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Patriotas contratistas, demócratas del carpetazo y tensiones del nuevo "deme dos"
Por Alejandro Bercovich -
Friday, Feb. 17, 2017 at 12:49 PM
17 de febrero de 2017
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Alejandro Bercovich
abercovich@diariobae.com
El jefe de la AFIP, Alberto Abad, conoce bien a la fiscal Gabriela Boquín. El año pasado la convocó para que capacitara a inspectores de todo el país sobre concursos y quiebras en su propia sede, como ya lo había hecho varias veces durante la gestión de su antecesor y archienemigo Ricardo Echegaray. En ese marco de confianza, la representante del Ministerio Público que destapó la condonación de la deuda de Sociedades Macri (SocMa) con el Estado a través de Correo Argentino se enteró de que, al menos en tres oportunidades, Abad estuvo a punto de renunciar. Todos los enojos del recaudador tuvieron que ver con el blanqueo de capitales, una herramienta que había condenado explícitamente pero que se vio forzado a empuñar. Los mismos incómodos lazos de sangre del Presidente que lo metieron en la crisis del Correo dispararon el último amague del sabueso. Fue cuando reglamentó la ley y habilitó a sus propios familiares a usufructuar ese jubileo para evasores pretéritos.
Sensible a la hora de pulsar la opinión pública, Jaime Durán Barba advirtió inmediatamente el volumen que tomaría el escándalo del Correo. El mensaje que transmitió antes de la reunión de gabinete del martes en Olivos fue tajante: "Que Mauricio salga a hablar del tema y diga que no tiene nada que ver con la empresa de su padre". Ese día la pulseada la ganó Marcos Peña, quien se ofreció como escudo humano junto al radical Oscar Aguad y juró que aislaría el golpe. Pero la conmoción siguió escalando hasta que Macri decidió escuchar al ecuatoriano y convocar a la conferencia de prensa de ayer.
Aguad fue el blanco móvil de la semana en un gabinete al que las rencillas internas ya le insumen demasiada energía. El mismo martes, en la reunión a puertas cerradas que mantuvo con el interbloque de diputados de Cambiemos, el ministro fue vapuleado hasta por sus correligionarios en términos durísimos. Todos le reprocharon no haber visto venir el escándalo. Eso sí, procuraron discreción: los cronistas parlamentarios fueron expulsados del edificio y no se les permitió aguardar fuera de la sala, como acostumbran. Justo el mismo día, los comunicólogos de Marcos Peña disponían el regreso de las vallas a los pasillos de la Casa Rosada para evitar encuentros indeseados con el periodismo.
Aguad fue el blanco de la semana en un gabinete
al que las rencillas le insumen mucha energía
¿Será el concurso abierto en 2001 por la última y más ruinosa de las privatizaciones del menemismo el único conflicto de intereses detrás de las decisiones del primer gobierno nacido y criado en el seno de la patria contratista? ¿No lo hay también en las concesiones recientemente obtenidas por IECSA, la constructora que el patriarca Franco legó (y todavía no terminó de cobrar) al primo Angelo Calcaterra? ¿Y en las licencias de importación que fluyen hacia Mirgor, la ensambladora que el Presidente fundó con Nicky Caputo y que se mantiene a flote entre los náufragos fueguinos? ¿No alimentan también la fortuna familiar las subas de peajes que rigen desde hoy para Ausol, la compañía donde los Macri también tenían acciones hasta la última vez que se auditó la concesión?
Herencias y urgencias
En el Congreso también hay pequeñas fortunas que cambian de manos. Junto con la nueva ley de tarjetas de crédito, que aguarda su sanción definitiva en el Senado una vez que arranquen las sesiones ordinarias, la de riesgos del trabajo fue la que más intereses corporativos movilizó desde que Cambiemos llegó al poder. En el salón de los Pasos Perdidos, por eso, el fantasma de la Banelco aulló toda la semana. Las ART, las grandes empresas empleadoras e incluso los estudios de abogados de la City aguardaban expectantes que se aprobara, como terminó ocurriendo. La incógnita es si los diputados que dieron quórum lo hicieron con más incentivos que la propia vocación de terminar con la "industria del juicio", como la llaman en la UIA y en el gabinete.
Antes de amagar con aprobar esa reforma a través de un decreto de necesidad y urgencia y mucho antes de desechar la idea tras el rechazo opositor, el Gobierno había sondeado a lobbistas de grandes empresas con una idea: estructurar un fideicomiso con los más de 300 mil juicios laborales pendientes para que las ART se saquen ese peso de encima y los eventuales fallos a favor de los trabajadores accidentados o fallecidos se paguen con esos fondos. Una financiarización de la seguridad laboral que resultó demasiado hasta para la CGT de Héctor Daer.
Las airadas reacciones de la oposición parlamentaria frente al recorte de la movilidad jubilatoria con que anteayer amagó el Gobierno tuvieron en ese contexto un aura de impostación. Elisa Carrió, por caso, profirió sus amenazas contra la ANSES de Emilio Basavilbaso cuando el macrista bahiense Nicky Massot ya había obtenido de Olivos el compromiso de que la medida no se aplicaría. Sergio Massa y Diego Bossio, a su vez, aprovecharon para volver a ejercitar sus entumecidos músculos opositores. Contra ellos se descargó casi con desdén Marcos Peña, empecinado en polarizar con el kirchnerismo y estimular así la división del PJ. No hubo golpes debajo del cinturón como los que temió recibir Bossio apenas dejó la jefatura de la ANSES, cuando lo presionaron para que se abriera del Frente para la Victoria. Las carpetas, los videos y el tráfico de secretos ajenos, como lo sugieren la actitud de Bossio y el inexplicable silencio de Florencio Randazzo, empiezan a encorsetar la democracia.
No pasó nada
El Presidente procuró ayer simular que nada había pasado con las jubilaciones ni con el Correo. Habrá que ver cómo aplica eso de "volver a fojas cero" en un expediente judicial como el que ocupa a la fiscal Boquín, que acumula más de sesenta cuerpos. El procurador del Tesoro Carlos Balbín, el ministro Germán Garavano y el asesor José Torello, interlocutores del oficialismo con la Corte, ya empezaron a sondear por las dudas las posiciones de los supremos. Lo difícil es discernir entre los intereses de Macri y los de sus socios, amigos y empleados. En las oficinas que ocupaba en el Palacio de Correo el actual ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por caso, se vendían palcos de la Bombonera cuando él fungía como gerente comercial corporativo. "Era la voz de Mauricio en el Correo", cuenta un memorioso. Tal vez fue esa dispersión la que impidió que el correo oficial más caro del mundo arrojara ganancias durante aquellos seis años.
Los lazos también unen al clan Macri y a sus gerentes con el resto de la élite empresarial. Jaime Cibils Robirosa, el apoderado del Correo residual que denunció esta semana que la reestatización de 2003 fue un "robo", es el yerno de Carlos Pedro Blaquier y cuñado de Luis María Blaquier, quien ocupó el cargo de director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES hasta que estalló el escándalo por el memorándum con Qatar. ¿Quién le dará las órdenes? ¿Los tres hijos de Mauricio Macri a quienes el Presidente cedió sus acciones en 2009?
La economía real, mientras tanto, navega como puede los conflictos que ya vivió Brasil cuando fluyeron hacia sus costas los miles de millones de dólares golondrina que ahora ponen proa hacia acá. Atraso cambiario, apertura comercial, hiperendeudamiento, desregulación de los flujos de capitales y tasas de interés reales positivas configuran un cóctel difícil de digerir para los sectores transables. Para peor, la tasa de interés que paga el país no cede, como comprobó ayer amargamente el gobierno riojano cuando le pidieron más del 10% anual por 200 millones de dólares a 8 años. Endeudarse a ese costo para financiar gastos turísticos en el exterior que tocaron un récord para la última década y media, como acaba de informar el Banco Central, es precisamente lo que desaconsejaba Carlos Melconian. Antes de que lo echaran, claro.
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