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Criminalización de la protesta estilo Cambiemos
Por Izquierda Revolucionaria - Wednesday, Aug. 24, 2016 at 9:16 AM

23 Agosto 2016 | Mar del Plata y la “agresión” a Macri

El lunes 22, en Mar del Plata, Izquierda Revolucionaria fue parte de la movilización convocada por organizaciones populares al Juzgado Federal nº 4, para acompañar la presentación de los abogados de CORREPI y la Gremial de Abogados y Abogadas como defensores de los compañeros acusados públicamente por el juez Alfredo López. Los sucesos de esa mañana, sumados a las posteriores declaraciones del magistrado, muestran a las claras el estilo de Cambiemos para la represión a la protesta social y nos obligan a profundizar las instancias de coordinación y unidad para enfrentarlo.

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El jueves 18 de agosto por la noche, en el programa "Tema Central" que se emite por canal 8 de Mar del Plata, el titular del Juzgado Federal nº 4 de esa ciudad, Alfredo López, fue entrevistado respecto de la causa instruida a raíz de los hechos ocurridos en 12 de agosto, cuando el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal visitaron el barrio Belisario Roldán.

Aunque el juez admitió que todavía no había recibido las actuaciones de la justicia provincial, ni había visto videos u otros elementos de prueba, manifestó que "la calificación legal más definitiva es intimidación pública" e imputó directamente a la agrupación Votamos Luchar y a su referente, Ricardo "Chacho" Berrozpe, como "responsables" del supuesto ataque a piedrazos contra el presidente Macri, circunstancia sobre la que ninguna imagen ha trascendido, y que fue negada hasta por el jefe de la policía bonaerense, el comisario Pablo Bressi.

Frente a esa acusación pública, el lunes 22 de agosto, medio centenar de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, gremiales, de género, antirrepresivas y de DDHH convocamos una movilización para acompañar la presentación de nuestros compañeros María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, abogados de CORREPI, en el juzgado federal, para asumir la defensa, junto al compañero Eduardo "Negro" Soares, de la Gremial de Abogados. Una delegación de referentes de organismos de DDHH y organizaciones antirrepresivas, como CORREPI, el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata (FAM), el Frente por la Dignidad y los DDHH e HIJOS MdP, iba a solicitar una entrevista con el juez para expresar su solidaridad con los represaliados.

En pleno horario judicial, encontramos el edificio cerrado y custodiado por un doble cordón policial, delante y detrás de la puerta vidriada. Durante más de una hora, el operativo de la PFA impidió el ingreso de los compañeros, sin que los incomodara la presencia de cámaras y micrófonos de muchos medios locales y nacionales.

La firmeza de nuestros compañeros logró que, tras varias idas y venidas del personal policial al despacho del juez, finalmente se presentara un funcionario judicial, quien informó que para formalizar su presentación, debían concurrir a otra secretaría del mismo juzgado, a 20 cuadras de distancia.

Mientras la columna de las organizaciones presentes marchaba hacia Viamonte y Bolívar, los compañeros Verdú y Jalil se adelantaron, y lograron ingresar al edificio antes que la policía nuevamente lo rodeara con un sólido cordón. Allí pudieron hacer la presentación, y después de otras dos horas de espera, recibieron una insólita noticia: el juez López no hizo lugar a su designación porque "el Sr. Berrozpe no reviste carácter de parte en la causa". O sea, el mismo magistrado que 48 horas antes lo había acusado en TV, ahora aseguraba por escrito que Berrozpe no tiene vinculación con la investigación.
Apenas la ministra Patricia Bullrich salió por las redes sociales a denunciar la manifestación de apoyo a los compañeros como "inadmisible maniobra de presión a la Justicia", el obediente juez López inició un rally de declaraciones radiales y a medios gráficos, en los que pidió que el viernes 26 "la ciudadanía respalde la justicia" con marchas a los tribunales federales de todo el país, o presentará su renuncia.

Horas antes de semejante muestra de subordinación al gobierno nacional, los compañeros Jalil y Verdú ya habían definido al juez Alfredo López como "vocero de la ministra Bullrich y ejecutor de la política represiva del presidente Macri". Es que, al tiempo que se desarrolla una fuerte contienda dentro del poder judicial, que enfrenta a macristas con kirchneristas, los únicos represaliados, perseguidos y espiados son los que se organizan y enfrentan el ajuste y la represión.

Éste es el estilo de criminalización de la protesta en la era de Cambiemos. Jueces federales que, sin pudor alguno, asumen en público la orden de sus jefes políticos; que no tienen límites a la hora de mostrar sus intenciones y que sólo podremos frenar con la más amplia unidad de acción, como lo hicimos el lunes en Mar del Plata, y seguiremos haciendo cada vez que sea necesario.

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