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Indígenas wichí denuncian tala ilegal: “Ni la policía ni la justicia actúan”
Por Chaco Día por Día - Tuesday, Aug. 02, 2016 at 3:02 PM

Según la denuncia, realizada en el mes de julio, las irregularidades se realizan con la anuencia del presidente de la Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya, Clorindo Nucus, quién además es concejal local por el Partido Justicialista. También señalan que el fiscal del Juzgado Multifueros es hijo de un productor forestal y que aún no citó a los denunciantes.

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Desde hace varios años miembros de la comunidad Wichi de Misión Nueva Pompeya vienen denunciado que se está destruyendo el monte nativo. Según la reglamentación vigente, el diámetro mínimo de corta son 45 cm en la especie algarrobo, pero los denunciantes han detectado cortas en diámetros de 33 y 35 cm. Además se dejan tocones de 80 cm y 1,20 m, desaprovechando gran cantidad de madera, ya que según les informaron en la delegación local de la Dirección de Bosques, se debe cortar a menos de 30 cm de altura.

Este despilfarro se realiza con la anuencia de la Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya, cuyo presidente, Clorindo Nucus, que además es concejal del Partido Justicialista, se negó a suspender el corte de madera. La extracción está siendo realizada por obrajeros ajenos a la comunidad. Esto está expresamente vedado por la Ley Provincial 3258, que en su artículo 12 prescribe: “Las tierras adjudicadas en propiedad a las familias y comunidades indígenas no podrán ser usadas o explotadas directa o indirectamente por personas ajenas a la comunidad, físicas o jurídicas no indígenas”.

Una nueva denuncia fue realizada en el mes de Julio en la Fiscalía del Juzgado Multifueros de esta localidad, a cargo del Fiscal Eduardo Ezequiel La Regina, quien hasta ahora no ha citado a los denunciantes. El hecho de que el mismo sea hijo de un empresario dedicado a la extracción forestal no es muy alentador para estos miembros de la comunidad. “Nos dice que tenemos que esperar que nos citen, pero hasta ahora no pasa nada”, se lamentan.

Enrique Berté, agente sanitario del Puesto de Pozo del Toba, cuyo grupo familiar son 9 personas, y que además cría ganado caprino para autoconsumo, dice “nuestra idea es que dejen algo para nosotros y para nuestros animales, nosotros también comemos algarroba, alguna gente sigue juntando”. Asimismo, José Cuellar, poblador de ese paraje y productor familiar de ganado mayor y menor asegura “el árbol es como mi madre, cuando hay chaucha nosotros juntamos y le damos a los chicos. Si nosotros dejamos (que hagan esto) nosotros qué vamos a comer, y los animales qué van a comer”.

Amalia Martínez, del paraje 7 Viviendas, que se dedica a la producción de cabras, pidió que respeten los árboles que rodean a su vivienda, pero no fue escuchada. “Los que tienen autoridad son los presidentes”, le contestaron, “vos no podes decir nada”.

José Cuellar agrega: “Nosotros no sabemos qué destino tiene la plata de lo que están cortando hace tantos años. Tenemos un alambrado perimetral que hay que mantener, pero no se hace nada para la comunidad. Encima están regalando la madera, pagan 20 mil pesos por un equipo, que tiene alrededor de 40 toneladas. Desde las 6 de la mañana se escucha el motosierrista, incluso sábado y domingo. Aprovechan que la gente va a las iglesias y descuidan el campo”. En una presentación solicitaron que el pago de la madera cortada se entregue a la comunidad de donde se extrajo la misma.

Según los estatutos la Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya, todo pedido de autorización de corte de madera o extracción de los recursos naturales debe realizarse previa Asamblea Extraordinaria con participación de la comunidad, donde se determine: a qué fines se autoriza el corte de madera, a qué se destinará el dinero producto de dicho corte, y cuál será el beneficio comunitario del mismo. Nada de esto fue notificado ni consultado a la comunidad, por lo que consideran que la Dirección de Bosques ha autorizado en forma ilegítima e inconsulta con la comunidad, causándoles un grave perjuicio, y afectando incluso la forma de vida e identidad como comunidad originaria.

Cuellar y Berté piden que “se pare inmediatamente el corte dentro de las 20 mil (propiedad comunitaria wichi), porque dentro de poco ya no va a quedar nada. Ni la policía ni la justicia actúan. Nosotros vemos a los empresarios circulando dentro de la propiedad. Queremos que se suspenda el corte en toda la propiedad.”

Fuente: Marisa Pizzi

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