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Intento de impunidad encubierta (y descubierta)
Por Red Eco Alternativo - Friday, May. 13, 2016 at 11:48 AM

Jueves 12 de Mayo de 2016 | Mientras los juicios por crímenes de lesa humanidad continúan desarrollándose en distintos puntos del país, a veces con dificultades, otras con absoluciones, pero siempre con la fuerza y empuje de sobrevivientes y organismos detrás; el bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados intentó agregar al proyecto de ley del arrepentido la figura de los genocidas para que puedan reducir sus penas o directamente ser eximidos a cambio de información. La idea fue ampliamente rechazada por organizaciones de Derechos Humanos y el oficialismo se vio obligado, al menos por ahora, a dar marcha atrás.

Intento de impunidad...
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(Red Eco) Argentina – La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación tiene entre los proyectos a debatir el que refiere a la figura del arrepentido, presentado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos días se registraron modificaciones en su redacción original, ya que se agregó que la iniciativa también contemple los delitos previstos en la Ley 24.584 de Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. De esta manera, se intentó habilitar a los represores a ser beneficiados con reducción de penas o directamente su eximición si aportaban información; lo que para los organismos implicaba un acto de impunidad encubierta.

Así fue como desde distintas organizaciones de derechos humanos hicieron llegar cartas y notas repudiando estos agregados del bloque oficialista de Cambiemos.

“Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la Verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron. Muy por el contrario, las maniobras dilatorias y la voluntad de continuar ocultando sus crímenes han sido una constante”, expresaron HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Córdoba y Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba a través de un comunicado.

“Nos preocupa muchísimo –agregaron– que además se pretenda evitar el conocimiento público sobre las modificaciones propuestas, incluyéndolas a último momento y sin previa consulta a ningún organismo. La figura del arrepentido habilita, a criterio del juez, no sólo la reducción sino también la exención de la pena, tanto para condenados como para procesados. Además éste dictamen pretende, mediante la modificación de la denominada ‘Ley Antiterrorista’ Nº 25.241, la asimilación de actos de terrorismo contra el Estado, con los cometidos desde el Estado. En su oportunidad, esta ley fue considerada por amplios sectores de la sociedad argentina, como violatoria de los Derechos Humanos. Ahora, se pretende introducir una nueva vulneración: la impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad”.

En el mismo sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió: “cualquier medida o herramienta jurídica que tenga implicancias sobre el juzgamiento y las consecuencias de los crímenes del Terrorismo de Estado merece un amplio debate que involucre a las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad entera”. Hecho que no ocurrió antes de la inclusión de estas modificaciones en el proyecto de ley original.

“En mi triple carácter de víctima, querellante y dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre expreso mi más rotundo rechazo a este intento de impunidad y reclamo un debate público con la presencia de todos los organismos de derechos humanos y querellantes, verdaderos artífices, junto a los testigos sobrevivientes, del proceso de memoria verdad y justicia que estos engendros pretenden agraviar”, expresó José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en una carta enviada al diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto. En la misiva, Schulman explicó además que no se necesita de “ningún supuesto arrepentido porque 40 años después su testimonio no puede impedir ningún delito (supuesto justificativo ético del canje de información por impunidad)”.

La cantidad de cartas y escritos enviados a la Comisión de Legislación Penal llevaron a que su presidenta, la radical María Gabriela Burgos, se comprometiera a no incluir a los represores en el proyecto. De todos modos, los organismos se mantienen en alerta.

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