| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
El tarifazo en manos de la Corte
Por La Izquierda Diario -
Thursday, Aug. 18, 2016 at 9:04 AM
Jueves 18 de agosto de 2016 | Tras el informe de Gils Carbó, el máximo tribunal decidirá. Versiones periodísticas indican que avalaría parcialmente el tarifazo. Desde la izquierda exigen paro nacional para enfrentar el ajuste.
arton50167-3777d.jpg, image/jpeg, 648x365
Fotografía: flickr
Este miércoles al mediodía tomó estado público el informe sobre el tarifazo emitido por la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó. Tal como se preveía, la resolución avala el fallo de la Cámara Federal de La Plata que, hace poco más de un mes, puso en cuestión el tarifazo del gas, suspendiendo su aplicación en todo el territorio nacional.
Lo esencial de la argumentación remite a la falta de audiencias públicas, previa a la definición del aumento de las tarifas. Pero, además, cuestiona la división que pretende hacer el Gobierno entre las distintas etapas de la provisión del servicio. Este argumento es el que utiliza el oficialismo como fundamento para no haber llamado a las audiencias.
La resolución, a pesar de no tiene carácter vinculante significa un golpe político al Poder Ejecutivo y también al máximo tribunal. Al Gobierno, porque contesta los argumentos con los que fue elevado el pedido extraordinario a la Corte, demostrando la endeblez de los mismos. A la Corte porque la ubica en el lugar de tener que decidir avalando el informe presentado –y por ende generando una crisis política al Gobierno de Macri- o dictaminando a favor del tarifazo, en lo que terminará constituyendo un fallo abiertamente antipopular, que ya ha sido fuertemente cuestionado por manifestaciones y movilizaciones en diversos puntos del país y por una parte enorme del arco político que incluye –con matices- al conjunto de la oposición, como se vio este martes en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
Cuestionamiento a los argumentos oficiales
El informe de la Procuraduría General desestima el intento de división entre las distintas fases de la provisión del servicio. Afirma, por ejemplo que “el cuadro tarifario aquí cuestionado es el resultado del incremento conjunto de los tres componentes de la tarifa de gas, esto es: (i) el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST); (ii) la tarifa de transporte, y (iii) la tarifa de distribución”. Agrega que el hecho de que se hayan definido “medidas para determinar bonificaciones por ahorro de energía, tarifas diferenciales por zona geográfica y la llamada tarifa social” evidencian que no hallaban disociados los aumentos en boca de pozo de las tarifas que, efectivamente, iban a pagar millones de usuarios.
El informa señala que, en ese marco, la negativa a realizar las audiencias públicas implica “restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación”.
De conjunto, el informe muestra lo endeble de la argumentación oficial que no puede terminar de explicar la magnitud del tarifazo. Por el contrario, no hace más que evidenciar que la decisión estuvo destinada a garantizar los negocios de las grandes patronales del conjunto del sector, como se señaló ayer.
Sigue la extorsión gubernamental
Así como el ministro Prat Gay y el mismo presidente Macri salieron, durante el fin de semana, a presionar sobre la Corte en pos de un fallo a favor del tarifazo, en la tarde de este miércoles, el que salió a presionar fue el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El funcionario afirmó que “es importante que la Corte se pronuncie” porque “el sector energético en general está en una situación de crisis que viene desde hace años y requiere de definiciones para poder revertirla, lo que no pasa sólo por las tarifas sino por las inversiones que hay que hacer”.
Por la mañana, Clarín había dado a conocer un supuesto diálogo con un funcionario del Gobierno, donde éste afirmaba que si la Corte no fallaba a favor del tarifazo “quiebran las empresas y la gente se quedará sin luz y sin gas. Queremos creer que nadie busca una situación de esa naturaleza”.
Así, oficialismo y empresas apuestan a instalar la imagen de una situación de caos como forma de presionar sobre la Corte Suprema, en aras de un fallo favorable, al tiempo que intentan apuntalar su propia posición.
Una casta privilegiada decidirá sobre la vida de millones
La Corte Suprema está integrada actualmente por cuatro miembros. El lunes próximo, Carlos Rosenkrantz, uno de los jueces propuestos por Macri, se sumará a la institución.
Configuran el vértice superior del oligárquico Poder Judicial, donde jueces y fiscales gozan de un enorme poder sobre el conjunto de la vida social que se sostiene y acompaña de multitud de privilegios. Desde el carácter vitalicio de los cargos, pasando por ingresos intangibles que superan, en muchos casos, los $100.000, hasta el hecho de no pagar el impuesto a las ganancias por propia decisión.
Según distintas versiones periodísticas, el fallo podría ser favorable al Gobierno o, como mínimo, avalar parte del tarifazo implementado hasta el momento. Ninguna de las dos versiones escapa a la lógica ni resultaría sorpresivo, dado los rasgos que se han señalado con anterioridad sobre el carácter privilegiado de la casta judicial.
Precisamente, por ese motivo, desde la izquierda se viene reiterando la exigencia de un paro nacional activo con movilización como medio para enfrentar y derrotar tanto el tarifazo como el ajuste de conjunto.
www.laizquierdadiario.com/El-tarifazo-en-manos-de-la-Corte