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Salta: conflicto entre la justicia y una comunidad indígena
Por El Intransigente - Wednesday, Apr. 13, 2016 at 12:27 AM

Una jueza de familia de Tartagal decidió quitar la guarda de un nene a una familia guaraní que lo estaba criando

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Domingo, 10 de abril de 2016

SALTA (Télam) - La decisión de una jueza de familia de Tartagal de quitar la guarda de un nene a una familia guaraní que lo estaba criando y de enviarlo a un hogar de menores, suscitó un conflicto entre la Justicia y la comunidad indígena que reclama se respete la identidad cultural (tanto del niño como de su entorno), que se reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios y que se restituya al chico.

El conflicto se desató cuando la jueza Julia Carmen Elena ordenó -el 28 de enero pasado- que se le retire la guarda (provisoria) del nene guaraní de casi 2 años y medio al matrimonio de Mónica Alicia Pestaña y José Campos Flores, al considerar que hubo "una entrega directa" del menor a personas que no son familiares directos y por la "falta de DNI" del niño, que fue enviado a un hogar de menores en la ciudad salteña.

La magistrada ordenó la institucionalización del nene por considerar que la familia "no logra advertir la importancia de realizar el trámite del documento del niño", por lo que infiere "que no saben priorizar el bienestar" del mismo, sin tener en cuenta y pasar por alto el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios reconocidos tanto en las constituciones provincial, nacional y convenios internacionales.

La familia guaraní, de la comunidad Misión Cherenta de Tartagal (donde viven unos 6.000 pobladores), reclama que la Justicia le restituya la guarda del bebé que estaban criando y tenían bajo su cuidado, en total conformidad de su madre biológica que no podía hacerse cargo de la crianza del menor.

Mónica y José, que son los padrinos del niño, tienen 7 hijos (pero solo dos que son menores y viven con ellos) y 14 nietos.

Ella percibe una pensión de madre de siete hijos, él es oficial albañil y fue encargado de obras en algunas empresas del rubro de la construcción.

Si bien la institucionalización corre por cuenta de la Justicia, el Ministerio Público lleva adelante la defensa de la familia, a cargo del Defensor Oficial de Tartagal, Luis Alberto Solórzano.

El defensor indicó a Télam que entiende que la funcionaria judicial interpretó "con excesivo rigor formal" el artículo 611 del Código Civil y Comercial "al considerar que hubo una entrega directa" del niño a una familia que no son parientes directos.

La magistrada "tendría que haber tenido en cuenta el artículo 607, del mismo código, que dice que no se podrá hacer la declaración en abandono del chico en adopción si hay un pariente o un referente afectivo", apuntó.

"En la apelación estamos pidiendo que al ser del pueblo guaraní tendrían que tener en cuenta el concepto de identidad dinámica, el cual comprende todo el bagaje espiritual, intelectual, político a través del cual el individuo se proyecta socialmente al exteriorizar de alguna manera estos aspectos propios de su personalidad", agregó.

Por último, el defensor indicó que la la mujer que quedó a cargo del menor "entregó el certificado de nacido vivo a la asesoría de menores, quienes asumieron la obligación de realizar el DNI del niño, y ahora se la culpa a ella de no hacerlo, cuando en realidad es la propia asesoría quien tenía que hacerlo, y es una falta administrativa propia".

Entre los argumentos de la defensa, también, se pide que la Justicia reconozca el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, reconocidos en el artículo 15 de la Constitución Provincial de Salta, en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

José Campos Flores, padrino del chico y con guarda provisoria hasta enero, dijo a Télam: "Cuando el nene tenía como dos meses y medio la madre (biológica) nos dijo que quería que lo tengamos, porque ella se iba permanentemente por tres o cuatro días y lo dejaba solo a él y a su hermanito, al que dejó con otros tíos".

"Mi señora llevó al nene al hospital, junto con el certificado de nacido vivo y el carnet de vacunación, le explicó la situación a la asistente social e inmediatamente se pusieron en contacto con el juzgado de menores, y desde ese momento fuimos todas las veces que nos citaron", relató.

Desde que el nene fue alojado en el hogar de menores la familia no lo puede ver: "Vamos al hogar todos los sábados, domingos y todas las veces que podemos. Le llevamos pancito casero, torta fritas y otras cositas que a él le gusta, pero no nos dejan verlo, nos dicen que está yendo la madre biológica a verlo, pero eso es mentira, y no sabemos cómo se encuentra".

"La Justicia desconfía de que podamos hacernos cargo del nene, pero nosotros somos sus padrinos y desde que nació tenemos vinculación familiar con él. Es más, el único bebé de la casa era él", afirmó.

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