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Devastador informe social de una junta interna de ATE
Por El Trabajador del Estado -
Friday, Jun. 24, 2016 at 9:39 AM
23 / 6 / 2016 | Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad autónoma organizados en la junta interna de Promoción Social elaboraron un documento sobre las políticas del Programa Buenos Aires Presente y de las direcciones de Mujer, Adicciones, Niñez y Adolescencia. “Declaramos el estado de emergencia de las políticas públicas y en la situación laboral a nivel ministerial”, manifiestan.
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“Entendemos
que este escenario es consecuencia de un deterioro sistemático que, en nombre
de la eficacia y la eficiencia, desgastó, recortó, tercerizó y fragmentó las
políticas sociales en la ciudad. La gestión del Pro, en los últimos ocho años,
desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador y garante de derechos
para la población más vulnerable. Se deterioraron, así, el carácter público de
las políticas sociales y, también, las condiciones laborales de sus
trabajadores”, comienza el informe.
El
análisis pormenorizado de los trabajadores del Estado atraviesa diversas
aristas. Entre ellas, la situación de los hogares convivenciales donde se
albergan menores apartados de su grupo familiar temporal o definitivamente, por
orden de la Justicia.
“En
estos dispositivos, donde debieran vivir un máximo de 30 bebés, niños o
adolescentes según las leyes vigentes, se hacinan hasta 50 chicos. Los edificios
están derruidos y con goteras, y sistemáticamente hay plagas de roedores y
cucarachas”, precisa la junta interna.
Además,
señala que “por momentos” tres operadores sociales deben hacerse cargo de la
crianza y cuidado de todos los niños. Y que hay faltante de pañales,
medicamentos y alimentos.
Tan
alarmante resulta la falta de vacantes en estos refugios y hogares que protegen
a niños y adolescentes en situación de explotación sexual, mujeres víctimas de
violencia de género y población en situación de calle.
“Para
los chicos explotados sexualmente, ingresar a dispositivos convivenciales
implica la posibilidad de acceder no sólo a espacios de cuidado y contención,
sino también a recursos materiales básicos, como alimentos y vestimenta. La
falta de vacantes en dichos espacios provoca que los niños y jóvenes tengan que
recurrir a quienes son sus explotadores, al encontrar pocas respuestas desde
las políticas públicas”, subrayan los trabajadores.
“Para
las mujeres víctimas de violencia, el ingreso a hogares o refugios constituye
un recurso fundamental para acceder a condiciones mínimas de seguridad y,
también, para romper con la dependencia material, que impide el desarrollo de
un proyecto de vida libre de violencia”, acotan también.
Las
17 mil personas en situación de calle (número estimado por organizaciones
especializadas) superan ampliamente las vacantes disponibles en paradores que
sólo funcionan de 17 a 8. El único subsidio habitacional que ofrece el gobierno
de la ciudad en la actualidad, para familias, es de $1800 mensuales, por no más
de diez meses. El monto es ampliamente superado por el valor de una habitación
para tres personas en un hotel familiar de $4000 mensuales.
Atención fragmentada
A
pesar de estar recomendada en los marcos normativos que rigen al ministerio, la
atención integral no se lleva a la práctica. “Son varias las políticas que
abordan la misma población y/o la misma problemática sin ningún tipo de
vinculación; asimismo, se fragmenta a las personas según el aspecto de abordaje
de cada política, interviniendo varios equipos en forma disgregada.
Fragmentadas y desarticuladas, estas intervenciones producen efectos de revictimización,
dado que las personas con las que trabajamos deben exponer sus historias en
reiteradas oportunidades, a la espera de una atención de las demandas que, en
muchos casos, jamás serán abordadas en la forma que corresponde”, sentencia el
documento.
Los
trabajadores denuncian que se atienden aspectos urgentes, postergando los
acompañamientos con continuidad en el tiempo. El cuadro se agudiza con la
ausencia de proyectos institucionales y protocolos de intervención en muchos
efectores. En consecuencia, “cada trabajador despliega su quehacer desde la
individualidad, sin encontrar indicadores de procedimiento que orienten y
ordenen la práctica”, indican.
“En
la mayoría de los casos, tampoco contamos con espacios de planificación y
evaluación de las intervenciones, que nos permitan reflexionar sobre los
procesos, para garantizar la calidad de las políticas públicas. En muchas
ocasiones, a su vez, se nos niega la posibilidad de realizar reuniones de
equipo o de asistir a espacios de capacitación y supervisión”, agregan.
Estado edilicio
Según
los trabajadores, la mayoría de los edificios donde se desarrollan los
programas y proyectos del ministerio no cuentan con las condiciones adecuadas
de seguridad e higiene que establecen las normas: cucarachas y ratas conviven
con estructuras deterioradas, con problemas eléctricos y peligro de derrumbe.
“Nos vemos sometidos a realizar entrevistas en pasillos, escaleras, en la calle o en oficinas con espacios únicos sin divisiones, donde es una tarea titánica efectuar la atención en el marco de respeto que esto amerita”, advierte también.
Contratos precarios y fraudulentos
En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, cinco trabajadores que hacen la misma tarea en el mismo programa durante las mismas horas por semana, pueden cobrar hasta cinco salarios distintos. Más de 1200 empleados no tienen estabilidad laboral: 900 se encuentran bajo contrato de locación y alrededor de 300 son tercerizados mediante ONG y universidades.
Prensa ATE
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