“Milagro está detenida a disposición del Poder Ejecutivo de Jujuy, como en la dictadura”
Por Cambio Nº37 - Wednesday, Apr. 20, 2016 at 11:16 AM

abril 13, 2016 / Elizabeth Gómez Alcorta es la vicepresidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos y una reconocida abogada de los derechos humanos. En este momento, es codefensora de Milagro Sala, junto a Luis Paz, y una de las patrocinadoras de las causas por su libertad en foros internacionales. Además, fue la responsable del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta comienzos de este año, cuando renunció al rechazar los despidos en su equipo. En esta entrevista repasamos la actualidad del caso de Milagro Sala, la actuación política del poder judicial y la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad.  

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Cambio: En estos días se cumplen tres meses de la detención de Milagro Sala. Si tuvieras que hacer una síntesis de la situación, ¿cómo la explicarías?

EGA: Lo que está sucediendo no se puede descontextualizar de la situación política y la reforma institucional que tiene la provincia de Jujuy después del 10 de diciembre, y de que el gobernador Gerardo Morales entiende y ha entendido en los últimos diez años a Milagro como su enemiga política.

Cuando uno ve el cuadro en general, no hay dudas de que los compañeros se encuentran detenidos a disposición del poder ejecutivo. Nosotros entendemos que el caso de Milagro Sala es un caso absolutamente paradigmático de violencia institucional. Es el Estado abusando de sus facultades para administrar justicia.

El Estado jujeño suspendió la personería jurídica de la Tupac Amaru (organización social que encabeza Milagro Sala) por medio de un decreto, que es algo que no se puede hacer, pero la Justicia lo confirmó esta semana. Por otro lado, se han llevado a cabo allanamientos ilegales en domicilios y en un galpón que tiene la Tupac, con personas de civil en horas de la noche, sin testigos, y cuando se han presentado compañeros legisladores de la Tupac no les han mostrado la orden de allanamiento. En la jornada nacional de cortes de ruta que se hizo el 11 de febrero, se detuvo a gran cantidad de personas y en la localidad de Perico muchas de ellas fueron torturadas en la comisaría. Además, existe una infinidad de hechos de violencia institucional, y esta última semana se imputó a Luis Paz, que es el abogado defensor de Milagro Sala, por una supuesta amenaza a una testigo en una causa de encubrimiento con la que pretenden vincularla.

En Jujuy hoy no hay Estado de derecho.

Cambio: ¿A qué te referís con la reforma institucional de Jujuy?

EGA: El 15 y 16 de diciembre, a poco de asumir Morales, en sesiones extraordinarias, sin seguir los pasos que requiere cualquier proyecto de ley, fue ampliado el Tribunal Superior de Justicia de 5 miembros a 9 para lograr mayoría automática, exactamente lo mismo que hizo Menem. Además, la ampliación fue aprobada por 25 votos a favor y 22 en contra, y a la mañana siguiente los nombres de dos de estos 25 legisladores fueron enviados para que ellos mismos sean miembros del Tribunal Superior. Y esa misma noche se presentaron a la entrevista con quienes eran sus pares hasta el día anterior y fueron designados ministros de la Corte provincial. Otra de las que asumió es una ex diputada de la Unión Cívica Radical.

Cambio: ¿A partir de ese momento empiezan las irregularidades que ustedes denuncian?

EGA: Claro. Cuando se instala el acampe, el fiscal que representa al poder ejecutivo interviene y hace una denuncia el 15 de diciembre contra Milagro y tres o cuatro dirigentes más de la Tupac. Pero el fiscal de la causa entiende que no había mérito para investigar a esas personas y, como consecuencia, es denunciado por el fiscal de Estado por incumplimiento de sus deberes. Nosotros entendemos que a partir de ahí hay un momento de inflexión, desde el punto de vista del disciplinamiento del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
Luego, se llega a la feria judicial que empieza el 1 de enero con algunas medidas que podrían llamarnos la atención a todos los que venimos del campo popular, como investigaciones de quiénes están en el acampe, datos de las personas, de los niños, personas que ingresan y egresan, organizaciones a la que pertenecen, etc.
Lo cierto es que el 15 de enero, a pesar de los fueros con los que cuenta Milagro Sala por ser parlamentaria del Mercosur, se solicita la detención a las 21:45 del último día que tenía que intervenir la fiscal Montiel. El sábado 16 a la mañana, el juez que estaba interviniendo dicta la orden de detención con algunas particularidades, como por ejemplo que habilita que la detenga el ministro de Seguridad en persona. E inmediatamente después de que firma la orden de detención, pide una licencia médica a partir de ese mismo momento, y se designa a otro juez que nunca supimos por qué lo designaron, salvo que es el ex yerno de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Ese mismo 15 de enero que se pide la detención, la fiscal que pidió la orden debía dejar de intervenir. Pero Sánchez, el fiscal general de la provincia, que es una función que se creó a partir de una ley dictada en diciembre y que también fue designado por Morales, hace una designación especial para que esta fiscal continuara interviniendo en todas las causas en las que estuviese imputada Milagro Sala. De esto no existe ningún otro antecedente y está prohibido por la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales, por lo que denunciamos penalmente a Sánchez por abuso de autoridad.
Ahí aparece el armado de la segunda causa, porque era evidente que la detención por la protesta social no se podía sostener por mucho tiempo más. Con dos denuncias presentadas por el fiscal general y por Walter Morales, el hermano del gobernador y presidente del Instituto de la Vivienda provincial, se inicia la segunda causa. Lo cierto es que lo único que hay son ciertas irregularidades administrativas en algunos expedientes de ciertas cooperativas. La Tupac Amaru no es una cooperativa sino una asociación civil, así que ninguno de esos convenios pudo haberlo firmado la Tupac ni Milagro. Y la única vinculación que hay entre esas irregularidades administrativas, que ni siquiera se podría decir que se trata de delitos y que se debería verificar si en todo caso terminan en un ilícito o no, es que las cooperativas tienen el mismo domicilio legal que la sede de la Tupac. Con eso, el 26 de enero se ordena la segunda detención en contra de Milagro. Inmediatamente se la deja en libertad en relación a la primera de las causas y lo que se le imputa en esta es asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado nacional.
Nuevamente, la orden de detención no valora la imposibilidad de detenerla porque ella tiene fueros. En ese marco es que seis parlamentarios del Mercosur, no todos del Frente Para la Victoria, con el patrocinio de Damián Loreti, Pablo Llonto y mío, presentamos una denuncia penal que está en pleno trámite por privación ilegal de la libertad y por prevaricato en la justicia federal, tanto contra el primer juez que se enfermó inmediatamente como contra el segundo juez y el fiscal que solicitó esa detención.

Cambio: ¿Cuáles pensás que son las razones de fondo de esta pelea?

EGA: Hay un discurso, instalado centralmente por el oficialismo, acerca de que Milagro Sala ha montado un Estado paralelo. Vengo pensando en esto hace un par de semanas largas.

Lo cierto es que la Tupac hizo mucho más que construir viviendas. Lo que entendieron ellos es que si la cooperativa me hace ahorrar, voy a hacer la bloquera, me hago los propios materiales y sigo ahorrando; me hago la propia metalúrgica, y entonces las aberturas también son propias; si no canalizás un arroyo el barrio se va a inundar, por eso canalizaron los arroyos y después se dieron cuenta de que había que parquizar, que si tenemos un barrio tenemos que tener un polideportivo, un centro de salud y un centro para jubilados. Y así es que termina pasando que el único centro de rehabilitación para personas con discapacidad en Jujuy es de ellos, por eso es que la sede de la Tupac tiene un tomógrafo. Hay un Estado ausente, no es la creación de un Estado paralelo. La Tupac entendió algo que es clave, que si se quedaban pura y exclusivamente con la construcción de viviendas y la copa de leche, seguían dependiendo de la presencia de un Estado que sistemáticamente ha negado los derechos para aquellos que menos tienen. Eso es lo que no se les va a perdonar.

Cambio: Seguramente, además del propio gobierno, también hay un conflicto con el poder económico.

EGA: Claro, a Blaquier no se le puede dejar de lado de ninguna forma. Hay que reconocer que Balquier llegó a estar imputado en los crímenes vinculados a las víctimas del terrorismo de Estado de Ledesma por la presión que generó la Tupac al juez, que se había sentado literalmente arriba de la causa de Blaquier.

Blaquier es el tipo que tiene más poder en Jujuy, y después de una manifestación multitudinaria que hizo la Tupac, se logró que ese mismo día presentara la renuncia el juez Olivera Pastor y se designó a un nuevo juez, y a partir de ahí Blaquier fue procesado. Obviamente, después logró obtener una falta de mérito de forma excepcional, como suele suceder con las personas que tiene poder en el país, gracias a la Cámara de Casación.

Cambio: Pensando en la situación de Brasil, en la citación judicial a Cristina Kirchner, ¿pensás que se puede generalizar el panorama local de Jujuy, es decir, esta alianza entre poderes fácticos, poder político, poder mediático y Poder Judicial? ¿Cuál es tu pensamiento sobre la corporación judicial?

EGA: Creo que hace mucho tiempo que la utilización del Poder Judicial como herramienta de poder en la lucha política es algo que se viene acentuando. Si uno piensa los hechos más trascendentes en términos políticos, la Justicia federal sin lugar a dudas es la que tiene más poder en el país. Más que el presidente, más que el Congreso, más que Magnetto. Ahí está el caso de la Ley de Medios como ejemplo.

Pensemos la década del noventa, había una lógica de utilización del Poder Judicial para asegurarse que con estos jueces las denuncias de corrupción no iban a avanzar. Eso es distinto a lo que sucede hoy porque no se trata de dar impunidad, sino de utilizarlos como herramienta política para lograr detenciones, para lograr que no se ganen elecciones, es un actor clave más en la vida política.

Lo de Lula es un caso similar al de Milagro. Y la citación de Bonadío a Cristina en esta causa es de un nivel de ridiculez tan mayúscula, que muestra que ya no se trata de dar impunidad a los propios, sino de utilizar este Poder Judicial a los fines de dar una disputa política.

Lo que uno tiene que pensar es que quizás lo que están queriendo con Cristina es llegar a una condena de cualquier forma, porque dentro de las posibilidades de una condena están las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

Cambio: Teniendo en cuenta tu experiencia como responsable del programa Verdad y Justicia, donde viviste directamente el desmantelamiento por parte del gobierno, ¿cuál es tu punto de vista sobre la continuidad de los juicios a los genocidas, que Macri en el Congreso dijo respaldar?

EGA: Para que un juicio funcione y las investigaciones avancen se necesita de una serie de dispositivos que, en general, están vinculados a las políticas públicas. Hay que pensar que para que el juicio funcione hay que acompañar a las víctimas, en términos psicológicos, hay que proteger a muchos testigos, se requiere muchísima información que está en manos del Estado. Para todo esto, durante estos últimos diez años se crearon un montón de dependencias en el ámbito del Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Justicia, en la Comisión Nacional de Valores, en el Banco Central. La política de desmantelamiento de todas estas dependencias fue brutal.

No es necesario que salgan a decir “los juicios se van a terminar”, porque eso tiene un costo altísimo, porque no lo podrían hacer y porque encuentran otros métodos muchos más sutiles, como desmantelar aquellas dependencias que acompañan los juicios, reflotar la teoría de “los dos demonios”, instalar la idea de que los genocidas necesariamente tienen que ir a prisión domiciliaria, con un poder judicial conservador alineándose al poder político.

Igualmente, hay 770 condenas y más de 900 personas procesadas. El 28 de marzo pasado se dictó la sentencia contra Marcos Levin, que es el primer empresario responsable por los crímenes que tuvieron como víctimas a los trabajadores de su propia empresa. Eso es un hito histórico. Yo digo siempre esto: las madres y las abuelas en la época de la dictadura hicieron suya la Plaza de Mayo, en la época de la impunidad de los noventa nunca dejaron de pelear, cuando llegó un gobierno que hizo eco en las políticas públicas de una demanda que era de ellas, no se quedaron en su casa, siguieron trabajando. Sobre todo para los más jóvenes, frente a la idea de que esta coyuntura va a hacer que se desaceleren los juicios, hay que pensar que somos muchos los que vamos a seguir laburando para que esto no pase.

Por Colectivo Editorial.
Fotografía: Mariela Ventos.

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