La mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, separada por 180 días del cargo, aseveró este jueves que regresará para recuperar la economía del país y devolver a los brasileños sus derechos sociales arrebatados por el actual Gobierno interino de Michel Temer.
"Yo regresaré, si regreso en agosto voy a reconstruir el país y voy a terminar con esas palabras de odio y racismo con las cuales han dado el golpe (de Estado), afirmó Rousseff durante la Conferencia con el Frente Popular de Brasil.
Asimismo, la mandataria electa democráticamente aseguró: "Vamos a devolverle los derechos a la población, vamos a recuperar la economía de este país".
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Ante sus seguidores, Rousseff señaló que el Gobierno interino de Temer es ilegítimo porque no logró "ni siquiera un voto". Reiteró que se trata de un golpe de Estado, orquestado por la élite para acabar con políticas sociales en beneficio del pueblo.
"Es un gobierno ilegítimo, que no tuvo ni siquiera un voto", dijo Rousseff al tiempo que recordó que ella obtuvo 54 millones de votos cuando fue reelecta como presidenta en el 2014.
Lamentó que Temer lleve adelante un gobierno conservador que pretende acabar con los programas sociales. "Ellos están en contra de un programa que benefició a millones de personas, como la misión de vivienda", dijo.
La mandataria advirtió que si el Gobierno de Temer llega hasta el final "tendrá permanentes consecuencias sobre los derechos de los brasileños, sobre el programa social de vivienda, el acceso a la educación, ya sea técnica o universitaria".
Rousseff recordó que ha luchado toda su vida y continuará haciéndolo: "Estuve en la resistencia y también luché contra la enfermedad y ahora estoy luchando contra este golpe de Estado, que ahora se avergüenza de que se le esté llamando golpe, pero la prensa internacional lo desenmascaró".
"Es un golpe, tomaron el árbol de la democracia y lo infectaron de parásitos", manifestó la jefa de Estado brasileña.
En contexto
Dilma Rousseff está suspendida por la Cámara Alta brasileña mientras se estudia si es somerida a un juicio político por supuestamente haber maquillado los fondos públicos.
Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló el pasado lunes 27 de junio que no existen pruebas de que Rousseff participara en las maniobras fiscales, que supusieron una de las causas que llevaron la apertura del juicio político.
En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que fue separada de su cargo por un período de 180 días.
Para que Dilma pierda definitivamente la jefatura del Estado se requeriría el apoyo de 54 de los 81 miembros de la Cámara alta.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales.
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