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Ecuador: cuatro años de prisión para 2 de los 10 del Pueblo Kichwa Saraguro
Por La Hora de Ecuador - Wednesday, Jun. 01, 2016 at 4:41 PM

31/05/2016.- Agotarán instancias legales. Los otros ocho fueron declarados inocentes.

Ecuador: cuatro años...
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Juicio. Los 10 de Saraguro encadenaron sus manos en conjunto.

A las 17:00 de ayer, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte de Justicia de Loja expresó el veredicto con el cual condena a cuatro años de cárcel a Servio Amable Angamarca y a María Luisa Lozano, como presuntos autores del delito de paralización de un servicio público: un tramo de la vía Saraguro-Loja, el lunes 17 de mayo de 2015. La misma resolución exculpa a ocho procesados. (Ver recuadro)

Los condenados pueden apelar la sentencia y, de hecho, han adelantado que lo harán y agotarán todas las instancias legales nacionales.

Sobre los absueltos, el Tribunal cree que no existen pruebas que les responsabilicen de haber cometido ese delito que la Fiscalía de Loja, con sede en el cantón Saraguro, imputó.

Ángel Cartuche Cartuche, abogado de la defensa de los 10 procesados, reaccionó diciendo que Angamarca y Lozano pedirán la suspensión de la pena y de esa manera seguirán presentando los recursos necesarios dentro del proceso en el cual nunca se demostró, según él, que ellos atentaron contra la estructura del Estado.

“Lo que hemos demostrado es que el pueblo Saraguro ejerció su legítimo derecho a la resistencia en estas dos semanas de debate que duró el proceso”, dice Cartuche Cartuche al tiempo de manifestar que con el veredicto de los ocho que saldrán libres se ha conseguido la primera victoria y resta la defensa al segundo grupo de 12 de Saraguro.

Los 10 se encadenaron

A las 12:00, de ayer, los 10 de Saraguro salieron de las instalaciones del Tribunal. Ellos se envolvieron las muñecas con una cadena de hierro “como un simbolismo” de que la justicia común los condenó por un delito que expresaban a los cuatro vientos que “nunca lo cometieron”.

Julio L. M., uno de los sentenciados, agradeció a las organizaciones sociales de Loja y Saraguro que los han apoyado durante el proceso. Dijo que la lucha va a continuar y que no se amilanarán porque “la resistencia es un derecho que constitucionalmente les asiste a los ecuatorianos”. (WSV)


Condenados

Servio Amable Angamarca
María Luisa Lozano

Inocentes

Atahualpa Yupanky Macas
Julio Aurelio Sarango
Julio Aurelio Lima
Asunción Zhunaula
Ángel Polivio Medina
Karina Fernanda Monteros
Delfín Reinaldo Japón
José Manuel Cartuche

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Los de Saraguro dicen que su lucha no se detendrá
Por La Hora de Ecuador - Wednesday, Jun. 01, 2016 at 4:42 PM

Miércoles, 1 de Junio de 2016

Dictamen indigna a equipo de abogados y preparan acciones para apelar sentencia.

La declaratoria de inocencia de 8 y la condena de 2 de los 10 de Saraguro, que libraron un juicio de cerca de tres meses por la supuesta paralización de un servicio público: la vía Saraguro-Loja el lunes 17 de agosto de 2015, indigna a la comunidad de ese cantón y los dirigentes señalan que su lucha continuará.

El dictamen del Tribunal de Garantías Penales de la Corte de Justicia de Loja no satisface al equipo de abogados de los 10 de Saraguro y una de ellas, Ana Lucía Namicela Guaya, dice que apelará el dictamen -que ella califica de injusto- porque durante el proceso los juristas probaron la inocencia de sus defendidos.


‘No hubo suficiente prueba’

Una de las procesadas que defendía la abogada Namicela Guaya y fue sentenciada a cuatro años de cárcel es María Luisa Lozano y dice que a los 10 enjuiciados se los acusó por el mismo delito y las pruebas con las cuales la Fiscalía de Loja, con sede en el cantón Saraguro, los acusó son similares.

“Evidenciamos que no hubo pruebas suficientes para condenarlos a cuatro años. El Tribunal aduce, tan general, que encontraron pruebas suficientes, pero en ellas se evidencia el mal trato de que fueron víctimas no solo mi defendida y los otros sino un sinnúmero de integrantes del pueblo Saraguro”, dice la abogada.


Derecho a la protesta

La abogada defensora rechaza la sentencia porque, según ella, demuestra que se ha criminalizado el derecho a la protesta, que no solamente lo tiene la comunidad indígena sino todos los ecuatorianos.

“A las claras evidenciamos que se pretende criminalizar la protesta. Es verdad que el lunes 17 de agosto hubo manifestaciones. Eso no lo vamos a negar. (…) Las acciones no se dieron solo en Saraguro sino en todo el país, mas ese día se violaron los Derechos Humanos del pueblo Saraguro”, precisa la abogada. (WSV)

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El Defensor Público General preocupado por la desproporcionalidad de las penas
Por Defensoría - Wednesday, Jun. 01, 2016 at 4:44 PM

El Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño Granizo, expresó su preocupación por las penas desproporcionadas que se están registrando en el país. Manifestó que el Estado Constitucional de derechos y justicia no es una simple promesa o retórica normativa: las penas impuestas a Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca del Pueblo Saraguro son preocupantes. Se reafirma la tesis de que América Latina es el continente más desigual del planeta, porque además de la pobreza la ley penal recae con mayor fuerza sobre los más débiles. En el citado caso, la administración de justicia no acogió el estándar constitucional que dice que todos somos iguales ante la ley, toda vez que en casos muy graves y de notoriedad pública las penas han sido “suaves”, a saber: un año por lavado de activos en el caso FIFA-Gate; ocho meses en el caso de venta de pases en la Policía; tres meses en el caso de un exministro procesado por peculado; tres años por una estafa masiva a centenares de personas en planes de vivienda, entre otros. Se trata de millones de dólares en perjuicio no solo al erario nacional sino a las economías de centenas de familias.

El caso de los procesados del Pueblo Saraguro es desigual, pues no se trata de defender la impunidad en la persecución de los delitos, sino de exigir proporcionalidad en las penas, tal como sabiamente nos han trasmitido a manera de refrán, que con la misma vara de la justicia se mida a todos. No es coherente que las personas más débiles (no banqueros, no exministros, no empresarios, no directivos del fútbol) sean más propensas de recibir el servicio público de la cárcel. Las estadísticas de la prisión están llenas de infractores menores en delitos contra la propiedad y en delitos relacionados con las drogas. La cárcel no es un lugar que se caracteriza por encerrar a los poderosos infractores de la ley.

Parte de observar el fenómeno de la criminalización de la pobreza son las sentencias desproporcionadas, imponiendo centralmente el castigo hacia los más débiles y de forma periférica o marginal a los delincuentes de cuello blanco. De ahí que es indispensable preparar el terreno jurídico para concretar un importante imperativo ético: proponer al país entero la resolución pacífica de los conflictos que pueden agudizar aún más las contradicciones sociales, fortaleciendo la reconciliación y la justicia social. Por ahora, cabría la urgente amnistía para todas las lideresas y líderes comunitarios y sociales del Ecuador, más que por un debate político por la recuperación del equilibrio en la justicia.

Quito, 31 de mayo de 2016
B120-2016

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