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Megacausa Santa Fé. Nuevos datos
Por Movimiento DDHH - Monday, Oct. 12, 2015 at 9:42 AM
JORGELUISALTAMIRANO@GMAIL.COM

las Audiencias de MEGACAUSA SANTA FE SE REALIZAN EN OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE en TRIBUNALES FEDERALES de SANTA FE.


ESTUVIMOS 32 AÑOS LUCHANDO PARA QUE SE HAGA JUSTICIA en SANTA FE. LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI DIRIGIO EL GENOCIDIO en SANTA FE, CHACO, FORMOSA, MISIONES, CORRIENTES y ENTRE RIOS. AMBITO del 2° CUERPO de EJERCITO. LUEGO PERDIO LAS MALVINAS POR 300 AÑOS ...FINALMENTE MURIO CONDENADO A PRISION PERPETUA....¡¡¡ JUSTICIA y REPARACION INTEGRAL A LAS FAMILIAS MASACRADAS POR EL GENOCIDIO de la ULTIMA TIRANIA GORILA ¡¡¡¡

VENCER AL NARCOTRAFICO SIN VIOLAR LOS DDHH
12 de octubre de 2015
Opinión
El narcotráfico y los militares
Por Nilda Garré *

I El fenómeno de la violencia y la inseguridad asociado a la droga ha llegado a la Argentina. Los orígenes de este negocio ilegal y gran parte de sus beneficiarios se encuentran y actúan fuera de nuestras fronteras, aunque siempre tienen socios nacionales. Por ello mismo, estamos ante una problemática que no solo afecta a nuestro país sino que constituye un fenómeno de estructura y alcance global.

En nuestra sociedad, existe una instalada percepción de que las fuerzas de seguridad y en menor grado la justicia, están siendo sobrepasadas por la capacidad corruptora y el poder de fuego, más conocida como la estrategia de “plata o plomo”, del crimen organizado. La primera y natural reacción es que el Estado responda con más eficiencia y mayores capacidades para neutralizar los deplorables efectos de esta actividad delictiva. En esto, todos estamos de acuerdo.

Sin embargo, en el ámbito de la campaña electoral, los oportunistas en busca de votos que adoptan el discurso de “mano dura”, con total ignorancia sobre el tema, vienen planteado la opción más fácil, la que demostraría más energía para enfrentar el problema: involucrar a los militares en el combate al narcotráfico.

Salvando las distancias, es la misma lógica que algunos usaron en los 70 para pedir que los militares conduzcan la “lucha contra la subversión”. Es pretender vender a la gente el engañoso argumento de que hay que usar a los militares “que están en los cuarteles sin hacer nada” para controlar a los narcos que asuelan las calles matando gente y drogando a la juventud. El concebir a los militares como respuesta al problema es plenamente equivocado porque pretende que una institución con la misión, el adiestramiento y el equipamiento para la guerra en defensa de la Nación ante amenazas o agresiones de otros estados, se dedique a una actividad policial, que implica investigar ciudadanos y organizaciones dentro del país, tener dominio de inteligencia criminal, vigilar y detener personas, temas para los cuales las FFAA no están preparadas y actividades que la ley les prohíbe hacer.

Pero, atento que las leyes se pueden cambiar, hay que subrayar algo por demás importante: por su propia naturaleza, función y capacitación, no existe precedente en el que los militares hayan ganado una guerra contra las drogas. En Colombia, sólo en el período más violento de la guerra contra el narcotráfico hubo 52000 muertos. Cuando México involucró a más de 40000 militares en su guerra a las drogas a partir de 2006 tuvieron un resultado de más de 45000 muertes violentas relacionadas con esa lucha. Similares consecuencias se observan en Honduras o Guatemala y hablemos de Afganistán, que después de la intervención y de la ocupación militar pasó a ser el principal productor y exportador mundial de heroína. En todos estos ejemplos la militarización del combate a las drogas ha sido un fracaso con gravísimos costos. Está demostrado que el peor error es declarar una guerra convencional a un enemigo invisible con capacidad de infiltrarse en las propias estructuras del Estado.

II Con ánimos de traer sentido común y realismo al debate, conviene poner sobre el tapete algunos puntos que quedan por fuera de los discursos de campaña y son importantes como insumo para la reflexión del ciudadano/a, no del votante, porque las elecciones y los discursos de candidatos pasan, pero los problemas de la ciudadanía quedan.

1. Seguridad y Defensa. No hay Ninguna Fórmula Perfecta.

No existe ningún modelo perfecto que prescriba el alcance y relación entre seguridad y defensa al que todos debiéramos adherir. De hecho en los ordenamientos legales de los países del continente existen grandes diferencias. Por ejemplo, hay estados del Caribe y Centroamérica en donde directamente no existen las Fuerzas Armadas como tales y son las fuerzas de seguridad quienes cumplen misiones en el ámbito de la defensa. En otros más cercanos como Colombia, prácticamente no hay división: la policía es parte del Ministerio de Defensa. Lo que sí es relevante es que en cada esquema nacional la relación seguridad y defensa responde a las realidades y necesidades de cada contexto y es el resultado de decisiones políticas y legales adoptadas en el marco de la soberanía de cada país.

En Argentina las leyes de Seguridad y de Defensa, aprobadas con amplios consensos, establecen una clara distancia y división de responsables y jurisdicciones. Las razones por las cuales los militares argentinos tienen vedado realizar tareas de seguridad pública o inteligencia son obvias. Cuando lo hicieron, esas actividades no funcionaron en beneficio de la seguridad ciudadana, la institución se corrompió y se erosionaron las capacidades de las FFAA para su misión principal que es la defensa del territorio, su población y la soberanía de la Nación.

2. No Podemos Volver Atrás a Mitad del Camino de la Reforma en Defensa.

Estamos a medio camino en la implementación de la reforma estructural más profunda de la política e instituciones de la defensa. Esto implicó haber asumido la conducción política de la defensa y de su instrumento militar que son las Fuerzas Armadas, la eliminación de hipótesis de conflictos con países hermanos, la nueva doctrina de la conjuntez y la metodología de planeamiento estratégico por capacidades. Estos fueron cambios fundamentales por los cuales nuestro país ha logrado un liderazgo internacional y especialmente regional. Culminar esta etapa es clave para pasar a la siguiente que tiene mucho más que ver con opciones tácticooperacionales como el redespliegue territorial y la adquisición de nuevos sistemas y equipamiento militar.

En ese marco, pretender cambiar el rol de las FFAA para que reemplacen a las de seguridad es equivocado y retrocede en el camino de las inconclusas reformas que tanto nos han costado, y que pretende solo efectos inmediatos para un problema que se debe abordar de forma integral con perspectivas de salud pública, de inclusión social y de seguridad pública. Todo lo anterior no significa tampoco un purismo principista indiferente al avance de la droga mientras metemos cadenas a las puertas de los cuarteles. La ley actual es muy clara en el sentido de que en situaciones de crisis se puede acceder al apoyo logístico que pueden brindar las FFAA. Pero debe existir un verdadero estado de emergencia y el empleo de las fuerzas militares debe tener fecha de inicio y una fecha de culminación. Nadie niega que los militares puedan tener equipamiento útil para el apoyo técnico como elementos de transporte o radares. De hecho operativos como el Escudo Norte I y II tratan de propiciar ese apoyo pero reiteremos, en situaciones temporales y hasta que las fuerzas de seguridad puedan adquirir sus propias capacidades y medios a tales efectos.

3. Necesitamos una Política Nacional Integral de Prevención y Control en el Marco de una Estrategia Regional de Cooperación.

En este artículo no se pretende explicitar en detalle una política sino contribuir al debate con la seriedad que implica plantear las cosas reales y no lo que la gente asustada quiere escuchar porque cree y le hacen creer que es la solución. En este sentido es necesario considerar algunos aspectos que demandan adoptar decisiones políticas, legales, económicas y sociales.

Necesitamos antes que nada un buen diagnóstico. Sin ello nunca sabremos la verdadera magnitud de la problemática y la consiguiente identificación de las prioridades que definirán las políticas de atención. En segundo lugar, debemos tener una verdadera estrategia nacional e integral en materia de políticas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones, en especial droga, trata, armas y lavado, que esto debe incluir indefectiblemente modalidades que involucren coordinadamente las acciones preventivas y punitivas de los poderes locales, provinciales y nacional, acompañados por la inteligencia criminal y los órganos de investigación y administración de justicia. La participación ciudadana en la prevención y contención de los efectos de la droga y la trata es asimismo tan clave como policías en las calles, gendarmes en las fronteras y agentes estatales confiscando fondos y bienes mal habidos.

Políticas parciales punitivas de lo “visible” no solo no resuelven el problema sino que a veces generan otros nuevos. La represión al consumidor y al pequeño “dealer” vendedor, si es aislada de los otros componentes de una política integral, es una medida demostradamente condenada al fracaso, no solo porque se ataca al eslabón más débil y más fácil de reemplazar de la cadena, sino porque genera a su vez otros problemas estructurales como embudos judiciales y sobrepoblación en cárceles que se transforman en universidades del crimen. Los EEUU declararon a través del Presidente Nixon su guerra a las drogas hace más de 40 años. Hoy con menos del 5 por ciento de la población global el país tiene casi 2,5 millones de presos por drogas, casi todos ellos consumidores pequeños y vendedores. Esta cifra representa más del 25 por ciento de la población encarcelada a nivel mundial. Y sin embargo sigue manteniendo el triste record de ser el primer país consumidor de drogas. Un caso opuesto es Portugal, que hace diez años descriminalizó la venta de bajo nivel y el uso de todas las drogas ilícitas. Desde entonces disminuyó en un 50 por ciento el número de adictos de sustancias duras y drogas intravenosas así como la violencia relacionada con ellas. Es importante también observar lo que sucede en esta materia en Uruguay. Y también el informe de la famosa Comisión Global de Políticas de Drogas, conformada por altos dignatarios como Kofi Annan, ex presidentes como Clinton, Cardozo, Gaviria, etc., que concluyó con recomendaciones como “Terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros” y alentó a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas. El ex presidente colombiano César Gaviria agregó: “No podemos ignorar por más tiempo hasta qué punto la violencia, el crimen y la corrupción relacionados con las drogas en América Latina son los resultados de las fallidas políticas de guerra a las drogas,”. Este informe es un insumo para el debate sobre drogas en la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas el próximo año.

El cocodrilo depredador del narcotráfico no nada en la droga sino en la verde agua del dinero. Controlar los cuantiosos fondos del crimen organizado que entran a través del lavado al mercado financiero legal es la política más eficaz para generar “inseguridad jurídica” al negocio del narcotráfico. Es sacarle el agua al cocodrilo, y es el mejor remedio para que busquen huir a otros lugares. Esto implica que busquemos nuevas, mayores y más eficientes normas de regulación y control a las entidades financieras y los bancos, y a las industrias presas fáciles del lavado como las de hotelería, turismo, construcción, juegos de azar, etc. Medidas de este tipo tienen un altísimo efecto disuasivo a la penetración del crimen organizado.

Otro aspecto de alta importancia es resolver el problema de la coordinación internacional, comenzando en nuestra propia región. Las fronteras se han convertido en obstáculos para las autoridades nacionales y en verdaderos puentes de conexión del crimen organizado transnacional. La solución debe pasar tarde o temprano por agrandar la jurisdicción por sobre las fronteras a través de la conformación de un esquema regional de control de delitos como el tráfico o la trata, especialmente en materia de inteligencia criminal. Esto es posible plantearlo hoy en el marco de la integración subregional que estamos avanzando bajo el paraguas de Unasur.

Ser realista no es vencer “prejuicios” del pasado respecto a los militares, como pretenden algunos políticos, analistas y candidatos. Ser realistas en esta materia es propiciar la mejoría mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad encargadas por ley de brindar precisamente eso: seguridad ciudadana. Estos candidatos y partidos presionados por el nerviosismo de la derrota electoral, adoptan la conducta de quienes solo tienen un martillo: todos los problemas lucen como clavos; y los militares son un martillo fácil de agarrar.

La violencia y la inseguridad son problemas de la seguridad y no de la defensa. La política de lucha contra el narcotráfico no debe separar el control de la prevención, con ejes de acción transversales y operacionales entre lo local y lo nacional y cooperación efectiva entre lo nacional y lo regional. Ojalá logremos una estrategia nacional que podamos mostrar y compartir con otros países en la Sesión Especial sobre drogas de las Naciones Unidas en el 2016.

* Embajadora ante la OEA.

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Lunes, 12 de octubre de 2015
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Hacia los cómplices económicos de la dictadura
Por Norberto Ferrari (*)
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La vieja denominación "dictadura militar" ya casi no es usada actualmente. Ello es así por cuanto en el período más oscuro y tenebroso de la historia argentina nos encontramos ante la activa operación de un bloque cívico, militar, empresarial y eclesiástico.

A modo de ejemplo podemos referir los casos de aquellos empresarios procesados penalmente por contribuir a desaparecer a sus operarios ( Ej. casos "Blaquier", de Ingenio Ledesma, directivos de Ford y Mercedes Benz), los reclamos económicos en el fuero laboral por detenciones en el lugar de trabajo que se convirtieron en desapariciones y fueron declarados imprescriptibles, la complicidad editorial de diarios (por ejemplo, ordenaron investigar el rol desempeñado por La Nueva Provincia a brindar información respecto de supuestos enfrentamientos militares con presuntos "elementos subversivos" durante la dictadura), pedidos efectivos de procesamiento penal contra empresarios de medios de comunicación por haber implementado campañas de manipulación de la información en connivencia con los planes represivos, procesamientos por extorsión de empresarios y usurpación de bienes, la investigación estatal sobre el caso "Papel Prensa", entre otros.

Los juicios a los autores militares y policiales de la represión ilegal, con todos sus avatares, idas y vueltas, están consolidados. Por ello, encauzados estos a partir de 2003, debe ampliarse la mira y analizar el contexto en el que esos delitos fueron cometidos e ir hacia los cómplices civiles, económicos y eclesiásticos, cuyas contribuciones hicieron posible, tornaron más fácil o mejoraron la eficiencia en la comisión de los delitos de lesa humanidad. Los cómplices económicos son los coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices y beneficiarios.

En ese sentido, teniendo especialmente en cuenta lo sugerido por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en Cuentas Pendientes - Los cómplices económicos de la dictadura (Siglo Veintiuno Editores), el diputado provincial José María Tessa (Nuevo Encuentro), con nuestra colaboración, el 8 de mayo de 2014 presentó el proyecto de ley que finalmente fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en la sesión del 20 de noviembre de 2014, sin modificaciones.

Como decíamos al comienzo, los casos de Ford Motor, Mercedes Benz, Techint y Acindar (esta última en nuestra provincia, en Villa Constitución particularmente) constituyen ejemplos destacados de la estrecha colaboración que existió entre un conjunto de grandes empresas y las fuerzas militares en la represión de los trabajadores durante la última dictadura.

Ello puede apreciarse en el involucramiento de los cuadros directivos empresarios en el secuestro y la desaparición de los representantes y activistas sindicales. Nos encontramos ante una organización represiva facilitada y ejecutada por los empleadores junto con las fuerzas militares y policiales.

En razón de este accionar las empresas obtuvieron un beneficio económico directo que repercutió en un gran crecimiento durante y luego de la dictadura, completado por la impunidad por su complicidad.

Por ello, con el establecimiento de la Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia, entendimos que se podía contribuir al proceso de verdad y memoria en términos de complicidad económica, investigando de manera integral y exponiendo en forma oficial y pública los aspectos salientes de la investigación, identificando a empresas y empresarios y las posibles contribuciones que puedan haber realizado mediante la provisión de bienes o servicios, sus conexiones fácticas con el sostenimiento del régimen y los abusos de derechos humanos cometidos. Finalmente, podría proponer las medidas consecuentes que sería apropiado adoptar.

En el caso de identificar una eventual comisión de delitos, la comisión deberá formular las denuncias correspondientes ante los estrados judiciales, denunciando penalmente a los cómplices, que pueden ser considerados instigadores, coautores, encubridores, etc.

La comisión propuesta, según el proyecto sancionado, deberá contar con las facultades y herramientas necesarias para llevar adelante la tarea investigativa tal como se propone en el art. 4º del proyecto de ley: Solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales; requerir informes a organismos públicos o privados; requerir la declaración de personas, entre otros.

En relación al primero de los puntos, los juicios penales ya realizados y los que están aún en trámite ofrecen una posibilidad para conocer más detalles en torno a los cómplices económicos. Esos juicios podrían proporcionar información sustantiva acerca de cómo los delitos investigados fueron apoyados y facilitados por una trama de complicidades económicas, para ayudar a promover un espectro más amplio de justicia.

Igualmente, resulta importante propiciar que la comisión pueda recurrir al Poder Judicial a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación (por ejemplo si individuos, instituciones o empresas no acataran, de manera arbitraria, sus requerimientos) y, en caso de resultar necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus fines.

En el caso de identificar una eventual comisión de delitos, deberá formular las denuncias correspondientes ante los estrados judiciales, denunciando penalmente a los cómplices, que pueden ser considerados instigadores, coautores, encubridores, etc.

El proyecto que cuenta con la sanción de diputados ingresó a la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe el 26 de noviembre de 2014, pasando a la comisión de Derechos Humanos de dicha cámara el 1º de diciembre de 2014 y hasta el presente no ha tenido tratamiento con la posibilidad cierta de perder estado parlamentario.

Por las razones que expusiéramos anteriormente, nos parece sustancial el tratamiento en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe puesto que estamos hablando de temas tan graves como la vinculación del Terrorismo de Estado y sus cómplices económicos en esta provincia. Por ello, resulta indispensable que el proyecto no pierda estado parlamentario y se convierta en ley.

(*) Coordinador Mesa Derechos Humanos Nuevo Encuentro

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ES POR LA MASACRE DE CUATRO MONTONEROS EN SANTA FE, EN 1977
Detienen a un miembro del ARI por represión ilegal
12 de Octubre de 2015 | 12:00

Luis Gómez, ex militar y militante del partido de Elisa Carrió en Santa Fe, está acusado, junto a cinco represores, de haber masacrado a cuatro integrantes de Montoneros. El partido de Carrió buscó despegarse del hecho y dijo que lo suspendió.

El militar retirado y militante de la Coalición Cívica (CC)-ARI Santa Fe, Luis Alfredo Gómez, fue detenido esta semana junto a otras cinco personas. Está acusado por el asesinato de cuatro militantes montoneros en la llamada "Masacre de Las Heras e Ituzaingó", en la capital provincial. Gómez integró el Comando de Artillería 121 en la Sección de Empleo Inmediato, encargada de intervenir en la represión ilegal. El ARI, que en la provincia integra el gobernante Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), informó que el ex militar ya fue suspendido del partido y se inició el proceso para su expulsión.
La detención de Gómez fue ordenada por el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, a instancias del fiscal Walter Rodríguez y en el marco de la investigación por el asesinato de Osvaldo Ziccardi, Carlos Frigerio, Jorge Piotti e Ileana Gómez de Ruiz.
Entre el martes y el viernes, también fueron capturados Jorge Alberto Balla, también miembro del Comando de Artillería 121, y cuatro ex integrantes del Comando Radioeléctrico, Ricardo Amancio Brunel, Mario Daniel Aquino Rolando Martínez y José Rufino Martellini.
Rápidamente, después de la detención, la Mesa Departamental Santa Fe de la CC-ARI suspendió a Gómez y elevó su caso del Tribunal de Ética del partido. Ariel Bermúdez, presidente del CC-ARI de la provincia, aseguró a Tiempo que estaba afiliado en la capital provincial y el partido ya elevó a nivel provincial al Tribunal de Ética el pedido de expulsión.
En el mismo sentido se pronunció ante medios locales Franco Ponce de León, director de Derechos Ciudadanos de la capital y presidente del partido en esa ciudad. “Estamos profundamente consternados por el caso. Se trata de alguien que militaba con nosotros desde hacía ya varios años”, explicó a Diario Uno de la capital provincial.
Y agregó: “Este es un partido abierto y no le pedimos los antecedentes a cada persona que se quiere afiliar y no habíamos tenido ningún tipo de comentarios o sospechas sobre esta persona. Apenas nos enteramos de la detención y de los motivos por los cuales fue detenido, desde la departamental decidimos la suspensión inmediata y la remisión del caso al Tribunal de Ética que es el que tiene el poder de expulsión”.
El funcionario también destacó que en los 13 años que tiene el partido no registran ningún antecedente similar. “El reglamento en este tema es claro respecto de la prohibición de participación de personas vinculadas a delitos de lesa humanidad”, agregó.
Según consignó la agencia Infojus.gov.ar, Gómez, quien se dio de baja en las redes sociales, era un "activo militante" del partido que integra el FPCyS yque gobierna la provincia desde 2007. El año pasado participó del II Encuentro Regional de Dirigentes del partido, que se realizó en la ciudad de Esperanza y del que participaron las principales autoridades de la CC-ARI.
En 2012 también fue parte del Espacio de formación y debate de estrategias para nuestra acción política en la región", que se realizó en Rosario. «



EXPULSIÓN
Jorge Bermúdez, titular de la CC-ARI de Santa Fe, dijo a Tiempo que ese partido expulsará al represor de sus filas.



Una masacre que salió a la luz por el testimonio de ex conscriptos



El 19 de enero de 1977, en la esquina de las calles Las Heras e Ituzaingó de la ciudad de Santa Fe, fuerzas conjuntas del Ejército y de la Policía provincial asesinaron a cuatro militantes de Montoneros: Jorge Luis Piotti, secretario político de la organización; Ileana Gómez de Ruiz; Osvaldo Ziccardi y Carlos Frigerio.
Los grupos de tareas del terrorismo de Estado atacaron de modo desenfrenado el primer piso del edificio ubicado en esa esquina, ahora recordado en baldosas con los nombres de las víctimas. El hecho es actualmente juzgado como parte de la Megacausa Santa Fe.
Según la investigación del fiscal Walter Rodríguez, los testimonios de conscriptos permitieron entender que la Sección de Empleo Inmediato del Comando de Artillería 121 era la encargada de intervenir en la represión ilegal. “Salían a partir de un 'pito de silbato', y salía la camioneta con conscriptos del comando”, sostuvieron esos testigos. “Salían a realizar procedimientos. Si bien era a cualquier hora, no eran grupos de tareas. Esos no eran clandestinos, porque ahí participaban soldados conscriptos”, agregaron.
Según registros del Comando Radioeléctrico, que dio apoyo el Ejército en el operativo, se gastaron en la masacre “129 proyectiles de FAL, 115 proyectiles de ltaka y 395 proyectiles de 9 milímetros”.INFONEWS.-

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