Honduras: detienen a cuatro personas por el asesinato de Berta Cáceres
Por Notas - Wednesday, May. 04, 2016 at 9:42 AM

El lunes 2 de mayo, el Ministerio Público de Honduras informó sobre la detención de cuatro hombres, presuntamente involucrados en el asesinato a Berta Cáceres.

berta-caceres.jpg, image/jpeg, 750x402

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, los sospechosos son Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, quienes fueron detenidos tras distintos allanamientos en Tegucigalpa, La Ceiba, Trujillo y Colón.

Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, “la acción es promovida por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra testigo protegido”. El testigo protegido es el mexicano Gustavo Castro, colega de Cáceres quien se encontraba con ella al momento del asesinato. Por otro lado, Lenín González, vocero de las Fuerzas Armadas hondureñas, detalló que dos de los detenidos son militares, uno activo y el otro retirado.

Tras las detenciones, la familia de Berta y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), expresaron en un comunicado conjunto que continúan exigiendo la participación de una Comisión internacional que investigue en forma independiente el asesinato.

La declaración, firmada por Olivia, Berta, Laura y Salvador, hijas e hijo de Berta, su madre Austra Bertha Flores y el Copinh expresa que han excluido a los familiares del proceso de investigación desde sus inicios. Por esta razón, “no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles”, señalan. “Sin embargo, la noticia de la presunta participación de militares activos y retirados vinculados con la empresa DESA pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato, lo cual debe ser profundizado, y es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de manera inmediata y definitiva”.

“Lamentamos que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público no se han desarrollado con nuestra participación, ni se hayan escuchado nuestras voces”, continúa el texto, que afirma que son revictimizados al tener que enterarse de este tipo de noticias a través de los medios de comunicación “y no por los canales que nos corresponden por derecho”.

“La desconfianza que todavía mantenemos en el Ministerio Público ha sido fomentada por sus propias actuaciones poco transparentes y que nos ignoran como víctimas. Si el Estado realmente ha realizado una investigación exhaustiva, diligente, basados en pruebas científicas y respecto de todas las autorías (material e intelectual), hoy mismo debería aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a través de un grupo de personas expertas independientes se analicen las actuaciones hasta ahora realizadas y se establezca si las mismas son conformes con los mayores estándares internacionales de debida diligencia”, concluyen.

Un asesinato político, económico y social

Berta Cáceres era una líder de movimiento social en defensa de los bienes naturales y los derechos de las comunidades indígenas, especialmente del pueblo lenca. Era referente del Copinh, una de las organizaciones hondureñas más importantes en la denuncia a la acción de las empresas transnacionales.

En la noche del jueves 3 de marzo, un día antes de su cumpleaños número 45, fue asesinada en su residencia en La Esperanza, Intibucá, por encapuchados que ingresaron a la fuerza y le dispararon con armas de fuego.

En la vivienda de Cáceres también se encontraba Gustavo Castro, un sociólogo de 52 años que es coordinador de la organización Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México, compañero de Berta en la lucha por la defensa del medio ambiente y las comunidades indígenas que se estaba en Honduras colaborando con estas actividades.

Luego del asesinato, Castro fue retenido en Honduras hasta el 1 de abril por las autoridades policiales. Recientemente, aseveró que en Honduras hay un vacío constitucional para proteger los derechos humanos. “El gobierno quiso tenerme físicamente bajo su control. No tiene ley de víctimas. Tampoco hay reglamentos ni protocolos, ni presupuesto para los defensores de derechos humanos. No hay tampoco un reglamento para los testigos protegidos”, afirmó en una entrevista con teleSUR.

“Durante la última década han habido más de cien asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. Y todos estos conflictos también vinculan mucho al ejército, a la policía. Es parte de la realidad de Honduras. En este caso muy específico, ella decía que la culpable era la empresa. La empresa era la que tenía un enfrentamiento muy fuerte, muy directo con ella”, explicó Castro.

En abril de 2015, Berta fue reconocida internacionalmente con el premio Goldman, por su lucha contra proyectos extractivistas que afectan la vida de miles de campesinos y campesinas y comunidades indígenas que viven en las zonas aledañas a los ríos.

Con su lucha, Copinh logró frenar la construcción de una represa impulsada por la empresa estatal china Sinohydro, proyecto que también fue abandonado por la Corporación Financiera Internacional, institución perteneciente al Banco Mundial. Más recientemente, la organización denunció a la empresa DESA por el proyecto de Agua Zarca que se intenta llevar adelante -y que actualmente se encuentra frenado- sobre el río Gualcarque, en territorio del pueblo lenca.

En los últimos meses, Berta venía denunciando públicamente las reiteradas amenazas contra su vida y el asesinato de decenas de líderes indígenas hondureños. Estas amenazas se incrementaron en torno al conflicto con DESA. Durante febrero de 2016, los llamados de alerta incluyeron la difusión de las acciones llevadas conjuntamente por fuerzas policiales hondureñas y miembros de la seguridad privada de la empresa, entre las que se encuentran el desalojo de comunidades y el asesinato de cuatro líderes indígenas. Berta contaba con medidas cautelares de protección establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Trece días después de su muerte fue asesinado otro integrante del Copinh, Nelson García.

El 31 de marzo, el Ministerio Público de Honduras anunció en un comunicado de prensa que había incautado armas y documentos de la oficina de DESA y cuestionado a varios empleados.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan y Fernando Vicente Prieto – @FVicentePrieto

notas.org.ar/2016/05/03/honduras-detienen-cuatro-personas-asesinato-berta-cac...

agrega un comentario