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La institución médica sigue violando derechos y violentando a una mujer
Por Profesionales salud por el derecho a decidir -
Friday, Sep. 02, 2016 at 7:22 PM
2 de septiembre de 2016 | A pocos días de que Belén quedará en libertad, nuevamente una mujer es violentada por la institución médica. En el Hospital Sanguinetti de Pilar, el doctor Christian Pesce, luego de violentar a una paciente, la denunció a la policía violando su deber ético y legal de guardar secreto profesional.
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Reproducimos comunicado de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir
Urgente! La red de profesionales de la salud por el derecho a decidir sigue alerta ante situaciones irregulares de denuncia a mujeres que llegan a los hospitales de la provincia de buenos Aires, con diversas situaciones de emergencia obstetrica
#Pilarvioladerechoshumanos
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016
En el Municipio de Pilar un nuevo caso de violencia institucional
Desde Red de Mujeres y la Red de Profesionales por el Derechos a Decidir queremos manifestar nuestro repudio frente a un nuevo caso de violación al deber de guardar secreto profesional, en el Hospital Sanguinetti dependiente del Municipio de Pilar.
Carla (nombre de fantasía para resguardar su intimidad) llegó en el dia de ayer a la guardia del Hospital con una emergencia gineco-obstétrica. Fue atendida por el Dr. Christian Pesce quien luego de violentarla, la denunció a la policía en violación a su deber ético y legal de guardar secreto profesional.
La repetición de estos hechos en la Provincia de Buenos Aires nos pone en la obligación de recordar una vez más que en Argentina, el deber de confidencialidad surge de un marco normativo formado por la Constitución Nacional, los tratados de DDHH, normas específicas dictadas en materia de salud, y legislación penal que castiga la violación del secreto profesional. Es obligación del Estado intervenir por medio de políticas públicas tendientes a prevenir —por medio de la capacitación y difusión de criterios claros— y sancionar a quienes afectan profundamente la dignidad y privacidad de mujeres, niñas y adolescentes violando derechos humanos básicos. En caso contrario se compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
En el caso “De la Cruz Flores vs. Perú” la Corte IDH resolvió los procesos iniciados como puntapié de la violación del secreto profesional son inválidos. En Argentina el criterio jurisprudencial es claro y está dado por los fallos “Natividad Frías” y “Baldivieso”, que definen la nulidad de todo lo actuado y absuelven a lxs imputadxs, pues el interés público en investigar un delito, no configura razón suficiente que habilite a romper con la obligación de guardar secreto. Nunca se puede justificar someter a las mujeres al inhumano dilema de solicitar auxilio médico en instituciones públicas o enfrentarse con la muerte o la cárcel. Por otra parte el ejercicio de un cargo público no releva de su cumplimiento, una interpretación contraria es inconstitucional por enfrentarse al deber de igualdad y no discriminación. No puede investigarse sobre la base de una denuncia delictuosa pues el ordenamiento legal no consiente su propia violación.
Si bien la violación del secreto profesional es un gravísimo atentado contra los derechos humanos, existen consecuencias aún más graves derivadas de las creencias y prejuicios enquistados en nuestra sociedad y de la implementación de reglas informales y contrarias a derecho como estas. En este caso, Carla soportó tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la institución de salud, en una triste repetición del caso Belén de la Provincia de Tucumán que ha puesto los ojos de la comunidad internacional sobre la Argentina.
Exigimos la inmediata nulidad de todo lo actuado en perjuicio de Carla. También reclamamos acciones claras y concretas para reparar el daño generado y prevenir futuras violaciones de derechos a la Secretaría de Salud, en cabeza de Carlos Kambourian y a la Dirección de Violencia de Género conducida por Luciana Ruiz del Municipio de Pilar. Demandamos la inmediata revisión de este hecho, además de investigar y determinar la responsabilidad administrativa y sancionar a aquellos funcionarios/as públicos/as que hayan sido los causantes de esta nefasta acción.
www.anred.org/spip.php?article12749