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Repudio al ataque a la independencia judicial
Por Asociación de Abogados Laboralistas -
Tuesday, Feb. 21, 2017 at 11:48 AM
LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS (AAL) REPUDIA EL ATAQUE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
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En un nuevo menoscabo a la Justicia Nacional del Trabajo, el Poder Ejecutivo Nacional presentó dos pedidos de juicio político contra los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gibert.
Se trata de uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, en este caso, fundado en el contenido de sus sentencias. El caso reviste la mayor gravedad, puesto que la sentencia en cuestión resolvió una medida cautelar en favor del sindicato de empleados bancarios, "La Bancaria", en contra de la injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, ordenando la homologación del acuerdo salarial que había sido suscripto libremente por las partes, pero que el Gobierno planeaba desconocer. Pretender sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial, y contra el Estado de Derecho.
El accionar antisindical del Ministerio de Trabajo encontró un freno en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, siendo ello parte del esquema de controles entre los Poderes. La reacción del Gobierno de pretender destituir a esos jueces es absolutamente antidemocrática. Es evidente que se intenta impedir que los jueces laborales fallen en favor de los sindicatos y contra la ilegal intervención estatal.
La Asociación de Abogados Laboralistas expresa su más enérgico repudio frente a este atropello, se solidariza con los Dres. Marino y Arias Gibert, y ratifica su compromiso de defender una Justicia del Trabajo independiente, garante del cumplimiento de los derechos sociales y del control de constitucionalidad y convencionalidad que le incumbe.
Buenos Aires, 20 de febrero de 2017
MARIA PAULA LOZANO
Secretaria General
MATÍAS CREMONTE
Presidente
El oficialismo reconoce que denunció a los camaristas como "correctivo" a la Jus
Por La Política Online -
Tuesday, Feb. 21, 2017 at 3:45 PM
LPO En la Rosada evalúan si hay consenso en el Consejo de la Magistratura para avanzar contra Arias Gibert y Marino.
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(Foto: Tonelli, Rozas y Valdés)
El pedido de juicio político que el Ministerio de Trabajo presentó contra los camaristas que avalaron la paritaria de los bancarios, amenaza con convertirse en un nuevo escándalo del gobierno de Mauricio Macri, donde por estas horas admiten que el objetivo es que la maniobra sea un "correctivo" a la Justicia.
La denuncia de la cartera que conduce Jorge Triaca contra los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por "mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad" cosechó en pocas horas un amplio rechazo en el mundo judicial y empieza a extenderse a la política, donde advierten que se trata de una apretada lisa y llana a la Justicia.
Fuentes del gobierno consultadas por LPO reconocieron que será difícil avanzar contra Arias Gibert y Marino en el Consejo de la Magistratura, y que esta semana la utilizarán para ver cómo evoluciona el tema y qué grado de consenso tienen entre los consejeros como para avanzar con la destitución.
Si el Gobierno percibe que no logra consenso podrían dejar el tema el tema dando vueltas, como una forma de mantener la presión contra los camaristas, explicaron a LPO fuentes del Ejecutivo
La denuncia será sorteada el jueves en la Comisión de Acusación y Disciplina, donde el oficialismo tiene amplia mayoría, para que un consejero de esa comisión instruya el expediente y presente al plenario un pedido de avanzar con el pedido de juicio político, o con la desestimación de la denuncia.
Las fuentes consultadas explicaron que si el Gobierno percibe que no logra consenso podrían dejar el tema dando vueltas, como una forma de mantener la presión contra los camaristas díscolos. Se trata de una vieja táctica usada por el kirchnerismo para disciplinar jueces bajo la amenaza de mover los expedientes en la Magistratura.
Todo parece indicar que se trata de un nuevo caso de prueba y error del macrismo, del ya clásico "si pasa, pasa", que utilizaron con los jueces de la Corte por decreto, el Correo o las jubilaciones. En este caso, el gobierno quiere medir como cae entre los jueces y abogados que integran el Consejo y también en el resto de la corporación judicial.
Es por eso que los consejeros que responden al macrismo tomaron con pinzas la denuncia del gobierno contra Arias Gibert y Marino y ninguno quiere apresurarse a avanzar. Más bien, esperarán a ver si es una advertencia o un correctivo del Gobierno, o si de verdad quieren ir a fondo.
Los últimos retrocesos de la Rosada en temas que explotaron en la opinión pública -como el Correo o las jubilaciones- hacen pensar a los consejeros que avanzar con el juicio político podría ser inmolarse, si es que al final el Gobierno da marcha atrás.
El macrismo cuenta con ocho votos seguros en el Consejo de la Magistratura y para la remoción de un juez necesita nueve. La semana pasada logró ese noveno voto, el del académico Jorge Candis que solía votar con los consejeros kirchneristas (son cuatro, el diputado Rodolfo Tailhade, los senadores Virgina García y Ruperto Godoy, y la jueza Gabriela Vázquez.
Pero en este caso, los ocho votos no estarían tan claros ya que habrá que esperar la reacción de jueces y abogados contra una medida del Gobierno muy sensible para la corporación judicial. De hecho, el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, ya criticó la acción oficial y es el jefe político de Adriana Donato, la titular del Consejo.
Entre los votos en duda del oficialismo habría que contar también los de los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes, y el abogado Miguel Piedecasas. Los votos seguros serían de los diputados de Cambiemos Pablo Tonelli y Gustavo Valdés, del senador Ángel Rozas y del representante del Ejecutivo, Juan Mahiques.