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El regreso de la autonomía militar
Por Sofia Oppici, ANCCOM - Thursday, Jun. 30, 2016 at 11:05 AM

15/06/2016 | El Presidente Mauricio Macri firmó un decreto que permite a las Fuerzas Armadas participar de los nombramientos y ascensos de sus miembros. También posibilita el retorno de aquellos que fueron retirados de sus filas.

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“Lo que está haciendo Macri es recurrir a las personas a las que le va a ir a golpear la puerta cuando estas medidas económicas, más temprano que tarde, exploten y salga la gente a la calle y la Policía y la Gendarmería no alcancen” subraya Norma Ríos, co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuando intenta buscarle una explicación al decreto 721, que devuelve a las fuerzas armadas la facultad de intervenir en los nombramientos y ascensos de sus integrantes y la posibilidad de reincorporar a miembros que habían sido expulsados de sus filas.

En 1984, poco tiempo después de haber asumido la Presidencia, luego de la última dictadura militar, Raúl Alfonsín firmó el Decreto N° 436, modificado un año después a través del Decreto N° 101. A partir de ese momento, las FFAA debían responder al poder civil sobre su accionar, en el caso de nombramientos, altas y bajas del personal, entre otras cuestiones. Esta acción representó un punto de inflexión en cuanto a las facultades que detentaban las FFAA en la historia argentina. “Era un proyecto que nos dio resultado hasta el presente, implicó un alejamiento de los militares y la aparición de los juicios de lesa humanidad”, recordó Ríos.

Lo que más alarma a Ríos no es tanto el contenido del decreto, sino su espíritu: “Si se va a generar un nuevo genocidio de miseria, de hambre, de explotación, tienen que asegurarme que las FFAA puedan estar ahí para cuando las necesiten”, continúa la co-presidenta de la APDH.

Para Ríos, uno de los puntos más críticos es el Artículo 1° que habilita el otorgamiento del alta efectiva de los oficiales en comisión de las Fuerzas Armadas y la reincorporación de los oficiales que habían sido retirados de la institución, sin explicitar qué razones habían motivado la medida.

Otro de los puntos polémicos, que señala Ríos, es el Artículo 4°, que permite la “designación del personal militar retirado para funciones docentes en el marco del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, en los institutos y cursos de formación conjuntos”.

Si esta línea de pensamiento se efectiviza y si el personal retirado se reincorpora, la educación militar retomará viejos lineamientos que tirarán por la borda lo construido y visibilizado en los últimos años en materia de Derechos Humanos (DDHH). “Se hacen ajustes para que cada uno pueda dejar a su asesino amigo y para que pueda enseñar a los nuevos jóvenes militares”, explica Ríos, al respecto.

Natalia Federman, ex directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, habla sobre el decreto desde una perspectiva vinculada a la oposición “corporaciones/ democracia”. En un artículo publicado en la Agencia Paco Urondo, escrito junto a Ileana Arduino, afirma que este decreto es una acción más, entre tantas políticas implementadas por un gobierno a favor de las corporaciones, en detrimento del pueblo para el que gobierna. “Lo importante, como siempre, es el poder, si en el Ministerio de Energía dicen que manda Shell, si la prensa estadounidense informa que las finanzas argentinas están en manos de J.P. Morgan y la política agraria de la Provincia de Buenos Aires la maneja un ex CEO de Monsanto, ¿no estamos ya rodeados de autogobierno?”, se pregunta y agrega: “Sabemos que en distintos momentos la amalgama de esos mismos actores han resistido, condicionado, e incluso derrocado, gobiernos populares o que osaran con oponerse a sus intereses.”

Abuelas de Plaza de Mayo emitió el pasado 2 de junio, a través de su página, un comunicado en repudio al decreto: “Esta disposición se da en el marco de un retroceso en las políticas de Derechos Humanos que se fueron construyendo durante los últimos años. En todos estos años de lucha y reclamo por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, hemos aprendido que la única manera de garantizar la democracia es a través de la Memoria, la Verdad, la Justicia y el control civil de las Fuerzas Armadas.”

Un acto en repudio al decreto

El 9 de junio pasado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, realizó un acto de protesta y denuncia, en la Plaza de Mayo, en repudio al decreto. Diversas organizaciones  defensoras de los derechos humanos y militantes sociales se hicieron presentes, luego de culminar la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, dijeron: “Creemos que (el decreto) va de la mano de una reconciliación y búsqueda de mayor impunidad por parte del gobierno hacia las FFAA. Desde los organismos planteamos una alerta muy fuerte. Desde el primer minuto repudiamos ese decreto y vamos a estar peleando contra cualquier intento que vaya en búsqueda de la impunidad, tanto de los militares genocidas y represores, como de sus cómplices co-responsables: empresarios y eclesiásticos”.

Asimismo, desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, afirmaron: “El gobierno muestra, una vez más, cierta voluntad de reconciliación, de perdón. Es una medida, si se quiere menor, aunque vuelve para atrás algo que fue una conquista de la democracia”.

ANCCOM habló sobre el nuevo decreto con Mirta de Baravalle, Madre y Abuela de Plaza de Mayo, quien estuvo presente en el acto y dijo: “Nunca jamás pensé que iba a llegar un momento en el que otra vez estuviera en una situación así, latente, de inseguridad. No en lo que a mí respecta porque yo estoy por encima de todo eso, sino por lo que representa para el futuro. Esto no se va a implementar de un día para el otro. Todo lo que quieran hacer contra el país, no va a ser ahora, pero va siendo propicio para más adelante. Esto es una cosa que es evidente, pareciera que las FFAA hicieron todo para estar por sobre lo que el país elige”.

La comunidad académica analiza la medida

El Instituto Gino Germani organizó el 10 de junio pasado un foro de debate titulado: “¿Del gobierno civil al autogobierno de las Fuerzas Armadas?”, en el que participaron Nilda Garré, (ex Ministra de Seguridad y actual Diputada Nacional por el Frente para la Victoria) y los investigadores Victoria Rangugni, Sabina Frederic y Ernesto López. Durante el debate, se hizo un recorrido histórico vinculado a las relaciones del Gobierno y las FFAA y a las nociones de seguridad y de defensa.

En ese punto, Garré contó su experiencia al comenzar sus funciones como ministra de Defensa en 2005: “Del 2003 al 2005 no había políticos con capacidad de trabajo en temas de defensa. Cuando llegamos nosotros, era difícil encontrar cuadros preparados, generar una gestión administrativa eficiente. Porque el ‘gobierno político’ está referido a conducir y administrar y eso requiere tomar permanentemente decisiones, desarrollar iniciativas, generar actividades y, además, supervisar el cumplimiento de todo eso. Entre todas las cosas que había que hacer en ese año era reglamentar la Ley de Defensa, que en 18 años no se había hecho. La primera cosa que hicimos fue redactar el Decreto N° 727 para fortalecer el Estado Mayor Conjunto y realizar muchas modificaciones en el terreno de la formación, educación y cambio de planes”.

Al referirse a los efectos del Decreto N° 721, Rangugni dijo: “Esto no solo implica una especie de restauración, también tenemos que pensar que el macrismo apuesta a la construcción de un futuro en otros términos, a producir formas de subjetividad diversa, la forma en que entendemos la defensa y la seguridad, que es de una índole que tenemos que poder descifrar, para poder resistir”.

 

Actualización 15/06/2016

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