| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
Ex PADELAI: desalojo e incertidumbre
Por Red Eco Alternativo -
Friday, Jan. 06, 2017 at 11:49 AM
Jueves 05 de Enero de 2017 | En la madrugada del miércoles 4 de enero comenzó un fuerte operativo policial para desalojar el edificio del antiguo Patronato de la Infancia (ex-PADELAI). Tras 12 horas de negociaciones y con la promesa de subsidios y créditos blandos para viviendas, las familias aceptaron abandonar el inmueble aunque manifestaron sus dudas respecto al cumplimiento de las propuestas oficiales.
ex_padelai.jpg, image/jpeg, 390x273
La orden de desalojo fue firmada, en plena feria judicial, por la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una denuncia por usurpación presentada por el Gobierno porteño contra las más de 60 familias que habitaban el lugar, y entre las que se encontraban más de 80 menores.
Ante la negativa judicial de otorgarles un plazo de 5 días para buscar nuevo alojamiento, y por el contrario darles tiempo hasta las 19 del mismo miércoles, las familias decidieron permanecer en el edificio defendiendo su derecho a la vivienda, ya que a su vez muchas cuentan con títulos de propiedad y hace más de 30 años que viven y mantienen el edificio, ubicado sobre la calle Balcarce.
Más de un centenar de agentes de la flamante Policía de la Ciudad cerraron y vallaron un rectángulo de 300 metros por 200, delimitando un área que comprendía las calles Paseo Colón, Carlos Calvo, Defensa y Cochabamba. Los efectivos estaban acompañados además por un camión hidrante, una autobomba, dos furgones de la División Perros, y al menos 7 carros de asalto de la Metropolitana y media docena de patrulleros.
En declaraciones periodísticas, Sebastián Alanis, abogado de las familias, afirmó: "el edificio ha sido objeto de conflicto desde 2003, desde cuando se discute de quién es. (…) Según el Registro de la Propiedad, está a nombre de la cooperativa de consumo limitada de San Telmo que integran las familias que lo ocupan. Sin perjuicio de eso, el Gobierno ha instado, a partir de un juicio de usurpación, el desalojo del mismo".
La empresa social San Telmo tenía en trámite un crédito hipotecario para acceder a los fondos necesarios que le permitieran autogestionar la vivienda para las familias.
De todos modos, representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación realizaron un censo y mantuvieron negociaciones con las familias. Ofrecieron otorgar subsidios habitacionales y créditos hipotecarios bajos, además de depósitos para guardar elementos de las viviendas desalojadas.
Sin embargo, el subsidio propuesto es de 8.000 pesos para quienes tienen trabajo en blanco, por lo que un grupo de habitantes no podrá acceder a los créditos para la adquisición de viviendas, y a su vez el monto no alcanza siquiera para cubrir la entrada a un alquiler.
Aunque finalmente el desalojo fue “pacífico”, tras 12 horas de operativo, lo concreto es que muchas familias quedaron en la calle y en situación de incertidumbre.
En este sentido, Tito Vargas, presidente de la Cooperativa San Telmo y representante de los vecinos del ex Padelai, afirmó que “hay desconfianza” en relación a las propuestas del gobierno porteño debido a que ya “ha prometido cosas y nunca ha cumplido”.
Cabe recordar que bajo el mismo argumento del operativo de esta semana, es decir las malas condiciones edilicias, en febrero de 2003 ya se había producido un desalojo en el mismo edificio. En aquella oportunidad hubo casi un centenar de heridos y detenidos, y varios niños pasaron horas incomunicados en la Comisaría 14º.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se refirieron a la situación en el Ex Padelai a través de un comunicado. Allí señalaron: “más allá de la situación puntual de cada familia, no cabe ninguna duda de que la actitud del Estado se asemeja fuertemente a una amenaza coactiva y debe ser repudiada. El pretendido consenso de las familias, obtenido bajo presión, carece de todo valor. Como lo hicimos en numerosas oportunidades, ratificamos nuestra condena hacia los desalojos forzosos, que afectan a las familias más humildes, especialmente cuando son impulsados por el mismo Estado, a quien la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, obliga a garantizar el acceso a la vivienda digna, el art. 31 de la Constitución de la CABA y diversos Tratados Internacionales. Dicha obligación estatal también debe ser acatada por el Poder Judicial, en lugar de ser un auxiliar de aquellos que pretenden desarrollar un modelo de Ciudad elitista, afin al mercado especulativo de inmuebles y que expulsa a los sectores más empobrecidos de la misma. Por ello, y porque además sostenemos que la vivienda es un derecho y no un valor de cambio o de inversión especulativa, llamamos a las organizaciones populares a profundizar la coordinación de las luchas en defensa de las personas y familias sin vivienda o que corren riesgo de ser desalojadas, sin el cumplimiento de las condiciones necesarias que garanticen el acceso a una vivienda y hábitat dignos”.
Fuentes: La Izquierda Diario / Notas / Ansol / LADH
www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=20620:desalojo...