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El Gran Negocio Dorado de GAMA
Por republicado / ECOS Córdoba - Friday, Feb. 03, 2017 at 10:40 PM

La empresa de Jorge Petrone, encarcelado en la prisión de Bouwer por robo de tierras y falsificación de documentos, pretende instalar un condominio en lo poco de bosque serrano que queda en la región. La maniobra por conseguir el aval para el desmonte. Las rispideces con el Gobierno, en una trama que permanece en las sombras.

Jorge Petrone, dueño GAMA, junto con Susana Giménez, quien fue brevemente la cara visible de tres emprendimientos de la empresa, entre ellos El Gran Dorado. Luego de la condena judicial contra Petrone, la conductora retiro su imagen de las publicidades de la compañía. Ph: Cadena 3.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

El día 28 de diciembre de 2016, mientras miles de cordobeses se preparaban para la realización de una marcha en el centro de la capital contra la reforma de la Ley de Bosques, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico ordenaba imprimir un pedido de elevación a juicio contra dos ex secretarios de ambiente provincial: Raúl Costa y Luis Bocco. Ambos se encuentran, a su vez, imputados respectivamente en el “caso Candonga” y el “caso Monsanto”. El primero, por permitir un loteo inmobiliario en zona declarada como roja, o sea de alta conservación, del bosque nativo. Mientras que el segundo, por permitir la instalación de la procesadora de semillas de la multinacional en Malvinas Argentinas, en suelo donde no se permite la actividad industrial.

Ahora, la cuestión del bosque y los suelos mete a ambos secretarios bajo la misma carátula -abuso de autoridad- por otorgar beneficios a las inversiones inmobiliarias de la empresa desarrollista GAMA S.A., en San Antonio de Arredondo, cuyo creador y presidente, Jorge Petrone, está condenado y en prisión por usurpación (robo de tierras) y falsedad ideológica (adulterar documentos), en la denominada Mega-causa del Registro de la Propiedad. Uno de esos proyectos es El Gran Dorado, denunciado por tener papeles flojos y autorizaciones irregulares. El foco de la polémica consiste en el aval de la realización de desmontes en la región serrana, con un cuestionado estudio de impacto ambiental sin que las autoridades competentes convocaran a la participación ciudadana.

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Curiosamente, previo a la condena que recibió a comienzos de 2014, el empresario Petrone aseveró ser un “preso político” por parte del dirigente y ex gobernador José Manuel de la Sota. Sin embargo, estando tras las rejas, tanto GAMA como la tercera gestión de De la Sota intentaron evitar las exigencias de las leyes ambientales para la realización de una audiencia pública. En respuesta a un amparo vecinal, el Juzgado en lo Civil y Comercial de Carlos Paz ordenó al Estado que se concretara dicha instancia. Tanto él mismo como la empresa recurrieron a todas las instancias para evitarlo.

A pesar de esto, el Tribunal Superior de Justicia ordenó en noviembre del año pasado la realización de una audiencia, tal como lo estipula la Ley Provincial de Ambiente (Nº 10.208) para proyectos de semejante envergadura. Dicha instancia se realizará el martes 24 de enero del presente año. Y poco antes de fin de año, el fiscal de instrucción Hugo Amayusco pidió la elevación a juicio contra el ex secretario Raúl Costa (2008-2011), por haber aprobado los proyectos del barrio privado El Dorado II, también de GAMA, y de una estación transformada eléctrica en Villa Carlos Paz. Mientras que a Luis Bocco, por la misma razón, solo que aquí se incluye el estudio de impacto ambiental del proyecto El Gran Dorado.

Detrás de esta búsqueda de El Dorado, se esconden secretos que no siempre brillan.

El Gran Negocio

“El Gran Dorado” –anteriormente llamado “El Dorado III”- es el emprendimiento inmobiliario más importante de GAMA en el interior cordobés. Pretende instalarse al costado de la Ruta Nacional 20 –o por la Ruta Provincial 14-, en el faldeo occidental de las Sierras Chicas, a cinco kilómetros de la ciudad turística de Villa Carlos Paz. Al oeste del terreno, dividido por la ruta, se encuentra el barrio privado “El Dorado II”, también de GAMA, y que también está cuestionada por la justicia.

El Gran Dorado ocupa 56 hectáreas -de las cuales 22 se destinarían para uso residencial-, compuestas por una veintena de bloques de 488 departamentos de tres niveles. Incluye caminos internos con cordón cuneta, alambrado perimetral, red eléctrica y alumbrado en el exterior, cloacas y un Plan de Manejo Sostenible de Bosque Nativo, con parquización inclusive. En la parte más alta del condominio, con vista panorámica, se propone instalar un play-room, pileta-solarium, spa y gimnasio de último nivel. Se trata de una inversión de más de $ 127 millones. Más una vida útil de 50 años. En distintos medios de comunicación, incluyen un Apart Hotel, pero no figura en el Estudio de Impacto Ambiental.

“El Dorado III es un emprendimiento turístico inmobiliario que nace desde su concepción como proyecto ambientalmente sustentable”, señala el Aviso de Proyecto, que además apunta que “se tuvo en cuenta esa idea para lograr el menor impacto ambiental, preservando y mejorando la calidad ambiental, en un marco de sustentabilidad ambiental, evitando intervenciones innecesarias y priorizando la gestión adecuada del bosque nativo”.

El 09 de noviembre de 2011, GAMA presentó el Aviso de Proyecto a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para luego entregar el Estudio de Impacto Ambiental al mes siguiente.

La consultora

GAMA S.A. recurrió a la consultora “Vanoli & Asociados Ingeniería” para la creación del Estudio del Impacto Ambiental (EsIA) para el proyecto de El Gran Dorado. Dicha firma ha trabajado en otras obras, que han sido muy cuestionadas tanto a nivel ambiental como a nivel presupuestario. Entre otros, se encargó de elaborar el proyecto definitivo del Camino del Cuadrado; más precisamente, el tramo donde se desvío de la traza original, alejándose de La Falda para pasarse a Valle Hermoso. Se trata del camino donde más se padecen los desmoronamientos. También realizó los estudios del Nuevo Centro Cívico o “El Panal”, más la ampliación del espacio verde universitario, sospechada de su irregular apresuramiento en los tiempos de demolición de la antigua Casa de las Tejas.

De hecho, en la lista de clientes que figuran en su página web, aparecen empresas que han recibido beneficios por los gobiernos de turno, más denuncias de por medio. Estos son Aeropuertos Argentina 2000, del magnate Eduardo Eurnekián; empresas de la familia Roggio (Benito Roggio e Hijos SA, Roggio Resort y Cliba SA), Electroingeniería, Euromayor, YPF-Repsol, Tagle SA, entre otros.

El “Vanoli” al que hace referencia el nombre de la consultora es Gustavo Vanoli, esposo de Gabriela Faustinelli, quien fue la secretaria de ambiente del intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre, durante su primera gestión, y que actualmente es asesora de gabinete del municipio. Precisamente, el municipio de Mestre le aprobó el convenio urbanístico del proyecto “Ciudad GAMA” a la empresa de Petrone a finales de 2015, evitando que se aplique la ley de uso de suelo, cuando Gabriela mantenía su puesto de asesora ambiental de Mestre. Además de otros emprendimientos, como el Ex – Batallón 141 en manos de la corporación Eurnekián y las torres del Parque Las Heras del Grupo Roggio, también clientes de la consultora del esposo de Faustinelli.

La trama detrás de un desmonte

Dentro de los papeles que presentó la empresa de Petrone, se esconde una maniobra para facilitar el desmonte en pleno bosque nativo. Como así también, un entrecruzamiento con personajes ocultos dentro del mundillo político y empresarial de Córdoba.

A pesar de que el Proyecto asegura garantizar un uso sustentable en el medio ambiente, varias irregularidades y tropiezos se encuentran en el propio EsIA y que, en parte, llevó a la resolución del fiscal Amayusco para imputar a los funcionarios públicos, al no percatarse o contestar estos improperios.

Para empezar, los estudios reconocen que las montañas y el agua “van a ser afectados en forma directa por el emprendimiento”.

Al hablar de las montañas, que sería la “zona de sierras”, estamos hablando de la presencia de cubierta vegetal. En distintas páginas de los trabajos realizados por la empresa, se reconoce que en la etapa de obras se procederá a la “eliminación de la cubierta vegetal”.

Precisamente, en la página 20 del EsIA dice taxativamente que durante las obras, se procederá al “Desmonte hasta obtener la cota de subrasante”, que consiste en la modificación de los suelos, con el fin de llevar a cabo a posterior un trabajo de relleno para terraplenes.

Ese ha sido el enfoque que dio la justicia, ya que ahí estamos hablando de monte nativo. En particular, de bosque serrano, caratulado como zona roja o de alta conservación, según la actual Ley Provincial de Bosques, en donde se prohíbe el desmonte.

De hecho, según el Estudio de Vegetación, presentado en agosto de 2011, en sus páginas 3 y 4, señala lo siguiente con respecto a la zona: “Aparentemente este campo nunca ha sido utilizado para actividades productivas, por lo que su composición vegetal es de muy buena calidad (…) [Parte del terreno] está ocupada por vegetación natural, en mayor o menor grado de conservación, que ha sufrido antiguamente los efectos del fuego, extracción de leña, etc., especialmente en la parte baja, y un bosque denso y alto que se interna en las quebradas y faldeos de la montaña”.

Así, según el relevamiento, se comprueba que en esa zona aparecen especies como el algarrobo, el chañar, el moradillo, la tala, el espinillo, el piquillín, el molle y el quebracho blanco, entre otros. Es decir, que no solo el propio EsIA reconoce que el emprendimiento se desarrollará por encima del Bosque Chaqueño Serrano, en su página 16, sino que incluso reconoce que ese bosque padece un “retroceso” por distintas actividades humanas.

Y finalmente, en mayo de 2012, la Dirección de Áreas Naturales, Bosques y Forestación sentenció que precisamente el emprendimiento se encontraba en zonas rojas y amarillas según la Ley de Bosques; que está prohibido el desmonte por ley, y que es “fundamental importancia la opinión de la comuna”, entiéndase como participación ciudadana.

El Estudio afirma que, para justificar los desmontes, se ampara en las excepciones de los Artículos 5 y 7 de la propia Ley Provincial de Ordenamiento Territorial o “Ley de Bosques” Nº 9814, donde ambos articulados estipulan que, en zonas rojas, el desmonte está permitido como excepción cuando “hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso de suelo”.

Dejando a un lado esa cuestión que ya la seguiremos tratando, es curioso que el EsIA no haga mención en ningún momento sobre la Reserva Recreativa natural del Valle del Cóndor, creada por la Ley Provincial 8770/1999. La misma abarca al propio San Antonio de Arredondo.

La misma, se rige por la Ley Provincial de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba (Nº 6469). Precisamente el Artículo 65 de esta última ley prohíbe cualquier “actividad que produzca la destrucción” de los ambientales naturales de esa zona.

Hay una fuerte discusión sobre si San Antonio de Arredondo forma parte o no de la Reserva del Valle del Cóndor. Pero ese debate debería quedar saldado con solo observar la Resolución 1.011/2005 del municipio, donde adhiere a la Ley 8770.

Con lo cual, ya de por sí tiene otro freno legal el proyecto para no instalarse en el municipio. Algo que también fue tomado en cuenta por el fiscal Amayusco.

Además, el Artículo 6 de la Ley 8770, que crea la Reserva del Valle del Cóndor, establece que para dividir en parcelas a la Reserva debe contar con el EsIA aprobado, algo que no ocurrió en este caso. Con lo cual, aquí hay una irregularidad de parte del municipio de haberle concedido la prefactibilidad.

Por todo esto, como lo especificó Amayusco, al no contar con el EsIA aprobado previamente, no había “cambio de uso de suelo” que valga por parte del municipio. Con lo cual, no se aplicaban los artículos 5 y 7, y por ende la alta conservación queda indeleble.

Quizás por esa razón, para lograr ampararse en esos dos artículos, la empresa se defendió en base a la Resolución 942 del año 2005, que se le otorgó la comuna de San Antonio de Arredondo. Según GAMA, esta resolución le permitió recibir la “factibilidad” de fraccionar las tierras para las obras, dando a entender que cumplió con todos los requisitos que le exige la comuna y, por ende, el “cambio de uso de suelo” se concretó sin problemas.

Pero cuando uno va directamente a la Resolución 942/05 se topa con que en realidad no fue la “factibilidad” lo que se le concedió a GAMA, sino la “prefactibilidad”, que es bien distinto. Es más, en todo el expediente que la Secretaría de Ambiente ha expuesto públicamente, no se ha encontrado ningún documento que muestre que la Municipalidad le haya otorgado la factibilidad, como dice GAMA.

Según el Código de Edificación de San Antonio de Arredondo, la diferencia entre prefactibilidad y factibilidad es que la primera es una instancia inicial para que el municipio apruebe la instalación de un barrio privado, y se obtiene al cumplir una “serie de requisitos” relacionados a las mediciones y trazados precisos y estipulados para la división de parcelas y lotes. Mientras que para la factibilidad, los “requisitos a cumplir” son los certificados y permisos ligados a estudios ambientales, de agua y otros servicios, que se obtienen por la administración provincial. Entre ellos, el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

Con lo cual, tal como lo señala el fallo del fiscal Amayusco: “un decreto comunal que otorga prefactibilidad a un proyecto inmobiliario y sujeta la expedición de la factibilidad y aprobación definitiva a una serie de requisitos a cumplir, no puede jamás distraer a un proyecto de desmonte y cambio de uso de suelo”.

Además, la Resolución fue otorgada para el “fraccionamiento de tierra”. Pero en todas las hojas del estudio cambió de un simple fraccionamiento a un “condominio”, donde incluye edificios. Por eso, GAMA tuvo que volver a pedir la prefactibilidad al municipio de San Antonio de Arredondo, pero esta vez bajo la figura de “condominio”, que la obtuvo el 18 de febrero de 2012, mediante el Decreto 034. Pero aun así, tampoco pertenece a la instancia de factibilidad.

Entre los requisitos para obtener la factibilidad, según el Código de Edificación de San Antonio de Arredondo, son todos estos certificados y aprobaciones que se mencionan abajo. Como se puede observar, además de tener aprobado el EsIA también es indispensable los que certifican la cuestión del manejo del agua, permiso que se otorgan en la ex-DIPAS y actual Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de Córdoba.

Ahora bien, volvemos a imprimir la Resolución 942, la que le otorgaba por primera vez la prefactibilidad allá por el año 2005, cuando el proyecto se presentaba como un barrio privado dividido en parcelas. En ella, establece que se le otorga la prefactibilidad, pero que “no podrá realizar ningún tipo de obras ni tareas de desmonte hasta tanto no sea presentado ante esta comuna el certificado de factibilidad de agua otorgada por la DIPAS”.

Siete años después, en el Decreto 034 que le otorga la segunda prefactibilidad, esta vez como condominio, estipulan que pueden solicitarle la factibilidad del agua.

Efectivamente, las dificultades que le costó a Jorge Petrone para conseguir la certificación para el uso del agua durante años fue lo que le impidió obtener la tan deseada factibilidad por parte del municipio. Y hasta donde se sabe, no lo ha conseguido aun. En parte, por los trámites de tener que convertir su loteo en un condominio, ya que al parecer, al proponer la construcción de residencias en altura, cedería más espacio destinado a la parquización, y así asegurar su “manejo sostenible con el bosque nativo” y de este modo poder justificar el desmonte.

De cualquier manera, la certificación de agua la obtuvo el 05 de diciembre de 2012. Justo cuando cinco días antes, el 30 de noviembre de ese año, le había enviado una notificación al secretario Bocco solicitándole que “tenga bien a considerar la aprobación del Aviso del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental”, que también estaban atrasados por la cuestión delicada de desmontar o no el bosque serrano, quien lo justificó con un plan de reforestación.

Dicho y hecho, Luis Bocco aprobó el EsIA de El Gran Dorado el 20 de diciembre de 2012. Un día antes, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), encargada de analizar desde una mirada técnica los documentos presentados por cada emprendimiento, otorgó su aval al Aviso de Proyecto y ordenó girar a la Dirección de Asuntos Legales para que dé su opinión. Su resultado, el mismo 20 de diciembre de 2012, es recomendarle al secretario de ambiente la aprobación del EsIA. El mismo día que lo aprobó.

De este modo, de obtener la certificación del agua, más los documentos aprobados en Ambiente, obtendría la factibilidad y así concretaría el desmonte en las sierras cordobesas.

Todo marchaba bien para Petrone. Hasta que en febrero de 2013, la Justicia aceptó una medida cautelar presentada por vecinos y vecinas de San Antonio contra el emprendimiento; meses después, se ordenaría la realización de una audiencia pública, instancia que la Secretaría de Ambiente se abstuvo de realizar. Y en septiembre de ese mismo año, comenzó el juicio contra su persona por el robo de 63 hectáreas ocurridas 2005, y obtenidas mediante la adulteración de documentos. Finalmente, su condena caería en enero de 2014, asegurando ser un “preso político de De la Sota”.

Si fuera así, ¿entonces por qué el Gobierno acompañó a la empresa a desistir la realización de una audiencia pública, si precisamente en ese mismo año el oficialismo propuso la reforma de la Ley Provincial de Ambiente, que otorgó mayor participación ciudadana?

La clave estaría, precisamente, en la certificación del agua.

Alquimia del cordobesismo

A mediados de marzo, luego de estar más de 60 días preso, Petrone recibió temporalmente su libertad, debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre prisión preventiva. Aprovechando la ocasión de su libertad, la radio Cadena 3 le realizó una llamada telefónica para una entrevista en vivo.

A cargo del locutor Miguel Clariá, Jorge Petrone lanzó una serie de bocanadas contra De la Sota y especificó algunos hilos que hacen mover los brazos armados de las instituciones de Córdoba. Aquí resaltamos algunos fragmentos de esa entrevista.

-Miguel Clariá: Usted se considera un preso político. ¿Por qué?
-Jorge Petrone: Sí, eehhh… Es por mi discusión con el doctor De la Sota. Que, en realidad, no es una discusión que nace entre él y yo. Es una discusión que nace entre un funcionario del doctor De la Sota, que trabaja en la oscuridad, que es el señor Miró. Tuvimos diferencias con el señor Miró en una discusión y algo que habíamos hablado no me lo cumplieron y yo salí a decir que el doctor De la Sota era un mentiroso en aquel momento. Y eso, me trajo muchos problemas.
-MG: ¿Horacio Miró?
-JP: Sí. Horacio Miró.

Horacio Miró fue el titular y posible mentor de la Agencia Córdoba de Inversión y Financimiento (ACIF), creada en 2002 a partir de la Reforma del Estado Provincial. La ACIF se encarga de gestionar los créditos internacionales para las obras del Gobierno. Actualmente, no ejerce ningún cargo público. Según el Boletín Oficial, está presidiendo actualmente la empresa constructora Britos SA.

-Miguel Clariá: ¿Cuál fue la diferencia que tuvo con él?
-Jorge Petrone: (…) Había una documentación de una obra, que tengo en San Antonio de Arredondo hace ocho años, que no me la terminan de aprobar, eehhh… y le dije “Doctor [Miró], esto termínenmelo de aprobar. En DIPAS, este expediente se ha perdido veinte veces. Me lo esconden, me lo pierden, ya lleva tantos años…”. Entonces fue cuando él me dijo: “Yo te lo soluciono”. Y después de que lo solucionó, apareció un tal señor, no el doctor Miró personalmente pero un tal señor, que vino de parte de él, pidiendo cobrar por esto.
-MC: ¿Coima?
-JP: Sí, así es.
-MC: ¿Cuánto le pidieron?
-JP: En ese momento, 50 mil dólares. Pero no lo pidió él personalmente. (…) Me habían hecho renegar ocho años de gobiernos del doctor De la Sota y de [Juan] Schiaretti [gobernador de Córdoba] con una documentación que, para cualquier otro demoraba seis meses, y a mí me demoró ocho años.

Tanto desde el periodismo como desde la oposición, se sospecha que Horacio Miró trabaja como testaferro del ex-gobernador De la Sota, e incluso -en la jerga periodística- como “valijero”. Es decir, de hacerse cargo del transporte del dinero sucio.

-Miguel Clariá: A ver Petrone, me gustaría que sea más preciso en este punto. Con los gobiernos de De la Sota y Schiaretti le demoraban los trámites…
-Jorge Petrone: Un trámite puntualmente. Porque yo no tengo trabajo con la provincia. Yo estoy haciendo una obra en San Antonio de Arredondo, que se llama El Gran Dorado; que tengo todo, todo, todo aprobado. Tampoco lo puedo empezar la obra, por el tema de los ambientalistas. Pero para pasar por [la Secretaría de] Ambiente, para pasar por DIPAS, me robaban los expedientes, me hicieron renegar siete, ocho años. Hasta que hablé una vez con el doctor Miró, que era amigo personal de un empleado mío, y utilicé esa relación para ver si había alguna manera… (…)

En realidad, no se trataba de un expediente cualquiera. El presente cronista sostiene que de lo que habla Petrone es la certificación de factibilidad del agua. Porque fue el último expediente que obtuvo GAMA para El Gran Dorado, de parte de Recursos Hídricos, ex DIPAS. Si el expediente en general comenzó en 2005, su otorgamiento fue hecho en diciembre de 2012, siete años.

Para obtener la factibilidad, Petrone necesitaba cumplir todos los requisitos que le pauta el municipio, entre ellos los expedientes ambientales. Los atrasos con la Secretaría de Ambiente en todo 2012 con el Aviso del Proyecto y el EsIA se debió en gran parte por la cuestión del Plan de Reforestación propuesto como respuesta al desmonte que iba a generar. Pero el certificado es el último documento para obtener la factibilidad por parte del municipio.

Tal como lo resuelve el dictamen de Amayusco: “a fin de acelerar el trámite en la Secretaría de Ambiente Provincial, (…) GAMA esgrimió la necesidad de contar con la aprobación urgente del EsIA, a fin de obtener la factibilidad del proyecto en San Antonio de Arredondo”. Sin embargo, el expediente puntual de la certificación del agua se consiguió, finalmente, el 05 de diciembre de 2012, quince días antes de la aprobación del EsIA.

Y como Petrone no es alguien que “trabaja para el Estado”, como dice él, es posible que varios desde la sombra del Gobierno hayan aprovechado la desesperación del empresario para obtener la certificación de agua, utilizando la extorsión para obtener algún rédito económico ilegal.

-Miguel Claria: ¿Y por qué habló con Miró? ¿Qué cargo tenía Miró como para liberarle un expediente?
-Jorge Petrone: Porque es un hombre muy poderoso de las sombras. Es una realidad. Él no tiene ninguna función, pero es el hombre poderoso que negocia todo lo que hay en las sombras. Yo nunca había negociado con él, porque como no tengo nada para negociar… Pero sí conozco y trabajo en el negocio inmobiliario, y todos quieren negociar con él.
-MC: ¿Usted dice que todo lo que se maneja ilegalmente en la Provincia, pasa por Miró?
-JP: No sé si todo. Pero gran parte, seguramente.

En el año 2007, el gobernador José Manuel de la Sota había licitado el segundo tramo del polémico Camino del Cuadrado, que ganó una unión transitoria de empresas conformada por Helport SA, del grupo Eurnekián, y Britos S.R.L. La elaboración de los documentos fue hecha por la consultora Vanoli & Asociados, la misma que asesoró a GAMA para El Gran Dorado.

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Dicho tramo del Camino, de 11,3 kilómetros, generó un cambio en el trazado que llevó a una mayor entrega de fondos para la obra, fruto del deterioro del camino y el impacto ambiental negativo. Esta obra vial fue presupuestada en 47,5 millones de pesos. En ese mismo fin del año 2007, Eurnekián le compró a la Provincia las 22 hectáreas del Ex – Batallón 141, por la irrisoria suma de 103 millones de pesos, siete veces menos que su valor venal.

Fue por ese entonces cuando, con un cambio de formato jurídico-societario, Britos SRL pasó a ser una Sociedad Anónima. Con ello, ingresaron a la compañía María del Pilar Raffo, socia de Roberto Poplawski, hermano de María del Carmen Poplawski, por entonces secretaria general de la Gobernación y también ex presidenta de la ACIF. También ingresó el delasotista Luis Bene, ex síndico del Banco de Córdoba.

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Tras esta reforma jurídica, en el 2009, Britos S.A. se quedó con importantes obras públicas, bajo la supervisión opaca de la ACIF.

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Es muy probable que Jorge Petrone rectifique todo lo que dijo en la radio, allá por marzo de 2014. Que todo lo que contó sobre Horacio Miró es puro cuento.

Sin embargo, no contaba con que ocho meses después, en noviembre de 2014, se desataría un fuerte escándalo en la Provincia, a partir de la filtración de cámaras ocultas realizadas por el periodista Tomás Méndez al empresario Hermann Karsten, director de Kolektor, encargada de la recolección de rentas de la Provincia. En dicho material, mientras planeaban coimear al periodista mediante la pauta oficial, Karsten aseveró que el inefable Horacio Miró es el testaferro del gobernador De la Sota. “Cuando le cubrís la espalda a él, le cubrís al otro”, le señaló el encargado de recolectar las rentas provinciales.

Con el escándalo del “Kolektor-Gate”, la empresa Britos S.A. publicó un comunicado confirmando que Miró es integrante del directorio de la compañía y negó haber realizado irregularidades. Fue la primera vez que se obtuvo una confirmación oficial de que “el monje negro”, como se lo alude secretamente, forma parte de Britos.

Por ende, en esta telenovela entre Petrone y el Gobierno se esconde una relación retorcida con acuerdos bajo la mesa, donde las maniobras fraudulentas, testaferros, tráfico de influencias y triangulaciones de fondos se conectan como una “alquimia delictiva”. Todo bajo una desesperación por conseguir el inicio de obras y la resistencia de no exponer toda la documentación completa, incluyendo una reticencia a no tener exposición pública como la que tendrían en una audiencia pública.

Ahora, por orden de la justicia, la audiencia pública se llevará a cabo en San Antonio de Arredondo. Al parecer, ya se superó los 300 inscriptos para participar de esta instancia.

GAMA y el Gobierno tendrán que dar la cara.

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