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La proyección de 65.000 cesantías de la CGT Caló para el semestre quedó corta
Por Luis Autalán - Monday, Mar. 07, 2016 at 12:57 PM

La ola de despidos augura mayores niveles de conflictividad

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Luis Autalán lautalan@diariobae.com

Desde los datos en mano y la percepción hay dirigentes sindicales que consideran que ya quedó corta la proyección de la secretaría económica de la CGT de Antonio Caló sobre 65.000 cesantías en la administración pública, incluídas las esferas nacionales, provinciales y municipales en el primer semestre. “Van de la mano con el impacto de la devaluación del 42% de piso, la suba de precios y el deterioro del poder adquisitivo”, le refrendó a BAE Negocios el titular de esa secretaría Horacio Ghilini. Tanto ese núcleo, como el Movimiento de Acción Sindical (Masa), entre otros foros, ironizan que “emergencia estadística oficial” mediante hay datos duros para confirmar su preocupante diagnóstico.

Entre ellos y referido a la “génesis” de multiples actividades laborales, aprecian más que un 20% de baja en la utilización de cemento para la construcción.

Agregan la paralización por el semestre de refacciones y hasta tareas menores de albañilería, con el consiguiente freno que abarca labor, compra de herramientas, materiales e impacto notorio en la actividad productiva.

Doscientos despidos ya sellados en Cervecería Quilmes, conflictos en Siderar que impactan en la UOM, alertas moradas en las Pymes frente al tarifazo de los servicios públicos y sobre todo la decisión del Gobierno, para que la desocupación alcance los dos dígitos a mediano plazo, es un “riesgo asumido” por la Casa Rosada.

De hecho se lo han hecho saber sin pudor a empresarios.

La premura en cerrar paritarias con docentes, aún en negociaciones heridas, que tanto esa negociación como el “pacto semestral” de los mercantiles, hayan dejado cerrojo abierto para “renegociar si se disparan aún más los precios”, marcan la tendencia.

En los sindicatos, se considera que el cuadro de situación es más alarmante aún al detonarse las estructuras de control del Estado, en materia de precios, “liberan la cancha a los formadores”, admiten y la inactividad de los controles de Trabajo registrado que contrastan con el último Gobierno.

Durante el fin de semana, la vicepresidenta y titular del Senado, Gabriela Michetti, adelantó que en pocas horas se conocerán los resultados de la auditoría sobre las contrataciones de personal en la Cámara de Senadores realizada por una comisión revisora y evaluó que las bajas de contratos alcanzarán a “1500 o 1600” trabajadores de los 2.000 en observación.

Atribuyendo cuestiones del anterior titular de Senadores, Michetti no dudó en refrendar que sin avanzar sobre las cesantías “no íbamos a poder pagar los sueldos este año’, en la estrategia comunicacional, una vez más la alusión a “ñoquis”, con palabras más elegantes, apuntó a tareas políticas que desarrollaron los futuros desocupados.

El Gobierno también le “bajó el precio” a los despidos de trabajadores que cumplían funciones en el Plan Conectar/Igualdad, que por el momento no llegan al centenar, pero tampoco niegan que a corto y mediano plazo habrá bajas para sumar a cifras difíciles de mensurar pero de innegable impacto social.

También en el sector público, los guarismos de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (Ctm) revelan que 10.000 empleados ya fueron cesanteados.

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Por falta de pago y freno en obras, ya son 54.000 los despedidos en la construcción
Por Natalia Donato y Elizabeth Peger - Monday, Mar. 07, 2016 at 12:59 PM

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07.03.16 | Fomentan encuentros en los tres ministerios que tienen obras a su cargo. El miércoles debutó una en el Ministerio del Interior, de quien dependen las viviendas.

Los atrasos en los pagos de la obra pública y la respectiva deuda acumulada sumados a la falta de índices creíbles para reajustar los costos de los proyectos provocaron una fuerte paralización de la actividad que ya derivó en 54.000 despidos en la industria de la construcción. Este es el número que manejan en el sector hasta enero (15.000 son bajas estacionales), por lo que si se cuenta febrero, podría ser incluso mayor.

Con este panorama, desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y el gremio (Uocra) impulsaron la creación de comisiones tripartitas en las tres dependencias del Estado de las que depende la realización de las obras: Ministerio del Interior, Energía y Transporte. Hasta el momento, sólo quedó conformada una en la cartera que maneja Rogelio Frigerio y, particularmente, el economista Ricardo Delgado, hoy subsecretario de obras públicas de ese ministerio. El encuentro se realizó el miércoles pasado y los integrantes resolvieron reunirse una vez por semana.

En paralelo, el presidente de Camarco, Juan Chediack, y el titular de Uocra, Gerardo Martínez, avanzan con gestiones para concretar comisiones en los ministerios liderados por Juan José Aranguren, de quien dependen todas las obras de energía, y Guillermo Dietrich, que tiene a su cargo las de transporte.

"Queremos generar expectativas de certidumbre y eso tiene que venir de acciones de Gobierno. Hay mucha preocupación porque hay gran pérdida de empleo y particularmente en el sector de vivienda, la gran mayoría de las empresas son pymes y no pueden subsistir si no cobran lo que se les adeuda", dijo un referente de la cámara.

Hasta septiembre, el ritmo de ejecución de viviendas era de entre $ 2000 y $ 2500 millones por mes y las firmas venían cobrando lo que se construía con cierta regularidad. A partir de octubre, los pagos comenzaron a ralentizarse. Según datos de Camarco, en octubre se certificó ese mismo monto y el Gobierno sólo pagó $ 1200 millones. En noviembre, las empresas recibieron $ 800 millones y en diciembre, cero. Entre enero y febrero, el monto girado fue de $ 1500 millones.

Ello generó una deuda que, en vivienda, asciende a unos $ 4000 millones, y que si se extiende a la totalidad de las obras alcanzaría los $ 20.000 millones. De todos modos, la cámara estimó que si a ello se le suma la deuda por redeterminación de precios e intereses impagos, ese pasivo debe alcanzar los $ 40.000 millones, que equivale al 23% del presupuesto total dispuesto para obra pública en 2015 ( $ 170.000 millones). Incluso, ese es el número que difundió Camarco en un encuentro que mantuvo hace siete días con directivos de Uocra.

En una reunión que mantuvieron la semana pasada, Frigerio tranquilizó a Chediack con la información de que había firmado un pago por $ 1100 millones por demoras en el pago de viviendas, pero en el sector todavía no lo vieron efectivo.

Desde el gremio manifestaron la gran preocupación "por lo que se entiende como un cuello de botella por falta de operatividad de gestión en esta etapa de transición" hasta que supuestamente, pongan en marcha los planes de obra pública anunciados. También plantearon una gran inquietud por las obras termoeléctricas y su nivel de ejecución que consideran clave.

Otro de los puntos de discusión entre el Gobierno y las empresas es el sistema de redeterminación de precios, que no sólo prevé el reajuste una vez que la suba del costo alcance el 10%, sino que los índices que se toman para recalcular no fueron creíbles durante los últimos años. Las autoridades sacarán en breve un decreto para modificar este esquema y asemejarlo al de muchas provincias y la Ca pital Federal, que prevé un gatillo cuando la suba de los precios alcance el 4% en lugar del 10%. De todos modos, todavía persisten algunas diferencias respecto de cómo realizar el empalme entre las obras en ejecución y las nuevas.

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