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La ley Triaca: Promoción al despido del empleo antiguo
Por Néstor Pitrola -
Wednesday, May. 11, 2016 at 8:07 AM
10 de mayo de 2016 | Con la titulada “ley de promoción del primer empleo y de formalización del trabajo”, Jorge Triaca está haciendo honor a su prosapia, como hijo del primer ministro de trabajo de Menem. Y, desde luego, también está haciendo honor a la orientación del gobierno Macri, centrado en descargar la bancarrota nacional sobre las espaldas de los trabajadores, junto a los gobernadores y la totalidad de la clase capitalista.
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La ley se pretende a sí misma como un instrumento para combatir la desocupación juvenil y el trabajo en negro, que, según sus fundamentos, “alcanza al 40%, llegando en algunas provincias al 50%, números más preocupantes aún en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años”.
Para combatir semejante flagelo, propone un régimen de amnistía de evasiones, multas y deudas con todo el sistema de seguridad social por parte de las patronales. La norma confluye con el régimen de “primer empleo”, que a su vez propone sensibles rebajas de aportes patronales a los amnistiados. Es decir, es un sistema de premios a los evasores y “negreros” para que dejen de serlo.
Pero más allá de la repugnancia que produce semejante premio, el 22 de mayo de 2014, a iniciativa de Cristina Kirchner, se votó una ley de rebajas de este tipo en las empresas de hasta 80 trabajadores (Triaca extiende esto hasta los 200). El propio Triaca marca que esa ley ha fracasado en toda la línea, puesto que en aquel entonces el trabajo en negro estaba en un 34,6% según las mediciones oficiales, y hoy, dos años después, trepó al 40%. Claro, aquella ley tuvo el voto macrista, de renovadores y “progresistas”. Sólo el Partido Obrero la rechazó mediante un dictamen de minoría que es una ley integral de blanqueo real, por la cual todo trabajador que notifique su situación al Estado y a la patronal, será blanqueado y gozará de estabilidad laboral por cinco años. Algo que incluimos en nuestro proyecto actual de prohibición de despidos, bajo la forma de la reincorporación y blanqueo del trabajador en negro que sea despedido. Nuestro proyecto de ley de blanqueo parte de un principio de movilización de los afectados, brindándoles garantías ante el despido, contra el régimen de inspectores, absolutamente impotente y escaso, cuando no cómplice.
La disposición de “blanqueo” confluye con la del subsidio a las Pymes por empleo joven de primera vez o jóvenes que hubieran trabajado con no más de 36 meses de aportes. Las exenciones pueden alcanzar hasta el 100% de los compromisos previsionales a determinar en la reglamentación por el Poder Ejecutivo, de manera que se legisla un cheque en blanco. También se establece otro incentivo de hasta el 8% de la masa salarial bruta que provendrá de rentas generales.
Semejante subsidio es, desde luego, un poderoso impulso al despido de los más antiguos, con mejores salarios y condiciones laborales, con antigüedad, categorización y distintos derechos adquiridos. Aunque la ley proponga que se aplica sólo al aumento de la plantilla de “contratos por tiempo indeterminado del último trimestre de 2015”, nada impide el reemplazo de trabajadores que son eyectados por retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas, cortes de contratos y aún despidos que nadie controla, de no mediar una organización obrera en el lugar.
Con estas ventajas, las empresas financian los retiros de los antiguos con las exenciones de los nuevos. Es la gratuidad patronal de una rotación a la baja.
Semejante subsidio a las Pymes alimenta otro fenómeno de la flexbilización laboral: las tercerizadas. Las grandes empresas, no comprendidas en el subsidio, acentuarán el método de la tercerización para bajar costos laborales, romper la unidad obrera de convenio y precarizar la mano de obra haciendo más fácil el despido. Muchas de las tercerizadas son testaferras o satélites de las principales.
La ley indica que “el Poder Ejecutivo adoptará los recaudos para no desfinanciar el sistema de seguridad social”. Una mera exhortación. Se trata de miles de millones que no están financiados por impuesto sustituto alguno y que inexorablemente desfinanciarán al Anses. Es decir que es un subsidio de los trabajadores al capital y, en el mejor de los casos (que el Tesoro financie al Anses), será un costo a cargo de los contribuyentes.
En resumen, la ley Triaca es una nueva transferencia de los trabajadores a los capitalistas con un objetivo estratégico, de fondo, el de una mayor flexibilización laboral. Debemos rechazarla de plano y rechazar cualquier incorporación a las leyes de prohibición de despidos de normas en este sentido, lo que las transforma de ley antidespidos en leyes pro-despidos.
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