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La mano estatal en el crecimiento del Grupo Macri
Por Tiempo Argentino - Wednesday, Feb. 15, 2017 at 11:14 PM

Martes 14 de febrero de 2017 | Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular, elaboró un informe sobre la evolución de las empresas de la familia presidencial desde 1973.

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“Lejos de los criterios fiscalistas y de las demandas de inversión que son característicos en el discurso del actual Presidente, la estrategia (del grupo Macri) siempre ha sido la búsqueda permanente de apoyo estatal para resguardar su ineficiencia; así como para apropiar rentas extraordinarias y desarrollar estrategias financieras y de inversión caracterizadas por la primacía del negocio de corto plazo y sin riesgo. Comportamiento éste que si bien ha resultado nocivo para el desarrollo económico del país, en ningún caso ha privado de recursos a estos actores”. El que habla es Claudio Lozano, y lo hace al explicar el funcionamiento del conglomerado empresario del que emergió el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. Para el economista, lo ocurrido con el caso del Correo en los últimos días corona la zaga de irregularidades que, desde un comienzo, se ha evidenciado ahora desde el Poder Ejecutivo Nacional.

El Gobierno -según este informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas- mostró en este asunto manejos que violan claramente la Ley de Ética Pública. "Las cuestiones que salpican hoy a Gustavo Arribas y a Daniel Angelici hablan a las claras de qué tipo de personas se suele rodear el presidente, y permiten apreciar el criterio de selección que ha dado como resultado el maravilloso equipo que hoy nos gobierna. Son estas evidencias las que obligan a decir con todas las letras que más allá de los discursos anticorrupción y el vano intento de vestir al actual gobierno con una pátina de puro republicanismo, lo que hoy tenemos se parece más al gobierno de Al Capone " afirma Lozano.

La historia del Grupo Macri es para el dirigente un ejemplo de cómo los capitales locales más importantes del país jamás configuraron un modelo de empresariado innovador, capaz de ser una verdadera burguesía nacional sino todo lo contrario. Los estudios que produjo en el marco del Instituto de la CTA, ayudan a entender su modo de hacer negocios: poco riesgo y sacando ventajas.

En 1973 el Grupo Macri contaba con apenas 7 empresas. Finalizada la Dictadura Militar, pasa a contar con 47 empresas en 1983. Deja de ser considerado un Grupo Mediano para pasar a ser parte de los Grupos Económicos considerados Grandes. En 1987 contaba con 51 firmas.

En 1982 el Grupo Macri se beneficia con la estatización de la deuda externa privada. Esta medida implica que transfiere a la sociedad argentina el costo de afrontar los U$S 170,6 millones de dólares de deuda que sus principales empresas (Sideco Americana, Socma, Dragado y Obras Portuarias, R.S.Z. Producciones, IECSA y Manliba) mantenían con el exterior.

De 1974 a 1987 el Grupo Macri se beneficia en U$S 55 millones de dólares en concepto de los beneficios a los que acceden sus firmas Fenargen e Itron por los distintos regímenes de Promoción Industrial vigente.

De 1984 a 1989, durante el Gobierno alfonsinista, se beneficia en U$S 29,2 millones de dólares en concepto de los proyectos de capitalización de deuda externa a los que acceden sus firmas Establecimientos Mecánicos Jeppener y Sideco Americana.

En 1979 el Grupo accede a la privatización del servicio de Basura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de su empresa Manliba. Gestión que perdurara hasta 1998 a pesar de las innumerables irregularidades que caracterizara dicha concesión a partir de la reformulación de los contratos realizados con Carlos Grosso como intendente (quien antes y luego de dejar la función pública ocupó cargos ejecutivos en las firmas del Grupo Macri).

De la mano de Grosso, el Grupo Macri logró acceder a otros importantes negocios a costa de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos figuran: la adjudicación a la firma Itron (en donde el Grupo Macri participa con el 40% y el restante 60% corresponde a la trasnacional Siemens) de la emisión de facturas de Rentas y Alumbrado, Barrido y Limpieza (contrato signado en 10 millones de pesos anuales).

El cobro de los impuestos de la Ciudad (ABL, automotores, etc.) a través de su empresa Servicios Electrónicos de Pagos (Pago Fácil) SA., es un negocio que aún mantiene y que supone que la Ciudad le paga $1 por factura cobrada. La facturación anual de la firma supera los $4 millones.

Los Macri son parte de la empresa Sistema Castastral (junto a Techint y Siemens) que fue la adjudicataria del contrato de fiscalización de la construcción de edificios y las ampliaciones no declaradas en viviendas de la ciudad. Además formó parte de los contratos denominados UTE RENTAS (junto con Siemens, Bulgheroni, y la BNL) que tercerizaron la base de datos y la cuenta corriente de los contribuyentes de la Ciudad. Contratos caracterizados por una elevada ineficiencia que se expresan que en el 2002 (en lo peor de la crisis) la gestión estatal de este servicio permitió mejorar la relación costo de gestión – recaudación efectuada.

Así, en el 2000 (con la gestión de Macri) se recaudaba $27,61 por peso gastado y en el 2002 (gestión pública) se recaudaba $35 por cada $1 de gasto. De esta manera la Ciudad se ahorró durante el 2002 de no menos de $30 millones por haber anulado el contrato con el Grupo Macri.

En el informe se detalla cómo siendo contratista del Estado, el Grupo Macri obtuvo cuantiosos recursos públicos a través de la constructora Sideco, que participó en la construcción de la Central Nuclear Atucha, en la Central Hidroeléctrica Salto Grande y en el Puente Internacional Posadas – Encarnación.

Durante los 90 los Macri participan activamente en el proceso de privatizaciones. Acceden mediante la entrega de títulos públicos desvalorizados a los paquetes accionarios de las siguientes prestatarias: Corredores Viales, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Autopistas del Sol, Yacilec, Central Térmica San Miguel de Tucumán, Consorcio Urugua-í, Líneas de transmisión del Litoral y el Correo.

La gestión del Grupo Macri en las empresas privatizadas se caracterizó por presentar importantes incumplimientos empresarios vinculados con los pliegos de licitación. "Dos ejemplos sirven para graficar este comportamiento empresario -destaca Lozano-: La evolución de la tarifa de los 1.080,51 kilómetros de concesión de los peajes gestionados por la firma Servicios Viales SA tuvo un crecimiento promedio del 31,01% en el período 1990 – 2001 (según informe de la Auditoría General de la Nación). Esta concesión estuvo plagada de irregularidades, tal como demuestra la denuncia de la Oficina Anticorrupción, que querelló al entonces presidente Fernando De la Rúa y varios de sus ministros por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Denuncia vinculada con la sanción de los Decretos Nº 92/01 y 976/01, que favorecieron a los principales concesionarios de las principales rutas (entre ellos el Grupo Macri). Denuncia que incluyó al que hasta hacía un mes había sido empleado del Grupo, el Ingeniero Edgardo Gastón Plá, quien fue el funcionario encargado de realizar los acuerdos que fueron impugnados".

La gestión del Correo Argentino durante el período 1998 – 2003 (año en que el Estado rescindió el contrato de concesión), refleja todo un paradigma dentro del Grupo Macri. A pesar de tener una de las tarifas de correo más cara del mundo, el Correo Argentino tuvo pérdidas operativas desde el inicio, las que alcanzaron al 9% de la facturación. Estas pérdidas están relacionadas con el achicamiento de su participación en el mercado postal (del 48% inicial al 38% en el año 2000) a manos de empresas privadas que ofrecían el mismo servicio a precios más baratos (OCA y Andreani entre otros), puntualiza el estudio.

Para afrontar esta situación el Grupo Macri despidió a más de 10.000 trabajadores en el marco de programas de retiros voluntarios. El Grupo llegó a pedir que el costo de los programas de retiro voluntario, de casi $126 millones, fuera considerada como inversión a cuenta de la que estaba obligado a realizar según lo dispuesto por el pliego de licitación. El pedido fue aceptado por Resolución de la Secretaría de Comunicaciones a cargo del menemista German Kammerath.

Sin embargo lo que motivó la rescisión del contrato de concesión fue el incumplimiento del pago del canon, que había sido requisito indispensable para el otorgamiento de la concesión, desde el año 2000. En efecto, el Grupo Macri había ganado la licitación ofreciendo el pago de un canon de $103 millones (en dos cuotas semestrales) que dejó de pagar unilateralmente a partir del año 2000. A finales del año 2001 la deuda por el incumplimiento del pago del canon ascendía a 257 millones de pesos dólares.

Al momento de rescindir la concesión (noviembre del 2003) la deuda por el canon ascendía a $500 millones, que junto a las deudas que el Correo mantenía con la AFIP y el Banco Nación redondeaban una deuda con el Estado de $1.000 millones, señala en informe de.

"En el marco del festín de los noventa -segun el informe de Claudio Lozano- el Grupo Macri también participó de la oleada de venta de empresas que habiendo sido adquiridas durante las privatizaciones fueron revendidas realizando espectaculares ganancias". Es el caso de su participación en las distribuidoras de gas Cuyana y del Centro, donde como producto de su venta obtuvo una ganancia patrimonial cercana a los 170 millones de dólares que, sumadas a una masa de ganancias corrientes del orden de los 130 millones de dólares, "le permitió obtener una tasa media de rendimiento anual de la inversión inicial equivalente al 20%".

El Grupo Macri también se vio favorecido por el régimen automotriz, el que le permitió expandir el volumen de ventas de su firma Sevel (hasta el momento de su venta), un régimen que, al decir del estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, "favoreció a las terminales y destruyó la integración del sector (afectando a los autopartistas y promoviendo un fuerte déficit en el intercambio comercial con el exterior que indujo mayores niveles de endeudamiento)".

La operatoria en el mercado automotriz del Grupo Macri no estuvo exenta de sus habituales prácticas cercanas a la ilegalidad como lo demuestra la causa judicial que involucró a los principales directivos de Sevel (entre ellos Mauricio Macri), por contrabando agravado con exportación de autopartes al Uruguay.

Durante el peor año de la Convertibilidad (en el 2001) el Grupo Macri realizó 118 operaciones de transferencias de recursos al exterior por un valor total de U$S 112,2 millones de dólares. La cantidad de operaciones y el monto involucrado supone que durante todo el 2001 el Grupo Macri realizó una transferencia de U$S 951 mil dólares cada 3 días, ocupando el puesto 37 en el listado de las 50 empresas que más transferencias de recursos hicieron al exterior durante el 2001.

A pesar esto la pesificación del 2002 le supuso al Grupo Macri una transferencia de recursos de U$S 198,8 millones de dólares. Al momento de instrumentarse la pesificación de deudas con el sistema financiero el holding encabezaba el ranking de los deudores del sistema financiero (la deuda ascendía a $ 396,9 millones de pesos).

"Luego de estas monumentales transferencias de ingresos, el Grupo Macri orientó sus ingentes recursos a 3 actividades centrales: por un lado la inserción en el mercado inmobiliario de altos ingresos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires". En esta línea de negocios se asoció, por vía de su empresa Creaurban SA y sus controladas Torre de Bulnes SA y Madero Plaza SA (recientemente vendidas), al desarrollador inmobiliario Fernandez Prieto (responsable de la edificación de lujo en la 1era etapa de Puerto Madero) para la construcción de torres de lujo en el denominado proyecto Puerto Madero II (que pretende edificar construcciones lujosas sobre la base del loteo de las tierras del puerto).

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