Fernández Garello, el fiscal general de Mar del Plata que fue espía de la dictadura
Por La Retaguardia - Tuesday, Nov. 15, 2016 at 9:28 PM

13 de noviembre de 2016 | Sandra Raggio, integrante de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, detalló la denuncia presentada por ese organismo contra Fabián Fernández Garello, fiscal general de Mar del Plata, por haber actuado como agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la última dictadura cívico militar. (Por La Retaguardia)

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Foto: el fiscal que era servicio (0223.com.ar)

La denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, lo involucra en dos causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan actualmente en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. Se trata del secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y del secuestro y tortura de militantes del Partido Comunista.
Las acusaciones por espionaje político y gremial y por infiltración en organismos de derechos humanos durante la última dictadura se desprenden del material de archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) con el que trabaja la CPM.
Sandra Raggio, directora general del organismo y profesora de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, dialogó con el programa Oral y Público, que conducen Fernando Tebele y María Eugenia Otero, junto a Víctor Basterra, por Radio La Retaguardia, sobre el recorrido que se realizó hasta llegar a los datos que involucran a Fernández Garello: “nosotros gestionamos desde hace más de 10 años el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, por eso trabajamos mucho con los juzgados y fiscalías que tienen a cargo las instrucciones y los juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, y hemos sido requeridos en la mayoría de las causas que se iniciaron en el país, y en un 90% de las causas en la provincia de Buenos Aires; trabajamos entonces en el fondo documental buscando documentación probatoria o aportando información de lo que nos van requiriendo los fiscales y los jueces. En este marco, fuimos requeridos por la causa en la que se investiga el asesinato de Ana María Martínez en 1982, empezamos a investigar y encontramos que Martínez tenía un legajo en la DIPPBA, es decir que había sido espiada y seguida por la DIPPBA, particularmente perseguida por la delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia, que se había infiltrado en el grupo político de Ana María (el Partido Socialista de los Trabajadores - PST). Investigamos quiénes eran los que integraban la delegación, quiénes eran los agentes policiales, qué actividades se hacían, es decir lo que usualmente hacemos con todos los casos, y encontramos documentación que nos remitía a otros hechos, como la detención en julio de 1981 de tres militantes del Partido Comunista por también integrantes de la delegación San Martín de la DIPPBA y entre ellos estaba Fabián Fernández Garello”.
Raggio especificó que el documento hallado era un acta que habían realizado después del operativo donde se narraba el allanamiento y la detención de los militantes del Partido Comunista, además del secuestro de lo que en ese momento se denominaba “bibliografía subversiva o terrorista”. “Numeraban un conjunto de libros que había sido incautado, por supuesto bibliografía marxista, editada en general por el Partido Comunista, que fue incautada en ese allanamiento. Y este episodio de 1981 se asocia con otro que es la detención, el secuestro y la tortura de uno de estos militantes del PC que devino después en una causa penal que el militante le hace a los policías por torturas, por apremios ilegales. Se abre una causa en plena dictadura, un hecho que tiene repercusión en aquel momento, sale en los diarios, incluso hay una conferencia de prensa de organismos de derechos humanos. La víctima fue patrocinada por abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y hay una pericia forense que da como probado por las marcas que tenía en la piel que había sido torturado con picana eléctrica. En este caso, la víctima dice que han sido los mismos que participaron de la detención de 1981, cuando también había sido detenido y molido a palos, y torturado también por este grupo donde se encontraba Fernández Garello”.
Entre el material hallado también se encontró documentación ligada a las acciones de espionaje que hacía el actual fiscal general como agente de inteligencia: “entre ellas, la infiltración en una reunión que tuvieron las Madres de Plaza de Mayo creo que en el año ’79 con la Conferencia Episcopal Argentina donde él está como un agente infiltrado, esto fue en San Martín, una zona de influencia de la delegación. En ese caso a quien está reportando es a Bustos, porque uno de los jefes de Fernández Garello fue (Roberto Ramón) Bustos que es un agente de la DIPPBA, un comisario que fue condenado por delitos de lesa humanidad por el secuestro y desaparición de 6 militantes (en el marco de la megacausa Campo de Mayo). Es uno de los primeros agentes de la DIPPBA que fue condenado; son dos los condenados por participar de crímenes de lesa humanidad, además de Bustos está (Francisco Silvio) Manzanares en Junín”, explicó Raggio.
“Lo que se ha demostrado y la jueza ha corroborado a partir de la documentación de la DIPPBA es que efectivamente la Agencia de Inteligencia de la Bonaerense trabajaba mancomunadamente con el grupo de tareas de Campo de Mayo, en todo lo que fueron los últimos años de la dictadura militar. Esto es algo que la jueza de San Martín que interviene en la causa de Martínez ha corroborado. Hemos encontrados 17 documentos que dan cuenta de la infiltración y del espionaje de Fernández Garello, todas orientadas a la persecución de lo que se denominaba el delito terrorista y la lucha antisubversiva. O sea que la delegación de San Martín fue muy activa en todo lo que fue la persecución, secuestro y posterior asesinato de Ana María Martínez. En este asesinato también participaron los miembros del Ejército, que prestaban servicio en Campo de Mayo. La causa de Martínez deriva de la megacausa de Campo de Mayo, y actuaron del destacamento 201 que dependía del famoso batallón de inteligencia 601”, agregó la integrante de la CPM.

Producción propia

El contenido del material de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires consta de informes escritos a máquina por los mismos agentes de inteligencia: “esta es documentación que produjo el mismo fiscal general cuando era agente de la DIPPBA, muchos son informes escritos por él en una máquina de escribir y elevada a sus superiores. Todo el archivo de la DIPPBA está digitalizado y tiene alrededor de 4 millones de fojas. Hay un fichero que nos permite hacer búsquedas porque la DIPPBA sí buscaba manualmente, entonces tenía un fichero por persona que iba consignando en qué legajo aparecía. Todo tiene una lógica de archivo pero nosotros buscamos en un fondo documental que está digitalizado y usamos un buscador muy potente que nos permite cruzar mucha información pero la buscamos por requerimiento no es que hacemos investigaciones propias, porque hay tantos requerimientos y oficios que nos llegan diariamente de todos los juzgados, ese es nuestro trabajo, ojalá pudiéramos haber leído ya las 4 millones de fojas”, señaló Raggio.

Pasado, presente y futuro

Tras presentar la denuncia, la Comisión Provincial por la Memoria pidió el apartamiento de Fabián Fernández Garello de su cargo como fiscal general de Mar del Plata, requerimiento que fue exigido tanto a los funcionarios políticos como judiciales: “por un lado estamos trabajando en la solicitud al Consejo de la Magistratura, que está representada también por legisladores, de un juicio político para que sea desplazado de su cargo, que es la manera constitucional de sacar de su cargo a un funcionario como Fernández Garello. No obstante ello, le estamos solicitando a las autoridades del Ministerio Público Fiscal y a la Suprema Corte de Justicia que en tanto estos procesos se lleven a cabo, que van a demorar su tiempo, sea apartado preventivamente de su cargo, porque es realmente escandaloso, ya lo es que haya estado a cargo de una fiscalía general desde 1999 por la sospecha que a uno le puede generar, la desconfianza sobre su actuación, nada más ni nada menos que diseñando la política criminal, la persecución penal, a un hombre que participó activamente como agente de inteligencia, que también perseguía, también tenía una política criminal la dictadura ligada a los peores delitos y las peores violaciones a los derechos humanos, entonces estamos en democracia, la justicia es uno de los poderes centrales de un gobierno republicano y la verdad que necesitamos volver a creer en  la justicia y para eso necesitamos que rápidamente se actúe para que retorne un poco la confianza de que la justicia es capaz de proceder como corresponde ante una situación como esta y de manera urgente”, expresó la directora general del organismo.
Al ser consultada por Oral y Público sobre la cobertura que desde los medios tradicionales se realizó de esta denuncia, Raggio consideró: “creemos que todavía falta una reacción porque la verdad que es un hecho escandaloso, y con la documentación que tenemos no nos cabe ninguna duda de que el fiscal general de Mar del Plata fue agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura militar, con todo lo que ello implica. Después la justicia seguirá evaluando su implicancia con respecto a su responsabilidad en la comisión de los delitos pero en términos políticos y éticos para nosotros es intolerable que siga en sus funciones y eso debería generar un escándalo nacional. En la medida en que esto no haya tenido la repercusión en los medios nacionales que debería haber tenido, puede ser por aquellos que dicen que la cuestión de los juicios por lesa humanidad son una cuestión del pasado pero este caso demuestra que no; esta demora que tenemos en los juicios y la demora histórica que hemos tenido en los años ’80 con las leyes de impunidad hicieron que Fernández Garello pudiera llegar a ser fiscal general, ya que si la justicia hubiera seguido sin la presión de los militares, sin la obediencia debida, sin el punto final, sin los indultos, probablemente Fernández Garello no hubiera llegado a ser fiscal general porque hubiéramos logrado condenarlo antes o por lo menos saber qué había pasado con él durante la dictadura antes y no enterarnos ahora”.
Finalmente, Raggio se refirió a las consecuencias que implican que una persona que fue agente de inteligencia de la Policía Bonaerense esté actuando como fiscal general: “como fiscal de la provincia de Buenos Aires, Fernández Garello no tiene actuación en la justicia federal, pero sí hay que ver cuál ha sido su actuación en general en las violaciones a los derechos humanos que permanentemente ocurren por parte de la Bonaerense, por ejemplo en el Servicio Penitenciario en Mar del Plata, en Batán, las cosas espantosas que pasan ahí, la violencia institucional, la tortura, los casos de gatillo fácil, cuál fue su actuación ahí como fiscal, porque la verdad que hay mucha desconfianza en torno a eso, si sus vínculos con la Bonaerense siguieron siendo como eran, entonces esta cuestión de pasado y presente diluye un poco la distancia cuando uno se encuentra con esta historia”.