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“Si hacemos pruebas de embarazo por cada violación no terminamos más”
Por El Acople Informativo -
Tuesday, Jun. 07, 2016 at 7:47 AM
Salta, 06/06/2016.- Fue lo que dijo el fiscal Armando Cazón ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, según indicó el legislador del Partido Obrero Arturo Borelli, quien afirmó que “el Estado ha permitido todo tipo de maniobras y omisiones en el caso, favoreciendo así la impunidad y el perjuicio de las víctimas”.
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En este sentido, Borelli dijo que para empezar, la niña no recibió en el hospital ningún tratamiento antiséptico, no contó con la revisión de médicos legistas y no se le hicieron en ningún momento las pruebas de embarazo.
“Este recién se confirma a fines de marzo, a instancias de su madre, quien pide pruebas al notar que el vientre de la niña crecía”, indicó Borelli.
Además, el diputado recordó que antes de eso, ni jueces, fiscales o funcionarios se preocuparon por el tema, lo que quedó plasmado en la respuesta que el fiscal Armando Cazón dio a la Comisión.
“Si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más, además no es común que la víctima quede embarazada”, dijo el fiscal, según Borelli y argumentó que los profesionales que originalmente diagnosticaron violación, el médico boliviano Mamani y el bioquímico Bustamante, denuncian que tomaron la decisión de hacerlo público producto de su hartazgo ante el accionar de la Justicia, la que jamás envía un médico legista a constatar casos de violencia o violación.
Según Borelli, Mamaní manifestó que el médico legal (que actuó cinco días después del hecho) le pidió que “le enviara por whatsapp las fotos de la vagina de la niña para emitir un dictamen”. Mamaní se negó, hizo el dictamen él y ahora “está ridículamente imputado por falsificación de título, cuando en realidad ejerce como médico en un hospital de Salta, autorizado por el Ministerio de Salud”, criticó Borelli.
La denuncia hacia el médico boliviano reúne las características de una represalia de la Justicia hacia él por haber dejado en evidencia una inacción sistemática, dijo el diputado.
En esta línea de impunidad y encubrimiento se puede leer la libertad a los detenidos, la que se da justo cuando se conoce el embarazo de la niña. La investigación toma ribetes aún más escandalosos pues el fiscal y el juez dictan la libertad en el entendimiento que “no hay peligro de fuga” (viven a 10 Km de la frontera) y porque no hay pruebas contundentes, hasta que se realice el estudio de ADN, de que los implicados sean los culpables.
Pero es claro que el ADN sólo determinará la paternidad de un responsable, y que lo necesario es el testimonio de los testigos. Sin embargo, esto no se produjo porque la Justicia no se preocupó en generar un dispositivo de asistencia y seguridad a las niñas que presenciaron el hecho, las que viven amenazadas y se negaron siquiera a hacerse presentes ante la visita de los diputados.
“La comunidad de Alto La Sierra ha sido sacudida por este hecho; por su gravedad intrínseca, por el accionar de la Justicia, por el abandono del Estado en materia salud, seguridad, etc. A la llegada de los diputados a la zona las denuncias de atropellos se hicieron sentir. Una Asamblea de 150 personas reclamó Justicia por la niña violada y por todos los casos de impunidad garantizados por el Estado”, finalizó Borelli.
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