Nada nuevo, Cambiemos es continuidad
Por Fabiana Arencibia - Red Eco - Friday, Jan. 15, 2016 at 12:01 AM

Jueves 14 de Enero de 2016 | El avance de los despidos y cesantías involucran al Estado como empleador pero también a las empresas privadas. Los perjudicados son siempre los trabajadores y los beneficiados con las medidas de salvataje, los empresarios. Así se expresa un sistema que siempre derrama riqueza hacia arriba: en el ciclo de bonanza los capitalistas se la llevan “con pala”, y en el de crisis también se los beneficia.

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(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina- Las situaciones de despidos no solo atraviesan en estas primeras semanas del gobierno del presidente Mauricio Macri a los empleados estatales. A las denuncias de entre 15.000 y 20.000 cesantes, según la fuente, por no renovación y/o baja de contratos en las diferentes reparticiones públicas nacionales, provinciales y municipales (sin importar el signo político de quien conduce) se suman las del sector privado.
Algunos ejemplos son la muestra de esta situación de inestabilidad laboral que con alta inflación y un salario promedio que no cubre las necesidades básicas de alimentos y servicios agrava la condición de los trabajadores.
Cerámica San Lorenzo envió 120 telegramas de despidos a trabajadores de la planta de Azul. Una masiva asamblea realizada en la puerta de la fábrica, refrendó la decisión de la Federación Obrera Ceramista (FOCRA) que, en reunión de Secretarios Generales en el Sindicato Ceramista de Azul, resolvió profundizar las medidas de fuerza comenzadas el pasado viernes.
Según un comunicado de la Federación, “la totalidad de los despedidos expresó su rechazo a la política de la empresa y la reducción de personal, y ratificó su voluntad de luchar por la reincorporación”.
Los despidos llegaron luego que la empresa enviara cartas documento instando a "arreglar una salida de la compañía" a través de un plan de retiros voluntarios, argumentando "una crisis económica".
La empresa de mayor trayectoria en el mercado nacional de porcelanatos, pisos y revestimientos cerámicos, es propiedad de la multinacional del grupo Etex con sede en Bélgica y 118 plantas en 43 países.

El sector automotriz, una de las principales actividades que sostuvo el modelo kirchnerista, viene desde hace tiempo haciendo agua por la crisis de Brasil y por ser una industria de ensamble y no de producción. La producción automotriz cayó 12% en 2015 respecto a lo acumulado en 2014 y las exportaciones descendieron 31,3%, según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).
El año pasado los trabajadores sufrieron despidos y suspensiones. Esta situación continúa, ya que esta semana la Unión Obrera Metalúrgica de La Plata informó sobre la posibilidad de que 67 de los 167 empleados que PSA Peugeot-Citroën tiene en la Unidad Mecánica de la localidad bonaerense de Jeppener, partido de Brandsen, sean despedidos. La empresa negó esta situación. En la planta se fabrican motores nafta, suspensiones, mecanizado y montaje de piezas mecánicas para los vehículos de las dos marcas del Grupo. Según funcionarios del municipio, la posibilidad de cesantías se vincularía a la caída de un proyecto de fabricación de un motor y una caja de velocidades que iban a exportarse a India.

Los trabajadores petroleros también enfrentan la posibilidad de despidos ante la continua baja del valor internacional del barril del crudo que, por ahora, se ubica en poco más de 30 dólares, tras haber superado los 100 a mediados de 2014.
Esta semana los gremios petroleros de Chubut pusieron como fecha límite para garantizar la "paz social" el 20 de enero próximo. Así lo manifestó el secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila, luego de firmar un acta acuerdo con el gobernador Mario Das Neves, empresas, intendentes de la Cuenca del Golfo San Jorge y legisladores nacionales y provinciales. El acta fue enviada por Das Neves a Macri este martes. Allí le piden al Ministerio de Energía que defina en forma urgente la política hidrocarburífera y reclaman un mecanismo que eleve los valores del crudo destinado a exportación con un precio sostén acordado a nivel local.
El gobernador chubutense le pidió al Gobierno Nacional que asista a la provincia ya que "durante 12 años la Nación recibió elevados ingresos por el petróleo de Chubut y ahora debe ser retribuido para poder garantizar los 12 mil puestos de trabajo".
En la actualidad se ven amenazados alrededor de 500 empleos solo en la provincia de Chubut, la mayor productora de hidrocarburos del país

El Sindicato Flota Petrolera e Hidrocarburífera (SUPeH), junto a la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante y al Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo manifestaron este miércoles su "preocupación" por el posible despido de 120 tripulantes y sus relevos, de cuatro buques de YPF, debido a que esas embarcaciones continúan sin tener asignada la carga. "Tener un barco atracado, habilitado pero sin carga es como tener un barco fantasma. La correlación de medidas es que los buques deben tener asignada la carga de YPF, y eso hoy no está garantizado", advirtió mediante un comunicado el secretario de Prensa del SUPeH, Daniel Ocampo.

”Estos despidos en el sector privado se dan sin intervención del Estado como protector de los derechos laborales, sino "con la legalidad que da el propio Gobierno. Si recordamos lo que dijo el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay en el sentido de que en la discusión de paritarias los gremios tendrán que tener mucho cuidado de ver hasta dónde tiran la cuerda porque van a tener que priorizar más salario o mantener el empleo, claramente se trata de un chantaje, una extorsión. El Gobierno abre un paraguas que le da cobertura a las patronales para permitir los despidos cuando se produzcan conflictos gremiales en el marco de la lucha salarial”, dijo en una entrevista el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, “Pipón” Giuliani

“En los meses de diciembre y enero se registraron despidos en empresas correspondientes a actividades económicas muy disímiles y que dan cuenta de un avance significativo sobre la posición de los trabajadores”, dice el último informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma (ver cuadro).

La arremetida del Estado contra los trabajadores del sector público opera así como un guiño para los empleadores del sector privado, dando legitimidad a los despidos ya realizados y poniendo un marco para que los reclamos salariales se vean presionados por la pérdida de los puestos de trabajo.

Según un estudio del Observatorio Económico Social de la CGT, una familia tipo (matrimonio con dos hijos menores) necesitó 10.570,92 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza en diciembre pasado, unos 4.510,92 más que el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente. Y para no ser indigentes, unos 4.690,81 pesos por mes, de acuerdo con el cálculo de la canasta alimentaria que consumen los más pobres.

La relación de estas canastas básicas con los ingresos promedios permite tener una idea de cómo siempre son los mismos sectores los que llevan sobre sus espaldas las crisis. Según los últimos datos oficiales (2do trimestre 2015), el ingreso promedio mensual de la mitad de los ocupados llegaba a 6.500 pesos. Y dentro de este universo, dos de cada 10 tuvieron ingresos de hasta 3.000 pesos. A todas luces esto muestra que en los últimos años los ingresos de una amplia mayoría de trabajadores (registrados, no registrados, públicos y privados y cuentapropistas) no pudieron ni pueden cubrir el costo de una canasta básica familiar. Si tomamos los datos del Observatorio de la CGT, la conclusión es que la mitad de los ocupados son pobres y el 20% son indigentes.

Cuando el ministro de Hacienda afirma que “cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar el salario a cambio de desempleo” no solo está chantajeando a los trabajadores para que no pidan más aumento del que los empresarios están dispuestos a dar para no dejar de ganar. Está continuando con esta estructura que se viene consolidando desde hace varios años donde son muchos los trabajadores que cobran poco.

Respecto a este nuevo gobierno está claro que necesita que los salarios caigan en cuanto a su poder adquisitivo para poder sostener su programa de ajuste.

Las cartas están echadas: transferencia de recursos al capital concentrado (devaluación, eliminación de retenciones a las exportaciones, ajuste fiscal vía eliminación de subsidios a los servicios públicos, entre otras medidas) y exigencia a los trabajadores de no pasarse de rosca cuando pidan los aumentos de sus salarios. Clara política de clase. Un modelo económico que cuando hay recursos, los empresarios se los llevan “con pala” y cuando hay crisis, son también los empresarios los beneficiados. Por lo tanto nada nuevo, Cambiemos es continuidad.

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