Julio López
está desaparecido
hace 6420 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

Conclusiones Asamblea Regional NOA del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
Por ENDEPA - Thursday, Aug. 18, 2016 at 3:22 PM

17/08/2016.- Entre el 12 y el 14 de agosto, en la ciudad de Humahuaca (Jujuy) se llevó a cabo la Asamblea Regional NOA del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Compartimos aquí, el contenido del documento con las conclusiones principales de la Asamblea.

Conclusiones Asamble...
asamblea-regional-noa-del-equipo-nacional-de-pastoral-aborigen-700x383.jpg, image/jpeg, 700x383

En la localidad de Humahuaca, Provincia de Jujuy, a los 14 días del mes de Agosto de 2016, luego de haber celebrado la Asamblea Regional del NOA del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), cuyo tema central fue el Bicentenario de la Independencia argentina y los Pueblos Indígenas bajo el lema “por una justa y esperada reparación de la memoria histórica”, expresamos:

– Desde los orígenes de la colonización se produjo una innumerable cantidad de atropellos, violaciones y despojos a los Pueblos Originarios, abordándose la cuestión indígena como un problema a resolver. En el periodo colonial se construyeron teorías para legitimar la apropiación de sus tierras y territorios, sus recursos naturales, sus cuerpos y sus fuerzas de trabajo, que penetraron en la mentalidad social generando imaginarios colectivos que en cierta forma perduran hasta la actualidad.

– Existen antecedentes institucionales, especialmente en el momento fundacional del Estado Argentino, en que se intentó avanzar hacia reconocimientos con carácter de reparación histórica y respeto por la dignidad de los Pueblos Originarios. Como ejemplo, documentos oficiales como las actas de la Revolución de Mayo de 1810 y de la Independencia de 1816, eran obligatoriamente traducidos a los idiomas quechua, aymara y guaraní. También en la época se declararon la extinción del tributo, la derogación de las mitas, encomiendas, yanaconazgos y servicios personales y se proclama la llamada “libertad de vientres”, es decir la libertad de toda persona por el solo hecho de nacer en territorio patrio independientemente de la condición de su madre.

– La historia oficial ha invisibilizado, acallado distintas posiciones y difundido una versión que omite el acalorado debate que se dio en el periodo fundacional argentino. Como muestra basta señalar que en reiteradas oportunidades el General José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria”, se manifestó respecto a los Pueblos Indígenas como los auténticos dueños del país, refiriéndose a ellos como “nuestros paisanos los indios”, a quienes les solicitó permiso para realizar el Cruce de los Andes.

Por su parte Manuel Belgrano ante el Congreso de Tucumán de 1816 manifestaba que según su criterio la nueva forma de gobierno que debía instalarse sería la de una monarquía atemperada parlamentaria a cargo de la dinastía de los Incas por la justicia que llevaría a tal restitución. En Misiones, siendo gobernador provisorio, ya había dictado un reglamento reconociendo los derechos de los pueblos originarios.

Otros próceres como Moreno, Castelli, Güemes y Artigas también pensaron un país con los pueblos indígenas presentes.

– Pese a estos antecedentes la postura que primó a la hora de la institucionalización del Estado Argentino fue otra, siguiendo una etapa caracterizada por políticas públicas de exclusión, marginación, confinamiento y exterminio de los pueblos indígenas. Durante el siglo XIX, especialmente con las campañas militares llevadas a cabo en el país, en el sur y en el Chaco argentino, se ocasionó el genocidio de una gran parte de los pueblos indígenas. La expansión territorial del control estatal implicaba el uso de la fuerza y violencia por parte del aparato represivo oficial.

– Por ello, podemos afirmar y denunciar que el Estado argentino ha sido heredero, continuador y profundizador de las políticas coloniales. Y aunque en el año 1994, con la última reforma de la Constitución Nacional modificó su marco jurídico reconociendo la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas y asegurando sus derechos comunitarios fundamentales, en la práctica la situación no ha tenido cambios significativos. Hoy vemos que se presentan una serie de problemas en relación con la implementación, cumplimiento y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con sus tierras, recursos naturales, acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos. En general se observa la falta de una voluntad gubernamental que priorice y aplique políticas públicas adecuadas para efectivizar los derechos y garantías de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación nacional e instrumentos internacionales.

– Nuevamente alertamos por el incumplimiento del mandato constitucional que dispone el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas con la plena garantía del acceso al uso, goce y control de los mismos, de la ley 26.160 que ordena la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de los territorios.

– Denunciamos el avance sobre los territorios indígenas, con mayor crudeza, imponiendo fenómenos como la globalización y el extractivismo, despojándolos de sus espacios comunitarios o intensificando el confinamiento o marginación a lugares que no son aptos para el desarrollo de la vida humana. Esta situación es particularmente grave por cuanto la pérdida de los territorios indígenas trae consigo la desaparición de sus pueblos y culturas. Este despojo, consentido, y en algunos casos alentado por el Estado, prioriza intereses económicos nacionales y extranjeros por sobre la vida, la dignidad, la identidad y la integridad de las personas y Pueblos Indígenas. Como hemos denunciado en reiteradas ocasiones, el territorio de las comunidades, aún aquellas que han logrado obtener la titularización, se encuentra en peligro por no estar asegurado efectivamente el control de sus recursos naturales. Durante las últimas décadas hubo una explosión de las autorizaciones de desmontes, aprovechamientos forestales o mineros que ponen en riesgo la vida, la identidad, el desarrollo cultural y el equilibrio comunitario de los pueblos originarios.

Nos preocupa además la no aplicación de leyes como Ley General del Ambiente, Ley de bosques, Ley de Glaciares, Ley de residuos peligrosos, sumado a la reciente reforma de la Ley de Tierras que vuelve a facilitar la extranjerización, entre otras.

– Advertimos y denunciamos el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo, por caso los desalojos y acciones que provocan innumerables daños físicos, materiales, morales y comunitarios. Se manifiesta como herramienta de opresión además la criminalización de la protesta social. Muchos de estos incidentes se hubieran evitado de haberse ejecutado el Programa de Relevamiento Territorial y reconocido los títulos comunitarios.

– Tampoco se observan políticas públicas efectivas que resguarden el derecho a la educación bilingüe e intercultural, a la salud y otros derechos fundamentales, en el marco del respeto de la autodeterminación de los Pueblos Indígenas. La participación, la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado, pese a estar reconocidos como herramientas jurídicas para hacer efectiva la libre determinación de los Pueblos Indígenas, aún son una utopía que no es cumplida por el Estado, a nivel nacional y provincial.

– A pesar de escandalosas prácticas públicas y notorias de exclusión y marginamiento, los pueblos indígenas se mantienen de pie, representando una gran diversidad que enriquece a nuestro país, buscando nuevas alternativas de organización para fortalecer sus comunidades y luchar por el respeto a sus derechos y dignidad.

– El documento del Episcopado Argentino sobre el Bicentenario – “Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos” resume toda esta situación.

– El Bicentenario de la Independencia es una ocasión propicia para debatir acerca de la relación entre Estado y Pueblos Indígenas, romper con el modelo colonial hegemónico, a los fines de encarar como sociedad democrática la construcción de una organización política de corte intercultural, plurinacional y respetuosa de la diversidad.

Creemos en la construcción conjunta, en el enriquecimiento de las sociedades mediante el diálogo intercultural, en el encuentro y compartida de los valores comunes y en la generación de un Estado que incluya a todos los pueblos.

Alentamos a revisar la historia, a visibilizar las relaciones injustas imperantes, a desestabilizar y romper estructuras discriminatorias. Cultivamos la esperanza que en nuestras culturas de origen encontraremos respuestas para la fraternidad, esperanzas de vida, claves de un país de hermanos, respetuosa de la identidad y la diversidad cultural para habitar la Casa Común.

Sólo así podremos hacer efectiva una justa y esperada reparación histórica con los Pueblos Originario

Fuente – Prensa ENDEPA

agrega un comentario