Territorio Huarpe
Por Revista La Correntada - Thursday, Dec. 10, 2015 at 4:02 PM

Un recorrido por la historia de resistencia y persistencia de las Comunidades Huarpes en busca del reconocimientos comunitario de sus tierras. Las irregularidades del INADI ante una denuncia de discriminación que involucra al Presidente del INAI, a Celso Jaque, a Francisco Paco Pérez y a Alejandro Cazabán. Los intereses de la Aceitera General Deheza para intentar quedarse con 9.000 hectáreas del Territorio Huarpe.

territorio-portada1.jpg, image/jpeg, 1046x502

por Eduardo Latino.

Dicen los que cuentan que el Hunuc huar protege desde la montaña. Dicen las que cuentan que la Pecne tao abraza la vida desde el secano. Dicen campesinos y campesinas que la tierra es de quienes la trabajan. Dicen las Comunidades Indígenas Huarpes: “El Territorio Huanacache es nuestro”. Más de cinco siglos de sometimiento y despojo. Más de cinco siglos donde la idea de civilización trajo consigo el fusil, la muerte y el genocidio. Si bien nos han enseñado desde las escuelas que la civilización es un síntoma de progreso, tierra adentro la civilización se llamó, y se llama aún en estos días, saqueo de los recursos naturales. Organizaciones socio-ambientales y pueblos indígenas han llamado “bienes comunes” a lo que el norte indicó como un recurso que entra en el mercado de consumo. Son bienes que aseguran la vida, mientras que la extracción indiscriminada de minerales, nutrientes, petróleo y gas, en nombre del avance y el progreso, empuja a un impacto a nivel mundial donde se pone en juego la continuidad de la vida. Ayer fueron las coronas, hoy son las empresas transnacionales y nacionales que se llevan todo y dejan en su lugar impactos negativos a nivel ambiental, económico y cultural que determinan el presente y futuro de pueblos enteros.

La llegada de los representantes de las coronas europeas a nuestras tierras ha significado el saqueo y la colonización de los territorios indoamericanos. Silenciaron en nombre de sus reyes las voces de millones de mujeres y varones de los distintos pueblos indígenas. Un verdadero genocidio de magnitud continental. Un genocidio que ha sido ocultado por los libros de historia y por el sistema educativo de nuestro país. Esa lógica de ocultar la historia se evidencia aún más cuando de tierras se trata. Primero fueron los virreinatos y capitanías que se apropiaron de las tierras en nombre de un dios único que venía, en sus distintas expresiones, desde Europa y tomaron a los y las indígenas como mano de obra esclava para el trabajo en la tierra y en las minas. Luego, vino el estado con sus riendas civilizatorias hasta llevar adelante la tan mentada “Conquista del Desierto” en manos de Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca, donde asesinaron a miles de Mapuches en nombre de la integración nacional. Después las distintas dictaduras cívico-militares consolidaron la colonización de la Argentina profunda a fuerza de sangre. Hoy son empresas como Monsanto, Cargill, Los Grobos, General Deheza; todas en complicidad con la Sociedad Rural y el Estado quienes aseguran que las tierras se monopolicen en unas pocas manos para el control de lo que se produce y, en definitiva, de lo que comen nuestros pueblos.

El poeta, filósofo y periodista cubano José Martí se preguntaba en su texto Nuestra América, escrito en la segunda mitad del siglo XIX: “¿Cómo han de salir de las Universidades los gobernantes, si no hay Universidades en América Latina donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yankees o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen” . Las universidades se convierten en centros formadores de personas que aseguran que el ideal civilizatorio se reproduzca sin fisuras. Ha pasado un siglo y medio desde esas palabras del pensador nuestroamericano y siguen actuales como entonces. El sistema educativo se mantiene como lugar privilegiado para sostener la negación de las tierras y los derechos a los pueblos indígenas de Mendoza.

Una historia de lucha por las tierras

El auto listo para emprender el camino. La mítica ruta 40 nos marca el recorrido hasta unos kilómetros al norte de los conocidos badenes. Aún en la banquina los indicadores de agua, acaso como nostalgia de los bañados que supieron en alguna época cortar la ruta entre San Juan y Mendoza, en época de lluvias. Hoy es recuerdo de quienes cuentan en la rugosidad de sus manos la historia de un pueblo que no ha bajado los brazos. Una hora y media desde la Plaza Independencia, que borra los rastros de los pueblos indígenas de Mendoza y el papel fundamental que jugaron los Pehuenches para el paso de San Martín a Chile. El camino Huarpe nos recibe con los brazos del sol que abrigan la siesta. Tierra y arena que nos llevan hasta la profundidad del monte.

“La tierra es mi madre, es la que nos cría y la que nos permite sobrevivir a nosotros, la que nos sostiene. Nosotros sin la tierra no podemos vivir. El problema más grande que siento es que nos han quitado el agua a la misma madre de nosotros. Nosotros si tuviéramos agua viviríamos de otra manera. Tendríamos más ganado, podríamos sembrar, como mis abuelos y mis antepasados, hasta trigo. Esa historia se ido perdiendo culpa de los mismos gobiernos”, afirma Miguel Azzaro, quien es Presidente de la Comunidad Huarpe “Juan Manuel Villegas” de San José, en el secano lavallino, al norte de la provincia de Mendoza. La historia reafirma las palabras de Martí: políticos que miran con las antiparras de Estados Unidos y Europa.

La resistencia fue el silencio para que la vida no estuviera en peligro. El callar como herramienta de superviviencia ante los colonizadores, en un primer momento, y luego ante el privado. Darío Jofré cuenta: “mi viejo era una persona muy callada, de pocas palabras y eso es por una cuestión cultural. Él me contaba que mi abuelo le había enseñado que era una forma de preservarse, de cuidarse y de que no tuviesen problemas con las personas de afuera era no hablar”. Ese silencio comenzó a tomar otra forma a partir de 1998 cuando las Comunidades se organizan y, entre otras cosas, tramitan las personerías jurídicas ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde entonces cada paso fue fundamental en el camino por la recuperación de sus tierras ancestrales.

Un hecho fundamental para la historia de Mendoza fue cuando el 8 de agosto de 2001 se sanciona en la Legislatura de Mendoza la Ley Provincial 6920, conocida como Ley Huarpe. En ella se reconoce la preexistencia de las Comunidades Huarpes en Mendoza e insta al Poder Ejecutivo provincial a iniciar la expropiación de las tierras para que pasen a manos de la provincia, para luego titularizarlas como tierras comunitarias a las propias Comunidades.

Una vez aprobada la ley, el entonces Fiscal de Estado, Pedro Sin, interpuso un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Mendoza. Llama la atención que de los 700 privados que presentaron comprobantes de titularidad de tierras, ninguno presentó ningún pedido de inconstitucionalidad. El estado asumió ese lugar lo cual permite una posible interpretación de favorecer y proteger los intereses de los privados por sobre los derechos del pueblo Huarpe. En esos años, los argumentos del Fiscal de Estado para frenar la norma eran muy débiles y favorecían al privado. En el propio portal de internet de la Universidad Nacional de Cuyo se problematizó la tendenciosa presentación del fiscal: “Las razones del pedido de inconstitucionalidad resultan, por lo menos, contradictorias. Desde la fiscalía se argumenta que son demasiadas tierras para tan poca gente, algo paradójico si se tiene en cuenta que las once comunidades Huarpes en Lavalle totalizan 4000 personas, mientras que los nuevos propietarios que han adquirido territorios mediante compra, y que han alambrado parte de esas tierras hacen un total de 700” . Por esos entonces los intereses políticos eran contrapuestos entre el gobierno provincial y la Universidad. Mientras el radical Roberto Iglesias se encontraba al frente de la gobernación, el rectorado de la casa de estudios se encontraba el justicialista Francisco Paco Martín. Ramón Tello, presidente de la Comunidad de San Miguel y representante de las Comunidades ante el INAI, señala: “en esos tiempos también en el sur de la provincia se le entregaban a los malayos tantas tierras con riquezas a una sola persona y no se hizo el mismo planteo”. En el año 2002, un príncipe de Malasia compró 250.000 hectáreas en Malargüe, de las cuales una parte eran de propiedad privada y otra eran tierras fiscales.

Si bien la presentación formal que realiza Sin es una interposición de Fiscalía de Estado contra el Gobierno de Mendoza, el pedido de suspensión de la ley fue realizado mediante un escrito conjunto entre ambas partes, en el cual sostenían que de común acuerdo pedían a la Corte la suspensión de la ley. El abogado de las Comunidades, Fidel Bustelo, hijo de don Ángel Bustelo, señala: “la suspensión la presentan entre las dos partes en un escritito en el que decían: señores jueces de la Corte, ambas partes de común acuerdo solicitamos la suspensión por el plazo de seis meses, sin que el gobierno hubiese contestado la demanda. Cada seis meses presentaban una nueva suspensión y el juicio no avanzaba. La Corte, mientras tanto, había pedido la suspensión precautoria de uno de los artículos para que no se cumpliera la ley”. Los intereses políticos y económicos una vez más sometían un legítimo logro de las Comunidades Huarpes. Cabe recordar que Pedro Sin reconoció, ante el tema de los terrenos de Dalvian, su gran amistad con el empresario de medios Daniel Vila, por lo cual se excusó de la causa y tuvo que intervenir Joaquín de Rosas, quien por entonces era fiscal adjunto de Sin. Este último presenta su renuncia como Fiscal el 18 de junio de 2009 para iniciar sus trámites de jubilación. En ese momento el gobernador era Celso Jaque, y el Fiscal Sin era cuestionado por el Partido Justicialista (PJ) por haber favorecido a Ernesto Sanz cuando era intendente de San Rafael en una causa relacionada a una conservera y a Julio Cobos en el caso del fraude de los “Vale Más”. El recorrido de de Rosas no fue muy diferente. Ungido por Celso Jaque como candidato a fiscal de Estado, favoreció al empresario Daniel Vila en el tema de las tierras del Parque Provincial Divisadero Largo. Ante el endurecimiento de las relaciones entre el gobernador Paco Pérez y Daniel Vila en 2014, el oficialismo logró la destitución del Fiscal de Estado por mal desempeño de sus funciones a través de un jury de enjuiciamiento.

A la par de la presentación de Fiscalía y Gobierno ante la corte para suspender la ley; la Subsecretaría de Medio Ambiente crea una Comisión de Notables donde se discutiría sobre la constitucionalidad de la ley, de la cual participaban sólo representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de Gobierno y de Fiscalía. No sólo que no correspondía a Ambiente decidir sobre la constitucionalidad de la ley sino que no había respetado el derecho a la consulta de las comunidades ; sin embargo, en el año 2003 ya habían dictado una resolución donde todas las partes declaraban que la ley era inconstitucional. Fidel Bustelo recuerda: “cuando tomo el caso planteo la nulidad de esta comisión y todo hacia atrás en lo que refiere a la cuestión administrativa. ¿Sobre qué base? No se había invitado, ni habían participado las Comunidades Huarpes; violando la famosa resolución 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OIT)”.
Luego de un largo proceso, la Corte en 2008 dicta la constitucionalidad de la ley y con ello se pone fin a siete años de obstaculización de la aplicación efectiva de una ley por parte de instituciones del mismo Estado.

INADI y sus políticas cómplices

Una vez que fue dictada la constitucionalidad, el Gobierno de Mendoza en el año 2010 entrega las primeras tierras en la Comunidad de Lagunas. Durante diez largos años, las Comunidades reclamaron un solo título de propiedad y bajo la forma de “tierras comunitarias”. Sin embargo, el entonces gobierno de Celso Jaque dio la espalda a ese pedido histórico y entregó 74.000 hectáreas que estaban bajo dominio del estado como tierras fiscales, parceladas a título personal, lo cual generó la reacción de las otras once Comunidades. A punto que el día de la entrega de los títulos en Casa de Gobierno, los once Presidentes del resto de las Comunidades se dieron cita en la puerta del Poder Ejecutivo, pero la seguridad de Gobierno no permitió el ingreso de los representantes indígenas. Ante el accionar que intentó silenciar la voz de las Comunidades, los dirigentes indígenas hacen una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La nota fue recibida en la delegación Mendoza y remitida al INADI Central en Buenos Aires el 13 de diciembre de 2013, bajo el número de actuación en Mendoza 390/11. El aviso del envío de la denuncia a sede central está firmada por la asesora legal del INADI, Sandra Passarella. Más de dos años para enviar la denuncia desde INADI Mendoza a la sede Central en avenida de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los denunciados: el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández; el entonces gobernador, Celso Jaque quien hoy es Embajador en Colombia; Paco Pérez que en esos entonces era Ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte y actual gobernador de la provincia; y el Secretario de Gobierno, Alejandro Cazaban. Los intereses son fuertes y de por medio varias elecciones donde los denunciados han sido actores protagónicos en la lucha por ocupar espacios de gestión. La denuncia tomó la forma del expediente número 73913/11 en el INADI central. A la fecha no ha habido sentencia de la misma.

El viejo y conocido dicho popular “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires” se hace carne a la hora de poder acceder a algún dato sobre el estado del expediente. No queda otra que desvestirme de provinciano y partir hacia la capital del país. Avenida de Mayo y 9 de Julio, al salir de la boca del subte una carpa me recibe. Su presentación dice: “QOPIWINI. La tierra es nuestra vida”. Son las Comunidades Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé que reclaman ser atendidas sus necesidades por el Estado Nacional y llevan más de seis meses sin respuestas. El día soleado hace más fácil el recorrido de las pocas cuadras hasta la esquina donde está el edificio del INADI. Construcción antigua, reciclada con prolijidad y estética posmoderna en sus vidrios que anuncian cierto colorido interior. Al ingresar el largo mostrador con tres personas que atienden las consultas. Una chica de unos treinta años con simpatía me atiende y le comento que busco referencias sobre el expediente en cuestión. Me pide que tome asiento y espere. Luego de un rato baja por unas escaleras Fernanda Danieli, quien es Asistente Administrativa y me comenta que el expediente está en el despacho de la Dra. Virginia Giménez, quien es Coordinadora del Área de Dictamen y a la fecha no ha resuelto el caso. Al consultarle sobre la posibilidad de contar con un detalle de los movimientos del expediente en el último año, plantea una directa negativa. Sólo podía darme esa información. Me retiro con cierto aire de derrota. Un viaje hasta Buenos Aires y el silencio instalado en las oficinas del INADI Central. Camino hasta la Plaza de los dos Congresos y decido regresar. Vuelvo a ingresar y pido a la recepcionista que llame nuevamente a la asistente administrativa. Una espera un poco más prolongada y vuelve a bajar. Con ánimos menos cordiales problematizo esta negativa a compartir una información pública y, sobre todo, las dilaciones en la resolución de la denuncia. La respuesta de Danieli fue la siguiente: “Es una vergüenza que el INADI no resuelva un expediente que se inició en el 2011”. A las irregularidades se suman que el abogado Fidel Bustelo ha presentado dos prontos despachos que aún no han sido contestados. El último ingresó con fecha del 20 de febrero de 2015, en la oficina de Mendoza. Fernanda Danieli expresó ante esta irregularidad: “sé que se han presentado dos prontos despachos y que no ha habido respuesta. Pero el expediente lo tiene la coordinadora”. Es curioso que al ingresar al portal web del INADI, en el margen superior derecho haya una Wiphala, bandera de los Pueblos Indígenas y un link que indica la posible lectura en guaraní y quechua. Paradojas de los reconocimientos.

De Pescarmona a Aceitera General Deheza. La trama del poder real.

A lo largo de la historia de lucha por las tierras, por parte de las Comunidades Huarpes, los intereses de grandes empresarios han salido a la luz. El caso más emblemático es el que recuerda Bustelo: “tenés empresas grandes, hay empresarios de trayectoria fuerte en Mendoza. Poderosos. Tenés Cartellone, Tecniagua. Tenés a Pescarmona que fue toda una batalla para que fuera a declarar. Lo puse de testigo y me costó muchísimo que fuera a declarar. La Corte le puso tres veces fechas de audiencia y decía “avísenme para ver cómo hacemos porque estoy viajando por el mundo y no puedo someterme a lo que quieran”. De hecho se presentó siendo testigo con su abogado y los abogados sabemos que cuando entra nuestro testigo a declarar no puede estar en la sala. Se sentaron en los sillones como si fueran patrones de estancia. Los dejé que se sentaran y le pregunté al secretario de la Corte en calidad de qué está el abogado de Pescarmona. Al preguntarle al abogado del empresario le dijo que en calidad de abogado del testigo; entonces le dije al secretario que sabía lo que tenía que hacer y le dijo que se tenía que retirar”.

Por estos días es la Aceitera General Deheza quien intenta avanzar sobre 9.000 hectáreas del territorio Huarpe. La empresa conocida en los envases de productos alimenticios como AGD es manejada por la familia Urquía, cuya cabeza más visible es el empresario Roberto Urquía, quien fue Senador Nacional del Frente para la Victoria durante el gobierno de Néstor Kirchner y recibió subsidios del Estado Nacional en el mismo período por $63 millones. El llamado “conflicto del campo” por la Resolución 125, que preveía una reforma en las retenciones de las exportaciones de soja, fue el punto de división de Urquía con el gobierno nacional, ya que fue uno de los votos negativos que se sumó al famoso “no positivo” del por entonces Vice-Presidente, Julio Cleto Cobos. Para conocer los negocios de la empresa nacional en el secano, consulto a Mónica Pérez Ferro, quien es asesora externa de General Deheza para Mendoza. El lugar de la cita ya no es la Avenida de Mayo en Buenos Aires sino un bar en la histórica Avenida Emilio Civit. Histórica porque ha representado un estilo y toda una época en Mendoza. Reconocida como la avenida de la aristocracia floreciente y de los terratenientes del siglo XIX y principios del XX, esta avenida al día de hoy simboliza un pasado que aún es presente en la arquitectura y los rastros de lo que fue en algún momento el poder real.

Hace aproximadamente diez años la familia Urquía compra un campo de 20.000 hectáreas en la zona de San Fernando y San José, en el norte de Lavalle. Las tierras que ocupan del Territorio Huarpe son 9.000 hectáreas que están contempladas por la Ley 6920. Por lo tanto, esas tierras deben ser expropiadas por el Gobierno de Mendoza y restituidas a las Comunidades. El planteo inicial de Pérez Ferro es que la empresa no quiere perder la posesión de esas tierras, mientras que las políticas por parte de la aceitera es “compatibilizar. Es ver cómo invadís mínimamente a las Comunidades, a los puesteros y a los puestos y, a su vez, producís”. La noción de invasión, la cual tristemente está asociada al genocidio de los pueblos indígenas, sigue vigente a la fecha. Invadir determina una acción de interrumpir, de entrar por la fuerza como expresa el Diccionario de la Real Academia Española. La violencia se convierte, así, en un ejercicio cotidiano de parte de quienes tienen el poder hacia comunidades que resisten históricamente. Dentro de los argumentos que expresa la representante de Deheza está la falta de presupuesto del estado para resolver cuestiones estructurales de las Comunidades Huarpes. La propuesta es invertir en mejoras para las familias cercanas a las tierras de propiedad de la empresa y hacer algunas acciones en el pueblo de San José, Comunidad en la que han encontrado la mayor resistencia al avance de las obras del privado. Pérez Ferro señala respecto al estado y los políticos: “Yo creo que no es falta de voluntad lo que tienen los gobiernos, por el contrario, me ha tocado hablar con ellos y realmente se interesan por la gente. Lo que pienso, por ahí, es que no tienen suficiente presupuesto para colaborar. Por eso, pienso que tal vez sería útil seguir haciendo algo así como una punta de lanza, un ensayo, de que una empresa que no está involucrada a nivel político, lo que no quiere decir que esté a favor o en contra sino simplemente a nivel empresario se presente como un tercero y de alguna manera colabore con ellos. No se puede dejar de convivir, no se puede dejar de interactuar”. Sin embargo, como señalamos anteriormente, la empresa Deheza no sólo está comprometida políticamente sino que ha recibido millonarios subsidios de parte de los distintos gobiernos, mientras las Comunidades son continuamente postergadas. Incluso la Municipalidad de Lavalle no tiene previsto en su presupuesto un porcentaje destinado a la zona del secano, la cual representa el 80% de la superficie departamental; sólo tiene una Delegación de Zonas No Irrigadas, que se encuentra físicamente en la zona irrigada. Nueva paradoja del estado. Bajo la sombra de la “responsabilidad social empresaria” se plantea nuevas formas de ventas de espejitos de colores y de privatización del estado encubierta en la incapacidad presupuestaria para financiar políticas de estado y recurrir al salvataje y transferencia de capitales a empresas privadas que buscan avanzar sobre los territorios donde se encuentran los bienes comunes. Sin embargo, los pueblos indígenas han salido del silencio. Miguel Azzaro reflexiona: “parece que los gobiernos nos quieren matar de hambre”.

Al consultar en el municipio lavallino sobre la presencia de General Deheza en el Territorio Huarpe, el Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Rolando Romera, explica: “Nuestra posición fue clara: lo que esté adentro del polígono (territorio Huarpe) se trata como polígono de la expropiación. General Deheza aparentemente tiene una parte adentro y otra parte afuera. Si tiene hectáreas dentro del polígono tendrá que plantear lo que tenga que plantear por las vías legales”. Sin embargo, la propia Pérez Ferro comenta acerca de las tratativas con el municipio: “Dentro de la municipalidad nos decían traigan una fábrica y qué dice Deheza: traer una fábrica acá no significa que vas a tener muchas fuentes de trabajo, porque generalmente esas cosas hoy están mecanizadas. Es más fácil generar puestos de trabajo en el trabajo de la tierra”. Si bien la duda que plantea la afirmación de Romera sobre una “posible” existencia de la empresa en Territorio Huarpe, deja claro que se tiene que ajustar a la norma vigente. Desde el Gobierno provincial, el responsable en torno al proceso de expropiación es el Director de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Alfredo Frías, quien afirmó: “la empresa General Deheza tiene que cumplir la ley y las tierras que están dentro del polígono Huarpe serán expropiadas”.

El presente vivo que alza la voz

Una de cal y otra de arena. Los tiempos giran como el vuelo de la abeja al buscar ser fecundada. Mientras el INADI no resuelve la situación de discriminación, el INAI se ha acercado al secano para poder evaluar necesidades junto a representantes de todas las Comunidades. Por un lado, no se resuelve una denuncia por discriminación que involucra al Presidente del INAI y, por otro, una política de acercamiento y diálogo que por estos días redunda en una mejora en las condiciones de vida de quienes viven en el Territorio. La coordinadora de la Región Cuyo, de la Dirección de Desarrollo Comunitario del INAI es Clarisa Martínez, quien plantea que se han reunido con once representantes de las Comunidades y “en conjunto establecimos una suerte de diagnóstico participativo para poner en discusión cuáles son las principales problemáticas que atraviesan el conjunto de las Comunidades de Lavalle”. Esa mesa de diálogo ha permitido avanzar en un proyecto vinculado a tanques para el almacenamiento de agua en cada una de las casas que componen las distintas Comunidades. Según Martínez este proyecto que ya está avanzado es el primero dentro de un plan de acción a mediano y largo plazo.

Más allá de las políticas que lleven adelante desde el estado, quienes viven a diario el caminar la tierra del norte lavallino saben lo que significa el mirar y sentir al compadre y a la comadre como un par, como alguien valioso y valiosa que es importante que participe en la vida activa de la organización. Miguel Azzaro desde su mirada profunda de la realidad Huarpe dice: “yo creo que hay algún interés por las tierras, quizás hay alguna riqueza y el gobierno lo sabe y por eso no las quieren entregar. Para mí es eso. O la misma política que quiere manejar al pueblo para ser manejados por el gobierno y no que no nos maneje nadie y que nadie nos mande”. Suenan a viva voz esas palabras del presidente de la Comunidad “Juan Manuel Villegas”: riqueza que sobrevivió los largos años de oscuridad y que hoy vuelven a ver la luz del sol. Riquezas que lejos de ser una materia prima y una mercancía, son trabajo y amor por la tierra, por la Pecne tao. Ya el silencio es parte de la historia. Es la hora de los pueblos indígenas en esa voz que dice “estas tierras son nuestras”.

revistalacorrentada.com.ar/2015/08/22/territorio-huarpe/

agrega un comentario

tierras huarpes
Por mario ochoa - Thursday, Dec. 10, 2015 at 5:42 PM

Muchas de las concluciones expuestas en este escrito son parte de una realidad relativa, segun como se vea, segun se entiende o no, las nueve comunidades han respondido siempre a la pastoral aborigen, no existe una organizacion indigena huarpe que nuclee a todas las voces por tanto no hay autodeterminacion por dicha razon funcionan tan bien los eatudios juridicos que denuncian con una energia muy represora a todo aquel que piense distinto, persecucion, atropello es lo que se vive en los territorios huarpes por tal razon resulta tan dificil que instituciones como el inadi responda una denuncia como tal, por esto resulta dificil qye logren avanzar minimamente en algo, la dirigencia retrograda de esas comunidades no ha permitido qye nada de lo que se ha propuesto funcione, dicha dirigencia muestra la hilacha denunciando constantemente a quien sea y hasta sus propios hermanos, no han podido nunca rescatar el dialogo y respetar la desicion de otras comunidades que piensan y viven el territorio de otra manera. La represion los caracteriza, la negacion a los demas, la imposibilidad de mucha gente de acceder al derecho sustancial a la tierra al territorio a la libertad de pensamiento. Ojala la pecne tecta les de la posibilidad de reencontrarse con la identidad y les permita sacar tanto odio y rencor del corazon. Sin conciencia nada se logra por mas abogados qye tengan, si no se realizar ceremonias ancestrales el pensamiento no se renueva, solo la practica espirirual salvara al pueblo huarpe y le devolvera el equilibrio que necesitan.

agrega un comentario