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Originarios contra terratenientes en Embarcación
Por El Intra - Wednesday, Jan. 11, 2017 at 4:28 PM

Denuncian connivencia entre la policía, el terrateniente y un cacique de la zona

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martes, 10 de enero de 2017

SALTA (Redacción) ─ Un nuevo conflicto de tierras en el norte de la provincia de Salta, enfrenta a originarios del pueblo Guaraní con un terrateniente frances que compró varias hectáreas de terreno en Embarcación. Además denunciaron que un cacique de la zona, también está a favor de que los desalojen de ese lugar.

Diana Situe, cacique de la comunidad Hapu Ipuau de la localidad de Embarcación, denunció en el programa Todas las Voces Todas, connivencia policial y judicial en la zona con respecto al conflicto que mantienen con el terrateniente francés Humberto Burlon. Cabe recordar que el territorio fue relevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en el marco de la ley 26.160 – que suspende los desalojos de comunidades indígenas y ordena el relevamiento de las tierras ocupadas por ellas- en noviembre del 2.015, abarca 6.033 hectáreas.

"Somos del pueblo Guaraní y los hermanos están acostumbrados a armar cercos y sembrar verduras que utilizamos diariamente. Hacemos uso hace más de 60 años de ese territorio con las costumbres que nos dejaron nuestros ancestros, tenemos nuestro derecho preexistente”, resaltó la mujer quien recordó también que el terrateniente francés Humberto Burlon compró las tierras con las comunidades viviendo en ellas.

"Los hermanos más ancianos entraban a escondidas porque los veían con un carrito de leña a las orillas del camino y les sacaban un arma, y como eran muy sumisos nunca hicieron una denuncia”, lamentó Situe al tiempo que destacó: "A raíz del relevamiento nos sentimos más fortalecidos como pueblo y empezamos a luchar”. "En ese entonces Humberto se sintió más fuerte y nos empezó a hacer denuncias de que nosotros robamos madera, que hacemos daño a la pachamama, pero nosotros la cuidamos porque ese es nuestro sustento. Denuncia que nosotros hacemos el desmonte siendo que ellos sacaron maderas en camionadas y es cuando nos paramos y empezamos a luchar”, dijo y denunció que desde hace meses intentan cerrar el territorio con portones.

Continuando con su relato, detalló: "La fiscal Lorena Martínez nos llamó el viernes con los policías de arriba. Yo le pedí el oficio a la policía y nos dijeron que no y que teníamos que ir urgente, y le dije a la gente que no vayamos. Algunos decían ‘por respeto vamos a ir’, fuimos y las palabras textuales de ella fueron: ‘Por culpa de ustedes a mí me quieren echar y yo no voy a perder mi trabajo por los problemas que ustedes están haciendo, así que ya me firman este acuerdo y tienen prohibido entrar al territorio’, siendo que anteriormente estaba fortaleciéndonos a nosotros porque tenemos derechos y leyes que nos amparan. Cuando le empezaron a meter presión cambió todo. A la fiscal le hicieron un jury pero ella no tiene qué mandar a desalojar”.

Frente a esto, señaló que se negaron a firmar el documento que les presentó Martínez por lo que los amenazaron con llevarlos presos. "Cuando salimos afuera de la Fiscalía estábamos rodeados por la policía. El policía Nogales de Embarcación se hacía el prepotente y decía que firmemos porque nos iban a llevar presos. No querían hablar con el abogado”, continuó.

Posteriormente, según precisó, regresaron al territorio, y añadió: "Al otro día, a la tarde, nos enteramos de que estaban poniendo portones de hierro, bajamos y nos pusimos ahí, y ahí es cuando uno de los hermanos de Ortega Velarde- socio de Burlon- y el cacique Salvatierra, que está prendido con el terrateniente, lo llaman a Ortega y él llama a la policía. Nos querían hacer firmar un papel, nosotros dijimos que no y que no nos iban a cerrar el territorio, logramos que el terrateniente se vaya con los portones. Pero al rato, que ya era de noche, llegó otra camioneta de la policía con una orden y dijo que si no nos íbamos iban a incendiar. No nos quería mostrar la orden de la Fiscalía entonces llamamos de nuevo al abogado”.

La orden, según le indicó la Policía a la mujer, había sido expedida por el juez Fernando Mariscal Astigueta, aunque insistían en negarse a mostrarles el oficio, incluso a leérselos. "Los amenazamos con que íbamos a hacer la denuncia, pero nos dijeron que no estaba el Fiscal, y ahí hay una prendida grande”, aseveró Situe y finalmente advirtió: "Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, y si tiene que haber una muerte van a ser culpables todas las instituciones y los gobiernos que hacen oídos sordos y lo escuchan a este Burlon y no a las comunidades”.

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