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Seguridad convocó a ATE para "adecuar protesta" al protocolo de manifestaciones
Por Ambito - Saturday, Feb. 20, 2016 at 9:36 PM

Sábado 20 de Febrero de 2016 | En medio de los rechazos a la medida

Autoridades del ministerio de Seguridad convocaron para el lunes a los representantes de las organizaciones gremiales y sociales que se movilizarán el próximo miércoles, en el marco del paro general convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con el objetivo de adecuar la protesta al nuevo Protocolo para Manifestaciones.

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El ministerio que conduce Patricia Bullrich emitió un comunicado en el que indicó que el objetivo de la convocatoria es "dialogar y analizar el recorrido que realizarán ATE y las demás organizaciones sociales involucradas" que participarán de las manifestaciones de protesta en contra de los despidos en la administración pública.

Por parte del ministerio está previsto que participen del encuentro el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; el director de Violencia Institucional, Daniel Barberis; la subsecretaria de Participación Comunitaria, Elizabeth Caamaño y Carlos Cortes, director de Comunicación.

La reunión está convocada para el lunes a las 18 "con el objetivo de atender con antelación la manifestación del día miércoles" en la sede de la cartera ubicada en Gelly y Obes al 2200 en la Ciudad de Buenos Aires.

"Entendemos necesario que la ciudadanía pueda estar al tanto, con antelación, de la traza que tomarán las protestas, en cada uno de los puntos del país en el que se desarrolle", sostuvieron.

Asimismo expresaron que, "por decisión de Bullrich, el ministerio convocará a los responsables de las áreas de Seguridad de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, una vez finalizada la reunión, para dar conocimiento de aquellos lugares en donde se lleve a cabo la protesta".

En el mismo comunicado, informaron que "las organizaciones gremiales y sociales fueron notificadas telefónicamente y a través de una nota que envió el Ministerio de Seguridad de la Nación a cada una de ellas".

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Un protocolo que sigue sumando rechazos
Por Fuente: Página/12 - Saturday, Feb. 20, 2016 at 9:37 PM

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“Les vamos a dar cinco minutos; se van o los sacamos”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Imagen: Ministerio de Seguridad

Sábado, 20 de febrero de 2016 | El gobierno de La Rioja y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba cuestionaron la iniciativa. Moyano dijo que ellos continuarán sus reclamos “con o sin protocolo”. Respuesta del CELS a Bullrich.

La implementación de un nuevo protocolo para que las fuerzas de seguridad respondan a las manifestaciones generó nuevas críticas por parte de dirigentes políticos y organismos de derechos humanos. A los cuestionamientos del CELS se les sumaron el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el secretario de Derechos Humanos riojano, Délfor Brizuela. Por otro lado, el jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, anticipó que desde su gremio van a continuar sus reclamos “con o sin protocolo”, pero afirmó que “es necesario que se moderen algunas protestas porque a veces son perjudiciales para quienes reclaman”. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, vaticinó que en “en el noventa y nueve por ciento” de los casos “no habrá balas de goma” frente a los piquetes. Planteó que la intención es equilibrar el derecho a protestar y el derecho a la libre circulación. Lo que marcan los organismos críticos es que no hay en las disposiciones ninguna referencia a criterios para utilizar las llamadas “armas no letales”, que de todos modos también pueden causar heridas muy graves o matar, precisamente como sucede con las balas de goma. El otro punto es que tampoco está prohibida la portación de armas de fuego.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un comunicado en respuesta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había dicho: “El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene actitud beligerante y de obstrucción (...) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenece al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”. El organismo señaló que como trabaja en estos temas y sus especialistas han leído el Protocolo, pueden dar cuenta de lo que vendrá. Advierte sobre las consecuencias de considerar las protestas sociales como un “problema de seguridad” ante el cual la primera respuesta la dan las fuerzas de seguridad. “En nuestro país, el corte de calles y la ocupación de espacios públicos tienen una larga tradición como método de lucha social. Lamentablemente, también tenemos una larga historia de represiones a protestas sociales en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a muchos manifestantes o los hirieron gravemente”, recuerda el CELS. Esa historia, agrega, es la que explica las políticas de 2002 a 2011, que prohibieron que los efectivos portaran armas de fuego y puntualizaron que las balas de goma “no pueden ser disparadas al cuerpo de las personas para que desalojen un espacio”. El protocolo viene a cambiar esos criterios.

Con la lógica del Gobierno y de las respuestas represivas, Moyano dijo que le gusta el protocolo porque “las protestas traen reacciones perjudiciales que no son buenas para quienes las llevan adelante”. “Cuando tengamos que protestar nosotros vamos a protestar, pero no cortamos la calle”, sostuvo. “Si hay un hecho por un despido de un trabajador, lo vamos a reclamar con protocolo o sin protocolo”, insistió y dijo que cuando los camioneros hacen lo que se suele llamar “bloqueo” “se ponen al costado de la ruta y es un paro”.

Después de la explicación de Bullrich de que los manifestantes “tendrán cinco o diez minutos” para liberar piquetes antes de que actúen las fuerzas de seguridad, Burzaco salió a precisar que “en el caso de las fuerzas federales, la primera línea de contacto no puede llevar armas de fuego” y “en el 99 por ciento no va a haber balas de goma”. “Nuestra idea es que cese el delito. Queremos volver a un equilibrio entre el derecho a manifestar y peticionar y el derecho a circular libremente”, dio cátedra. Burzaco era el Jefe de la Policía Metropolitana cuando ocurrió el desalojo del Parque Indoamericano y esa fuerza, que llevaba plomo oculto en balas de goma, fue la que se determinó que mató a dos personas que estaban en extremos opuestos del predio. Del operativo participó también la Policía Federal.

En La Rioja, una de las provincias que se negaron a firmar el protocolo, el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, cuestionó: “Se establece de antemano que, sin importar la naturaleza del reclamo y el consenso que tenga en la sociedad, el Gobierno irá al choque con los manifestantes, quienes además serán enteramente responsables de las consecuencias”. El protocolo, subrayó, “no significa otra cosa que criminalizar la protesta”. Brizuela lo analizó como “correlato de las medidas que se están tomando con relación al empleo”. “El Gobierno por un lado echa a los trabajadores y reduce a la mínima expresión el poder adquisitivo del salario de aquellos que se salvan de los despidos, mientras que por el otro, previendo el comportamiento lógico que es la justa protesta social amparada por la Constitución, los espera con hombres armados listos para reprimir y así invisibilizar cualquier manifestación popular”, graficó.

El Observatorio de Derechos Humanos de la UNC se sumó a la “preocupación” y señaló el hecho de que las fuerzas de seguridad van a poder desalojar cortes sin orden judicial y con el solo requisito de avisarles que se tienen que retirar”, cuestionó Magdalena Brocca, de ese organismo. De ese modo “la policía podrá actuar por sí misma”, alertó. La regulación que surge del protocolo, dijo, “contraria a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”.

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Fopea suma su "preocupación" ante el protocolo de fuerzas de seguridad en manife
Por Fuente: La Nación - Saturday, Feb. 20, 2016 at 9:40 PM

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Dirigentes y organismos manifestaron duras críticas contra el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones.Foto:Twitter ?@valeriafgl

Viernes 19 de febrero de 2016 | Sol Amaya

Dirigentes, agrupaciones y organismos defensores de los Derechos Humanos rechazaron las medidas propuestas por el Gobierno para evitar los cortes de calles y rutas

El anuncio sobre el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, aprobado el miércoles en una reunión del Consejo de Seguridad Interior, generó fuertes repercusiones entre dirigentes políticos, agrupaciones, periodistas y organismos defensores de los derechos humanos.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó su preocupación sobre lo mencionado en el artículo 3 del protocolo, que establece que "la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento".

Sobre ese punto, Fopea sostuvo que "el texto es poco claro acerca del alcance de esta norma en relación al trabajo de los medios de comunicación, lo cual deja un amplio espacio librado a la aplicación de estas disposiciones, no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales, ni determina quién las dispondría".

La organización consideró que esta disposición "podría significar un posible condicionamiento y un enfoque sesgado de las coberturas periodísticas si se obliga a medios a permanecer en un único espacio de trabajo".

"Más allá de destacar que los periodistas no deben obstaculizar los operativos de las fuerzas de seguridad, Fopea considera que ninguna disposición debe violentar el derecho a informar libremente, según la visión que cada medio tenga del conflicto que se desarrolle", señalaron.

Por otra parte, desde Fopea sugirieron a los periodistas que cubran manifestaciones:

.Evaluar la marcha previamente, tomando en cuenta los niveles de riesgos.

.Conocer previamente la ruta de la marcha de la manifestación.

.Conocer vías alternativas de escape en caso de violencia o represión durante la manifestación.

.No es necesario estar dentro de la multitud si desde otro espacio se tiene una amplia visión de la situación.

.Evitar el contacto personal por grupos que intentar dañar la propiedad privada o busquen confrontación.

.Conocer los derechos civiles y profesionales en caso de intento de detención.
Más críticas

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que coincide "en términos generales" con el nuevo Protocolo de Seguridad de Nación, pero aclaró que "bajo ningún concepto queremos criminalizar la protesta". "Coincidimos en términos generales que no se puede obstruir una arteria o una ruta, pero no coincidimos con que si en 5 minutos no se desaloja se manda a la fuerza de seguridad", sostuvo Pullaro.

Paula Litvachky directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), sostuvo: "La forma en que sacaron el protocolo y las declaraciones posteriores de [Patricia] Bullrich muestran la voluntad de restringir la protesta. La medida permite la intervención represiva y la criminalización de las manifestaciones. Implica una mirada muy regresiva en relación con los criterios de actuación que se le permite a las policías: no hay una manifestación expresa de la prohibición del uso de armas de fuego y no define que no se pueda utilizar balas de goma. Determina que la policía puede intervenir sin consultar previamente a la Justicia. Y también limita la labor periodística que, en varios casos, como con Kosteki y Santillán , fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos".

La Asociación Pensamiento Penal (APP) consideró que el protocolo es un "retroceso en materia de respeto a los derechos humanos". Cuestionaron que el mecanismo pone "en cabeza de las fuerzas de seguridad no sólo el operativo y supervisión, si no hasta la misma negociación con los manifestantes". Además, criticaron que se "omite fijar la prohibición de uso de arma de fuego, y todo lo referente al empleo de las armas no letales en el procedimiento" y que "tampoco exige la asistencia humanitaria a los manifestantes". También sostuvieron que con este protocolo la actividad periodística "sufre un menoscabo sustancial".

La diputada Victoria Donda (Libres del Sur), señaló que "un gobierno que hace gala de ser tolerante y dialoguista no debería recurrir a métodos represivos para responder a reclamos legítimos de la ciudadanía".

Claudio Lozano y Víctor De Gennaro (Partido Unión Popular) señalaron que el protocolo "amplía peligrosamente las facultades policiales para reprimir, no prohíbe el uso de armas de fuego ni establece la obligación de usar uniforme para los efectivos".

"Es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo", indicó la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda).

El legislador porteño Roy Cortina (ECO) consideró que el protocolo "sólo sirve para ampliar la grieta entre los argentinos".

"El "protocolo antipiquete" se da al mismo tiempo que el tarifazo y los "cortes programados", que los despidos masivos, que la gran inflación", publicó en Twitter Néstor Pitrola, diputado nacional por el Frente de Izquierda.

"Esto mismo lo intentó hacer Cristina Fernández hace dos años con su proyecto 'antipiquetes', pero no pudo imponerlo por la propia resistencia de los trabajadores, como los de Lear", dijo Nicolás del Caño, diputado nacional y ex candidato a presidente.

En tanto, el Plenario de Secretarios Generales del Suteba ratificó en un comunicado la convocatoria de la CTA a la "Jornada de Protesta Nacional del 24 de febrero en contra los despidos; En defensa de Paritarias libres; Contra la criminalización de la protesta social; Contra el Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas".

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Misiones y Neuquén no adoptarán el protocolo represivo
Por Fuente: Página/12 - Saturday, Feb. 20, 2016 at 9:40 PM

El ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, afirmó que en esa provincia no entrará en vigor procedimiento elaborado por el gobierno nacional para las manifestaciones públicas porque "no creemos que lo primero sea ir a golpear cuando hay una protesta". Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, Alicia Comelli, dijo que el protocolo "no es serio".

Al igual que La Rioja y Santa Cruz, Misiones dijo que no firmará el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas -que pretende regular piquetes o cortes de ruta- impulsado por el gobierno de Mauricio Macri y elaborado por el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich.

"Seguiremos trabajando como lo venimos haciendo: en primera instancia el diálogo, y luego la intervención de la Justicia, cuando sea necesaria", sostuvo Pérez y remarcó que "el protocolo de Nación es nacional y por lo tanto las provincias no tienen ninguna injerencia".

Además, criticó: "Cómo va actuar el Ministerio de Seguridad de la Nación en su competencia y territorio", mientras que en la provincia "si hay un delito obviamente se dará intervención a la Justicia y ella es la que debe actuar". El funcionario puntualizó que en el gobierno que encabeza Hugo Passalacqua "actuamos desde el diálogo, siempre atendiendo a las necesidades y la coherencia del reclamo que se está cursando".

Por su parte, la funcionaria neuquina comentó que si bien "muchos (gobiernos provinciales) lo firmaron pero aclararon que no lo van a aplicar. Está pensado para la Capital y Gran Buenos Aires y avanza sobre facultades que son de las provincias". Además consideró que debido a la historia de la provincia, donde en 2007 fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba en la represión de una protesta, el gobierno debe "ser más cauto".

Comelli reconoció que era "necesario" trabajar en un sistema de regulación de la protesta, pero afirmó que la medida que impulsó el Gobierno "está muy por fuera de todos los protocolos universales a los que adhirió nuestro país". En este sentido, manifestó que la medida "habla más por lo que no dice que por lo que dice" y añadió que "el metamensaje a las fuerzas de seguridad no es claro y por esos motivos el ministro (Jorge) Lara decidió no avanzar en una firma".

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