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Laboralistas alertan sobre el impacto de los tratados
Por Prensa CLATE -
Wednesday, Feb. 03, 2016 at 4:40 PM
22/01/2016 | Desde la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) señalaron que los Tratados de Libre Comercio (TLC) representan un avanzada del capital trasnacional sobre los Estados para evadir sus controles internos. Coinciden en que los derechos sociales tienen primacía sobre las normas de comercio e inversión, pero advierten que eso solo puede hacerse valer en los hechos con la organización y la lucha de los trabajadores.
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Ignacio Rodríguez (Prensa CLATE)
Luis Ramírez, Presidente de ALAL, y Matías Cremonte, Director de Empleo Público
de dicha organización, conversaron con CLATE sobre los posibles impactos que los
tratados de libre comercio pueden tener sobre los derechos de los trabajadores.
¿Cómo analizan el avance de las negociaciones de tratados multilaterales de
libre comercio?
Matías Cremonte: Los tratados internacionales de libre comercio son impulsados
centralmente por el capital transnacional, en su beneficio y el del capital financiero.
Son parte de una estrategia de dominación. Es decir, no se trata de políticas
de Estados soberanos que pretenden mejorar las condiciones de vida de sus pueblos
y para eso buscan fomentar la integración con otros países o regiones. Desde esa
perspectiva, nada bueno puede esperarse de ellos, y mucho menos para los trabajadores.
El avance de esos tratados en el mundo lleva varias décadas, y aunque en Latinoamérica
los pueblos lograron frenar su avance, los nuevos vientos políticos soplan en
esa dirección.
Luis Ramírez: Los nuevos tratados son un producto de las políticas neoliberales
y de la globalización económica y financiera del planeta. La transnacionalización
de la economía es un dato de la realidad y sería necio negarlo, pero no es un
hecho “natural” e inevitable. Es una decisión de las grandes corporaciones internacionales,
tomada en función de sus propios intereses. Una de las características de los
TLC es la asimetría y desigualdad entre los países firmantes, lo que permite conocer
a priori quienes serán los ganadores y quienes los perdedores.
¿Qué riesgos representan estos acuerdos para los trabajadores y los pueblos
de la región?
M.C.: Uno de los principales problemas de estos acuerdos radica en que no son
discutidos abiertamente ni sometidos a la consideración de la sociedad. Son los
lobbies empresarios, ONGs y embajadas poderosas los principales impulsores. Con
la excusa de atraer capitales e inversión, se acepta cesión de soberanía y reducción
impositiva y tributaria (incluyendo aportes jubilatorios por ejemplo, desfinanciando
así el sistema de seguridad social). A su vez, se pretende evadir los sistemas
de control interno de los Estados nacionales, sustrayéndose incluso de las jurisdicciones
locales.
L.R.: La globalización del sistema capitalista fomenta el dumping social, y la
mayoría de nuestros gobiernos compiten entre sí para ver quien ofrece una mano
de obra más dócil y barata y un menor nivel de protección de los trabajadores.
Lo mismo respecto al cuidado del medio ambiente y a la defensa de los consumidores.
Ya no es un secreto que los países centrales imponen a los países periféricos
la adopción, mediante estos tratados, de políticas de apertura económica, que
responden a las necesidades financieras y comerciales de aquellos. A ello se suma
la debilidad de nuestros Estados, que deja en manos de los sectores económicos
dominantes la conducción del proceso de “libre comercio”. Nuestros países renuncian
a definir estrategias industriales y comerciales, así como los procesos de reconversión,
quedando el “mercado” como único regulador de la vida económica y social. Un auténtico
desastre para los trabajadores y los pueblos de la región.
¿Puede existir colisión de normas entre el derecho del trabajo de cada país
y el que emana de los Convenios OIT con el que se intenta imponer a través de
los tratados de libre comercio (TLC)?
M.C.: En materia de derechos sociales no es tan sencillo. Un tratado podría incluir
el compromiso de los países en modificar la legislación, pero no la excusión del
ámbito de aplicación de las leyes laborales. En materia de Derecho del Trabajo,
además, rige el principio de aplicación de la norma más favorable, por lo que
aún modificando la legislación local, regirá la norma internacional si es más
beneficiosa para el trabajador, y viceversa. Este principio, junto al derecho
a la progresividad y la no regresividad de los derechos sociales son pilares del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La mayoría de los “beneficios”
que persigue el capital a través de los tratados de libre comercio contradicen
el orden público laboral internacional, y por ende, aún firmándose, serían inaplicables.
L.R.: Creo que tenemos que diferenciar entre las normas legales vigentes en un
país, que regulan los derechos de los trabajadores, y los Convenios de la O.I.T.
y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los que se encuentran
los derechos laborales. En este último caso estamos frente a lo que se ha dado
en llamar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es de aplicación
universal e imperativa y que no podría ser desconocido por el tratado. Respecto
a la legislación interna de cada país, el peligro no es la “colisión”, sino la
exigencia, expresa o tácita, de que hay que ajustarla al menor nivel de protección
que pretende el tratado de “libre comercio”. De este modo, se puede presionar
a los países para desactivar el mayor nivel de tutela laboral que pueden haber
alcanzado, apareciendo los conocidos proyectos de “flexibilización laboral”, de
tercerización extrema, etc.
¿Cuál cree que debe ser el rol de las organizaciones sindicales frente a los
TLC?
M.C.: Más allá de cualquier cuestión formal, lo que es evidente es que estamos
ante una etapa de avance del capital, y la única herramienta de la clase trabajadora
es, como siempre, la de enfrentarlo con sus principales armas: la huelga, y la
organización.
L.R.: Es claro que el primer reclamo de los sindicatos a sus gobiernos, debería
ser el de participar en la mesa de negociaciones del tratado. Conseguirlo dependerá
de la correlación de fuerzas que exista, pero el planteo debería efectuarse en
todos los casos. Ello les daría la autoridad moral y política para denunciarlo
y confrontarlo, si no fueran escuchados previamente. También deben esclarecer
a los trabajadores y a los pueblos sobre las nefastas consecuencias que generalmente
tienen estos tratados, con los medios que tengan a su alcance. Reitero, una vez
más, que estos procesos de integración económica están impulsados por intereses
que no son los de los trabajadores, sino los de las empresas multinacionales y
los grandes grupos económicos. Se los trata de presentar como meros acuerdos comerciales,
para ocultarle a la sociedad sus previsibles costos sociales y desactivar así
cualquier resistencia.
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