Las historias de 3 trabajadores cesanteados por la administración PRO
Por Matías Ferrari / Pagina12 - Sunday, Jan. 17, 2016 at 3:50 PM

17 de enero de 2016 / Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno unos 20 mil estatales quedaron en la calle. Es el caso de Martín Serra, Juliana Cabrera y Mora De Vicentis, quienes en diálogo con Página/12 contaron las tareas cotidianas que realizaban y cómo las nuevas autoridades los despidieron sin siquiera tener claro qué hacían.

Detrás de los despidos

JULIANA CABRERA, MINISTERIO DE JUSTICIA

Unos quince mil trabajadores ya habían sido despidos de distintas áreas del Estado nacional, el Senado y varios municipios de la provincia cuando Juliana Cabrera se sentó el martes pasado frente a su computadora en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se encontró con que su usuario estaba bloqueado. Lo mismo le pasó a otros nueve compañeros suyos del programa Verdad y Justicia. Pasaron cinco horas hasta que desde el departamento de informática les avisaron que no se traba de un error técnico sino de una orden de Recursos Humanos.
“Fue desesperante”, cuenta. Le dieron un teléfono de los responsables de su contrato, establecido mediante convenio con el ministerio. “Llamo y me entero que estaba cesanteada”, relata. No le dijeron ni le explicaron nada más. Tampoco le dio alguna explicación ninguno de los nuevos funcionarios del ministerio. “Entonces me presento en persona para aclarar que no soy ninguna ñoqui, que trabajé durante un año en mi área, que estaban registrados todos mis ingresos con mi huella digital, y detallo mis tareas cotidianas. Y me contestan que es algo más general, que viene de arriba, que eran decisiones que estaba tomando el Gobierno”.

Un mes antes, los 53 trabajadores del programa -que se encarga de investigar complicidades civiles con la última dictadura, aportar información para dar con represores aún sin identificar y acompaña a los testigos en el proceso de los juicios de lesa humanidad- se enteraron que un decreto los ubicaba bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, conducida por Claudio Avruj, quien el jueves -dos días después de los despidos- recibió a la ONG Celtyv, que reclama por el juzgamiento de militantes de organizaciones armadas que sobrevivieron al terrorismo de Estado.

“Desde el cambio de gobierno ya vivíamos con la incertidumbre de cuál iba a ser la política de las nuevas autoridades en relación a los juicios de lesa humanidad y con respecto a nuestros puestos de trabajo”, explica.
“Antes del despido, aparecía gente, aparentemente de la nueva gestión, dando vueltas por la oficina. Miraban todo, nos miraban. No se presentaban ni decían nada. Nosotros les decíamos `te puedo ayudar en algo?`. Y nos respondían `No, estoy mirando, estoy mirando`.
Sumado a lo que leíamos en los diarios de los despidos indiscriminados, vivimos con mucha paranoia durante muchos días”, dice.

Juliana estudió sociología en la UBA y se recibió a principios de 2014. En noviembre de ese año, tuvo su primera entrevista en el ministerio. A principios del año pasado empezó a trabajar de lo que le gustaba, después de muchos años en los que trabajó como secretaria mientras terminaba de estudiar. Su tarea consistía en realizar informes sobre la situación de los testigos de los juicios de lesa humanidad, que se elevaban a los jueces y a las querellas. De ellos se desprendía si el testigo necesitaba custodia o acompañamiento piscológico. “Mi trabajo era apasionante. Estaba feliz. Me sentía comprometida y movilizada por la causa de los derechos humanos y la pelea para que se termine la impunidad”. A finales de este año, estuve presente junto a los testigos en la causa Fuerza de Tareas 5, en los tribunales de La Plata. Todo el programa sumado permite realizar un seguimiento de más de 1500 testigos en todo el país”. Fruto de ese trabajo, el secretario Avruj tiene sobre la mesa un informe detallado sobre el estado actual de los juicios a represores. “Esperemos que no sean solo palabras su compromiso de no cambiar el rumbo”, pide Juliana.


MARTIN SERRA, ARSAT
“Forma parte de una persecución política”

El 20 de septiembre de 2015 se lanzaba al espacio el segundo satélite geoestacionario producido en el país, el Arsat 2. Ese mismo día, Cristina Fernández de Kirchner enviaba un proyecto de ley para poner en marcha el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, que fue luego aprobado por el Congreso.
Martín Serra, ingeniero electrónico recibido en la UTN, es uno de los responsables de la elaboración de ese plan e integra la lista de 21 despedidos que esta semana dispuso el nuevo gerente de Arsat, Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
“Es la primera vez que estoy peleando por un laburo”, cuenta después de haber participado del corte frente a la planta que tiene la empresa en Benavídez, sobre la ruta 9. Su despido fue vía telegrama, luego de una confusión: quien tenía que darle la noticia, su nuevo gerente a partir del cambio de gestión, ni siquiera sabía de su presencia en la empresa donde lleva tres años de trabajo.
“No me conocían, no sabían ni dónde estaban trabajando”, dice para explicar que el suyo y el resto de los despidos “forman parte de una persecución política”.

“El denominador común de todos los despedidos es que nos posicionamos en favor de la candidatura de Scioli o expresamos un cierto apoyo a la gestión anterior”, define.
Como tantos otros científicos, Martín participó durante la campaña del ballottage de distintas actividades en apoyo al FpV, a través de las cuales colegas suyos de todas las disciplinas advertían que con la llegada de Cambiemos al gobierno volverían a “lavar platos”, la actividad a la que Domingo Cavallo los había encomendado en 2001.
Además, expuso en distintas universidades nacionales sobre la tarea de Arsat. “Esa exposición hizo que me marquen como alguien que no puede seguir en la compañía”, reflexiona.
“Es curioso –señala–, el día que asume, De Loredo se presenta como militante radical y admite no tener ninguna experiencia para el cargo”.

Como llegar a la planta de Benavídez en transporte público era problemático, una combi pasaba a buscar cada día a Martín por su casa y lo dejaba a las 9 de la mañana en las puertas de su oficina. Una vez adentro, realizaba tareas que requerían “muchas horas de computadora y mucho teléfono” para comunicarse con las centrales espaciales de otros países de América latina con los que Arsat coordinaba proyectos. No hay muchos cuadros técnicos como él a disposición. “Es un tipo de ingeniería muy especializada y hay que tener experiencia previa en la industria satelital, que es muy chica y hasta no hace mucho muy poco común”, aclara.
Antes de ocupar un lugar en la Gerencia de Innovación Tecnológica, desde donde confeccionó el plan satelital a 20 años, Martín estuvo sus dos primeros años como analista técnico de la empresa. Entonces, su responsabilidad pasaba por realizar análisis de las tecnologías satelitales y elevar informes para encarar los planes de negocio, cuya premisa era la sustentabilidad. Se encargaba de evaluar el riesgo de las inversiones, para luego definir cuáles eran viables y cuáles no. “Cuidaba la plata que se invertía en el Estado”, dice, y subraya que “todos los planes son autosustentables y en los últimos meses de 2015 se estaba alcanzando la meta del equilibrio operativo”. Desde ese lugar, se encarga de responderle al presidente Mauricio Macri, quien dijo hace dos años que la inversión del Estado en satélites es “un despilfarro”. “Quizás, con los despidos indiscriminados ponga en riesgo la capacidad argentina de producir satélites, y en el mediano plazo se cumplan las predicciones que él mismo hizo”, ironiza.


MORA DE VICENTIS, CENTRO CULTURAL KIRCHNER
“Pusimos mucho compromiso”

En su primer día de trabajo en el Centro Cultural Kirchner, a Mora De Vicentis le tocó “hacer de puente” entre la exposición audiovisual Cuídese mucho de la artista francesa Sophie Calle y el público que por primera vez se paraba frente a algo semejante. Se sabía de memoria el libreto que había preparado con sus compañeros del área de educación, pero las palabras le salían entrecortadas. “Soy bastante tímida. De repente estaba frente a cincuenta personas que esperaban que dijera algo. Para descontracturar, como se trataba de una obra sobre el desamor, les pregunté si alguna vez les habían roto el corazón. Todos levantaron la mano. Terminamos hablando de las experiencias de cada uno”, dice para describir la relación entre los visitantes del CCK y los trabajadores que los recibían.

A la semana, recibió a un grupo de jubilados de la Villa 31. Le tocó guiarlos hasta el sexto piso del ex edificio de Correos, donde se exponía la muestra Aquí nos vemos, de fotógrafos latinoamericanos. La tarea le caía bien: como estudió fotografía, y aún estudia artes plásticas en la UBA, conocía bien a los autores. “Ahora que me contás esto, veo que es mucho más simple, se lo voy a contar a mis nietos”, recuerda entusiasmada las palabras que recibía del público. “Y me agradecían. En realidad la agradecida era yo”, dice. Fue entonces cuando se enamoró del CCK: “Era un espacio de intercambio, inclusivo. Para mí era una forma de militancia”.

Lo que más extraña de su trabajo, dice, es que “pasaban muchas cosas simultáneamente, de repente estabas en una visita y te aparecía un tenor cantado a capela”. Y sobre todo, a sus compañeros. “Gente formada, comprometida con su laburo. Todos creíamos en ese proyecto. Le pusimos mucho compromiso, si no te vas a laburar a cualquier otro lado”, cuenta.

“Duró muy poco la utopía”, dice ahora, 15 días después de que no le renovaran el contrato, situación en la que se encuentran otros 600 trabajadores. Su contrato, como el de sus compañeros, tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre, pero la ministra de Cultura, Teresa Parodi, dejó asentados contratos de renovación por un año más de cada uno de ellos, que fueron reconocidos.

Todo se remonta al cambio de gestión, cuando comenzaron los rumores de cierre a partir de las declaraciones del director de Medios Públicos, Hernán Lombardi, sobre quien recayó la administración del Centro. “Desde el 10 de diciembre estamos en el limbo”, resume.
“Nunca nos recibieron, ni nos comunicaron nada formalmente. Sólo vimos el Twitter y lo que decía Lombardi por televisión”, agrega. Mientras, siguieron cumpliendo con su trabajo hasta que el 20 de diciembre el Centro cerró al público y no volvió a abrir.

Como nadie la llamó para notificarla del despido, comenzó a participar de las asambleas, que de a poco van cobrando forma. Una semana atrás, escuchó el rumor que se corría en las asambleas: desde recursos humanos estaban llamando a algunos compañeros suyos a entrevistas personalizadas. “Me presenté sola, no iba a esperar a que me llamen, quizás no me llamaran nunca. Tuve que pelear para que me dejaran entrar y me entrevistaran menos de cinco minutos”, se queja.

Todavía le deben el mes de diciembre. “Es difícil, estoy entre la decisión de seguir luchando, aguantando, o buscarme otro trabajo.
Yo quiero seguir, pero no sé si vamos a tener el mismo Centro Cultural que antes, y si sigo peleando es porque siento que tengo que defender el proyecto cultural”, dice.

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