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Cuestionan archivo de una causa por usurpación de territorios indígenas
Por Chaco Día por Día -
Tuesday, Feb. 23, 2016 at 2:36 PM
“Luz verde a gigantes de los agronegocios”
23/02/2016 - Una fiscal del Chaco ordenó en dos oportunidades archivar una denuncia realizada contra la empresa cordobesa Bajo Hondo Agropecuaria SA por usurpar tierras comunitarias indígenas en la zona rural de Pampa del Infierno. El abogado querellante, Gonzalo García Veritá, denunció que “se da luz verde a los gigantes de los agronegocios”
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Foto: Ingreso al Paraje "Raíz Chaqueña"
Una larga historia de escándalos envuelve a la empresa de origen cordobés Bajo Hondo Agropecuaria SA en la provincia del Chaco. En 2012 logró que el juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sáenz Peña, Juan Carlos Zaloff Dakoff, le avale la compra de casi 5 mil hectáreas de tierras comunitarias indígenas en el paraje que se conoce como “Raíz Chaqueña”, algo que se encontraba expresamente prohibido por la legislación provincial y por la Constitución Nacional. Ese fallo fue revertido y declarado nulo e inconstitucional por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña que en septiembre de 2013 ordenó que las tierras sean devueltas a sus ocupantes históricos en un “plazo perentorio de 15 días”. Luego, la sentencia también fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en un fallo considerado como un "célebre precedente" en materia de derechos indígenas.
En abril de 2012, una familia de la etnia moqoit, con el patrocinio del abogado Gonzalo García Veritá, denunció a la empresa sojera ante la justicia penal por la usurpación de sus territorios ancestrales. En dos oportunidades (octubre de 2012 y abril de 2013) se constató que la propiedad comunitaria indígena seguía ocupada por trabajadores y maquinarias de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA, sin embargo la fiscal de Juan José Castelli, Raquel Maldonado, ordenó archivar la denuncia penal. La resolución fue apelada por la parte querellante y revertida por el Juzgado de Garantías y la Fiscalía de Cámara que ordenó se meritúen medidas probatorias antes de cerrar el expediente porque la decisión de la fiscal Maldonado no contaba “con fundamentos que ameriten un análisis serio y profundo del mismo”.
De vuelta el expediente en manos de la fiscal Maldonado, la representante del Ministerio Público Fiscal envió por tercera vez a un ayudante fiscal a constatar si la empresa seguía ocupando el predio comunitario indígena: fue el 27 de agosto de 2015, casi dos años después de realizada la denuncia. En efecto, la empresa ya se había retirado, y a principios de este mes Maldonado dispuso archivar por segunda vez la denuncia por considerarla "abstracta". En realidad, la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA debió abandonar los territorios de "Raíz Chaqueña" cumpliendo una orden judicial del juicio de amparo por el territorio indígena, donde la comunidad moqoit también fue representada por el abogado de derechos humanos, Gonzalo García Veritá.
“Una base de impunidad al despojo indígena”
"No me sorprende, lo esperaba. El decreto de archivo, hoy de trámite ante el juzgado de garantías de Castelli, no hace más que intentar una base de impunidad al despojo indígena. Pretenden hacerme creer que porque luchamos y conseguimos recuperar judicialmente la tierra, el delito, el grave delito penal de desapoderar a familias indígenas de sus territorios no es punible”, aseguró el abogado querellante Gonzalo García Veritá, en diálogo con CHACO DIA POR DIA, al ser consultado por la resolución de la fiscal Maldonado.
"Se emite un discurso muy peligroso en términos de seguridad, que consiste en dar luz verde a gigantes de los agronegocios, para que vengan al Chaco, desapoderen a familias indígenas, y que luego cumpliendo en devolver lo que no les pertenece, se les extinguirá la acción penal", abundó el abogado que fue propuesto por organizaciones sociales, gremiales y políticas para el cargo de Defensor del Pueblo de la provincia del Chaco.
"Yo espero que esta situación no prospere, y confío que se hará justicia, en este sentido, la responsabilidad penal no puede simplemente no merituarse. Debe investigarse y encontrar a los responsables de esta situación, porque tienen nombre y apellido, y lo que es peor, la Fiscal interviniente lo sabe muy bien", concluyó García Veritá.
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