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Megacausa La Perla: sentencia para un juicio histórico
Por Lucas Paulinovich, Agencia Sin Cerco -
Wednesday, Aug. 24, 2016 at 6:41 PM
24 agosto, 2016 | El clima se enrareció. El presidente, Mauricio Macri, dice no tener idea de la cantidad de desaparecidos ante la prensa internacional. Habla de guerra sucia, el mismo término que usaban los genocidas. Equipara violencias, desconoce las conceptualizaciones del terrorismo de Estado, vuelve para atrás años de discusiones, avales y reconocimientos de organismos nacionales, internacionales y supranacionales. El Estado se retira como querellante en las causas por delitos de lesa humanidad para no entorpecer a la Justicia. Ministros, legisladores y funcionarios de todos los grados apelan a la “memoria y verdad completa”. Los genocidas, desde las cárceles, celebran el amanecer de la esperanza que se materializa en prisiones domiciliarias que les concede la Justicia. Según números del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, en marzo, de las 2332 personas acusadas por delitos de lesa humanidad, había 1200 libres. De las 615 condenas, 193 personas tienen arresto domiciliario y otras 11 esperan en libertad la sentencia firme. Solo 293 personas cumplen prisión común y efectiva. No hay ninguna etapa histórica cerrada.
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Desde la visita de Barack Obama el 24 de marzo -recorriendo el Espacio de la Memoria ex ESMA- hasta la desarticulación y vaciamiento de las áreas dedicadas a investigar la complicidad civil-empresarial y custodiar los derechos humanos en la estructura del Ministerio de Seguridad y del Banco Central; la decisión de darle un nuevo cauce a la política de derechos humanos no es solo una reorientación institucional sino integral del poder político y judicial. Miguel Etchecolatz recibe el beneficio de la prisión domiciliaria y Hebe de Bonafini es defendida por una barrera humana y se la declara en rebeldía.
En ese contexto, el jueves 25 de agosto, el Tribunal Oral Federal 1° de Córdoba dictará la sentencia en un juicio emblemático por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, englobados en la megacausa “La Perla” -causa Menéndez III. Incluye un circuito represivo integrado también por otros centros clandestinos como “Campo de la Ribera”; el “D2”, en la ciudad de Córdoba; y la “Perla chica”, en Malagueño. La megacausa tiene 45 imputados, alrededor de 600 testigos, 716 víctimas y cuatro años de audiencias. Diez de los imputados iniciales murieron antes de escuchar la condena. Es la primera vez que se juzga en Córdoba la apropiación de bebés, los delitos sexuales y la complicidad privada en los delitos económicos de la dictadura.
La investigación judicial del terrorismo de Estado en Córdoba se inició con la denominada “Causa 31-M-87”, que quedó suspendida con el Punto Final y la Obediencia Debida. Después vinieron los indultos y el proceso que inició los juicios por delitos de lesa humanidad, la apertura de archivos, investigaciones y el papel del Estado acompañando lo actuado por los organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, asociaciones civiles y centros de investigación. Durante el desarrollo de toda la megacausa, se intentó entorpecer el accionar de la Justicia con pruebas falsas o información que no aportaban demasiado, con el objetivo de deslegitimar los juicios y reducir las condenas. En mayo, el fiscal Facundo Trotta solicitó la pena de prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez, principal acusado por su cargo de comandante del III Cuerpo del Ejército -fue degradado por el Ministerio de Defensa en 2011-, responsable de la jurisdicción donde operaron estos centros clandestinos. El capricho de crueldad y brutalidad de Menéndez, que ya tiene 18 condenas perpetuas, es conocido: se probó que fue autor mediato de al menos 670 hechos de privación ilegítima de la libertad, 655 casos de tormentos y 331 homicidios, entre otros delitos de lesa humanidad que incluyen el robo de bebés.
La universidad del terror
El centro clandestino de “La Perla”, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, se mantuvo operativo entre 1975 y 1978. Fue el segundo centro de detención más grande del país y funcionaba en red con “Campo de la Ribera”, el Departamento de Informaciones de la policía “D2” -en distintas sedes-, la Casa de Hidráulica y el Puesto Caminero de Pilar. Los tres primeros actualmente son Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos abiertos al público.
Los 20 expedientes acumulados, el número de querellantes, las 716 víctimas registradas, los 340 sobrevivientes y los casi 600 testigos que aportaron su testimonio, hacen de la megacausa un acontecimiento central en la vida de los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina. Su magnitud está cargada de peso simbólico al relevar la maquinaria represiva organizada en la provincia de Córdoba, uno de los focos más sanguinarios en la aplicación del terror. Los imputados que escucharán la sentencia fueron miembros del Ejército entre oficiales, suboficiales y Personal Civil de Inteligencia, de la Policía provincial y algunos integrantes de Gendarmería y de la Fuerza Aérea.
Durante los años en que transcurrió el juicio, el trabajo realizado por organizaciones como HIJOS Córdoba, la agrupación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas o instituciones dependientes de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, como el Archivo Provincial de la Memoria y los Espacios para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, permitieron sistematizar y ordenar la información que revela el funcionamiento de la maquinaria represiva que involucraba actores militares, civiles y clericales. La organización de los testimonios y documentos recopilados es clave para llegar a los vínculos delictivos que se orquestaron durante la dictadura y continuaron, de variadas formas, en plena democracia. La manipulación sistemática de la información pública fue uno de los mecanismos por excelencia para ocultar lo que sucedía. Y para lograr impunidad, después.
Es la primera vez que se enfrentan a un juicio oral en Córdoba diez represores de subrayada carrera como Héctor Vergéz, Ernesto Barreiro y Luis Diedrichs. Los casos que forman parte de los expedientes dan cuenta del despliegue y la organización territorial de la represión en la provincia y permiten desentramar la coordinación entre los diversos organismos de inteligencia y los lazos establecidos entre las fuerzas de Seguridad y las de Defensa. En esos documentos se detalla la metodología utilizada por los destacamentos de inteligencia, la división en “mesas de inteligencia” encargadas de perseguir los ámbitos “gremial”, “religioso”, “político”, “estudiantil”, “fabril” o “económico”. El expediente “Morard y otros…” -14434-, por ejemplo, investiga el secuestro de cinco seminaristas que integraban la Orden de La Salette, en agosto de 1976. Hay casos para cada una de las categorías en las que los agentes reunían información antes de proceder al secuestro, la tortura y la desaparición.
“La Perla” resulta emblemática porque fue el destino común de la mayoría de las víctimas de la causa. Al igual que los otros 500 Centros Clandestinos de Detención que operaron en el país, era llamado Lugar de Reunión de Detenidos. En la jerga local, era conocida como “la universidad”, para diferenciarla de “la escuelita”, como se conocía “Campo de la Ribera”. En el juicio “Menéndez I”, de 2008, quedó probado que en “La Perla” se instaló una maquinaria de terror planificado con el fin de exterminar opositores políticos. Durante su etapa de actividad, pasaron por ahí 2500 personas detenidas, aproximadamente. La gran mayoría continúa desaparecida.
El fiscal Trotta negó que el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que resolvió por mayoría absolver a tres ex militares condenados en primera instancia por su participación en la “Masacre de Capilla del Rosario”, en Catamarca, durante 1974, repercuta en la sentencia de la megacausa. Cada uno de los relatos de los sobrevivientes, los recuerdos de los testigos, los datos aportados en los testimonios, las relaciones entre los actores involucrados, son estremecimientos de la historia. Ante eso, no hay oscuridad que oculte los crímenes. La sentencia del jueves será un acontecimiento crucial para el momento político, una prueba de vigencia de los juicios y un freno a las avanzadas reorientadoras de la “verdad completa”.
Foto: El Diario del Juicio
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