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Un abismo entre la Justicia salteña y los pueblos originarios
Por El Tribuno / Salta - Thursday, Apr. 14, 2016 at 2:59 PM

Por Francisco Sotelo.- La falta de traductores oficiales limita la tarea judicial. Los casos de Evelia Murillo y de Evangelina Pisco lo evidenciaron.

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Foto: López Viñals, Gómez Almaras, Guillermo Félix Díaz y Eduardo Barrionuevo. Prensa del Poder Judicial

En Salta, las personas que hablan en lenguas originarias o en idiomas exóticos de Asia o Europa oriental no tienen garantizado el acceso pleno a la Justicia. La razón es que no hay intérpretes oficiales.

Por otra parte, al no existir esos profesionales, la Justicia se encuentra privada de interrogar a los detenidos de aquella procedencia.

Un ejemplo explícito lo ofreció el juicio contra José Tomás Cortés por el homicidio de la maestra Evelia Murillo. Una jovencita de 14 años, que acompañó a la víctima durante su agonía y que fue amenazada por el femicida, dio su testimonio en castellano, pero con enormes dificultades porque su lengua familiar es el wichi.

El norte salteño necesita traductores oficiales de tapieté, chorote, toba y de los distintos dialectos wichi.

Hace más de un año, al inaugurar la Ciudad Judicial de Tartagal, el entonces presidente de la Corte salteña, Guillermo Posadas destacó la necesidad de hacer accesible la Justicia a las comunidades originarias en general. El magistrado elogió la presencia de carteles traducidos a la lengua wichí y expresó algunas frases en ese idioma.

Consciente de que la cartelería es simpática pero no inclusiva, Posadas prometió designar intérpretes oficiales.

La carencia de traductores oficiales es un problema grave en Salta. La Justicia Federal, por caso, no puede tomar declaración indagatoria a narcotraficantes de origen eslavo o balcánico, quienes, en consecuencia, quedan en libertad aunque hayan sido capturados in fraganti.

La tragedia de Evangelina

En el caso de las comunidades originarias existe un ejemplo trágico, doloroso y explícito de denegación de Justicia.

En mayo de 2010, la adolescente chorote Evangelina Pisco murió a salir de un local bailable en Tartagal, aunque todo en torno de lo que ocurrió permanece en un manto de oscuridad.

Cuatro jovencitas chorotes y un agente sanitario fueron brutalmente torturados, admitieron haberla matado y luego se desdijeron. Finalmente, luego de una reunión entre jefes de las dos etnias, el cacique wichi intervino como traductor ante el juez Nelso Aramayo, ya que, ante el juez, las chicas detenidas, que se manejan en los dos idiomas, dijeron no dominar el español.

Así concluyó todo sin que nadie pudiera explicar cómo el cuerpo de Evangelina recorrió los trescientos metros que separan la boca de tormenta por la que cayó y el lugar de las cloacas donde fue encontrado.

El caso no fue plenamente esclarecido pero, además, un capítulo importante del trámite quedó al margen del sistema judicial que, por carecer de un intérprete profesional cedió jurisdicción a los caciques.

Una iniciativa oficial

La promesa de Guillermo Posadas no se cumplió, pero el ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás, el juez de la Corte Guillermo Félix Díaz, el procurador Pablo López Viñals, y el juez Eduardo Barrionuevo anunciaron la puesta en marcha, el 20 de abril, de un programa de capacitación en lengua wichi para "operadores judiciales" de Tartagal. Aprender una lengua aborigen como para adquirir jerarquía de traductor requiere formación profesional de nivel superior. El enunciado del curso es modesto: brindar "herramientas lingüísticas, históricas y socio -culturales relativas a la comunidad wichi, lo que permitirá achicar la brecha comunicacional".

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