Economía sobre botas
Por Martín Schorr (especial para CTA Rosario) - Tuesday, Mar. 22, 2016 at 9:56 AM

21 de Marzo de 2016. Por Martín Schorr* | El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha una de las reestructuraciones económico-sociales más significativas y dramáticas de la historia argentina. La etapa dictatorial derivó en el tránsito de una sociedad industrial a otra basada en la valorización financiera del capital. El nuevo patrón de acumulación fue posible por una distinta relación de fuerzas entre capital y trabajo, más un replanteo de la situación dentro de la propia esfera del capital.

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Ilustración: Meiji

Como consecuencia, se produjo un cuadro social de profunda desigualdad que persistiría en los años subsiguientes. En un extremo de la estructura se encuentran los trabajadores, que en conjunto tienen la participación en el ingreso más baja desde la irrupción del peronismo en la vida política argentina. En el otro se ubica un número reducido de grupos económicos, grandes empresas extranjeras y acreedores de la deuda externa que, en el marco de un muy intenso proceso de concentración y centralización del capital, logran conjugar una cada vez más acentuada participación en el ingreso y la riqueza con la capacidad de subordinar al aparato estatal, influyendo de manera decisiva y creciente sobre el rumbo del proceso económico, político y social.

La interrupción del modelo de sustitución de importaciones no sobrevino en razón de su agotamiento. Basta con mencionar que entre 1964 y 1974 la tasa de crecimiento anual del PBI global a precios constantes fue de alrededor del 5% (en el mismo período el valor agregado manufacturero se expandió a un promedio anual cercano al 7%), y que en 1975 las exportaciones de productos industriales representaron alrededor del 20% del total contra sólo el 3% en 1960.

De forma similar a lo sucedido en Chile bajo el régimen genocida de Pinochet, en nuestro país se buscó transformar de cuajo la compleja estructura económico-social que se había generado tras largas décadas de desarrollo industrial (proceso que no había estado exento de conflictos y limitaciones diversas). Dos de los objetivos centrales de los militares que usurparon el poder en marzo de 1976 y sus bases sociales de sustentación fueron el de redefinir el papel del Estado en la asignación de los recursos y el de restringir drásticamente el poder de negociación que poseían los trabajadores en el marco de un régimen de acumulación en el que el control de cambios impedía la fuga de capitales, el nivel de los salarios no estaba limitado por la competencia externa y existía una reducida desocupación (en lo sustantivo, a raíz del desarrollo y la expansión del sector fabril).

Fundamentalmente, en términos estratégicos, se apuntó a alterar de manera radical y con carácter irreversible la correlación de fuerzas derivada de la presencia de una clase obrera industrial acentuadamente organizada y movilizada en términos político-ideológicos. En otras palabras, se orientó a modificar los basamentos económico-estructurales que habían hecho posible la irrupción de fenómenos como el peronismo y procesos socio-políticos como el Cordobazo, el Rosariazo y el Tucumanazo. La participación económica y política de los trabajadores fue percibida como una amenaza por los sectores dominantes locales, lo cual viabilizó que el conjunto de éstos aceptara el drástico programa propugnado por el tradicional sector exportador aliado al gran comercio de exportación e importación y el sector financiero.

El proyecto refundacional de la dictadura militar que vino a concretar esta transformación radical de la economía y la sociedad argentinas, la “restauración ortodoxa” de la que hablaba Aldo Ferrer, fue impuesta mediante el disciplinamiento represivo de los sectores populares. La expresión más acabada del mismo son los 30 mil desaparecidos, la proliferación de campos de concentración, la complicidad empresaria en la represión en los lugares de trabajo (Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma, Mercedes Benz), la intervención de los sindicatos, el cercenamiento de conquistas laborales de larga data y la participación de importantes funcionarios de muchas de las empresas de mayor envergadura del país en ámbitos estratégicos del aparato estatal (como el propio Ministro de Economía, entre muchos otros cuadros orgánicos).

En vistas de los objetivos perseguidos por las Fuerzas Armadas y las fracciones de clase que constituyeron su principal base de sustento (en esencia, la consolidación de un nuevo proyecto de dominación social asentado sobre una situación estructural muy distinta), semejante alteración en el patrón de acumulación del capital en la Argentina implicaba, en primer lugar, agredir a una estructura socio-económica constituida a lo largo de varias décadas en el marco de las diferentes etapas por las que había transitado el modelo sustitutivo. En ellas se había ido conformando una sociedad urbana con una compleja y conflictiva articulación de sus sectores sociales. En segundo lugar, por la propia solidez de la estructura socio-económica, esta reconversión tenía que producirse necesariamente a través de una crisis, y no mediante una fase de expansión económica, que lograse la marginación de ciertos sectores sociales, la redefinición de otros y el predominio de los restantes. En tercer lugar, los cambios a producir en los pilares básicos de la industrialización sustitutiva, así como los rasgos del nuevo patrón de acumulación, debían volverse irreversibles.

Esa búsqueda por refundar estructuralmente al capitalismo argentino debía basarse en un estricto control sobre el aparato estatal que posibilitara avanzar en forma simultánea sobre múltiples direcciones (fuertemente relacionadas entre sí): la recomposición de la dominación social mediante el disciplinamiento de, fundamentalmente, la clase trabajadora y los segmentos empresarios de menores dimensiones (o los menos “eficientes” en términos internacionales desde el punto de vista de quienes abrevaban en la ortodoxia monetarista tan difundida en esos años); la redistribución regresiva del ingreso generado en el nivel nacional; la redefinición del accionar estatal; la modificación de la estructura productiva; y, en suma, la reversión de la dinámica sustitutiva en el plano económico-social.

Sin duda, quien mejor captó cuáles eran las finalidades centrales de la dictadura fue Rodolfo Walsh. En su célebre “Carta abierta a la dictadura militar”, escrita en marzo de 1977 pocos días antes de ser asesinado, y en la que analiza con notable precisión una a una las atrocidades del régimen, Walsh destaca la naturaleza eminentemente política de las profundas transformaciones económicas que se estaban registrando (o, en otros términos, el sentido clasista de la reestructuración económico-social en marcha): “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron... Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, al Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete”.

En ese marco, no resulta casual que el sector manufacturero local se contrajera tan significativamente, de modo tal que en los años posteriores al golpe de Estado de marzo de 1976 se produjo el cierre de más de 20 mil establecimientos fabriles, el producto bruto del sector cayó en forma pronunciada, lo mismo que el peso relativo de la actividad en el conjunto de la economía nacional. Más aún, la industria dejó de ser el núcleo ordenador y dinamizador de las relaciones económicas y sociales en el país, así como la actividad de mayor tasa de retorno de toda la economía. Todo ello, en paralelo a la brutal estrategia represiva desplegada, y como resultado de la aplicación de diferentes políticas económicas como el “ataque a los salarios” de 1976, la Reforma Financiera y el “enfoque monetario de balanza de pagos” (la “tablita”), que se articuló con una profunda apertura comercial.

En ese marco, a comienzos de la década de 1980 resultaba posible trazar en el ámbito industrial un claro “mapa” de ganadores y perdedores, tanto en términos sectoriales como en el de los actores económico-sociales. El mismo era el resultado de los profundos cambios sobrevenidos en la economía y la sociedad argentinas por efecto, fundamentalmente, de las diversas medidas de política (no sólo económica) aplicadas a sangre y fuego entre 1976 y 1983 en el contexto de la “restauración ortodoxa”.

Así, entre las principales “herencias” que recibiría la democracia reconquistada figuraba, en primer lugar, un nuevo patrón de funcionamiento del capitalismo doméstico que, asentado sobre una distinta inserción internacional del país, le depararía al sector manufacturero un rol muy diferente al que había tenido hasta mediados del decenio de 1970.

En segundo lugar, un agudo proceso de desindustrialización y reestructuración regresiva del aparato fabril, con su correlato en un importante distanciamiento de numerosos sectores fabriles respecto de la “frontera internacional”.

En tercer lugar, un poder económico fuertemente concentrado y centralizado con un ciclo de acumulación y reproducción ampliada del capital crecientemente diversificado y transnacionalizado (en términos industriales, muy volcado al procesamiento de recursos naturales) y, a raíz de todo ello, con una decisiva capacidad estructural para condicionar el sendero evolutivo del proceso económico y socio-político. En cuarto lugar, un entramado de pequeñas y medianas empresas bastante más reducido que el existente en las postrimerías de la sustitución de importaciones y, a la vez, sumamente debilitado en términos estructurales (lo cual condicionaría sobremanera sus “márgenes de maniobra” de allí en adelante).

Finalmente, pero no menos importante, una clase trabajadora sumergida en la desocupación, la precarización laboral, la fragmentación, los bajos salarios y una participación muy reducida en el ingreso nacional. De allí el carácter profundamente regresivo y heterogéneo de la reestructuración económica e industrial acaecida entre 1976 y 1983.

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*Martín Schorr, sociólogo, docente, investigador del Conicet. Producción especial para CTA Rosario

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