Desaparecidos: “El número definitivo lo vamos a tener cuando hablen los perpetradores”
Por Juan Mattio, Notas.org.ar - Tuesday, Jul. 26, 2016 at 11:16 AM

25 de julio de 2016 | Comunicadores y funcionarios insisten en discutir el número de víctimas de la última dictadura cívico-militar. El informe presentado por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado demuestra que la investigación sobre lo que Rodolfo Walsh llamó en 1977 “la cifra desnuda del terror” aún se sigue construyendo. Silvia San Martín, coordinadora del Registro dialogó con Notas al respecto.

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Es que la discusión sobre la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado está otra vez entre nosotros. No es una discusión sobre la verdad histórica. Es una estrategia que intenta minimizar el plan sistemático de exterminio que llevó adelante la última dictadura cívico-militar. El negacionismo apareció primero en algunos medios de comunicación, después en funcionarios del Gobierno y ahora se traduce en políticas públicas. Ya se vio un primer ensayo en Tecnópolis donde la única referencia a los asesinados y desaparecidos por la dictadura afirma que fueron 8.960.

Funcionarios y periodistas se niegan a creer lo que está escrito de puño y letra por los genocidas. En marzo del 2006 La Nación titulaba “El Ejército admitió 22.000 crímenes”. En esa nota se informaba la desclasificación de un documento por los Estados Unidos donde integrantes del Batallón 601 de Inteligencia admitían que los crímenes llegaban a “22.000 entre muertos y desaparecidos” entre 1975 y 1978.

El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, presentó en diciembre de 2015 un informe de 1.700 páginas donde constan todas las denuncias realizadas sobre personas asesinadas o desaparecidas por la dictadura cívico-militar.

- ¿Qué relación hay entre el número de denuncias y el número simbólico de los 30 mil?

– La magnitud tiene que ver con las víctimas en general y no se puede recortar en los asesinados y desaparecidos. Los que han estado detenidos en centros clandestinos y los que han estado presos en cárceles inhumanas y con tratos degradantes; también son víctimas. Y si nos ponemos a pensar en una cuestión numérica -como si el número le diera más o menos entidad a la atrocidad que cometió el Estado- el número es mayor a 30 mil. Pero la magnitud tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con cómo quedó este país después de que lo arrasaron. Y cómo quedaron las personas después de que las arrasaron. La cuestión numérica encubre lo real. La discusión de 20, 30 o 50 mil no puede nunca opacar la tragedia.

El año pasado entregamos un informe sobre las denuncias de asesinatos y desapariciones. Ahora trabajamos en un segundo informe sobre las personas que estuvieron secuestradas y fueron liberadas. Recién cuando esté listo se podrá dar cuenta de las víctimas denunciadas ante el Estado Nacional. Pero no se puede dar cuenta de lo que no se conoce. Si hay tanta certeza de que no fueron 30 mil sería bueno que hablen los que tienen que hablar. Mientras los perpetradores no hablen nunca vamos a tener el número definitivo.

El Estado sólo puede tener el número de los hechos denunciados. Trabajamos siempre sobre lo oscuro y a tientas. Sería tan sencillo si pudiéramos ver las listas que ellos armaron. Cuando Juan Carlos Clemente entregó las listas que consiguió sacar de la Jefatura de Policía en Tucumán, donde estuvo detenido hasta 1977, nos encontramos con que había un montón de gente que no estaba denunciada. Y al lado de esos nombres decía: “Destino Final”.

- ¿Qué razones creen ustedes que puede tener una persona o una familia para no hacer la denuncia?

– Con el correr de los años la gente se fue sintiendo más segura y se volcó a denunciar. Pero todavía hay personas que, por vivir en un lugar alejado o por no tener contacto con los organismos de Derechos Humanos, no supo que podía denunciar y todavía hay muchos otros que no saben que se puede hacer la denuncia hoy mismo.

Hay que evaluar las posibilidades de acercamiento que tiene la gente que vive en zonas rurales. O en lo intimidatorio que son los centros urbanos para las personas que vive en esas zonas. A eso hay que agregar las experiencias por las que han pasado. En Tucumán, por ejemplo, ¿Cuántos años fue gobernador en democracia Antonio Bussi? En esos contextos es difícil hacer una denuncia en una institución oficial.

Pero también hay casos donde no hay familiares. Para darte un ejemplo: sistemáticamente aparecía una persona como vista en el CCD El Vesubio pero que no estaba denunciada. Nos ponemos a trabajar y finalmente aparece en un listado de habeas corpus. Pedimos el documento a la Justicia y efectivamente el padre no sólo había denunciado el secuestro de su hijo sino también el de sus compañeros. Cuando lo vamos a buscar nos enteramos de que el padre había muerto y la madre también. Un poco después llega una persona a la Secretaría que viene a testimoniar sobre su propia detención y era de la zona. Le preguntamos si lo conocía. Nos dice que sí y recuerda que este muchacho tenía un hermano. Queda en ubicarlo. Al poco tiempo nos avisa que también el hermano había muerto muy joven. Estas cosas pasan. Como también hay familias enteras arrasadas. Todos sus integrantes secuestrados y no hay nadie que pueda hacer la denuncia.

- ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre el informe que entregaron el año pasado y el que realizó la Conadep en 1984?

– El informe de 1984 fue hecho en nueve meses. Nos tenemos que sacar el sombrero ante ese trabajo. La gente escuchando el terror más espantoso y tratando de sistematizar la información para hacer el Juicio a las Juntas. Y hay que pensar que en 1984 no había herramientas informáticas y se hacía casi todo manuscrito. Se escuchó a muchas personas que, además, venían a contar por primera vez lo que les había pasado. Fue de un valor increíble. Lo que nosotros pudimos hacer fue primero documentar. Chequear todos los documentos y la filiación de cada uno. Corregir algunos errores. Poder hacer todos esos cruces nos llevó años.

También mapeamos todos los centros clandestinos que las víctimas mencionaron en su testimonio. En el informe del ’84 se relevaron 340 centros clandestinos de detención y exterminio. Hoy sabemos que existieron al menos 762 lugares donde de forma sistemática o eventual se alojaron personas ilegalmente. Y el trabajo sigue.

Hace poco vino una persona que estuvo detenida y denunció un lugar en Hurlingham del que no se sabía nada. Armamos un dispositivo con un abogado, el equipo de registro audiovisual, la arqueóloga que trabajó en el CCD El Atlético para tomar las medidas y ver el lugar. Los informes de todas esas áreas se van a presentar ante la Justicia.

Eduardo Luis Duhalde dirigió una carta pública en 2009 a Graciela Fernández Meijide. El número de 30 mil no es caprichoso, sostenía. Lo prueban la cantidad de habeas corpus presentados en la Justicia, la cantidad de campos de exterminio y la participación de 150 mil hombres en la represión.

Hoy podemos agregar, por ejemplo, que a las casi nueve mil denuncias por asesinatos o desapariciones se le agregan las de 25 mil liberados. Sin embargo, en el argumento más sólido que esgrimió el entonces secretario de Derechos Humanos no lo asistió la matemática. Decía: “El carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad”. Esa posición fue, hasta no hace mucho, la del Estado Nacional. Hoy es reemplazada por funcionarios que oscilan entre el silencio y el negacionismo.

Juan Mattio – @juanmattio

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