Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias
Por Convocatoria - Thursday, Apr. 21, 2016 at 3:14 AM

Desde diciembre de 1983, más de 4.700 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal. De ese total, el 40% eran detenidos en cárceles y comisarías. Del total de personas muertas en situación de detención, la mitad estaba en comisarías. Del total de personas muertas en comisarías, la mitad NO estaba detenida por delitos, sino por averiguación de antecedentes, para identificar, por contravenciones o por razzias. LA MITAD DE LAS PERSONAS MUERTAS EN COMISARÍAS ERAN VÍCTIMAS DE UNA DETENCIÓN ARBITRARIA.

En abril de 1991, Walter David Bulacio, de 17 años, murió después de ser detenido por el solo hecho de ser menor de edad por la PFA. Desde entonces a hoy, alrededor de 500 chicos menores de 18 años murieron en comisarías en las que nunca debieron estar.

El 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Argentino terminar con el sistema de detenciones arbitrarias. HASTA HOY, ESA SENTENCIA SIGUE INCUMPLIDA, GOBIERNO TRAS GOBIERNO. Desde el 10 de diciembre de 2015 se ampliaron y profundizaron las facultades policiales para detener personas sin causa.

¡BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS!

El sistema de detenciones arbitrairas responde a la necesidad del estado de que su aparato represivo y, en especial la parte que constituye su "ejército de ocupación" a través del patrullaje urbano, cuente con herramientas eficaces que le permitan actuar descrecionalmente en el ejercicio del control social. Las faltas o contravenciones y la detención de pesonas para averiguar sus antecedentes, que también sirven para hacer "estadísticas" y para que las fuerzas de seguridad exhiban esos arrestos como efectivos resultados en el "combate al delito"; que dan oportunidad para la extorsión y la recaudación de dineros ilegales, y son la antesala de la tortura y la muerte en comisrías, tienen como único fundamento real la necidad institucional de ejercer el control social a través del aparto de seguirdad. (M.C.Verdú. Represión en Democracia. Ed. Herramienta. 2009)

En los primeros días de enero de 2016, un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires avaló con renovada legitimidad la facultad policial de detener personas para identificar. "Es legal que la policía para a cualquiera para pedirle documentos" fue la noticia que ocupó los titulares de los diarios y reactualizó un viejo debate.

Con ese fallo, que no casualmente se dictó en simultáneo con el anuncio de la fusión de parte de la Policía Federal con la Metropolitana, las fuerzas de seguirdad que actúan en la ciudad de Buenos Aires recibieron un nuevo y vigoroso respaldo de la cabeza del Poder Judicial porteño para detener a pesonas a puro olfato.

En todo el país existen, desde siempre, normas y prácticas no normadas que habilitan la detención de personas que no están acusadas de cometer un delilto ni son requeridas por un juez: la faculta para detener personas para "averiguar antecedentes" o "para identificar", las "faltas" o "contravenciones", las "razzias", las detenciones de menores de edad.

Las policías -y desde que participan del patrullaje urbano, también la prefectura y la gendarmería- pueden detener a cualquiera, por lapsos que varían de 10 a 24 horas, según la jurisdicción, con la excusa de "averiguar antecedentes" o "identificar". En todas las provincias y la CABA rigen los llamados "códigos de faltas" o "códigos contravencionales", que castigan como si fueran delito conductas que no lo son. El sistema se completa con las "razzias" (detenciones masivas), habituales en los barrios más vulnerables y en lugares de gran concentración de personas, como partidos de fútbol y recitales de música popular, y las distintas modalides de detenciones de chicos menores de 18 años por el solo hecho de serlo y estar en la calle.

Cuando un juez o un fiscal quieren ordenar la detención de alguien, deben tomarse el trabajo de fundamentar por escrito, al menos con cierta apariencia, las razones y prueban en las que se basan. Un policía, en cambio, no necesita otro argumento que su propia decisión. Una vez en la comisaría, él y sus superiores adecuarán la detención a lo que mejor cuadre según la situación. Para eso tienen a su disposición ese largo menú de opciones, desde la averiguación de antecedentes o las faltas y contravenciones hasta la imputación de algún delito como "atentado y resistencia a la autoridad" si el preso está muy golpeado. Pocos jueces cuestionarán la afirmación policial de que "fue necesario aplicar la fuerza mínima imprescindible para vencer la agresividad del caco", con lo que cortes y hematomas se convierten en simple secuela de la contumacia del isurrecto, y nunca son suficiente evidencia de torturas.

El sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por año y por distrito. Más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial son víctimas de alguna de estas herramientas para el control social. Dicho de otro modo, más de la mitad de los detenidos que hay en cualquier comisaría, no está allí por una acusación penal.

Estas detenciones se vinculan de manera directa con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en estado de prostitución, artistas callejeros y todos los que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todos saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la "cuota" a la comisaría, o ser hostigado sistemáticamente con la detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso) nunca falta alguna trompada que recuerde al infractor que mejor que denunciar es arreglar.

También hay esquemas más elaborados, como cuando la brigada "levanta" alguien bien vulnerable, por ejemplo con algún pasado de "conflicto con la ley" y, siempre después de un par de golpes que funcionan como "incentivo", le ordena que vuelva con una suma de dinero variable, bajo amenaza de armarle una causa. Le pasó a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permitió la detención de los policías de la comisaría 30 con las manos en la maza, pero también a Jorge "Chaco" González, que murió 14 días después por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisaría 5 de Fiorito. O aprovechan esas facultades de llevarse a alguien a la comisaría para "ablandarlo" y que se haga cargo de algún delito que los policías no tienen ganas de investigar. Así murió Sergio Durán, a los 17 años en la comisaría 1 de Morón, y desapareció Andrés Núñez en La Plata en 1990.

Porque el sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o "para identificar". Eran, según el eufemismo policial/judicial, "demorados" o "contraventores", no detenidos, arrestados o aprehendidos por orden judicial o delito flagrante.

Por eso, cuando denunciamos la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias no estamos simplemente defendiendo el derecho a caminar tranquilo por la calle. Es, sobre todo, la defensa de nuestra vida y la de nuestros pibes, que nos convoca a organizarnos cade vez más.

Por eso convocamos a todas las organizaciones, compañeros y compañeras que no quieren vivir en libertad vigilada, a construir una Campaña Nacional contra todas las formas de detenciones arbitrarias, que nos permita sumar fuerzas para romper con la naturalización de las prácticas represivas y para organizar la bronca y la resistencia.

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