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Jaque mate al tarifazo: golpe político, agujero fiscal y grieta en el gabinete
Por Alejandro Bercovich -
Saturday, Aug. 20, 2016 at 1:26 PM
19 de agosto de 2016
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Alejandro Bercovich
abercovich@diariobae.com
Fue un “día Cambiemos”, como dice Mauricio Macri cada vez que le toca encabezar un acto al sol. Pero Juanjo Aranguren no sufría un stress semejante desde aquel otro jueves, 11 años atrás, cuando Néstor Kirchner llamó a no comprarle “ni una lata de aceite” y a la media hora los piqueteros de Luis D’Elía ya habían sitiado varias de sus estaciones de servicio. Ayer, mientras el ministro forzaba una sonrisa y aseguraba en conferencia de prensa estar “mentalmente bien” (sic) tras el fallo de la Corte Suprema que anuló el tarifazo gasífero, su despacho era allanado por orden del juez que investiga si benefició a Shell con las compras de gas a Chile y dos de sus colegas del gabinete discutían por whatsapp cómo convencer al Presidente de reemplazarlo de una vez. Una encrucijada tan crítica para el exCEO de la angloholandesa como para un Gobierno que acusó el golpe de la Corte en el plano político, por el cuestionamiento severo que implica a su autoridad, y el económico, por el agujero fiscal que ahora deberá cubrir desvistiendo otros santos y el cambio de reglas de juego al que se vio forzado.
No fue el único día difícil para Aranguren. El martes, Rogelio Frigerio lo desautorizó ante el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y el senador petrolero Guillermo Pereyra, a quienes les prometió la continuidad del “barril criollo” para sostener la extracción de hidrocarburos pese a la caída de su precio en el mundo. El ministro de Energía había pactado el viernes con los popes de YPF, Shell y Panamerican Energy (PAE) suspender las dos subas del 5% de los combustibles pendientes para el resto del año a cambio de reducir de u$s 67 a u$s 60 el precio al que las refinerías les pagan cada barril a las productoras de crudo. Ese precio sostén local superior al internacional (u$s 45) es el que explica que los surtidores argentinos estén entre los más caros del planeta, pero solo sirvió para atenuar los despidos derivados del desplome petrolero: según la consultora Baker&Hughes, de los 110 equipos de perforación activos un año atrás, en julio quedaban apenas 63 funcionando.
Gutiérrez y Pereyra le advirtieron a Frigerio que el plan de Aranguren para evitar las próximas subas previstas en los surtidores no solo amenazaba con hacer estallar nuevas protestas de los gremios petroleros, que no suelen pasar desapercibidas, sino que rebanaría además en $1.400 millones los ingresos de la provincia por regalías y haría inviables las nuevas inversiones en Vaca Muerta, cuyos nuevos pozos son más caros que los convencionales. También le soplaron que una de las principales beneficiarias de la eventual decisión de subsidiar menos la extracción local e importar más sería Shell, con pocos pozos operativos pero un rol preponderante en la refinación de crudo de ultramar y en la venta de combustibles importados. Anoticiado de la promesa de su colega del Interior, sobre el final de su prolongada interpelación en Diputados y ya habituado a responder zancadillas internas, Aranguren insistió en que “hay que ir hacia los precios internacionales del crudo”.
Viáticos
Si bien el fallo de la Corte solo frenó el tarifazo gasífero para los hogares y lo dejó firme para las empresas y las usinas generadoras de energía, ver el vaso medio lleno que procuró exhibir Marcos Peña al destacar que los hogares solo queman el 26% del fluido requiere un optimismo digno del “si sucede, conviene” del gurú Sri Sri Ravi Shankar. Primero, porque entre abril y agosto los usuarios residenciales concentran más de la mitad de la demanda total de gas. Segundo, porque el invierno más frío en medio siglo potenció ese habitual salto estacional de consumo. Tercero, porque el segmento residencial explicó el año pasado el 60% de los u$s 4.000 millones que el Estado destinó a subsidiar el precio del gas, por lo cual ese dinero deberá seguir erogándose. Cuarto, porque la industria, el comercio, los clubes y otros segmentos de usuarios ya redactaban anoche sus propios recursos de amparo, del mismo modo que se aguardaba una nueva definición de la Corte sobre las tarifas eléctricas.
Lo que cayó como un baldazo de agua fría en el Gobierno fue que la Corte dispusiera que el precio del gas en boca de pozo también debe discutirse en audiencias públicas dado que no es un “precio de mercado” como en Estados Unidos, donde las distribuidoras cierran contratos a largo plazo con las petroleras sin intervención del fisco. Ese precio, que Aranguren llevó de un plumazo de un promedio de 2,75 a uno de 4,66 dólares por millón de BTU, es el que explica el 70% del incremento de las facturas de los hogares.
Por eso retrotraerlo será lo más doloroso para el plan oficial en términos fiscales. Peña y Aranguren también intentaron mostrar como un atenuante para el revés de ayer que el tribunal haya ordenado que el gas que se utiliza para generar electricidad (un 34% del total) se siga pagando a las petroleras a u$s 5,20 por millón de BTU. Pero en los hechos, ese sobrecosto para las usinas (entre las que se destacan las controladas por el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, y las del holding del amigo presidencial Nicky Caputo, cuyas acciones sufrieron ayer en la Bolsa) ya es cubierto en un 70% por el Estado.
Los ministros que conspiran contra Aranguren tienen en la manga dos candidatos a sucederlo: el exsecretario Carlos Bastos y el director de Yacyretá, Humberto Schiavoni. Definirá Macri, siempre reticente al recambio de elencos funcionariales. Noqueados, en Energía estudiaban anoche distintas alternativas y sacaban cuentas sobre los fondos adicionales que deberán pedirle a Alfonso Prat-Gay para cerrar el bache operativo hasta fin de año. Aranguren espera tener más suerte que uno de los secretarios de Estado de su cartera, quien dos semanas atrás debió pagar su propio pasaje a Bolivia y su hotel en La Paz pese a que viajaba en misión oficial, porque desde Hacienda se negaban a adelantarle dos mil dólares para sus viáticos, solo para molestar a su jefe.
Efecto cascada
Con el fallido plan de Aranguren, que incluía un nuevo incremento tarifario antes de fin de año que quedó trunco, Macri aspiraba a reducir los subsidios energéticos de la friolera de u$s 15.800 millones que insumieron el año pasado a menos de la mitad en 2016: u$s 6.800 millones. Tras el no de la Corte, el gasto no bajará de u$s 10.000 millones. La mayor parte de lo que logrará ahorrar no será gracias a las tijeras del exCEO de Shell sino al abaratamiento de los hidrocarburos a nivel global (que redujo abruptamente el costo de importar gas en barcos y combustibles líquidos para las usinas de luz) y a la justificada eliminación de los regresivos subsidios directos para los usuarios de Edesur y Edenor, que insumieron casi u$s 2.000 millones en 2015. En otros términos, un gradualismo a la fuerza.
La pregunta es qué gastos recortará el Gobierno para sostener su pauta de reducción del déficit fiscal, que ayer ratificó Peña. Si lo hace en la obra pública, como amenazó Prat-Gay para meter presión antes de que se conociera el fallo, profundizará una caída que ya le costó 70.000 empleos formales al sector de la construcción. El titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, deberá hacer malabares para que no se repitan escenas como la de la multitudinaria asamblea que realizaron ayer los empleados de su repartición, de la que prácticamente debió escaparse.
La protesta, entre otros reclamos, era porque en los primeros siete meses del año apenas se ejecutaron obras por u$s 560 millones, mientras que a esta altura del año pasado se habían invertido 1.450 millones.
La solución más a mano en el corto plazo es seguir emitiendo deuda, pero también hay voces que empiezan a alzarse contra esa alternativa. Una de las más escuchadas en Olivos es la de Carlos Melconian, un crítico lapidario de los demás economistas del equipo de Macri. Semanas atrás, el jefe del Nación le hizo ver al mandatario que la compra de dólares por parte de los ahorristas consumió en lo que va del año el equivalente a todos los dólares que lograron traer al país las provincias mediante sus colocaciones de bonos. Para el fanático racinguista, la política fiscal gradualista de Prat-Gay y la astringencia monetaria de Federico Sturzenegger llevarán a un 2017 recesivo y con un grave atraso cambiario.
La otra tabla de salvación que puede evitarle al Gobierno llegar a las elecciones del año que viene con la sensación de haber navegado en círculos durante medio mandato es la ansiada lluvia de inversiones extranjeras en la economía real. Pero con un mercado interno que consume menos e importa más, con una capacidad instalada ociosa del 40%, una inflación del 45% y una Corte Suprema que no parece compartir la definición de Macri de “seguridad jurídica” ¿quién será el valiente?
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