Coyuntura y etapa: un documento para el debate
Por CTA Rosario - Wednesday, Jun. 29, 2016 at 2:57 PM

29 de junio de 2016. Por CTA Rosario | Nuestra definición como organización obrera, clasista y democrática, nos obliga en cada momento a sentar posición y asumir colectivamente las tareas de la etapa. Por eso, de cara a un encuentro con diversos sectores del trabajo, desde la CTA Autónoma de Rosario esbozamos unas líneas de análisis y programáticas para abrir el necesario debate que la coyuntura impone.

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La estructura productiva de nuestro país sostiene escandalosos índices de concentración en pocas manos y extranjerización. Esto habilita a un puñado de personas a definir o tener poder de veto sobre determinadas políticas públicas que, en la mayoría de los casos, encuentran eco en los poderes político y judicial. Cuando ese eco se rompe por la presión social, como en el caso de la Ley de Descanso Dominical en nuestra provincia, las grandes empresas como Jumbo, Coto o Carreffour hacen uso de su poder de veto mediante aprietes, despidos y amenazas. Esa lógica de resistir cualquier cesión del margen de ganancias se repite sector por sector, especialmente en aquellos que en los últimos años tuvieron siderales ganancias, ser el caso siderúrgico.

Lamentablemente, el alcance de los aprietes patronales no nos sorprende. Durante años denunciamos que la estructura basada en la precarización laboral dejaba y deja en total desprotección al 40% de la población trabajadora. Esa desprotección la hace rehén de las estrategias empresariales de presión, ‘reestructuración’ y entrega. Pero también la deja presa de los vaivenes de los cambios de gestión en los distintos niveles del Estado, que fue la patronal que más despedidos concentró en este último semestre.

Poco puede tomarnos improviso esta postura empresarial, cuando fue el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), quien antes de su primera experiencia a cargo de la cartera laboral en una ronda paritaria, anunció que pretendía que los aumentos salariales se discutan tomando como referencia la inflación futura y no la pasada. Es decir, resignando lo perdido. Una suerte de renunciamiento patriótico, que por cierto no se les exige a los empresarios, que ya han aumentado sus ganancias por la vía de la inflación y la devaluación del peso. A esto sumó otro concepto el Ministro: productividad.

Desde la recuperación democrática vimos una tendencia permanente en los ministros que han pasado a priorizar relaciones con el sindicalismo empresarial más regresivo. Usar el concepto de productividad para impulsar una estabilización regresiva que puede o no tomar nombre de ‘pacto social’, es inadmisible. Sabemos que este tipo de planteos tienen como resultado la profundización de la desigualdad y siempre se hicieron a costa de la fuerza de trabajo. Lo mismo vale para intentar descontar los días de huelga o reinstalar el ausentismo como extorsión a los trabajadores y trabajadoras.

Con una inflación interanual ahora oficialmente reconocida del 42%, una canasta básica a mayo calculada por la Junta Interna de Ate Indec en $19.163 y tarifazos del orden del 300%, aplaudir un salario mínimo en julio de $6810 es demencial. En mayo el salario mínimo establecido por el Consejo del Salario duraba para vivir once días y medio del mes. Y lo peor es que ni siquiera el Estado lo respeta, promoviendo contratos basura de $4000 con la Multinacional Mc Donalds que encima serán subsidiados por las arcas públicas, bajo el eufemismo de primera oportunidad laboral o inclusión. Ningún representante del movimiento obrero organizado puede ser ajeno a este escándalo.

Nos imponen tarifazos y mandan a usar más ropa para no tener frío y reducir el uso de gas, mientras el Estado Nacional cede a las mineras, que explotan y contaminan nuestros suelos y napas para luego por puertos propios en nuestros ríos sacar las riquezas del país, U$S 223 millones por la eliminación de los derechos de exportación o quita de ‘retenciones’. Los ejemplos de transferencias a los sectores más poderosos se repiten desde hace décadas con distintos disfraces. Los cálculos de lo que se han quedado las aceiteras y los pooles de siembra en materia de exenciones impositivas, subsidios y ayudas del Estado, hacen que los nueve millones de dólares de José López sean un vuelto de caramelos en este berenjenal de corrupción y entrega.

Desde esta Central denunciamos insistentemente que no íbamos a pagar la crisis los trabajadores y trabajadoras. Por eso enfrentamos el techo a la paritaria y la extorsión de generar despidos de a miles para mediante el miedo condicionar nuestro derecho al salario mínimo, vital y móvil (artículo 14 Bis de la CN y 116 de la LCT). Sectores como aceiteros y bancarios pudieron achicar el promedio de pérdida del poder adquisitivo con paritarias que rompieron el techo que quiso imponer el macrismo, no sólo en clave porcentual sino con básicos dignos que respetan el precepto constitucional.

En el caso aceitero, se suma que el básico de $19.690 es reconocido para los obreros de base sea cual sea la tarea que desempeñe en planta perteneciendo la mínima categoría del Convenio. Los bancarios en tanto lograron instalar en las últimas paritarias la participación en ganancias patronales, una reivindicación histórica.

Como parte de un reclamo compartido por los principales gremios estatales de esta Central, exigimos la inmediata reapertura de la paritaria, con discusión democrática de cara a las bases y definiciones consensuadas en base a planteos dignos que no pisoteen lo establecido en la Constitución.

Un 40% de la masa laboral está en negro, sufriendo diversos tipos de precarización laboral y expuestos al humor patronal de turno. Sólo un 12% (según los últimos datos oficiales del 2006) de trabajadores de industria privada tiene representación sindical en sus lugares de trabajo. La burocracia sindical ha abandonado a trabajadores que dice no representar dado que sus socios las patronales no les dicen que son trabajadores. Esta Central convoca a todos y todas las que vivan del trabajo propio a sumarse a la cruzada contra la precarización, porque todxs somos trabajadorxs y no necesitamos que las patronales nos reconozcan como tales para desplegar nuestra identidad de clase.

El Estado limitó el derecho de huelga

En el marco de la ofensiva global expresada por las patronales mundiales en organismos como la OIT, en Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre la titularidad del derecho de huelga. Discusión que retrotrae doscientos años de historia, lucha y sangre derramada por este derecho. Este punto merece nuestra especial atención. La causa original que motiva este fallo de la corte se dio por despidos discriminatorios en el Correo Argentino, organismo oficial pauperizado y gestionado como emprendimiento privado de gestores públicos con los recursos de todos los argentinos. Es el Estado Nacional como patronal del Correo Argentino durante el gobierno anterior el que recurre a la apelación en la Corte. Esta llama a una audiencia pública (amicus curiae) el 10 de septiembre de 2015 para expedirse sobre algo que no estaba en discusión en la causa puntual: la titularidad del derecho de huelga.

La Corte se expide finalmente en junio. Contra todos los planteos de quienes expusieron en aquella jornada como ‘amigos del tribunal’, el máximo tribunal integrado por tres de los cinco miembros que debería tener, definió que el derecho a huelga es potestad de los gremios entendidos estos como entidades con personería gremial o simple inscripción. La gravedad de esta interpretación del concepto gremio afecta la interpretación del conjunto del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y da por tierra todos los tratados y acuerdos internacionales en la materia. Con un 40% de trabajadores en negro y solo un 12% del sector privado con representación en sus lugares de trabajo, el hecho de que la huelga para ser legal (y entre otras cosas no ser motivo de despido) deba contar con la anuencia de un sindicato formado, es absolutamente restrictivo.

Pese a representar de todos modos un golpe a la Ley de Asociaciones Sindicales y al modelo defendido por los sectores conservadores del sindicalismo, dado que le quita el rol de elite a las entidades mayoritarias con personería gremial, este fallo es una muy mala noticia para la clase obrera en su conjunto. La historia lo ha mostrado y sigue reflejando: la huelga precede la organización, es la cuna del sindicato, este no la preexiste. Así seguirá siendo y esta Central pone a disposición sus herramientas legales para cumplir con nuestro planteo fundacional: es pa todos la cobija o es pa todos el invierno (Héctor Quagliaro).

Aunque golpea el flanco más ortodoxo del modelo sindical, esta maniobra político judicial encabezada por los distintos poderes del Estado, da cuenta de la voluntad de hostigar y reprimir. Porque lo que quieren es legalizar la limpieza de los que se animan a luchar. Defiende el corporativismo allí donde no hay pluralidad, puesto que ilegalizando la lucha, no hay organización que surja sin que antes el tándem estado – empresa – burocracia sindical la borre.

Represión

Las fuerzas de (in) Seguridad fueron bien pertrechadas durante el mandato de Sergio Berni. Se les dieron las herramientas para golpear, gasear, “hidrodispersar” y perseguir. Se los dotó de formación en inteligencia durante el desarrollo del Proyecto X contra los luchadores populares y se les dio la mano de la justicia con la sanción de la Ley Antiterrorista.

Tal como hemos denunciado, se corroboró que la represión de la protesta actúa como disciplinadora social, contra los díscolos que no se resignan a ser pobres en un país rico. Lo vimos con los Municipales en La Plata y los obreros de Cresta Roja primero. Luego vinieron muchos eventos represivos, que no solo se deben a la política del gobierno nacional de despidos-tarifazos – devaluación – ajuste- represión, sino a cómo los gobiernos provinciales hicieron propio el mandato nacional. Las represiones en Santiago del Estero, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la reciente en la fábrica recuperada RB de gran Buenos Aires, entre otras, muestran que el Estado Nacional y los subnacionales dan continuidad sin distinción partidaria a la definición de darle balas y no respuestas al pueblo. La primera muestra de esto fue el veto de Mauricio Macri a la Ley Antidespidos: el sostenimiento de esa definición en un marco de más de 100 mil despidos, no iba a ser dialogando. Con desparpajo, los distintos gobiernos despliegan sus artefactos en manifestaciones populares como la del Día de la bandera en Rosario, o agrediendo a quienes llevan meses de protesta en el sur.

Según datos del propio Observatorio del Derecho Social, el mapa es claro: el más bajo nivel salarial desde 2007; decenas de miles de despidos en el sector público y privado; paritarias por debajo de la inflación que retraen el poder adquisitivo del salario; incremento de las protestas sindicales; profundización de hechos represivos en el país; aumento de las causas judiciales de índole penal y prisión (al menos momentánea) para los referentes; carencia ya histórica de índices oficiales creíbles en materia económica.

El planteo

Durante 2015 y lo que va de 2016 diversas dirigencias combativas hay logrado continuidad y ganar en algunos casos sectores sindicales dinámicos y protagonistas en las luchas. La reafirmación en los casos de Siprus, Ate Rosario, Amsafe Rosario y Coad. La profundización de políticas solidarias en el sector aceitero, que supo como nuestra Central abrazó la gran pelea de los trabajadores de prensa, que parieron un sindicato como el Sipreba en un sector donde la Utpba parecía ahogar toda renovación. Por su parte en el sindicato del neumático una conducción combativa, compuesta por diversos sectores de izquierda venció a la histórica lista del oficialismo encabezado por Pedro Wasejko, adjunto de la Central de Hugo Yasky. La experiencia se riega en diversas comisiones internas de varios sectores.

La comunidad educativa pobló las calles en defensa de la enseñanza pública, en una movilización cuya concurrencia fue inversamente proporcional a la difusión que gozó en los medios masivos. Los y las estatales en todas las provincias, en una multisectorial digna de ser mirada en Santa Cruz, nos señalan que el camino sigue siendo la confluencia de diversos agrupamientos para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Estas últimas, fuertemente afectadas en materia de precariedad y desempleo, con tareas desigualmente rentadas por su condición de género y expuestas a las diversas formas de violencia en las que el patriarcado se expresa.

Desde las construcciones gremiales que asumimos el compromiso de pelear en tiempos difíciles, fuimos capaces de sostener marcos de unidad de los que luchan, planteando a fines de diciembre una importante marcha contra el ajuste y exigiendo bono de emergencia. Lo habíamos hecho antes denunciando la maniobra de reestructurar regresivamente la caja de jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras del Estado, lo seguimos haciendo este 2016 en las calles, por las paritarias, por condiciones de trabajo, en el masivo acto que enmarcó el Paro Nacional de ATE del 24 de febrero.

Y lo pudimos expresar también en esta última etapa, porque lo construimos en años anteriores, sabiendo que el debate no es kirchnerismo vs macrismo, sino entre quienes sostienen estructuras productivas, culturales, económicas y sociales que son expulsivas y quienes nos oponemos a ellas con la definición de forjar el cambio social que necesitamos. La impunidad, o la justicia. La represión o la libertad de pelear por nuestros derechos. El trabajo precario, o el pleno derecho de los trabajadores.

Acá la pelea no se dará entre sectores de poder que con estilos distintos sostienen una matriz productiva que permite el desguace de las pocas políticas progresivas de la última década en meses. La pelea es entre los ajustadores y represores contra la clase trabajadora y el movimiento popular en su conjunto. Por eso cada pelea, cada pequeña unidad, cada marco de lucha sectorial es importante: son esas señas las que van creando condiciones para generar el plan de lucha con paro nacional que irá madurando al calor de las bases.

Ante este escenario, como hicimos con todos los escenarios adversos en estos últimos 20 años de historia, desde la Central de Trabajadores de la Argentina Regional Rosario, convocamos a generar los más amplios espacios de unidad con los y las que luchan, fortaleciendo espacios de articulación unitarias con los trabajadores enrolados en sindicatos, federaciones, comisiones internas, organizaciones sociales, culturales, barriales, de desocupados, estudiantiles y de derechos humanos. Creemos que solo con la unidad por abajo expresada en hechos políticos públicos, ocupando las calles, es que podremos torcer esta tormenta de ajuste y brutal represión que azota toda Latinoamérica, expresada dramáticamente en el asesinato de 9 docentes en México.

Convocamos entonces a todos aquellos que coincidan en que no hay que pelear solos, sean del sector que sean. Llamamos a debatir y construir juntos un plan de lucha unitario, para confrontar en un mismo frente pero en todos los sectores, las embestidas patronal-estatal-judiciales que cuentan con la anuencia de sectores del sindicalismo más preocupados en cerrar números que en los cierres de fábricas.

La recomposición de la gobernabilidad conservadora en la Argentina se encontrará con los límites que le impongamos las organizaciones populares y de trabajadores que, durante la última década, crecimos en potencialidad de confrontación. Dependerá de nuestra capacidad, dotar al conflicto de un horizonte político de justicia social. Para construir la lucha que necesitamos, desde la CTA Rosario llamamos a un encuentro regional a realizarse el 5 de julio en Rosario.

A 200 años de la independencia nos quieren robar los derechos conquistados desde entonces. No lo permitiremos. • Reapertura ya de paritaria. Salario mínimo vital y móvil. Paritarios electos por asambleas. El salario no es ganancia.
• Basta de precarización laboral
• Ni un despido más: reincorporación ya de los despedidos en los sectores público y privado. Conservación de los puestos de trabajo. Protección al empleo.
• Derogación de la Ley Antiterrorista y anulación del ‘Protocolo Antipiquetes’. Desprocesamiento a todos los luchadores populares
• Suspensión de los tarifazos: que paguen los que más tienen. Por una reforma impositiva profunda.
• El derecho a huelga es de todos los trabajadores: lo ejerceremos y brindamos el apoyo a todos los compañeros que quieran luchar.
• Libertad y Democracia Sindical
• Solidaridad con todas las luchas.
• No al pago de la deuda externa ilegal e ilegítima. No a la adscripción a los Tratados de Libre Comercio que hipotecan nuestro futuro.
• 82% móvil para nuestros jubilados y jubiladas.

www.ctarosario.org.ar/article2484.html

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