La Corte sienta una grave jurisprudencia en litigios laborales
Por Martín Piqué, Tiempo Argentino - Sunday, Feb. 26, 2017 at 12:33 PM

Sábado 25 de Febrero de 2017 | El máximo tribunal dispuso en un fallo que los reclamos de los estatales no tramiten en el fuero laboral.

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Un fallo de la Corte Suprema del martes pasado, dictado tras una apelación del Estado (el ENACOM macrista) a partir de una acción de amparo iniciada por despedidos del entonces AFSCA a los 20 días de la asunción de Mauricio Macri, estableció una jurisprudencia temible para los estatales que en el futuro quieran litigar en defensa de sus empleos. En una sentencia por mayoría, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y un breve -pero contundente- voto negativo de Elena Highton de Nolasco, el máximo tribunal pretende que a partir de ahora los trabajadores del Estado que quieran defenderse en Tribunales de un eventual despido sin causa o por persecución política tendrán que incursionar en el fuero Contencioso Administrativo y no en el Fuero Laboral, que por sus propias normativas de funcionamiento entiende la relación entre empleador y empleado como un vínculo desigual y por eso suele esgrimir un principio 'pro-operario'.

El fallo de la CSJN del último martes -en el caso de 'Matías Sapienza c/ AFSCA', carátula del expediente original- obligará a que las diez salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo queden condicionadas por esta nueva jurisprudencia: que los juicios por despidos de los trabajadores del Estado deben tramitar en el Contencioso Administrativo, donde rige el Código Procesal Civil y que, por lo tanto, trata a las dos partes como iguales. La competencia del Fuero Laboral, en todo caso, podría mantenerse para aquellos juicios iniciados por estatales en los que se demuestre una afectación del Convenio Colectivo de trabajo. Más allá de lo que suena como un debate leguleyo, lo cierto es que con una sentencia quirúrgica la Corte volvió a alinearse con las necesidades políticas de la administración Cambiemos. Dicho por el propio Macri, el gobierno nacional busca flexibilizar la aplicación de la legislación laboral: con ese objetivo se propone condicionar y atemorizar, tanto a sindicatos como a camaristas díscolos del Fuero del Trabajo.

Un ejemplo de esta ofensiva política -en pos de reducir costos laborales- fue la inédita amenaza del ministro del Trabajo, Jorge Triaca, contra los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino (ver página 9). El deseo de Triaca no quedó en amague. Se concretó en la presentación de dos pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura (denuncias 15 y 16 del año 2017). Ambos jueces convalidaron el acuerdo paritario que La Bancaria de Sergio Palazzo había firmado con dos de las tres cámaras empresariales del sector: Triaca no les perdonó que hayan establecido que el Estado, desde el Ministerio de Trabajo, no podía desconocer el acuerdo entre las partes. En la última semana, esta catarata de advertencias y presiones para que el Fuero Laboral se autolimite en la defensa (de los derechos) de los trabajadores sumó dos nuevos condimentos. Nada casuales.

El primero de ellos está contenido en el fallo Sapienza de la CSJN. Porque aparte de intentar zanjar el debate sobre donde deben tramitar los juicios por despidos en el Estado, Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Ronsenkrantz incluyeron entre los fundamentos del voto mayoritario una alusión a la condición nacional (federal) de la Justicia del Trabajo. En un párrafo incorporado como un tiro por elevación al Fuero Laboral los cuatro jueces de la Corte recordaron que "el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio". Esa frase, que concluía una lacónica argumentación de por qué el máximo tribunal se había considerado competente para intervenir en una acción de amparo que no puede considerarse sentencia definitiva ni ser equiparada como tal, era un guiño al traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la justicia de la ciudad. La gran mayoría de los jueces del Trabajo resisten esa decisión. También los abogados laboralistas y las comisiones internas de los dos sindicatos judiciales, UEJN y Sitraju.

El segundo capítulo de la ofensiva contra el Fuero del Trabajo se conoció el jueves pasado. Sucedió en el Consejo de la Magistratura. La mayoría que responde al oficialismo de Cambiemos anunció, a través de una orden del día que circuló entre los miembros del órgano que analiza la conducta de los jueces y resuelve las remociones, que el Cuerpo de Auditores del Consejo pondrá en marcha una auditoría en todos los juzgados de primera instancia y salas de la Cámara Nacional del Trabajo. El efecto buscado de esta auditoría -aprobada en 2016- es, claramente, provocar amedrentamiento. Una de las primeras muestras públicas de rechazo ante todo el panorama que se avecina fue la realización del Encuentro Permanente por el Derecho del Trabajo y la Defensa del Fuero Laboral, que tuvo lugar este viernes en Lavalle 1550, sede de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La intención de "disciplinar" al fuero laboral está en marcha. Macri no lo disimula. "La justicia laboral debe ser más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte", fue su frase más elocuente en ese sentido. Con el fallo del martes, la Corte aportó al objetivo general. El trasfondo de esta guerra fría es reducir los salarios de los trabajadores argentinos para convertir esa disminución en un factor de competitividad que, supuestamente, atraerá inversiones. «

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El gobierno hostiga al fuero laboral para profundizar el ajuste
Por Alfonso de Villalobos, Tiempo Argentino - Sunday, Feb. 26, 2017 at 12:37 PM

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Sábado 25 de Febrero de 2017 | En julio Macri ya había pedido una "justicia laboral más equitativa" y la responsabilizó por la demora en la llegada de inversiones.

El gobierno nacional encabezado por el presidente Mauricio Macri ha venido desplegando un ataque en regla contra las condiciones de vida de los asalariados.

No satisfechas, las grandes patronales locales y extranjeras, insisten con la idea de que el flujo de inversiones y la reactivación económica dependen, entre otros factores, de una drástica reducción de los costos laborales.

Para cumplir ese mandato, el gobierno se aferra, a como de lugar, al techo del 18% en las paritarias (luego de una pérdida del poder adquisitivo del salario en 2016 de alrededor de un 10%); actúa a través del Ministerio de Trabajo en franca complicidad con la política de despidos masivos desplegada en la industria y en los servicios; dictó primero por decreto y luego promulgó a través del Congreso la reforma de la ley de ART a la medida de empresas y aseguradoras de riesgo.

Además, tiene en agenda otra serie de medidas de orden impositivo y de condiciones laborales tendientes a reducir esos costos en favor de las empresas.

Una piedra en el zapato

Ante la ausencia de una medida de conjunto de la CGT unificada durante todo el año pasado, el gobierno y las empresas tuvieron que lidiar, por un lado, con múltiples conflictos sectoriales y puntuales generalmente ninguneados por la cartera laboral y, por el otro, con una serie de fallos surgidos por el lado de la Justicia del Trabajo que recorren un espinel que va desde reinstalaciones de delegados, pasando por cautelares para el cumplimiento de paritarias salariales hasta el reciente fallo de inconstitucionalidad de la ley de ART declarada por el juez Alejandro Aníbal Segura.

El caso más resonante posiblemente haya sido la sentencia de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo que dictó una medida cautelar en favor de La Bancaria instando al cumplimiento del acuerdo paritario sellado en diciembre por el sindicato con dos de las tres cámaras que el gobierno había llamado a desacatar.

Finalmente, la amenaza de paro de los trabajadores, apuntalada por ese fallo, obligó al gobierno y los bancos a dar marcha atrás.
Pero además, el 10 de febrero, los jueces laborales José Ramonet y Carlos Pose dictaron un embargo sobre las cuentas de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR-Clarín) para que pagaran la quincena a los trabajadores que están ocupando la fábrica por el cierre intempestivo y fraudulento de la empresa.

El año pasado, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, había fallado en favor de los trabajadores docentes de la provincia que reclamaban la devolución de los descuentos por los días de paro ocurridos en el marco de la discusión paritaria.

Contragolpe

Frente a esta sucesión de fallos favorables a los trabajadores, el gobierno decidió contragolpear y asumir una actitud revanchista con una seguidilla de medidas que se produjeron en los últimos días y que, de fondo, apuntan a allanar el camino del ajuste.

Primero, con el pedido de juicio político a los jueces Gibert y Marino promovidos por el mismo ministro de Trabajo Jorge Triaca. Luego logrando revertir en una instancia superior el fallo por el derecho a huelga de los docentes bonaerenses días antes de la medida de fuerza que tomarán el 6 y 7 de marzo.

Además, la misma Corte Suprema de Justicia dictó el martes pasado un fallo mediante el cual establece que los juicios por despidos en el Estado no pueden tramitarse en el fuero laboral, sino que deben ser resueltos en el fuero contencioso administrativo.

Está por verse qué actitud toma el ejecutivo, finalmente, con el fallo de inconstitucionalidad de la ley de ART dictado por el juez Aníbal Segura.

En diálogo con Tiempo, el juez Ramonet, que dictara el embargo en favor a los trabajadores de AGR-Clarín, explicó que la empresa "no ha cumplido con el pago siendo este legítimo porque la empresa generó un conflicto masivo despidiendo a 380 trabajadores sin presentar los preventivos de crisis correspondientes".

Con relación a la ofensiva más general contra el fuero laboral explicó que "a este contexto, hay que sumar el traspaso de los fueros nacionales a la Ciudad de Buenos Aires (ver recuadro). Si uno ve toda la película se dan las condiciones para interpretar que habría una animosidad contra el fuero".

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, explicó a Tiempo Argentino que "hasta dónde irá el gobierno es difícil de predecir. Lo que está claro es que es una política. No son medidas aisladas." Y continuó señalando que "es obvio que el derecho del trabajo está hecho para equiparar dos partes que son desiguales. No creo que sea muy fácil que los jueces se amedrenten porque es un ataque al Estado Derecho".

Por último, Ramonet, señaló que "cuando el presidente dijo que la Justicia del Trabajo tendía a fallar siempre en favor de los trabajadores no entiende algo de principio. Los jueces del Trabajo somos imparciales pero no neutrales porque, según varios fallos de la Corte, nuestra función es darle preferente tutela al trabajador que lo único que tiene es su fuerza de trabajo". explicó. La disputa entre el gobierno y el fuero laboral promete nuevos capítulos en los que estarán en juego derechos elementales de los trabajadores. «

El traspaso a la Ciudad, otro flanco del ataque

Ya desde agosto de 2016 el gobierno nacional se propuso comenzar con el traspaso de los juzgados de los distintos fueros de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso también expondrá a los jueces ya que en la CABA, para remover un letrado, alcanza con una mayoría simple en el Consejo de la Magistratura. En la medida en que también se traspasan la mayoría de los delitos que hacen a la función pública se generan condiciones de impunidad para el Ejecutivo porteño.

Facundo Sosa, secretario general de la comisión interna del fuero penal (UEJN) señaló a Tiempo que el traspaso "no compatibiliza nuestros derechos como trabajadores. Mediante un convenio firmado el 19 de enero pretenden traspasar parte de la justicia penal empezando por los juzgados vacantes aprovechando que hay jueces no nombrados. Van a avanzar también sobre los juzgados laborales."

Sobre el pedido de juicio político a los jueces Gibert y Marino señaló que "es un atropello. El gobierno cuando era oposición reclamaba la independencia del poder judicial con un discurso institucionalista pero cuando asumen avasallan a la Justicia. Les molesta mucho un fuero que defiende a los trabajadores", concluyó.

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