| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
Macri firmó el decreto que autoriza a deportar inmigrantes
Por Tiempo Argentino -
Tuesday, Jan. 31, 2017 at 2:22 PM
Lunes 30 de Enero de 2017 | Se publicó en el Boletín Oficial el DNU que modifica la Ley de Migraciones sin pasar por el Congreso.
64252_web-macri-contra_inmigrantes.jpg, image/jpeg, 648x432
El gobierno nacional oficializó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) modificaciones a la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".
En este sentido, la norma reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".
“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.
Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de este lunes del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional.
En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".
En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".
No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".
Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".
Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".
"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial. En este sentido, el decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".
Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".
Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".
Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".
www.tiempoar.com.ar/articulo/view/64252/macri-firma-el-decreto-que-autoriza-a...
Inmigrantes sospechosos
Por Raúl Kollmann - Página/12 -
Tuesday, Jan. 31, 2017 at 2:24 PM
na08fo01_23.jpg, image/jpeg, 470x353
31 de enero de 2017 | La idea de no dejar entrar al país o expulsar rápidamente a extranjeros sólo se aplicará a bolivianos, peruanos, colombianos y paraguayos. Y sólo a pobres, no a cualquiera de esa nacionalidad. Los morochos son los sospechosos.
En un año electoral, el objetivo del gobierno es hacer ruido. Ni siquiera las medidas enumeradas en el decreto van a tener efectividad. Es una jugada política destinada a echarle la culpa a los extranjeros de los problemas argentinos y tal vez sacar algunos votos más. Por supuesto que ya teníamos nuestra cuota de xenofobia y ahora, al calor de Donald Trump, pretenden diluir que buena parte de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes. Mi mamá, próxima a cumplir 103 años, entró al país de manera ilegal huyendo de los campos de concentración del nazismo en los que asesinaron a sus padres cuando llegó el tren a Auschwitz, el 11 de octubre de 1944.
Los funcionarios de Migraciones dijeron ayer que se impide el ingreso al país de unas 14.000 personas por año. ¿Por qué razones? Documentos deteriorados, documentos vencidos, niños que vienen sin los papeles requeridos, personas que vienen de turistas y no tienen ni un peso, chicos colombianos a los que traen para que se prueben en clubes de fútbol y los dejan abandonados a su suerte.
Como es obvio, ningún jefe o cuadro medio narco viene en esas condiciones. Es más, lo normal es que lleguen defendidos por grandes estudios de abogados. Tal vez el narco más famoso, blanqueado la semana pasada por Estados Unidos como confidente de los servicios norteamericanos, Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, no entró a la Argentina con un documento colombiano a su nombre, sino con uno venezolano, auténtico, pero a otro nombre. Es decir que el rechazo será esencialmente a morochitos, no a grandes o medianos narcos.
Una parte importante de los extranjeros que están en prisión son las llamadas mulas, personas que no pensaban pedir la residencia en la Argentina ni querían quedarse a vivir aquí. No eran ni querían ser inmigrantes. Son hombres y mujeres humillados, destrozados, que muchísimas veces traen la droga en el estómago como carne de cañón de los narcos. Como explicaron en este diario Diego Morales y Marcelo Trufo, del CELS, el delito de narcotráfico es transnacional, se trata de personas extranjeras ingresando a distintos países. Por eso comparar las cifras de presos extranjeros por narcotráfico con la proporción de presos en general tiene poco sentido. Por eso, además, la mitad de los argentinos presos en el mundo están imputados por narcotráfico, muchos de ellos también usados como mulas en Europa.
Expulsar a un inmigrante por tener un procesamiento confirmado es inconstitucional porque en la Argentina una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso queda establecido con una sentencia firme. Ahora, nuevamente, los afectados serán los humildes, los que no tendrán un abogado con peso para pelear, argumentando la inconstitucionalidad contra una decisión semejante de Migraciones.
Sin embargo, lo habitual es lo contrario. Ningún juez suele dar el visto bueno para la expulsión de un ciudadano procesado por un delito cometido en la Argentina. El magistrado quiere que se lo juzgue y, de acuerdo a la ley, que cumpla al menos con la mitad de la condena. Fue lo ocurrido con el célebre ladrón Luis Mario Vitette Sellanes, aquel que encabezó la banda de boqueteros que robó el Banco Río de Acasusso. Vitette sabía que quedaría libre en Uruguay ni bien se lo expulsara de la Argentina. Por ello peleó para que lo echaran. Los jueces se resistieron hasta que cumplió la mitad de la condena. Queda claro que los ricos tienen la estructura para ingresar e incluso los medios para que los expulsen, cuando ellos quieren.
Se ha dicho que las aerolíneas tendrán que informar si las personas que traen al país tienen antecedentes. En rigor, lo que entregarán será una lista de pasajeros que, luego, será cruzada con bases de datos que permitan saber si el que llega tiene antecedentes.
Los que tienen experiencia en migraciones cuentan que:
- La base de datos de Interpol sólo incluye a personas con capturas o búsquedas o con alertas. Es un cruce que ya se hacía con el Director de Migraciones anterior, Martín Arias Duval, en época del kirchnerismo. Hay que aclarar que Interpol no tiene base de datos de antecedentes.
- Ni siquiera es sencillo distinguir a personas por la base de datos de Interpol. La información no está depurada, muchas de las búsquedas están vencidas y con un mismo nombre, por ejemplo, Juan Sánchez, hay centenares de individuos. De todas maneras, Migraciones tiene la conexión desde hace años.
- Los convenios con los países son deficitarios. Por ejemplo, Estados Unidos alerta poco y nada y por lo general lo hace únicamente con las personas imputadas de pedofilia o algún caso especial. Nunca migraciones de Estados Unidos alertó por alguien que tuvo antecedentes por delitos económicos. El cuadro es similar al de las cárceles norteamericanas: muchos negros y latinos, muy pocos blancos.
- Hay convenio con Colombia pero la información es poco confiable. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue disuelto porque siendo el encargado de la documentación se descubrieron casos en que se vendieron a narcos pasaportes con identidades cambiadas. Lo mismo pasa con otros países. La mayoría informa lo que quiere.
Es decir, que esa novedad busca hacer mucho ruido, mucha publicidad política, pero habrá poco cambio. El narco de más o menos nivel esquivará estos listados poco confiables.
El resultado global es el que transmiten los expertos. Ellos suelen decir que el delito se combate con una buena política social, buena política e inteligencia criminal. No con leyes migratorias.
https://www.pagina12.com.ar/17222-la-construccion-del-inmigrante-como-enemigo