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Interrumpen el embarazo de una niña wichí víctima de una violación colectiva en Salta
Por Sofía Benavides - infobae -
Friday, Jun. 03, 2016 at 12:21 PM
Viernes 03 de junio 2016 | La menor es discapacitada y fue atacada por un grupo de hombres en tierras ancestrales de las comunidades Lhaka Honhat. No le practicaron anticoncepción de emergencia, quedó embarazada y el feto es anencefálico.
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No habla español. Nunca fue a la escuela. Vive junto a su familia wichí –madre, padre y nueve hermanos- en Alto de la Sierra, una localidad del norte de Salta que limita con Bolivia y Paraguay. Como otros dos de sus hermanos, sufre una discapacidad mental de la que no se tienen muchas precisiones, salvo que le genera convulsiones. En noviembre, con 12 años de edad, fue víctima de una violación colectiva por parte de ocho hombres ajenos a su comunidad indígena.
La niña –de la que se prefiere preservar su identidad- está internada en el Hospital Público Materno Infantil de la capital provincial a la espera de que este viernes le practiquen una intervención para interrumpir su embarazo de seis meses. El mes pasado, cuando le hicieron la primera ecografía descubrieron que el feto era anencefálico y que no había posibilidades de sobrevida.
El delegado provincial del Inadi y ex Defensor del Pueblo, Álvaro Ulloa, habló con Infobae después de visitarla en el hospital donde está internada. "La denuncia que voy a presentar apunta a que se trató de una discriminación sistémica. No es que 'alguien' se equivocó. No hubo un error de un médico, o un error de un Ministerio. Hubo una política estatal que generó esta situación".
"Nunca fue al colegio, tampoco su madre. Viven a 70 kilómetros de Santa Victoria Oeste, que es el municipio de referencia. No tienen cloacas, ni agua potable. Es un lugar tremendamente pobre, con muy pocos puestos de trabajo y mucha asistencia social", relató Ulloa.
Después de conversar durante varios días con Francisca, la madre de la niña, el delegado del Inadi constató que la menor no recibía –a diferencia de sus otros dos hermanos- ningún tipo de pensión por discapacidad. Tampoco cobraba la Asignación Universal por Hijo, según Francisca, porque nadie de la Anses se acercó a su vivienda. En ese cuadro, después de hacer la denuncia en la policía y de que fuera enviada al hospital para una revisión médica, la niña y su familia no presentaron ninguna petición para que reciba anticoncepción de emergencia o que acceda al derecho al aborto no punible contemplado en el artículo 86 del Código Penal.
Esta práctica, aunque está mediada por un protocolo que en Salta es uno de los más obstaculizadores del país, contempla el derecho de las mujeres a acceder a un aborto cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, en caso de violaciones, o cuando la mujer "es idiota o demente".
"Los padres denuncian la violación, pero nunca más nadie se acercó. No tuvo ni tiene abogados, no accedió a la pastilla del día después, no la informaron sobre su derecho al aborto no punible, no le hicieron una cámara Gessel porque no había ningún traductor de wichí en toda la provincia... La salud pública no existió y el Estado tampoco", explicó la abogada Mónica Menini, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Menini hizo una petición para poder representar a la menor, pero para lograr el poder necesita que el cacique de la comunidad dé su permiso. Quieren pedir el resarcimiento por el daño que sufrió: "El Estado debería haber actuado y no actuó, y ahora tiene que haber una reparación económica", dijo a Infobae.
Además, según ella, la intervención a la que deberá someterse ahora puede conllevar algún riesgo para la menor por tratarse de un embarazo avanzado, y porque padece una afección pulmonar, además de que podría estar desnutrida.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) presentaron el jueves una carta a las máximas autoridades del país en materia de Derechos Humanos, asuntos indígenas, y derechos de las mujeres para que intervengan en el caso.
Además de denunciar un desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, violencia de género, acceso al aborto y una total negación de justicia, el escrito presentado apunta al hecho de que el ataque ocurrió dentro del territorio ancestral de una comunidad indígena, por parte de un grupo de hombres ajenos a la misma.
"Desde hace varias décadas, Lhaka Honhat lucha para que se reconozca plenamente la propiedad comunitaria de las comunidades, situación que ha motivado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya en 1998. Actualmente, las comunidades (...) continúan a la espera de recuperar definitivamente la totalidad de su territorio ancestral, lo que incluye el traslado de las familias criollas a otros territorios designados para tal efecto", dice la carta.
La intervención a la menor, que se espera que sea una cesárea para reducir al mínimo los riesgos para su vida, coincide con el primer aniversario de la gigantesca movilización conocida como #NiUnaMenos que reclamó en todo el país contra la violencia de género, y que vuelve a poner el tema en agenda para que se terminen los abusos como el que sufrió la niña wichí.
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Alto de la Sierra
Por Sofía Benavides - infobae -
Friday, Jun. 03, 2016 at 12:21 PM
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Alto de la Sierra
Por Sofía Benavides - infobae -
Friday, Jun. 03, 2016 at 12:21 PM
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Alto de la Sierra
Por Sofía Benavides - infobae -
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“No tenemos obligación de atender a la menor violada…”
Por Fuente: Salta Entre Líneas -
Friday, Jun. 03, 2016 at 12:22 PM
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Entre las diversas irregularidades por el caso de la niña wichí violada y embarazada destacaron que no había un traductor wichí en la investigación. Desde la Defensoría General de la provincia desestimaron esa denuncia.
“No me consta que no haya habido un traductor en la investigación, pero me llama la atención y miro con total escepticismo esa denuncia, porque nosotros siempre trabajamos con traductores”, manifestó la titular de ese organismo, María Inés Diez.
Además, la funcionaria justificó que la Defensoría de Tartagal no atendió a la familia de la menor porque “el caso no estaba judicializado”.
La aclaración
Ante la misma consulta en otro medio de comunicación, María Inés Diez ratificó que sí se dispuso de un traductor, pero que solo fue utilizado para la defensa de uno de los menores acusados de la violación. “La Defensoría puso un traductor que se llama John Palmer para tomar declaración a uno de los acusados, es lo que indica la Constitución”, dijo.
Entonces, ¿cómo se entiende que la víctima no pudiese declarar?
“No tenemos obligación de atender a la menor violada, esto es a requerimiento y nunca llegó a la Defensoría de Violencia porque esta – cuando el hecho ocurrió – no funcionaba en Tartagal todavía, comenzó a funcionar recién en febrero”, concluyó Diez.
“No podemos escudarnos, hay una estructura bilingüe instalada en función de la existencia de las comunidades originarias”
La abogada Verónica Huber, quien representa a comunidades originarias, dio precisiones respecto al procedimiento judicial que debe seguirse en casos como el de la niña wichí del paraje Alto La Sierra, departamento Rivadavia, que fue violada y cursa un embarazo de riesgo de seis meses.
Explicó que al haber un menor involucrado los primeros representantes legales son los padres, con lo cual, en el caso de no estar involucrados en la situación, son quienes deben realizar la denuncia correspondiente. “Suponemos que por ser personas en situación de vulnerabilidad, reconocidas así en distintos tratados internacionales, hay situaciones de control que exceden el ámbito familiar, como lo es la escuela o algún Centro de Salud”, observó y consideró que es desde allí desde donde se deben tomar acciones al advertir la situación. “Aquellos que son funcionarios públicos tienen la obligación de poner en conocimiento a las autoridades correspondientes en el caso de conocer un delito. Si los padres no están denunciando, mínimamente algún tipo de intervención tiene que haber para controlar que los derechos de la niña estén siendo debidamente cautelados”, enfatizó.
Por otra parte, Huber cuestionó los dichos de la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, respecto a la falta de traductores y dijo: “No podemos escudarnos, se supone que hay una estructura bilingüe instalada en función de la existencia de las comunidades originarias”. Además resaltó que se debe trabajar con antropólogos y contó: “Hay fallos que establecen que los efectores judiciales no son los más adecuados para tratar en estas circunstancias porque hasta existe falta de empatía”.
La abogada explicó que los tratados de derechos humanos a los que ha suscripto la Argentina son leyes de rango constitucional, en este caso lo referido a los pueblos originarios, particularmente a las mujeres originarias. “Los poderes judiciales tienen que generar las condiciones para que estas personas tengan un acceso real y efectivo a la justicia. Los poderes públicos no pueden hacerse los tontos ni los distraídos”, aseveró y sostuvo que el diputado Ramón Villa no debería sólo haber advertido respecto a la situación a la ministra Calletti, sino que debería haber denunciado el caso él mismo.
Fuente: “Algo personal” FM Noticias 88.1 Mhz.
www.saltaentrelineas.com/no-tenemos-obligacion-de-atender-a-la-menor-violada/