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Costa Rica: Gobierno emite reglas de consulta indígena para hacer planta hidroeléctrica
Por Nación -
Wednesday, Mar. 16, 2016 at 3:48 PM
Proceso es necesario para construir El Diquís en zona sur
Viceministerio de la Presidencia será responsable del proceso pero tendrá comisión interinstitucional
Mecanismo incluye visitas a los 24 territorios de esta población y alcanza para todas las decisiones que los afecten
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POR JUAN FERNANDO LARA S. jlara@nacion.com
La represa de El Diquís se alimentará de las aguas provenientes del río General. El embalse abarcará 7.000 hectáreas y, según el ICE, es el emprendimiento hídrico más grande proyectado en Centroamérica. (ABELARDO FONSECA)
El Poder Ejecutivo emitió a inicios de este mes una directriz que detalla las reglas para consultar e informar a comunidades indígenas del país sobre decisiones que pudieran afectarlas.
Este documento, además, permitiría cumplir la consulta a esta población pendiente desde hace 20 años para encaminar la construcción de la planta hidroeléctrica El Diquís en Térraba, Buenos Aires de Puntarenas.
Con fecha del 4 de marzo anterior, la directriz No. 042 del Ministerio de la Presidencia señala que el Estado está obligado a consultar a los pueblos indígenas de forma "libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas", cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles.
El fin del mecanismo de consulta es lograr acuerdos o consentimientos libres con las comunidades previamente informadas acerca de cualquier medida propuesta. El mecanismo de consulta, señala la directriz, se construirá, "de forma conjunta y exclusiva entre el Gobierno de la República y los pueblos de los 24 territorios indígenas".
La responsabilidad de ese proceso de diálogo recaerá en el Viceministerio de la Presidencia, a partir de la creación de la llamada Comisión Interinstitucional para la Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas.
Según la directriz, esa Comisión hará una convocatoria pública y "de amplio alcance dentro de los territorios indígenas", valiéndose de diversas formas y medios de comunicación y también considerando en cuenta la diversidad lingüística en cada pueblo y factores geográficos.
La convocatoria será dirigida a personas indígenas y sus organizaciones, que podrán comprender, entre otras, las 24 asociaciones de desarrollo integral indígena existentes, colectivos u organizaciones culturales, productivas, de mujeres, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, jóvenes y gobiernos estudiantiles.
"Creo que uno de los mayores retos que encontraremos en la construcción de este protocolo es consensuar y que las instituciones del Estado dispongan de un equipo de personas debidamente capacitadas y con buena voluntad de cumplir con el ejercicio de este derecho de los pueblos indígenas de ser partícipes directos en las tomas de decisiones sobre casos que le podrían afectar directa o indirectamente a sus territorios", señaló Uriel Rojas, dirigente del territorio indígena de Rey Curré.
El proceso tendrá diversos observadores y un registro de participantes. Además, la Comisión garantizará a los pueblos indígenas información detallada y completa, a través de canales de comunicación constante, permanente y estable, sobre sus Derechos Humanos y sobre las obligaciones del Estado.
La emisión del documento podría allanar el camino para la construcción de El Diquís, una planta de 650 megavatios de capacidad instalada que, según el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es clave para asegurar el futuro suministro eléctrico nacional. Sin embargo primero se debe consultar a los pueblos indígenas como ya lo recomendó la Defensoría de los Habitantes desde 1996.
La consulta a los habitantes de la región es obligatoria, porque la planta requiere utilizar territorios indígenas, protegidos por ley y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El embalse de El Diquís anegaría el 10% del territorio China Kichá (104 hectáreas) y 8% de tierras térrabas (726 hectáreas), de acuerdo con la Defensoría. Dicho plan ya enfrentó 20 gestiones ante la Sala Constitucional y una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
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