 27 de octubre de 1976 de su casa en Los Hornos. Sobre el hecho, Lopez había mencionado que quien manejaba el móvil donde lo levantaron era un policía de apellido Ponce, al que él conocía de la zona. El represor Luis Raúl Ponce, efectivo de la Comisaría 5ta en dictadura, fue detenido en el sur del país en agosto de 2012. Lo encontró la Policía de Seguridad Aeroportuaria por error: estaban buscando a Cesar Heriberto Peralta, prófugo en una causa de Lesa Humanidad en Santa Fe. Ponce había cambiado su nombre por “Raúl Peralta”, adoptando su segundo nombre y el apellido de su madre. Tras ser aprehendido con resistencia a los tiros, se verificó que se trataba de Ponce, prófugo por más de 20 años en la causa por el secuestro, torturas y desaparición del joven Andrés Nuñez, asesinado en la sede de la Brigada de Investigaciones de La Plata en septiembre de 1990, por un grupo operativo integrado por los policías Pablo Martín Gerez, Alfredo González, Víctor Dos Santos y José Daniel Ramos, todos al mando del comisario Ponce.

El caso Nuñez fue uno de las primeras desapariciones forzadas en democracia en nuestra ciudad y el país. En 2010 González y Dos Santos fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte. Dos Santos fue aprtado de la causa porque colaboró para que se encontrara el cuerpo de Andrés descuartizado e incinerado en un campo de General Belgrano en 1995. Gerez continúa prófugo hace casi 25 años. Y la familia de Nuñez pide hace 3 años que se ponga fecha de juicio a Ponce. Además hay otros 4 policías de la Brigada acusados de encubrimiento, y murió procesado pero impune el primer juez de la causa, Amilcar Vara, señalado como cómplice de las torturas y el ocultamiento del cuerpo de Andrés.

JUSTICIA POR ANDRES NUÑEZ

En medio de la farsa electoral, con la que se quiere legitimar esta democracia de hambre, represión y saqueo, Lopez fue nuevamente llamado a votar en la PASO en la escuela N°49 de Los Hornos, como viene sucediendo desde su desaparición.

Esto demuestra que el Estado sigue sin asumir la realidad de lo sucedido con el compañero, y lo mismo ocurre con más de 210 desaparecidos en democracia desde 1983 a la fecha. Desde el caso de Néstor `Lito` Gutiérrez, detenido en diciembre de 1984; pasando por los casos de Luciano Arruga, Iván Torres, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Daniel Solano, y hasta el reciente caso de Ismael Sosa.

La continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito.

BASTA DE DESAPARICIONES EN DEMOCRACIA

A LUCIANO LO MATÓ LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

Los casos de gatillo fácil resultan ya inocultables. No hay registros oficiales certeros, ya que el entramado de corrupción y complicidad entre las fuerzas represivas, el aparato judicial y el aparato político garantizan la impunidad para esta práctica asesina.

Según datos de la CORREPI, hay más de 4.300 personas asesinadas por el aparato represivo del estado desde 1983, en las modalidades de gatillo fácil, ejecuciones extrajudiciales y torturas en sede policial y penitenciaria.

La mayoría de los casos se dio en el gobierno kirchnerista, y casi la mitad se dio en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Scioli.

La mal llamada “inseguridad” y las políticas que venimos refiriendo, tienen como contracara la desinversión presupuestaria en escuelas, hospitales, espacios públicos, refugios para mujeres víctimas de violencia machista, vivienda digna.

Con la excusa de la seguridad, se envían gendarmes a las villas a través de acuerdos con Nación. En las calles de la ciudad, circulan al menos siete fuerzas represivas que dependen de Nación y Provincia, desplegando en este último tiempo más de 90.000 oficiales de la bonaerense. En ese contexto se creó la Policía local, para reforzar el aparato represivo que seguirá en manos de la Bonaerense con la complicidad de los intendentes, con sus patotas y mafias locales.

El aparato judicial encubre la mayoría de los casos de gatillo fácil: otorga a la palabra de los policías valor de verdad, permite que sean las propias fuerzas investigadas las que dirijan la investigación penal, y otorgan libertades que a las los de abajo jamás otorgarían. Se busca colmar las cárceles de pobres que viven en completo hacinamiento y expuestos a violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Denunciamos los graves hechos de amenaza y amedrentamiento sufridos por la familia de Juan Martín Yalet, el joven asesinado el 26 de agosto por la policía bonaerense mientras era trasladado en un patrullero. El sábado 5 de septiembre miembros de la gendarmería con autos particulares y encapuchados entraron a la casa de la familia Yalet, por la fuerza revisando toda la vivienda, golpeando y amenazando con que no hablara y se dejara de denunciar. Y nuevamente, el día viernes 11 de septiembre mientras se preparaban para marcha exigiendo “basta de gatillo fácil”, la familia de Martin Yalet y las organizaciones sufrieron amenazas y hostigamiento por parte de la policía bonaerense.

Este caso nos recuerda la muerte de Darían Barzabal, fusilado por la espalda por la policía bonaerense en el barrio de Los Hornos en Enero de 2007. En ese momento denunciamos que el 30% de los policías de la Comisaría estaban entre los 9.000 agentes que actuaron en la dictadura y continúan en actividad.

Este gobierno, que por un lado dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, quiere prohibir la protesta, y descarga el peso del aparato judicial para perseguir a los que luchan. Sólo hay 1.500 genocidas procesados, y más de 5.000 luchadores criminalizados por exigir sus derechos. Agravando las imputaciones al utilizar figuras penales gravísimas.

En los últimos 4 años han sido asesinados más de 30 luchadores populares en manifestaciones y estos crímenes permanecen impunes.

Desde terminada la dictadura, los diferentes gobiernos constitucionales, tanto nacional como provinciales, han ido perfeccionando el aparato represivo: sumando agencias policiales, creando herramientas como la “Ley anti-terrorista” reformada en 2011 y la ley antipiquetes, militarizando los barrios pobres de la todas las grandes ciudades y mediante los operativos de la Gendarmería del Proyecto X, los infiltrados y los “Caranchos” que conduce el fascista Sergio Berni, muestra la verdadera cara de la política de seguridad de este gobierno.

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

FUERA LA POLICÍA BONAERENSE, COMUNAL Y GENDARMERÍA DE NUESTROS BARRIOS.

JUSTICIA PARA MARTIN YALET Y OMAR CIGARAN, Y TODOS LOS ASESINADOS POR GATILLO FACIL. EL GOBIERNO ES RESPONSABLE.

BASTA DE REPRESIÓN, PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.

DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO.

A 30 meses de la trágica inundación, los Inundados de La Plata, exigimos obras hidráulicas estructurales y no estructurales necesarias acorde al cambio climático en el que nos encontramos.

Esclarecimiento del número real de víctimas fatales y sus identidades.

Un efectivo plan de alerta temprana y de contingencia para la evacuación y salvataje de los ciudadanos platenses, el cual debe contar con la participación activa de los vecinos.

Por la inmediata implementación de un sistema de subsidios que les permita a los platenses recuperar lo perdido y ponernos de pie, basta de inundarnos y endeudarnos.

No a la especulación inmobiliaria y urgente derogación del COU, por la definición de una ciudad inclusiva que nos contenga a todos.

Por instrumentos de verdadera participación popular en la definición, control y seguimiento de las obras, que los vecinos organizados en asambleas puedan debatir y participar desde el diseño mismo de las obras, con apoyo de la universidad, organizaciones sociales y estudiantiles.

JUSTICIA PARA LOS INUNDADOS. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA

MAYOR TRAGEDIA SOCIAL TOTALMENTE EVITABLE.

BRUERA, SCIOLI Y CRISTINA SON RESPONSABLES.

A tres meses de la masiva movilización por “NI UNA MENOS”, los organizaciones de mujeres y LGTBI, feministas, sociales y políticas, seguimos denunciando a los responsables políticos, a nivel nacional, provincial y municipal, por la falta de políticas públicas serias que protejan la vidas de las mujeres y que garanticen sus derechos a una vida libre de todo tipo de violencias.

Hoy todas somos Rut. A un mes de su desaparición, la justicia misógina y patriarcal sigue orientando la investigación sobre la hipótesis de la fuga del hogar por propia voluntad, invisibilizando las situaciones de vulnerabilidad a la que están expuestas diariamente las mujeres, poniendo en duda su voz, o simplemente contestando que “ya va a volver, se debe haber ido con algún noviecito”.

En un país donde a diario desaparecen mujeres por las redes de trata con la connivencia de las fuerzas de seguridad y el Estado, no podemos dudar sin tomar en cuenta esta posibilidad para el caso de Rut.

En nuestro país no existen estadísticas oficiales sobre las desapariciones de mujeres para la explotación sexual. La ausencia de políticas públicas, contribuye al ocultamiento de los mecanismos represivos que operan desde los sectores de poder, cómplices junto con la justicia patriarcal de nuestras desapariciones. Paralizan las causas e investigaciones, y desalienta a la familia con engranajes institucionales que sólo sirven para alargar los días.

Lo acontecido en el mes de mayo alrededor del fallo machista y homofóbico de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llagués al beneficiar a un violador, y el posterior alejamiento de la UNLP de Piombo y la reciente decisión de la Corte, son una conquista de la lucha del movimiento de mujeres y de estudiantes de nuestra ciudad. No es un caso aislado, es un eslabón más de la cadena de docentes, jueces, fiscales y funcionarios judiciales en general, comprometidos con las clases dominantes, con el machismo, la xenofobia y la homo-lesbo-bi-trans-fobia. Por eso, la renuncia de Piombo es un paso gigante en un camino que es largo y que debe tener una fuerte continuidad, que nos permita erradicar esas concepciones de todos los órdenes de la sociedad.

En el año 2009, producto de la lucha del movimiento de mujeres y LGTBI, se promulgó la ley nacional de protección integral a las mujeres; pero las políticas públicas siguen sin abordar las múltiples problemáticas que atravesamos las mujeres, convirtiéndose en respuestas fragmentadas y vacías, que muchas veces terminan profundizando la situación de las mujeres que deben transitar por instituciones que reproducen y refuerzan la violencia machista. Exigimos una implementación real y efectiva en todo el territorio, y la apertura ya del refugio municipal para mujeres víctimas de violencia.

Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y LGTBI. A su vez, denunciamos la enorme cantidad de femicidios que se cometen en nuestro país. Rechazamos el trato mediático y machista que se hacen de los casos de violencia contra las mujeres. Denunciamos la fuerte persecución, criminalización del colectivo travestis y trans, que se incrementó en nuestro territorio.

Hoy nos encontramos una vez más en las calles fuertes y organizadas contra toda violencia, haciendo de lo personal un hecho político y colectivo, destruyendo así las fronteras impuestas por la ideología machista; transformando nuestras prácticas y herramientas políticas para lograr un cambio estructural que transforme de raíz el orden patriarcal capitalista establecido.

NI UNA DESPARECIDA MÁS POR REDES DE TRATA

APARICIÓN CON VIDA DE RUT AVILA ZAMBRANA

JUSTICIA POR SANDRA AYALA GAMBOA, MARIANA CONDORÍ, MICAELA GALLE, BARBARA SANTOS, SUSANA DE BARTTOLE, MARISOL PEREYRA Y PAOLA ACOSTA

LAURA IGLESIAS PRESENTE

En mayo de este año, con la toma de tierras en Abasto emergió uno de los problemas estructurales que el gobierno k no resolvió: la falta de acceso a la tierra para vivir y producir para millones de argentinos. La respuesta del Estado provincial fue el repudiable fallo del juez Raele, que ordenó el desalojo a favor de especuladores inmobiliarios, que amparados por el poder político lucran con decenas de hectáreas sin poseer título de propiedad. La salvaje represión que desató la policia bonaerense, se llevó detenidos a 17 compañeros e incluso a vecinos que iban a trabajar.

Lejos de amedrentarlos, se respondió con un acampe en la 520 y 212, y luego de lograr la histórica Ley de Expropiación, a la vera del predio desalojado.

En estos cuatro meses y medio de lucha, se formó una Mesa de Gestión con funcionarios de Nación, Provincia y Municipio. Conseguieron la Promulgación de la Ley, la Rezonificación a zona urbana y el reconocimiento a nuestro censo.

Pero a todo lo avanzado, que es mucho, le falta el desprocesamiento de los compañeros, bandera que llevaremos adonde vayamos y que flameará permanentemente hasta que haya justicia.

Desde la Asamblea de Legítimos poseedores de la tierra de Abasto y su Cuerpo de Delegados exigimos el desprocesamiento de los 13 detenidos el 7 de mayo en el brutal desalojo perpetrado por la policía bonaerense.

TIERRA PARA VIVIR Y PRODUCIR.

DESPROCESAMIENTO A LOS 13 DETENIDOS DE ABASTO.

LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO A TODOS LOS LUCHADORES POPULARES.

Desde hace 9 años venimos exigiendo a los poderes ejecutivo, judicial, y legislativo que impulsen de manera concreta y efectiva la investigación y esclarecimiento YA del secuestro y desaparición de Jorge Julio López.

Porque mientras se sigan violando los derechos humanos seguiremos tomando las calles en contra del Estado represivo, gobierne quién lo gobierne, en contra del olvido y el silencio, y en pie de lucha por Julio López y por los 30.000 detenidos-desaparecidos.

APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN.

CONDENA AL ESTADO ARGENTINO POR SER RESPONSABLE DE ESTOS 8 AÑOS DE IMPUNIDAD.

BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA Y A SUS CÓMPLICES CIVILES, JUDICIALES, RELIGIOSOS.

JUICIOS COMPLETOS POR CADA CCD, QUE INCLUYA A TODOS LOS COMPAÑEROS Y A TODOS LOS DELITOS QUE ALLÍ SE COMETIERON.

INVESTIGACION, JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE LA TRIPLE A, LA CNU Y DEMAS BANDAS FASCISTAS, SUS COMPLICES POLITICOS, POLICIALES, MILITARES Y SINDICALES EN LA ETAPA PREVIA AL GOLPE

APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS.

JUSTICIA POR ANDRES NUÑEZ.

BASTA DE DESAPARICIONES EN DEMOCRACIA

A LUCIANO LO MATÓ LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

FUERA LA POLICÍA BONAERENSE, COMUNAL Y GENDARMERÍA DE NUESTROS BARRIOS.

JUSTICIA PARA MARTIN YALET Y OMAR CIGARAN, Y TODOS LOS ASESINADOS POR GATILLO FACIL. EL GOBIERNO ES RESPONSABLE.

BASTA DE PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.

DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO.

NI UNA DESPARECIDA MÁS POR REDES DE TRATA

APARICIÓN CON VIDA DE RUT AVILA ZAMBRANA

JUSTICIA POR SANDRA AYALA GAMBOA, MARIANA CONDORÍ, MICAELA GALLE, BARBARA SANTOS, SUSANA DE BARTTOLE, MARISOL PEREYRA Y PAOLA ACOSTA

LAURA IGLESIAS PRESENTE

JUSTICIA PARA LOS INUNDADOS. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MAYOR TRAGEDIA SOCIAL TOTALMENTE EVITABLE.

BRUERA, SCIOLI Y CRISTINA SON RESPONSABLES.

NO AL PAGO DE LA DEUDA ILEGITIMA, FRAUDULENTA Y USURARIA

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS QUE SE ENRIQUESIERON

SALARIO=CANASTA FAMILIAR

PROHIBICION DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES

TIERRA PARA VIVIR Y PRODUCIR.

DESPROCESAMIENTO A LOS 13 DETENIDOS DE ABASTO.

LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO A TODOS LOS LUCHADORES POPULARES.

JORGE JULIO LOPEZ

PRESENTE!

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS

PRESENTES!

agrega un comentario