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Panamá: Indígenas desalojados por defender sus territorios de megaproyecto hidroeléctrico
Por Alianza Mesoamericana - Saturday, May. 28, 2016 at 11:09 AM

24/05/2016.- El día de ayer al menos 35 indígenas representantes de las comarcas ngobe buglé fueron detenidos y desalojados de las inmediaciones del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en el cual mantenían un campamento de protesta por la afectación que este proyecto hará en sus territorios y los ecosistemas circundantes.

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Panamá: Indígenas de...
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La Central Hidroeléctrica Barro Blanco es un megaproyecto que inició desde 2008 en la provincia occidental de Chiriquí, y a partir de hoy se harán pruebas de llenado de la presa que anegarán varias zonas aledañas; es por ello y por otras razones ambientales que líderes indígenas ngobe buglé se oponen a estas pruebas y al proyecto en general.



Estos territorios son considerados sagrados por estas comunidades y además, pese a haber entablado mesas de negociación con representantes del gobierno y del proyecto hidroeléctrico, las poblaciones indígenas afirman que no se llegaron a acuerdos para realizar las inundaciones que ahora afectan sus territorios.

Roberto Meana, administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Público (ASEP), explicó al diario La Estrella de Panamá que ‘no se inundan comunidades en el nivel máximo de operación’. La versión de la ASEP contrasta con las denuncias de caciques y grupos indígenas, que afirman que se afectarán directamente las comunidades de Quebrada Caña, Nuevo Palomar, la Comunidad Cultural Kiad, Labramona y Calabacito, del distrito Müna, región Kodrí.

El Movimiento 10 de Abril (M-10), opuesto a la hidroeléctrica, denunció en horas de la tarde de ayer lunes 23 de mayo, la detención de más de 30 indígenas que acampaban en las afueras de Barro Blanco por considerar que las pruebas de inundación que se iniciaron hoy y seguirán hasta el 3 de agosto “violan los acuerdos que en su momento se consensuaron con el Gobierno” y además porque Los ranchos donde ellos estaban ubicados en Barro Blanco fueron tumbados con retroexcavadoras. Estos líderes solicitaron al gobierno la liberación de todas las personas y firmaron una nota donde responsabilizan a la ASEP por no consensuar sus decisiones en la comarca.

Ricardo Miranda, directivo del M-10, comentó que iniciaron una serie de acciones que tienen como objeto presentar recursos legales contra los acuerdos firmados por las autoridades comarcales que han quedado en la ilegalidad con la derogación del Decreto Ejecutivo 537, que permitió la escogencia de estas autoridades indígenas.

Según Miranda, los diversos frentes y organizaciones indígenas en Chiriquí, Bocas el Toro y la Comarca Ngabe Bugle, que han estado rechazando el proyecto Barro Blanco, están en estado de alerta, para apoyar las acciones judiciales y de protesta social, que ellos no descartan. En las riberas del Tabasará quedan cerca de un centenar de indígenas de la Congregación Mama Tadda, que han expresado su determinación de no salir de la zona, por considerar el río sagrado y en defensa de las tierras colectivas que serían inundadas.

Estos líderes indígenas a la vez denunciaron lo que llaman la ‘compra de conciencia’ de varias comunidades como Gualaquita, Cerro Viejo y áreas aledañas con la entrega de colchones y alimentos, para evitar que estos pobladores se unan a las manifestaciones que han habito en contra el proyecto.

Por su parte la dirigente de la iglesia Mama Tatda, Clementina Pérez, y representante de las poblaciones indígenas subrayó que no llegaron a ningún tipo de acuerdo en una reunión que sostuvieron ayer con los ministros de Gobierno, Milton Henríquez, y el de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, “nos quedaremos aquí, pese a que fuimos notificados de que debíamos salir”, acotó. A la vez, reiteró que se mantienen en su postura de que el proyecto sea cancelado de forma definitiva.

La central hidroeléctrica Barro Blanco es propiedad de la empresa Generadora del Istmo, S. A., de capital hondureño, y se ubica en el distrito de Tolé, sobre el río Tabasará. El gobierno panameño suspendió las obras de Barro Blanco el año pasado y multó a a la compañía por violaciones a la ley ambiental, mientras aún mantiene una mesa de diálogo con los indígenas y el apoyo de la ONU para resolver sus peticiones, aunque ha advertido que la presa, que tiene un 96 % de avance, no se demolerá.

“Hay que entender que ese es un proyecto que venía de otros gobiernos y que estaba en un 95% terminado y nos tocó a nosotros usar el diálogo para la culminación y la incorporación de esa energía a la red del país”, dijo recientemente el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y reconoce “Siento que el proyecto no nació bien” porque faltó “mucha más consulta con las comunidades”, pero “tenemos que hacer respetar la seguridad jurídica del país”, añadió Varela.

El día de hoy se realizó una conferencia de prensa desde la Universidad de Panamá donde representantes indígenas expusieron sobre el conflicto y las acciones siguientes que han decidido realizar para defender sus derechos.

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