El recurso había sido rechazado en primera instancia por el juez laboral Alfredo Vilarullo, bajo el argumento de la falta de legimitidad de los amparistas por no ser afectados directos.

 

El acuerdo, firmado en mayo pasado, constituye un ataque en regla contra los derechos de los trabajadores, ya que viabiliza la contratación de hasta 5000 jóvenes de entre 18 y 23 años por un sueldo mensual de $4500, sin recibo de sueldo, aportes, aguinaldo, pagos extra por trabajar en feriados y un largo etcétera de carencias. Todo bajo el paraguas de que serían “practicantes” con posibilidades de progreso.

 

En qué consiste el fallo

 

En diálogo con Prensa Obrera, el abogado Daniel Arenaza, que patrocina el amparo, dio detalles sobre la medida. Según el letrado, la resolución de la Cámara revoca el fallo de Vilarullo, instando a que dé trámite al amparo e involucre junto al Poder Ejecutivo Nacional a la otra parte del acuerdo, la empresa Arcos Dorados (concesionaria de McDonald’s en Argentina). 

 

Se establece, a su vez, que el juez de primera instancia resuelva rápidamente sobre el pedido de una cautelar para frenar el acuerdo. Arenaza destaca la importancia de este punto: “la urgencia de que se anule momentáneamente se basa en que ya están habiendo despidos”. El abogado explica que la empresa procedería a echar trabajadores para recontratarlos bajo esta modalidad precaria, generando un daño irreversible. Con esto quedaría puesta en cuestión la mentada “generación de empleo” con que el macrismo fundamentaba el convenio. Lejos de ser una medida tendiente a la “pobreza cero”, se orientaría a empobrecer a los trabajadores. 

 

Incluso existiendo nuevas contrataciones, el fallo de la Cámara reconoce que al estar estas dirigidas a “jóvenes en situación de vulnerabilidad”, estarían en juego los derechos de los mismos.

 

Combatir la precarización

 

Una mirada integral del acuerdo promovido por el gobierno, ahora cuestionado, revela una perspectiva de mayor alcance. La búsqueda de avanzar en una mayor precarización del trabajo, ya fuertemente desarrollada bajo el gobierno kirchnerista, busca estimular la competencia entre trabajadores, y así presionar hacia abajo los reclamos salariales. Se trata de una reestructuración social a favor de los capitalistas.

 

El asunto supera largamente los despachos judiciales, y plantea una lucha de fondo de los trabajadores para enfrentar el ajuste del gobierno.